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La violencia de género es prevenible

Los especialistas lo tienen muy claro. Para combatir la violencia contra la mujer, cuyo día internacional se celebra cada 25 de noviembre, la prevención es determinante y un factor clave. Clara Alemann, experta en género del Banco Interamericano de Desarrollo, asegura que ninguna intervención de respuesta a posteriori podrá contrarrestar este fenómeno. Es necesario empezar antes de que ocurra para evitar la repetición.

Eso significa que no basta con comenzar la prevención en el matrimonio, ni en el noviazgo, ni siquiera en la niñez. El trabajo debe iniciarse, incluso, en la generación anterior. Investigaciones recientes han demostrado, además,  que el maltrato afecta a todos los sectores sociales y países, y que hay una correlación directa entre quienes vieron o sufrieron violencia y las probabilidades de reproducirla y, también, de padecerla.

Entonces, ¿cómo prevenir esa violencia que de alguna manera se ha heredado de una generación a otra? Lo ideal es que se  evite en el seno del hogar, para que los hijos no la aprendan y la reproduzcan.  

Con estas premisas, las políticas de prevención de violencia de género  tienen un importante papel en la fase, casi siempre conflictiva, de la adolescencia. De hecho, se ha demostrado que funcionan algunos programas destinados a disminuir los maltratos, sean físicos o psicológicos, que comienzan a aparecer en las primeras relaciones sentimentales. De esa manera se evita en el futuro la transmisión de la violencia a los hijos de estos jóvenes.

Hoy en día se sabe que los niños que ven violencia en casa son más propensos a ejercerla después. Pero no solo eso: el riesgo de sufrirla en la edad adulta entre las niñas que viven en esos entornos se multiplica por 2,5. “No se sabe al 100% la razón, pero la hipótesis es que si crecen en ese ambiente piensan que es la forma normal de resolver conflictos. Hay encuestas a mujeres adultas en Latinoamérica que dicen que el 16% piensan que la violencia contra ellas mismas es aceptable bajo ciertas circunstancias”, señala Andrew Morrison, jefe de la división de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

Ese porcentaje es todavía superior si se atiende a los adolescentes de todos los países en desarrollo: casi la mitad de las jóvenes de entre 15 y 19 años cree que en ocasiones se justifica, según el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y las Niñas de Unicef, con datos recolectados entre 2005 y 2016.

Sea cual sea la razón, lo cierto es que una de cada tres mujeres en el mundo es víctima de maltrato por parte de su pareja a lo largo de su vida. Y que el 38% de los asesinatos a mujeres los cometen sus parejas, según datos de la Organización Mundial de la Salud (nota descriptiva  Violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer, noviembre 2016).

En efecto, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo y es considerada la forma más extrema de discriminación. En los casos más graves, esa violencia puede provocar la muerte. Según datos del Informe Mundial sobre Violencia de Unicef, referidos a 87 países y recolectados entre 2005 y 2016, el 19% de las mujeres, de entre 15 y 49 años de edad, dijeron que habían experimentado violencia física o sexual, o ambas, a manos de su pareja en los 12 meses anteriores a ser preguntadas sobre este asunto. En 2012, casi la mitad de las mujeres víctimas de un homicidio intencional en todo el mundo fueron asesinadas por su pareja o un familiar, en comparación con el 6% de los varones.

Es importante entender que la violencia contra las mujeres es un asunto público y es un crimen tipificado como tal en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No existen los crímenes por amor u honor, ni los crímenes personales. Son transgresiones, son violaciones a los derechos humanos, es violencia de género. Así se le debe llamar.

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada.

Abarca, sin carácter limitativo, “la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada; y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra”.

El Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999 y se celebra el 25 de noviembre de cada año. Los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales son invitadas a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer.

El principal objetivo es recordarle al mundo que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. Que es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género.

En Venezuela, pese a esas desigualdades que persisten, son las mujeres, representadas en madres, hermanas, abuelas e hijas,  las que acuden a los organismos de investigación a exigir justicia, protección y reparación frente a los daños causados.  Además, el esfuerzo organizativo ha sido, particularmente, dirigido por mujeres motivadas por la necesidad de exigir el establecimiento de la verdad, la justicia y la reparación en casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, en rechazo a prácticas de tortura y detenciones arbitrarias, así como a favor del apoyo a las mujeres víctimas de violencia.

Es por ello que todas las actividades de COFAVIC poseen como eje transversal la perspectiva de género, porque permite profundizar, de manera diferenciada en los efectos que este tipo de violaciones a los derechos humanos dejan en las víctimas y la sociedad.  

Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a cofavic@gmail.com  o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

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Soy víctima y tengo derechos

El primer paso quizás sea el más difícil, pero también el más determinante: reconocerse como víctima de la violación de sus derechos y aceptar que merecen conocer la verdad de lo que ocurrió; que se investiguen los hechos para que se condene a los victimarios y se haga justicia, y, finalmente, que haya una reparación integral por los daños sufridos.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las víctimas son todas aquellas personas que han sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.

Son víctimas los jóvenes que sufrieron detenciones arbitrarias durante el contexto de protestas; los padres de los jóvenes que fueron asesinados, presuntamente, por funcionarios de cuerpos policiales en manifestaciones antigubernamentales; los padres de los jóvenes asesinados en zonas populares en el desarrollo de operativos de seguridad ciudadana, por solo mencionar tres ejemplos.

Todos, en situaciones diferentes, se convirtieron en víctimas y hoy se reconocen en el dolor y la compasión. Unos primeros, otros después, pero progresivamente todos asumirán  esa nueva condición que les permitirá transitar un camino transformador que les dará herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial, todo con el objetivo de que puedan mejorar su situación social, política, económica, psicológica o espiritual.

A la par, la víctima debe denunciar, apropiarse de su propio caso y velar por el seguimiento de la investigación. El artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), de hecho, define claramente los derechos  que tienen las víctimas:

1.-Presentar querella e intervenir en el proceso conforme a lo establecido en este Código.

2.-Ser informada de los resultados del proceso, aun cuando no hubiere intervenido en él.

3.-Solicitar medidas de protección frente a probables atentados en contra suya o de su familia.

4.-Adherirse a la acusación del fiscal o formular una acusación particular propia contra el imputado en los delitos de acción pública; o una acusación privada en los delitos dependientes de instancia de parte.

5.-Ejercer las acciones civiles con el objeto de reclamar la responsabilidad civil proveniente del hecho punible.

6.-Ser notificada de la resolución del fiscal que ordena el archivo de los recaudos.

7.-Ser oída por el tribunal antes de decidir acerca del sobreseimiento o antes de dictar cualquier otra decisión que ponga término al proceso o lo suspenda condicionalmente.

8.-Impugnar (anular) el sobreseimiento o la sentencia absolutoria.

El seguimiento del caso es vital. La víctima tiene el derecho de conocer los resultados de las investigaciones para lo cual es importante contar con una participación activa en el proceso. Algunas de las actividades que debe hacer son:

1.-Asistir semanalmente a los diferentes organismos (Fiscalía, Tribunales, Defensoría Pública y CICPC) encargados de la resolución del caso, con el objeto de obtener información actualizada del caso y registrarla.

2.-Abrir un archivo propio a través de una carpeta  de denuncia en la cual se va a recopilar toda la información que se obtenga y copia de las diligencias que se hayan realizado.

3.-Presentar solicitudes concretas a las autoridades competentes con relación a sus atribuciones.

4.-Ejercer los recursos a que haya lugar en el caso concreto.

La víctima, además, tiene  la posibilidad de informar a la opinión pública de lo ocurrido.  No basta con denunciar los hechos ante las autoridades; es necesario darlos a conocer ante la opinión pública por los medios que se tenga al alcance: periódicos, radio, televisión, boletines, volantes, etc.

También es importante reflexionar la situación con la comunidad.  Es conveniente reunir a los vecinos, compañeros de trabajo o de estudio para dialogar sobre la situación que se está viviendo, analizarla y buscar colectivamente alternativas para enfrentarla.

Todos esos caminos conducen a la verdad, a la justicia y a la garantía de que no se repitan los hechos que los convirtieron en víctimas. El derecho a la verdad, como bien lo ha resumido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, implica “conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos. Eso implica conocer la verdad completa y total en relación con los hechos, sus circunstancias específicas, la identidad de los responsables y partícipes, y sus motivaciones

En los casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales el derecho a la verdad tiene también una dimensión especial: conocer la suerte y el paradero de la víctima. Asimismo, la jurisprudencia y la doctrina internacionales consideran que la sociedad tiene también derecho a conocer la verdad acerca de las graves violaciones de derechos humanos. En efecto, el derecho a la verdad tiene también una dimensión colectiva: la sociedad tiene el derecho a conocer la verdad acerca de las graves violaciones de derechos humanos, las circunstancias en que fueron cometidas, los responsables de estas y sus motivos. El derecho a la verdad ha sido caracterizado como inalienable e imprescriptible tanto por instrumentos internacionales como por la jurisprudencia y la doctrina internacionales.

 

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Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a coordinacionprensa@cofavic.org, cofavic@gmail.com  o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

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Los efectos individuales y colectivos de la impunidad

La impunidad busca que la sociedad olvide y “cuando la historia se olvida, tiende a repetirse”

La impunidad es un fenómeno jurídico pero también cultural, social e institucional, que se evidencia cuando los organismos encargados de hacer justicia no procesan, ni castigan a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos. Un mecanismo que permite para los autores de graves violaciones a los derechos humanos ocultarse de la acción punitiva de una sociedad. Este hecho trae consigo una serie de consecuencias que se suman al evento traumático y doloroso vivido por las víctimas, tocando diferentes ámbitos de su vida.

Es también una ruta para evadir, impedir o sustraerse a la acción penal, especialmente cuando la impunidad se sitúa del lado de quienes representan el aparato del Estado o del poder. En esta situación de impunidad, donde las expectativas de las víctimas no se ven cumplidas, se genera más sufrimiento, daño y frustración, viendo sus derechos vulnerados nuevamente.

También la impunidad cumple un propósito: es un acto de violación a los derechos humanos; aporta un contexto posibilitador para su reiteración y favorece la repetición de violaciones a los derechos humanos; constituye un factor perpetuador del statu quo mediante su naturalización y puede llegar a ser entendida como una estrategia de poder, mediante la amenaza y el miedo, ya que impone  una forma de control social. Por lo que deja profundas huellas en las víctimas y en el tejido social.

La impunidad es también un proceso psicosocial multifactorial que presenta efectos a nivel individual como a nivel colectivo, los cuales tienen que ver con  el quiebre de la confianza básica en los otros y en el mundo que nos rodea, en ocasiones las personas deciden, ante el dolor, permanecer en silencio, aislándose, dificultando la superación del mismo,  queda una ausencia de información sobre lo ocurrido y la  incertidumbre sobre cómo queda nuestra vida y qué pasará con los responsables, ello produce una situación compleja y difícil de tolerar para quien lo padece. Junto con el silencio, la impunidad favorece la revictimización y la criminalización por medio de la inacción del Estado y los operadores de justicia, interfiriendo en la superación del daño emocional y psicosocial que produce la violencia.

Como forma de control social, tiene dos objetivos muy concretos: 1) actúa a través del miedo colectivo y 2) produce resentimiento social y deterioro del tejido social. Estos dos aspectos afectan significativamente la convivencia y rompen las relaciones de solidaridad a lo interno de las comunidades y/o grupos.

El silencio que impone el Estado, cuando promueve la impunidad culpabiliza a la víctima, haciéndola sentir erróneamente que es la responsable de lo sucedido, eximiendo de esta responsabilidad al victimario, situación que termina operando como una forma de opresión social, promoviendo y/o legitimando formas violentas de resolución de conflictos. La impunidad a nivel colectivo imposibilita que las personas puedan reconocerse como parte de un sistema que protege y defiende los derechos humanos.

Carlos Martín Beristain, psicólogo y autor de la obra ‘Diálogos sobre la Reparación’ (2008) propone que ante las violaciones graves a los derechos humanos y la impunidad; se reconozca públicamente la verdad y el sufrimiento de las víctimas como nueva forma de vinculación social, que se investiguen los hechos y se atienda a las víctimas. Así mismo, enfatiza que es necesario el desmantelamiento de los mecanismos que mantienen y posibilitan la impunidad y la violencia, dignificando a las víctimas e impulsando medidas para el mantenimiento de la memoria histórica y la reconstrucción del tejido social.

El accionar de la memoria actúa como antídoto contra la impunidad y la imposibilidad de olvidar lo sucedido, los procesos colectivos de memoria histórica contribuyen de manera determinante en que lo vivido no se olvide, para que no se repita. La posibilidad de construir la memoria colectiva implica un posicionamiento que es decisivo para la reapropiación del pasado y la posibilidad de construir un futuro como persona y como sociedad.

La lucha contra la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos en el mundo nos ha dejado grandes aprendizajes y uno muy importante es que  mientras se mantengan las voces de las víctimas, no habrá discurso, ni orden alguna desde el poder, que silencie el dolor de quien exige el reconocimiento de su dignidad, convirtiéndose en ejemplo para generaciones.

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Hacer justicia a la víctima es reconocerle su pleno derecho de ciudadanía

Hace 28 años nació el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic). Madres, esposas, hijas, hermanos  de desaparecidos y personas asesinadas  comenzaron a encontrarse en las inmediaciones de la morgue de Bello Monte con el interés común de encontrar a sus familiares muertos.  Continue reading

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La población civil no es un objetivo militar

La expresión asistencia humanitaria se ha utilizado para referirse a la ayuda que se ofrece a las víctimas de conflictos, o derivadas de los mismos (hambrunas, epidemias) y de crisis de carácter humanitario debido a catástrofes naturales.  Según la Corte Internacional de Justicia, la ayuda humanitaria permitida durante los conflictos armados se define “como el suministro de alimentos, ropa, medicamentos y otra asistencia humanitaria, y no incluye el abastecimiento de armas, sistemas de armas, municiones, u otros equipos, vehículos, o materiales que puedan usarse para provocar lesiones graves o la muerte”.

Con motivo de la celebración del Día Mundial, que se conmemoró el pasado 19 de agosto, las organizaciones humanitarias unieron sus voces para reiterar una vez más que la población civil atrapada en un conflicto no debe ser objetivo de los ataques. A través de una campaña mundial se insistió en la importancia de defender a los más vulnerables en las zonas en guerra, y se elevó petición para que los líderes mundiales hagan todo lo posible para proteger a los civiles.

En esta oportunidad desde COFAVIC queremos rendirles tributo a las y los trabajadores que arriesgan sus vidas llevando ayuda humanitaria a otros y al importante apoyo que brindan a las personas afectadas por las crisis en todo el mundo.

La población civil no es un objetivo militar, es el principio fundamental de la ayuda humanitaria. Atrapados en guerras que no han causado, millones de civiles se ven obligados a esconderse o huir para salvar sus vidas. Los niños dejan la escuela, las familias abandonan sus hogares y las comunidades ven afectados sus vínculos referentes de confianza e identidad,  mientras el mundo no hace lo suficiente para detener ese sufrimiento. Por su parte, las y los trabajadores sanitarios y humanitarios, que ponen sus vidas en peligro para atender a las víctimas de la violencia, se convierten cada vez más en objetivo de los ataques.

En un informe sobre la protección de civiles, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió que se respete el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, así como la protección de los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios y sanitarios, y las obras públicas.

En el mismo documento, Guterres señaló que los conflictos armados están desgarrando grandes extensiones del mundo y un número sin precedentes de personas necesitan asistencia humanitaria y protección.

Un 97% de la asistencia humanitaria se destina a situaciones de emergencia complejas, la mayoría de ellas en conflictos armados.  A nivel mundial, más de 65 millones de personas han sido desplazadas por un conflicto, la violencia o la persecución. Más de 20 millones de personas, entre ellas 1,4 millones de niños, están al borde de la hambruna en Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y el Yemen. Al mismo tiempo, en la comunidad internacional existe un creciente sentimiento de fatiga, e incluso de resignación, al abordar el sufrimiento de los civiles en los conflictos.

Todas las partes estatales y no estatales en un conflicto deben respetar el Derecho Internacional Humanitario y todos los Estados deben asegurar ese respeto. Sin embargo, en muchos conflictos, las partes incumplen sus obligaciones y expresan desprecio por la vida y la dignidad humana, a menudo con impunidad.

Se da muerte a civiles en forma habitual en ataques directos e indiscriminados. A medida que el conflicto se vuelve cada vez más urbanizado, la repercusión sobre los civiles se hace aún más atroz. La violencia sexual destruye vidas y socava la cohesión de la comunidad. Estos horrores se ven exacerbados cuando los civiles se ven privados de artículos y servicios básicos de socorro, y a veces se encuentran incluso sitiados durante meses. Ante tal grado de brutalidad, millones de civiles se ven obligados a huir de sus hogares en busca de seguridad.

El Secretario General de las Naciones Unidas señala que su prioridad es resolver los conflictos y consolidar una paz sostenible. A largo plazo, la mejor manera de proteger a los civiles es abordar las causas profundas de los conflictos, promover los derechos humanos y el estado de derecho, fortalecer la gobernanza y las instituciones e invertir en un desarrollo incluyente y sostenible.

Sin embargo, a veces los intentos de prevenir un conflicto fracasan y sólo queda  proteger la vida y la dignidad de los civiles atrapados en un conflicto. A este respecto, se plantean claramente tres prioridades de protección en los conflictos.

En primer lugar,  se debe reforzar el respeto del Derecho Internacional Humanitario y las normas internacionales de derechos humanos y promover la buena práctica entre las partes en conflicto.

En segundo lugar, se debe proteger la misión humanitaria y médica y dar prioridad a la protección de los civiles en las operaciones de paz de las Naciones Unidas.

En tercer lugar, se debe evitar el desplazamiento forzado y buscar soluciones duraderas para los refugiados y los desplazados internos. Estas prioridades de protección están interrelacionadas y se refuerzan mutuamente.

Es fundamental que la acción humanitaria permanezca apartada de objetivos políticos o militares y que se lleve a cabo de conformidad con los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.

Los Estados Miembros no deben obstaculizar los esfuerzos de los agentes humanitarios por interactuar con todas las partes pertinentes, incluidos los grupos armados no estatales, y operar en las zonas bajo su control.

Dentro de este marco de actuación, los trabajadores y los bienes humanitarios deben ser respetados y protegidos.

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Derecho a la verdad implica que se haga justicia, que no haya impunidad, y que exista una verdadera reparación a las víctimas

El derecho a la verdad surgió como concepto jurídico en los ámbitos nacional, regional e internacional y se refiere a la obligación de los Estados de proporcionar información a las víctimas, a sus familiares o a la sociedad sobre las circunstancias en que se cometieron violaciones graves de los derechos humanos. Continue reading

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Sigue vigente la deuda con las víctimas

Sin duda a veces hay que hablar en nombre de los náufragos.

Hablar en su nombre, en su silencio, para devolverles la palabra.

Jorge Semprúm

Venezuela está llena de historias de dolor, pero también de vida, de luchas, de determinación y certeza. En cada rincón del país hay una víctima, pero también la disposición férrea de seguir adelante, no solo para contar el relato, sino también para que haya garantías de no repetición. Continue reading

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Comunicado: Procedimientos de seguridad ciudadana ejecutados por el Estado venezolano están incurriendo en crímenes de lesa humanidad

9 de diciembre de 2016  Las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes y la desaparición forzada de personas configuran dentro del Derecho Internacional crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles. Tanto las ejecuciones extrajudiciales como la desaparición forzada constituyen una violación múltiple y continuada de varios derechos reconocidos, pues no sólo produce una privación arbitraria de la libertad y la vida, sino violan la integridad, la seguridad personal y el debido proceso, colocando a las personas afectadas en un estado de completa indefensión y acarreando otros delitos conexos. Continue reading