10/12/2014 – Venezuela: 365 días de sentencias de silencio en DDHH

COFAVIC

Caracas, 10 de diciembre de 2014. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos en 1950, para llamar la atención sobre  la Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común de todos los pueblos y todas las naciones. El lema de este año es «Derechos Humanos 365», el cual entraña la idea de que todos los días es el Día de los Derechos Humanos. 

Desde hace 25 años, COFAVIC ha podido documentar en Venezuela no solo el dolor y el sufrimiento de quienes nos han confiado su historia y nos han invitado a acompañarles en su lucha contra la impunidad y el olvido, sino también, hemos sido testigos de las profundas heridas que la violencia y el desamparo institucional dejan en una sociedad que se resiste permanente e históricamente a la desigualdad y a la exclusión.

La apuesta de COFAVIC ha sido al fortalecimiento de las capacidades de mujeres y hombres en Venezuela en el ejercicio de sus derechos humanos, al Estado de Derecho y a favor de los principios de la democracia.

Hoy día en Venezuela hay un grave deterioro en la situación de los derechos humanos, que nos lleva a afirmar que estamos enfrentando una crisis en esta materia, la cual debería ser atendida por el Estado venezolano para revertirla. El Estado es quien debe liderizar esta lucha y resulta urgente que aumente sus capacidades de interlocución con las ONG, los defensores de derechos humanos y los organismos internacionales como los mecanismos convencionales y extra convencionales de la  ONU.

La reforma del Código Orgánico Procesal Penal ha limitado severamente a las ONG en el acompañamiento y la asistencia de las víctimas, así  como la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los altísimos niveles de impunidad confirmados oficialmente son ilustrativos de que estamos ante un desamparo generalizado de las víctimas y un fortalecimiento de los victimarios. Razones que explican el auge de la violencia y que Venezuela tenga la segunda tasa de homicidios más alta de las américas.

En Venezuela los crímenes contra los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes presentan un aumento significativo y sostenido, que puede visibilizarse a través de las cifras de las organizaciones no gubernamentales y de los escasos reportes oficiales que son públicos.

Situación DDHH en Venezuela

COFAVIC en su monitoreo de data sobre violaciones de derechos humanos, documentó 669 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el año 2013. Sin embargo, de enero a septiembre de 2014 ha contabilizado 823 presuntos homicidios bajo esta modalidad, lo cual representa un aumento de 23 % con respecto al año anterior. En 75% de los casos registrados las víctimas son menores de 25 años, por lo que jóvenes de las barriadas urbanas representan el grupo más afectado por la violencia y la represión policial.

Según cifras oficiales, durante el 2013, solo el 0,7% de los casos ingresados relativos a violaciones de derechos humanos  llegaron a juicio. De los casos de presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas estudiantiles de este año, el Estado venezolano reconoce que en el 80% de los casos no se continuó el proceso. Ocho meses después, no hay información pública disponible de alguna condena sobre estos hechos.

La creciente crispación política configura un peligroso agravante en la situación de los derechos humanos del país. Las instituciones con competencia en materia de derechos humanos deben actuar de manera independiente, sin prejuicios políticos o de otra índole. Las personas sometidas a juicio deben contar con todas las garantías judiciales y el debido proceso en todo estado de su investigación.

La justicia no puede convertirse en una herramienta de venganza política, porque deja de ser justicia y resulta un potenciador de la violencia y la exclusión. El Estado debe tomar medidas de pacificación y de carácter humanitario para disminuir los niveles de polarización y de violencia política en diversos casos que han sido objeto de múltiples pronunciamientos de los organismos internacionales especializados.

También, se ha observado con profunda preocupación el aumento del riesgo y la vulnerabilidad de la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela. Se ha alentado por parte del Estado una sistemática política de criminalización en contra de quienes ejercen la defensa de los derechos humanos. Las ONG son críticas por esencia y los Estados deben respetar su actuación y su independencia como parte de las garantías mínimas de todo sistema democrático.

Rostros femeninos como estadística

En relación al feminicidio en Venezuela, que constituye la máxima expresión de violencia contra las mujeres, se identifica un incremento progresivo desde 2009 al pasar de 1,5 a 2,5 puntos porcentuales. COFAVIC en 18 estados del país realizó un monitoreo sobre casos de presuntos asesinatos de mujeres en 2013, período en el que se contabilizaron cuatrocientos cincuenta y dos (452) presuntos casos de muertes por causa de violencia generalizada y violencia de género. En el mismo monitoreo hasta septiembre de 2014 se reportan 244 casos de feminicidios, de los cuales 60% se cometen con armas de fuego.

El aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos constituye una oportunidad para que Venezuela pueda reconocer y respetar la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas. En este sentido, COFAVIC insta al estado venezolano a implementar las siguientes recomendaciones:

  • Retirar la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y elaborar un cronograma de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de la masacre de Retén de Catia, Desapariciones Forzadas en Vargas, casos Familia Barrios y Hermanos Landaeta del estado Aragua, así como el de Néstor y Luis Uzcátegui Jiménez en el estado Falcón, entre otros.
  • Incluir dentro de la legislación y protocolos de actuación policial mecanismos y directrices de investigación para los casos de alegadas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como para las ejecuciones extralegales arbitrarias o sumarias.
  • Garantizar investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales en todos los casos donde se alegue haber sido sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y/o ejecuciones extrajudiciales, que conduzcan a la identificación, enjuiciamiento y sanción de los responsables.
  • Garantizar la debida protección de las víctimas y proceder a la suspensión de funciones de los agentes involucrados, así como adoptar y garantizar que se cumplan las medidas de reparación integral, de acuerdo con los estándares universales.
  • Llevar a cabo un examen exhaustivo de las actuales prácticas de control de orden público y las normas sobre el uso de la fuerza, así como de armas de fuego, para que se ajusten al respeto y protección de los derechos humanos.
  • Garantizar que los órganos policiales y de seguridad ciudadana tengan un carácter estrictamente civil y profesional en todos sus niveles jerárquicos, con clara diferenciación de la labor de prevención delictiva y de la investigación criminal. Se requiere favorecer la participación activa de todos los cuerpos de seguridad de manera plural e igualitaria, sin discriminación, en todo proceso de consulta, investigación y diseño de políticas públicas en materia de función policial y seguridad ciudadana en el país.
  • Diseñar e implementar estrategias efectivas de desarme y control por parte del Estado sobre cualquier grupo irregular armado, como condición necesaria para  la convivencia social y la lucha contra la inseguridad en el país.
  • Cumplir con las recientes resoluciones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y dar seguimiento y atender las preocupaciones expresadas por el Alto Comisionado respecto a las condiciones de reclusión de líderes políticos. 

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