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Informe para el Examen Periódico Universal de Venezuela – marzo 2016

15-04-2016. COFAVIC y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) presentan este informe para destacar algunos de los principales retos y preocupaciones respecto la situación de los derechos humanos en Venezuela desde el último proceso de revisión periódica ante el Consejo de Derechos Humanos en 2012.

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El derecho al voto es un derecho político fundamental

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Este próximo domingo 6 de diciembre, en el país se estará desarrollando un nuevo proceso electoral para la elección de parlamentarios y parlamentarias que conformaran la Asamblea Nacional, a través de una votación universal, directa, personalizada y secreta. Quienes resulten elegidos, ejercerán sus funciones por el período constitucional comprendido entre el 5 de enero de 2016 y el 5 de enero de 2021, teniendo como principal responsabilidad legislar sobre los principales temas de preocupación de los venezolanos y venezolanas, en las diferentes áreas que el país requiera.

El derecho al voto forma parte de los derechos políticos, entendidos como un grupo de atributos de la persona que hacen efectiva su participación como ciudadano o ciudadana de un determinado Estado. En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los derechos políticos pertenecen, junto a los derechos civiles, a los llamados derechos de la primera generación o derechos de la libertad.

Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. El voto es secreto y debe ejercerse sin ninguna presión ni temor a represalias.

Todas las personas deben expresar sus preferencias ideológicas con la garantía del Estado. El pensar distinto es una garantía y una obligación democrática. Los valores de libertad y respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal son elementos esenciales de la democracia.

El derecho al voto es una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política. En democracia no es suficiente reconocerse parte de un grupo o una sociedad, hay que participar. El uso de la comunicación y el diálogo para acercarnos y no para dividirnos es vital para la convivencia democrática.

Para COFAVIC, en la antesala  a este importante ejercicio democrático, la aceptación del otro como parte de una sociedad, sin discriminación es esencial para la convivencia. En democracia las personas a pesar de sus diferencias conviven sin renunciar a las mismas. En democracia se requieren espacios para el diálogo y canales que permitan resolver los conflictos sin violencia.

La participación ciudadana implica intervenir, opinar y decidir en cuestiones relativas a la sociedad de la que formamos parte como ciudadanos. En democracia no es suficiente reconocerse parte de un grupo o una sociedad, hay que participar. La participación ciudadana promueve sociedades más justas.  La participación ciudadana implica transparencia, el conocer cómo y por qué se toman determinadas decisiones. La ciudadanía tiene derecho a ser consultada e invitada a  discutir y a presentar propuestas en igualdad.

El derecho a participar en la toma de decisiones conlleva la obligación de asumir las consecuencias, así como de exigir la reparación de errores cometidos por otros. La participación de la ciudadanía en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el desarrollo.

Es obligación del Estado facilitar las condiciones más favorables para ejercer la participación ciudadana y el derecho al voto.

La democracia implica que todos en igualdad de condiciones podamos decidir aquello que más nos conviene. La democracia permite que la sociedad tome decisiones entre varias posibilidades que se le presenten sin violencia. La Asamblea Nacional es un Poder del Estado que tiene atribuciones específicas en la protección y garantía de los derechos humanos y de la democracia, es urgente que quienes sean elegidos asuman un compromiso de diálogo y encuentro entre los venezolanos y venezolanas.

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Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a coordinacionprensa@cofavic.org o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

Se cumplen 23 años de la masacre en el Retén de Catia: ¿Sabemos qué pasó?

COFAVIC

El 27 de noviembre de 1992 es una fecha muy destacada en nuestra historia como país por los eventos que se presentaron durante el segundo intento de golpe de Estado contra el gobierno del entonces Presidente Carlos Andrés Pérez, caracterizados por una experiencia de conmoción nacional y en la que se produjeron graves violaciones a los derechos humanos. Uno de estos episodios, casi invisibilizado, es el asesinato y la posterior desaparición de algunos privados de libertad que se encontraban como procesados y algunos cumpliendo condena en el Internado Judicial de los Flores de Catia, ubicado para el momento de los hechos en la parroquia Sucre del Distrito Capital.

Este día de noviembre, se produjo un alzamiento que fue llevado a cabo por parte de un grupo cívico-militar conformado por altos oficiales de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas y varios civiles opositores al Gobierno. En este contexto de profunda inestabilidad política, se suscitó una circunstancia que aun hoy no ha logrado determinarse con exactitud, puesto que las investigaciones relacionadas con estos hechos no han concluido y no existe a la fecha ningún responsable sancionado. Las investigaciones adelantadas por las autoridades no han podido establecer la cifra total de las víctimas, y los informes al respecto son fragmentarios, confusos y contradictorios.

Pese a la impunidad que ha caracterizado el caso, familiares de las víctimas con apoyo de COFAVIC, presentaron en 1996 el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el año 2005, la Comisión presentó demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien publicó su sentencia el 5 de julio de 2006 en la que se reconoce al menos dos versiones que intentan aclarar lo sucedido dentro del Reten de Catia entre los días 27 y 29 de noviembre de 1992: La primera de ellas señala que “al conocerse, a través de los medios de comunicación, la noticia del intento de golpe de Estado, los guardias del Retén abrieron las puertas de las celdas anunciando a los reclusos que quedaban en libertad, esperaron la salida de los internos y empezaron a disparar contra ellos.” Varios de dichos testimonios indican que ante este accionar, algunos reclusos buscaron refugio en las celdas para salvaguardar sus vidas mientras que otros intentaban la fuga.

Otra versión recogida en el proceso de investigación y análisis de pruebas que realizó la Corte Interamericana, se apoya en un informe emitido por la jefatura de Servicios del Retén de Catia, en el que se señala que “a las 6:10 a.m. del 27 de noviembre de 1992 “se informó a la Jefatura del Régimen que los internos de los Pabellones del Ala Sur 4 y 5 estaban rompiendo los candados, produciendo un motín para alcanzar la fuga masiva y que de inmediato los funcionarios de la guardia dispararon a los internos”. Para la Corte, “Es innegable que la situación se manejó con la intervención masiva de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana, quienes dispararon indiscriminadamente contra los internos utilizando armas de fuego y gases lacrimógenos. Varios de los testimonios de los reclusos y de funcionarios penitenciarios confirman estos hechos”. Quedando demostrado que en entre los días 27, 28 y 29 de noviembre se produjo la muerte de aproximadamente 63 reclusos, entre los cuales se encuentran las 37 víctimas que presentaron su caso ante la CIDH, 52 heridos y 28 desaparecidos, además de los innumerables casos de reclusos que fueron colocados por varias horas en los patios del Retén, obligándolos a permanecer desnudos y en posiciones incómodas.

Adicionalmente, luego de estos sucesos, las personas fallecidas fueron trasladadas a distintas medicaturas forenses de la entonces Policía Técnica Judicial (actualmente CICPC), ubicadas en las ciudades de Caracas, Los Teques y La Guaria y el resto de la población penitenciaria fue trasladada a la Penitenciaría General de Venezuela (Guárico), al Internado Judicial Capital El Rodeo (Guatire) y al Centro Penitenciario de Carabobo (Valencia), sin suministrar información alguna a los familiares de los internos sobre su estado o paradero, lo que generó una creciente situación de incertidumbre a las afueras del penal.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos el derecho a la vida “es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. En este sentido, no resulta admisible ninguna interpretación del mismo de forma restrictiva. De conformidad con el artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos este derecho forma parte del núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los derechos que no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes”.

Asimismo la Corte, estableció que “Las acciones cumplidas por las autoridades venezolanas en el curso de la investigación de los hechos no han sido suficientes para el debido esclarecimiento de la verdad histórica, la determinación de responsabilidades y condena de los responsables de la masacre del Retén de Catia”. Destacando  en los puntos resolutivos de la sentencia la obligación del Estado a emprender todas las acciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas aquel día, y realizar todas las actuaciones necesarias para garantizar la ubicación y entrega de los cuerpos de los privados de libertad en quienes se comprobó su fallecimiento y  aún permanecen desaparecidos.

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Imagen taller

Estrategias de litigio psico-jurídico

Cualquier experiencia de violencia deja efectos en las víctimas a nivel físico, psicológico y patrimonial que deben tomarse en cuenta en el desarrollo de cualquier estrategia de acompañamiento legal.

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La sociedad civil y su contribución a la promoción de derechos humanos

 

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La Sociedad Civil se define como un conjunto de personas que trabajan en Organizaciones No Gubernamentales, redes o coaliciones que se encuentran al servicio de las comunidades. Orienta su labor a los sectores más desfavorecidos y los apoya en asuntos de salud, vivienda, violencia de género, derechos humanos y muchos otros.

Las Organizaciones No Gubernamentales son organizaciones sin fines de lucro, independientes del Estado, creadas con la finalidad de brindar asistencia, apoyo y acompañamiento a todos aquellos que la necesiten. Existen ONG de muchos tipos que ayudan a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, personas con VIH-SIDA, víctimas de violencia de género, protección del medio ambiente, la infancia y muchas otras causas.

Su rol fundamental es velar que el Estado cumpla con sus obligaciones de respetar y garantizar derechos humanos, de ayudar a las víctimas o poblaciones afectadas a tomar medidas adecuadas para la protección y defensa de sus derechos, por lo que se relacionan con organismos internacionales con el fin de dar un mayor alcance y sentido a sus objetivos de promoción y defensa, así como a aquellos compromisos internacionales que los Estados adquieren a través de pactos y convenios suscritos y ratificados.

Los principios que protegen a la Sociedad Civil están estrechamente relacionados con el Derecho a la Libre Asociación, el cual se encuentra establecido en el artículo 52 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando establecido que: “Toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho”.

También existen leyes internacionales que respaldan la labor de la sociedad civil. La Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1999, garantiza el derecho de asociación para la defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo.

A continuación compartimos algunos artículos que describen y protegen la importante contribución que tienen los defensores y defensoras de derechos humanos en el mundo:

Artículo 1: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.”

Artículo 5: “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional: a) A reunirse o manifestarse pacíficamente; b) A formar organizaciones, asociaciones o grupos no  gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos; c) A comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales.”

Artículo 6: “Toda persona tiene derecho, individualmente y con otras: a) A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los medios por los que se da efecto a tales derechos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo internos; b) Conforme a lo dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales aplicables, a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales; c) A estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados.”

Artículo 7: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos, y a preconizar su aceptación”.

Artículo 16: “Los particulares, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones pertinentes tienen la importante misión de contribuir a sensibilizar al público sobre las cuestiones relativas a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante actividades de enseñanza, capacitación e investigación en esas esferas con el objeto de fortalecer, entre otras cosas, la comprensión, la tolerancia, la paz y las relaciones de amistad entre las naciones y entre todos los grupos raciales y religiosos, teniendo en cuenta las diferentes mentalidades de las sociedades y comunidades en las que llevan a cabo sus actividades”.

Artículo 18: “Toda persona tiene deberes respecto de la comunidad y dentro de ella, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. A los individuos, los grupos, las instituciones y las organizaciones no gubernamentales les corresponde una importante función y una responsabilidad en la protección de la democracia, la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la contribución al fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos democráticos.

Análogamente, les corresponde el importante papel y responsabilidad de contribuir, como sea pertinente, a la promoción del derecho de toda persona a un orden social e internacional en el que los derechos y libertades enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos puedan tener una aplicación plena.

Cuando se ataca a un defensor de derechos humanos

 

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Desde el año 2002 COFAVIC ha venido documentando los principales ataques y/o actos de hostigamiento que han experimentado las y los defensores de derechos humanos en Venezuela. Producto del agravamiento y deterioro progresivo de las garantías de trabajo para la defensa de los derechos humanos en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado entre 2002 a 2015 seis medidas provisionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trece medidas cautelares, las cuales buscan instar al Estado venezolano a proteger la integridad personal de los defensores, sus familias y miembros de las organizaciones que representan.

El rol de los y las defensoras de derechos y de las organizaciones es fundamental para la profundización y existencia de la democracia y el Estado de Derecho. En Venezuela, la Constitución asegura el derecho asociación y garantiza el derecho a la participación ciudadana a través de diversos mecanismos. No obstante, en los últimos años se han producido un conjunto de legislaciones regresivas que generan graves afectaciones a la libertad de asociación.

Entre los principales efectos de estás legislaciones regresivas destacan: el desconocimiento de la autonomía, la restricción sistemática a información pública, la criminalización y amenaza de judicialización si se accede a financiamiento público internacional, criminalización a las asociaciones, afectándose de facto su capacidad procesal de acudir a tribunales y mediante la apertura de investigaciones penales y administrativas en contra de ellas. Asimilándose las acciones de las ONG y de los defensores usuarios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como delitos de “traición a la patria” o “desestabilización”.

Otro mecanismo de relevancia, utilizados para restringir el accionar de las ONG son la suspensión de financiamiento público, expropiación de instalaciones y bienes, especialmente en el ámbito de las ONG de desarrollo; y dificultades casi generalizadas para todas las ONG para el registro de nuevas asociaciones o para trámites legales de actualización de directivas o estatutos.

Sin embargo, COFAVIC ha documentado eventos de mayor gravedad que ponen en severo riesgo la integridad personal de quienes dedican su labor a la promoción y protección de derechos humanos, tales como: ejecuciones extrajudiciales, agresiones, amenazas y actos de hostigamiento, campañas de desprestigio, privaciones de libertad, detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, seguimiento y vigilancia, interceptación a comunicaciones telefónicas y digitales, exposición de datos personales para aumentar la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, inicio de acciones penales en contra de activistas de derechos humanos vinculadas a la recepción de fondos, entre otras.

El pasado 21 de octubre de 2015, nuevamente los defensores de derechos humanos son expuestos a campañas de descrédito que colocan en grave riesgo la integridad de quienes se ven afectados como víctimas. En esta oportunidad COFAVIC quiere llamar la atención sobre los recientes ataques en contra del Dr. Carlos Nieto Palma, coordinador de la  ONG Una Ventana a Libertad y para quien el Estado debe procurar todas las medidas posibles para asegurar su integridad, la de su familia y de su equipo de trabajo.

Los defensores de derechos humanos desempeñan un importante rol en el fomento de una mayor conciencia y observancia de los valores democráticos, su labor está descrita y recogida en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, universalmente reconocidos.

Cuando se ataca a un defensor o defensora de derechos humanos, se intenta silenciar las voces de las personas y grupos marginados, invisibilizados, de aquellos que por su nivel de afectación y desprotección requieren apoyo. Sin duda se afecta tu legítimo derecho de exigir al Estado mejores condiciones para vivir y desarrollarte como persona.

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COFAVIC participó en el 156º periodo de sesiones de la CIDH

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En el marco del 156° período  de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 19 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Washington, D.C. la audiencia “Situación General de Derechos Humanos en Venezuela”, solicitada conjuntamente por COFAVIC, Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura. En esta audiencia pública, los peticionarios expusieron sus preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en Venezuela ante los comisionados y el Estado venezolano a través de su delegación, suministró información y sus puntos de vista sobre los temas abordados.

La audiencia  se inició con la intervención de Liliana Ortega por COFAVIC, quien expresó la preocupación de los peticionarios sobre el incremento en la tasa de homicidios en Venezuela de 62 por cada 100.000 habitantes, cifra presentada por el Estado venezolano ante el Comité de Derechos Humanos el pasado mes de junio de 2015 y el aumento sostenido en el número de ejecuciones extrajudiciales. En un monitoreo realizado por COFAVIC en 23 estados del país, de enero a julio de 2015, se contabilizaron 641 casos de presuntas violaciones de DDHH, en los que 590 corresponden a presuntas ejecuciones extrajudiciales, lo que representa un aumento de un 18% de estos casos, con respecto al mismo periodo del año 2014 y un incremento de 24% en lo que respecta a casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En el 54% de los casos analizados, entre los cuerpos de seguridad presuntamente implicados destacan las policías estadales y municipales y en un 30% la presunta participación de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). De acuerdo con el estudio, el 60% de las muertes ocurren bajo la modalidad de operativos especiales. En 81% de los casos, las víctimas eran menores de 25 años y en 99% de los casos hombres. Adicionalmente, COFAVIC presentó información sobre la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) partiendo de la información pública que el Estado ha suministrado sobre las características y resultados de este plan. Al respecto, la organización presentó su preocupación sobre la cifra suministrada de 160 personas fallecidas en el desarrollo del mismo, indicando que hasta los momentos, no se dispone de información sobre la apertura por parte del Ministerio Público de investigaciones de oficio, relativas a estos procedimientos.

En esta audiencia la abogada María Leoni del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), intervino para presentar sus preocupaciones sobre el incremento en el número de homicidios de mujeres en Venezuela. Citando un estudio realizado por COFAVIC sobre femicidios en Venezuela en 23 estados, resaltó  que entre enero-septiembre de 2015, 263 mujeres perdieron la vida producto de la violencia. También en esta misma audiencia José Gregorio Guarenas de la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, hizo referencia a la situación de derechos humanos en los municipios fronterizos entre Venezuela y Colombia, incluidos actualmente por los decretos de estados de excepción. Señaló la Vicaría de Derechos Humanos, que han tenido información sobre deportaciones masivas a ciudadanos colombianos, sin que se les haya garantizado un debido proceso; allanamientos a residencias sin orden judicial y en algunos casos, las víctimas han referido destrucción de enseres y robo de pertenencias; maltrato físico y verbal; separación forzada de grupos familiares y la criminalización a estas personas por su nacionalidad.

Otro de los temas abordados fue la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela, donde se destacó el incremento en las acciones de desprestigio y campaña de descredito; la impunidad en la que permanecen las denuncias sobre ataques y agresiones. En este sentido, Marcos Gómez de Amnistía Internacional, expresó que los ataques y señalamientos se producen cuando las personas u ONGs formulan opiniones críticas a acciones, planes o políticas gubernamentales; cuando asumen la defensa de casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos; y el más preocupante, cuando hacen uso o recurren a instancias internacionales o regionales de protección de los derechos humanos; incluido cuando se relacionan con ONG de derechos humanos en otros países.

Para escuchar la audiencia completa, puede ubicarla a través de la página web de la Comisión Interamericana http://www.oas.org/es/cidh/ o en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=qQI7BBGoITA&feature=player_embedded

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