La situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela

En los últimos años, la actividad de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela ha tenido que enfrentar serios obstáculos y agresiones. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diversos informes, ha hecho referencia a los actos de hostigamiento, amenazas y ataques contra la integridad personal y contra la vida de los defensores y defensoras en el país, así como a la impunidad en que permanecen estos hechos.

En un reciente informe enviado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se reseñaron cifras facilitadas por la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, quienes monitorearon  entre el año 2010 y marzo de 2015, doscientos ocho (208) casos de ataques a defensores y defensoras  de derechos humanos, que implicaron varias violaciones a sus derechos.

Estas situaciones han desencadenado que prestigiosas organizaciones internacionales muestren su preocupación al respecto. Por ejemplo, Amnistía Internacional en su informe del año 2014, señaló que los defensores y defensoras en Venezuela continúan siendo objeto de ataques. Por su parte, Human Rights Watch también denunció la campaña que manejan las autoridades venezolanas para desacreditar y marginalizar la defensa de los derechos humanos en el país, bajo la premisa que dichos defensores buscan la desestabilización nacional.

En esta oportunidad fue el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el cual solicitó una intervención urgente por parte del Estado venezolano ante la grave situación que afrontan los defensores de derechos humanos en Venezuela, y en especial, por lo ocurrido al reconocido activista y ex-coordinador de PROVEA, Marino Alvarado y su hijo de nueve años, quienes el 01 de octubre del 2015 a las 5:30 p.m. aproximadamente, fueron víctimas de una situación de secuestro y robo en su vivienda, ubicada en Caracas, por tres sujetos que portaban armas de fuego.

En días pasados el activista había solicitado medidas cautelares a la CIDH, debido a los constantes actos de hostigamiento e intimidación de los que ha sido víctima. De acuerdo con información suministrada por PROVEA, los actos por los que solicitaron dichas medidas fueron perpetrados por “altos funcionarios del Estado venezolano debido a su labor como activista de derechos humanos”.

Si bien, los acontecimientos sufridos por el activista y su hijo aún no pueden adjudicarse a nadie en particular, tal y como lo expresaron en su oportunidad  la ONG y el propio Marino Alvarado, la constante exposición de una persona acusándole públicamente de tener presuntos ingresos exorbitantes, relatando sus acciones y desplazamientos son elementos que le exponen  en estas graves circunstancias de inseguridad y violencia que presenta Venezuela.

Al respecto, el Observatorio expresó su preocupación y  profundo rechazo frente al grave incidente, así como el continuo hostigamiento y señalamiento del que es objeto por parte de las autoridades y que se atribuyen a sus legítimas actividades de defensa de los derechos humanos.

Asimismo, instó al Estado a asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a garantizar la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

A su vez, a garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”.

Conforme al derecho internacional, los gobiernos deben asegurar que las defensoras y los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales innecesarios.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en 2003 que el “respeto de los derechos humanos en un estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen las defensoras y los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades”.

En Venezuela se han hecho sistemáticos y reiterados los actos de intimidación a los defensores y es importante resaltar, que muchos de los señalamientos de las autoridades se refieren a las funciones legítimas que ejercen estas organizaciones al documentar abusos y representar a víctimas ante organismos internacionales de derechos humanos. Desde COFAVIC hacemos un llamado de acción urgente para contribuir a la vigencia de los derechos humanos, la justicia y la paz en Venezuela.

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