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Los efectos individuales y colectivos de la impunidad

La impunidad busca que la sociedad olvide y “cuando la historia se olvida, tiende a repetirse”

La impunidad es un fenómeno jurídico pero también cultural, social e institucional, que se evidencia cuando los organismos encargados de hacer justicia no procesan, ni castigan a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos. Un mecanismo que permite para los autores de graves violaciones a los derechos humanos ocultarse de la acción punitiva de una sociedad. Este hecho trae consigo una serie de consecuencias que se suman al evento traumático y doloroso vivido por las víctimas, tocando diferentes ámbitos de su vida.

Es también una ruta para evadir, impedir o sustraerse a la acción penal, especialmente cuando la impunidad se sitúa del lado de quienes representan el aparato del Estado o del poder. En esta situación de impunidad, donde las expectativas de las víctimas no se ven cumplidas, se genera más sufrimiento, daño y frustración, viendo sus derechos vulnerados nuevamente.

También la impunidad cumple un propósito: es un acto de violación a los derechos humanos; aporta un contexto posibilitador para su reiteración y favorece la repetición de violaciones a los derechos humanos; constituye un factor perpetuador del statu quo mediante su naturalización y puede llegar a ser entendida como una estrategia de poder, mediante la amenaza y el miedo, ya que impone  una forma de control social. Por lo que deja profundas huellas en las víctimas y en el tejido social.

La impunidad es también un proceso psicosocial multifactorial que presenta efectos a nivel individual como a nivel colectivo, los cuales tienen que ver con  el quiebre de la confianza básica en los otros y en el mundo que nos rodea, en ocasiones las personas deciden, ante el dolor, permanecer en silencio, aislándose, dificultando la superación del mismo,  queda una ausencia de información sobre lo ocurrido y la  incertidumbre sobre cómo queda nuestra vida y qué pasará con los responsables, ello produce una situación compleja y difícil de tolerar para quien lo padece. Junto con el silencio, la impunidad favorece la revictimización y la criminalización por medio de la inacción del Estado y los operadores de justicia, interfiriendo en la superación del daño emocional y psicosocial que produce la violencia.

Como forma de control social, tiene dos objetivos muy concretos: 1) actúa a través del miedo colectivo y 2) produce resentimiento social y deterioro del tejido social. Estos dos aspectos afectan significativamente la convivencia y rompen las relaciones de solidaridad a lo interno de las comunidades y/o grupos.

El silencio que impone el Estado, cuando promueve la impunidad culpabiliza a la víctima, haciéndola sentir erróneamente que es la responsable de lo sucedido, eximiendo de esta responsabilidad al victimario, situación que termina operando como una forma de opresión social, promoviendo y/o legitimando formas violentas de resolución de conflictos. La impunidad a nivel colectivo imposibilita que las personas puedan reconocerse como parte de un sistema que protege y defiende los derechos humanos.

Carlos Martín Beristain, psicólogo y autor de la obra ‘Diálogos sobre la Reparación’ (2008) propone que ante las violaciones graves a los derechos humanos y la impunidad; se reconozca públicamente la verdad y el sufrimiento de las víctimas como nueva forma de vinculación social, que se investiguen los hechos y se atienda a las víctimas. Así mismo, enfatiza que es necesario el desmantelamiento de los mecanismos que mantienen y posibilitan la impunidad y la violencia, dignificando a las víctimas e impulsando medidas para el mantenimiento de la memoria histórica y la reconstrucción del tejido social.

El accionar de la memoria actúa como antídoto contra la impunidad y la imposibilidad de olvidar lo sucedido, los procesos colectivos de memoria histórica contribuyen de manera determinante en que lo vivido no se olvide, para que no se repita. La posibilidad de construir la memoria colectiva implica un posicionamiento que es decisivo para la reapropiación del pasado y la posibilidad de construir un futuro como persona y como sociedad.

La lucha contra la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos en el mundo nos ha dejado grandes aprendizajes y uno muy importante es que  mientras se mantengan las voces de las víctimas, no habrá discurso, ni orden alguna desde el poder, que silencie el dolor de quien exige el reconocimiento de su dignidad, convirtiéndose en ejemplo para generaciones.

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Hacer justicia a la víctima es reconocerle su pleno derecho de ciudadanía

Hace 28 años nació el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic). Madres, esposas, hijas, hermanos  de desaparecidos y personas asesinadas  comenzaron a encontrarse en las inmediaciones de la morgue de Bello Monte con el interés común de encontrar a sus familiares muertos.  Continue reading

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La población civil no es un objetivo militar

La expresión asistencia humanitaria se ha utilizado para referirse a la ayuda que se ofrece a las víctimas de conflictos, o derivadas de los mismos (hambrunas, epidemias) y de crisis de carácter humanitario debido a catástrofes naturales.  Según la Corte Internacional de Justicia, la ayuda humanitaria permitida durante los conflictos armados se define “como el suministro de alimentos, ropa, medicamentos y otra asistencia humanitaria, y no incluye el abastecimiento de armas, sistemas de armas, municiones, u otros equipos, vehículos, o materiales que puedan usarse para provocar lesiones graves o la muerte”.

Con motivo de la celebración del Día Mundial, que se conmemoró el pasado 19 de agosto, las organizaciones humanitarias unieron sus voces para reiterar una vez más que la población civil atrapada en un conflicto no debe ser objetivo de los ataques. A través de una campaña mundial se insistió en la importancia de defender a los más vulnerables en las zonas en guerra, y se elevó petición para que los líderes mundiales hagan todo lo posible para proteger a los civiles.

En esta oportunidad desde COFAVIC queremos rendirles tributo a las y los trabajadores que arriesgan sus vidas llevando ayuda humanitaria a otros y al importante apoyo que brindan a las personas afectadas por las crisis en todo el mundo.

La población civil no es un objetivo militar, es el principio fundamental de la ayuda humanitaria. Atrapados en guerras que no han causado, millones de civiles se ven obligados a esconderse o huir para salvar sus vidas. Los niños dejan la escuela, las familias abandonan sus hogares y las comunidades ven afectados sus vínculos referentes de confianza e identidad,  mientras el mundo no hace lo suficiente para detener ese sufrimiento. Por su parte, las y los trabajadores sanitarios y humanitarios, que ponen sus vidas en peligro para atender a las víctimas de la violencia, se convierten cada vez más en objetivo de los ataques.

En un informe sobre la protección de civiles, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió que se respete el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, así como la protección de los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios y sanitarios, y las obras públicas.

En el mismo documento, Guterres señaló que los conflictos armados están desgarrando grandes extensiones del mundo y un número sin precedentes de personas necesitan asistencia humanitaria y protección.

Un 97% de la asistencia humanitaria se destina a situaciones de emergencia complejas, la mayoría de ellas en conflictos armados.  A nivel mundial, más de 65 millones de personas han sido desplazadas por un conflicto, la violencia o la persecución. Más de 20 millones de personas, entre ellas 1,4 millones de niños, están al borde de la hambruna en Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y el Yemen. Al mismo tiempo, en la comunidad internacional existe un creciente sentimiento de fatiga, e incluso de resignación, al abordar el sufrimiento de los civiles en los conflictos.

Todas las partes estatales y no estatales en un conflicto deben respetar el Derecho Internacional Humanitario y todos los Estados deben asegurar ese respeto. Sin embargo, en muchos conflictos, las partes incumplen sus obligaciones y expresan desprecio por la vida y la dignidad humana, a menudo con impunidad.

Se da muerte a civiles en forma habitual en ataques directos e indiscriminados. A medida que el conflicto se vuelve cada vez más urbanizado, la repercusión sobre los civiles se hace aún más atroz. La violencia sexual destruye vidas y socava la cohesión de la comunidad. Estos horrores se ven exacerbados cuando los civiles se ven privados de artículos y servicios básicos de socorro, y a veces se encuentran incluso sitiados durante meses. Ante tal grado de brutalidad, millones de civiles se ven obligados a huir de sus hogares en busca de seguridad.

El Secretario General de las Naciones Unidas señala que su prioridad es resolver los conflictos y consolidar una paz sostenible. A largo plazo, la mejor manera de proteger a los civiles es abordar las causas profundas de los conflictos, promover los derechos humanos y el estado de derecho, fortalecer la gobernanza y las instituciones e invertir en un desarrollo incluyente y sostenible.

Sin embargo, a veces los intentos de prevenir un conflicto fracasan y sólo queda  proteger la vida y la dignidad de los civiles atrapados en un conflicto. A este respecto, se plantean claramente tres prioridades de protección en los conflictos.

En primer lugar,  se debe reforzar el respeto del Derecho Internacional Humanitario y las normas internacionales de derechos humanos y promover la buena práctica entre las partes en conflicto.

En segundo lugar, se debe proteger la misión humanitaria y médica y dar prioridad a la protección de los civiles en las operaciones de paz de las Naciones Unidas.

En tercer lugar, se debe evitar el desplazamiento forzado y buscar soluciones duraderas para los refugiados y los desplazados internos. Estas prioridades de protección están interrelacionadas y se refuerzan mutuamente.

Es fundamental que la acción humanitaria permanezca apartada de objetivos políticos o militares y que se lleve a cabo de conformidad con los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.

Los Estados Miembros no deben obstaculizar los esfuerzos de los agentes humanitarios por interactuar con todas las partes pertinentes, incluidos los grupos armados no estatales, y operar en las zonas bajo su control.

Dentro de este marco de actuación, los trabajadores y los bienes humanitarios deben ser respetados y protegidos.

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Derecho a la verdad implica que se haga justicia, que no haya impunidad, y que exista una verdadera reparación a las víctimas

El derecho a la verdad surgió como concepto jurídico en los ámbitos nacional, regional e internacional y se refiere a la obligación de los Estados de proporcionar información a las víctimas, a sus familiares o a la sociedad sobre las circunstancias en que se cometieron violaciones graves de los derechos humanos. Continue reading

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Sigue vigente la deuda con las víctimas

Sin duda a veces hay que hablar en nombre de los náufragos.

Hablar en su nombre, en su silencio, para devolverles la palabra.

Jorge Semprúm

Venezuela está llena de historias de dolor, pero también de vida, de luchas, de determinación y certeza. En cada rincón del país hay una víctima, pero también la disposición férrea de seguir adelante, no solo para contar el relato, sino también para que haya garantías de no repetición. Continue reading

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Comunicado: Procedimientos de seguridad ciudadana ejecutados por el Estado venezolano están incurriendo en crímenes de lesa humanidad

9 de diciembre de 2016  Las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes y la desaparición forzada de personas configuran dentro del Derecho Internacional crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles. Tanto las ejecuciones extrajudiciales como la desaparición forzada constituyen una violación múltiple y continuada de varios derechos reconocidos, pues no sólo produce una privación arbitraria de la libertad y la vida, sino violan la integridad, la seguridad personal y el debido proceso, colocando a las personas afectadas en un estado de completa indefensión y acarreando otros delitos conexos. Continue reading

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Aplicación de estándares de investigación judicial en casos de feminicidios

Aunque en Venezuela existe un marco normativo vigente sobre violencia contra la mujer y se ha reconocido legalmente como un delito público, un asunto de derechos humanos, de salud pública y educación, lamentablemente, no existen planes ni acciones concretas para reducirla y/o erradicarla. La impunidad sigue presente y el número de mujeres y niñas víctimas sigue en ascenso. Continue reading

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Comunicado: COFAVIC: Venezuela presenta el EPU en medio de una crisis política, social y económica

En medio de una crisis política, social y económica que se profundiza, este martes 1° de noviembre de 2016 el Estado venezolano será evaluado en materia de Derechos Humanos en el segundo ciclo del Examen Periódico Universal, la sesión número 26 del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU). Continue reading