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COFAVIC | Castigar y perseguir judicialmente a los manifestantes por sus ideas puede configurar un crimen de lesa humanidad

COMUNICADO PÚBLICO:

COFAVIC | Castigar y perseguir judicialmente a los manifestantes por sus ideas puede configurar un crimen de lesa humanidad

La actual frustración y las diferentes exigencias ciudadanas expresadas por amplios sectores de la población no pueden seguir siendo minimizadas ni desatendidas y mucho menos enfrentadas con represión, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas. Continue reading

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Protección a mujeres y niñas víctimas de violencia: una deuda del Estado venezolano

La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas.

Desde 1981, militantes y activistas en favor del derecho de la mujer designaron el 25 de noviembre como día de protesta y conmemoración contra la violencia de género. La fecha fue elegida para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano, Rafael Trujillo (1930-1961).

El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer a través de la resolución 48/104, lo que marcó el primer paso hacia la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo. Finalmente, el 7 de febrero de 2000, la Asamblea General adoptó la resolución 54/134, y designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Por su parte, en el ámbito interamericano también se realizó un esfuerzo para establecer por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, que se vio materializado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”. Este tratado interamericano de derechos humanos ha dado pauta para la adopción de leyes y políticas sobre prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres en los Estados Parte de la Convención, formulación de planes nacionales, organización de campañas e implementación de protocolos y de servicios de atención, entre otras iniciativas; y ha sido un aporte significativo al fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El mencionado tratado fue firmado por Venezuela el 16 de enero de 1995 y entró en vigor el 05 de marzo de 1995.

La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.

De acuerdo con el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Pará), se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica, o cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio de la mujer, y que comprende entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b) que tenga lugar en la comunidad y que sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación y abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o en cualquier otro lugar y c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra.

Por otra parte, en el artículo 7 de la mencionada Convención se establece los deberes de los Estados en la condena a todas las formas de violencia contra la mujer, entre los cuales destacan:  a) abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;  b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c) incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d)  adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e) tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f) establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g) establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y h)  adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.

Venezuela cuenta con una Ley Especial contra sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que data de 2007, cuya última reforma es del año 2014, además de la disposición constitucional que prohíbe la discriminación entre hombres y mujeres. La realidad de la sociedad venezolana y las investigaciones realizadas al respecto, revelan que la igualdad es meramente formal ante un escenario en el que la discriminación persiste en todos los contextos.

Primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre violencia de género en Venezuela:

Por primera vez en su historia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José de Costa Rica, sanciona a un Estado por el delito de tortura y esclavitud sexual cometido por un particular.

En efecto, después de más de 17 años de espera, Linda Loaiza, mujer venezolana sobreviviente de tortura y otros abusos a manos de un criminal, logró un importante avance hacia la justicia, la que le fue negada en su país, a través de un fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que declaró responsable al Estado venezolano por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, integridad personal, prohibición de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, prohibición de esclavitud, libertad personal, garantías judiciales, dignidad, autonomía y vida privada, circulación y residencia, igualdad ante la ley y protección judicial.

En la sentencia, publicada el viernes 16 de noviembre, la Corte Interamericana concluyó que el Estado, por su inhabilidad en prevenir o investigar los hechos mientras ocurrían, es responsable al haber posibilitado la esclavitud sexual y torturas de Linda Loaiza.

La Corte Interamericana determinó que existió un marco normativo discriminatorio y un uso excesivo de estereotipos en el proceso legal interno, lo que re victimizó a Linda Loaiza y perjudicó sus posibilidades de conseguir justicia en su país.  La Corte reconoció que esto, aunado a la tipificación inadecuada del delito de tortura, influyó en una condena menor a su agresor. Por último, la Corte consideró inefectivas las medidas de protección y la investigación de las amenazas y hostigamientos hacia Linda Loaiza López Soto, sus familiares y abogado.

En la sentencia se ordena al Estado venezolano sancionar a los responsables por los hechos de tortura y violencia sexual y también a los responsables de obstaculizar la búsqueda de justicia. Se impone la adopción de protocolos para la investigación y atención integral de mujeres víctimas de violencia; la implementación de los Tribunales de Violencia contra la Mujer en cada capital de los estados venezolanos; la incorporación al currículo nacional del Sistema Educativo Nacional de un programa de educación de género permanente, con el nombre de “Linda Loaiza”, y la recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional.

Como se recordará, el 27 de marzo de 2001, López fue secuestrada, violada y torturada durante casi cuatro meses en un departamento en el este de Caracas. Linda, entonces de 18 años de edad, fue golpeada salvajemente, quemada con cigarrillos, mordida, abusada sexualmente, privada de alimentos y sometida a otros actos crueles. Las secuelas de tal atrocidad provocaron que estuviera un año hospitalizada y se sometiera a 15 cirugías, incluyendo una reconstrucción de los labios, nariz, pabellón auricular y la vagina.

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Linda Loaiza, venezolana sobreviviente de violencia de género, hace historia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caracas y Washington, D.C. 16 de noviembre, 2018.- Después de más de 17 años de espera, Linda Loaiza, mujer venezolana sobreviviente de tortura y otros abusos a manos de un criminal ha logrado un importante avance hacia la justicia afuera de las fronteras venezolanas que le fue negada en su país a través de un fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que encontró culpable al Estado Venezolano. Continue reading

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La labor de Liliana Ortega de COFAVIC fue reconocida por el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y el Estado de Derecho 2017

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Embajadores en Caracas, de Francia y Alemania, Romain Nadal y Stefan Herzberg junto a la abogada y fundadora de COFAVIC Liliana Ortega, en la entrega del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y el Estado de Derecho 2017

Los embajadores en Caracas, de Francia y Alemania,  Romain Nadal y Stefan Herzberg, entregaron a la abogada y fundadora de COFAVIC, el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y el Estado de Derecho 2017 porque, entre otras razones, desde hace casi tres décadas, Liliana Ortega ha sido ejemplo de la incansable labor en pro de las víctimas de la violencia estatal, del abuso de poder y la represión.

El premio, que nació como iniciativa conjunta de los Ministerios de Relaciones Exteriores francés y alemán en 2016, se entrega en el marco del Día de los Derechos Humanos que se celebra cada año el 10 de diciembre, para conmemorar la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas en París.  

La adjudicación de este premio fue decidida luego de una exhaustiva labor de selección por los Ministerios de Relaciones Exteriores de Francia y Alemania entre varias decenas de candidatos a nivel mundial comprometidos en la defensa de los derechos humanos, de los cuales fueron seleccionados 15 representantes de varios países del mundo, entre los que se encuentra Liliana Ortega por Venezuela.

El Embajador Stefan Herzberg destacó que Liliana Ortega no habla en nombre de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos sino que les ayuda a encontrar su propia voz. “Con Liliana Ortega no solamente honramos a una persona, sino a todos los valientes quienes abiertamente se oponen a los abusos de poder y al ventajismo, aquellos quienes buscan ayudar a sus prójimos y no solamente ‘tuitean’ sino actúan en favor de los Derechos Humanos”.

Liliana Ortega fundó hace 28 años Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989” con el fin de ayudar a hacer justicia a las víctimas del Caracazo. Desde entonces,  COFAVIC se ha convertido en una de las organizaciones de Derechos Humanos más reconocidas de Venezuela y probablemente también de todo el continente.

Para el embajador, una de las razones por las cuales Ortega ha sido merecedora del respeto universal,  es que Liliana siempre ha abogado por los grupos sociales más débiles de la sociedad. Gracias a su labor, muchos grupos de víctimas han podido mejorar su auto-organización y defender activamente por sí mismos sus derechos.

Herzberg  reiteró el compromiso de las diplomacias de Francia y Alemania de trabajar por la dignidad humana.

Ese compromiso está basado en tres grandes requerimientos: la legitimidad, la coherencia y el compromiso, añadió Romain Nadal, embajador de Francia en Venezuela.

Nadal dijo que cada una de las embajadas debe ser una casa de los derechos humanos y en ese sentido recordó que los diplomáticos alemanes y franceses siempre permanecen atentos a los llamados de las sociedades donde se ahoga la dignidad.

 “Estamos decididos a ayudar a aquellos que actúan en el terreno, comenzando por los defensores de los derechos humanos, las asociaciones y las organizaciones no gubernamentales. Con este premio, deseamos homenajear la entrega, el valor y el profesionalismo de todos los hombres y mujeres que luchan por los derechos humanos en lo cotidiano, a veces poniendo en riesgo su propia vida”.

Liliana Ortega señaló que recibió el premio como un reconocimiento para el trabajo de todos los defensores de derechos humanos de Venezuela que desarrollan su labor en un contexto lleno de riesgos, incertidumbre y limitaciones. “Gracias Francia y Alemania por acompañarnos en estas horas tan difíciles y por ser una fuente de inspiración para el porvenir”, dijo la fundadora de COFAVIC.

Los demás galardonados del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y de Estado de Derecho 2017 son: Adilur Rahman Khan (Bangladés), Nounongnon Balbylas Gbaguidi (Benín), Gracia Violeta Ross Quiroga (Bolivia), Ragia Omran (Egipto), Abdullah Al Khonaini (Kuwait), Bekim Asani (Macedonia), Mandira Sharma (Nepal), Grace Idaehor Osakue (Nigeria), Rosemarie R. Trajano (Filipinas), Elena Milashina (Rusia), Shreen Abdul Saroor (Sri Lanka), Kerem Altiparmak (Turquía), Pavlo Lysianskyi (Ucrania) y el ecuatoriano César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios).

Medalla
Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y el Estado de Derecho 2017

Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a cofavic@gmail.com  o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

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A 25 años de la masacre del Retén de Catia no se ha cumplido con sentencia de la Corte Interamericana

A 25 años de la masacre del Retén de Catia, Cofavic recuerda la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del año 2006, que fijó pautas destinadas a evitar la repetición de crímenes en las cárceles venezolanas, como los que ocurrieron el 27 y 28 de noviembre de 1992 en el internado judicial de Los Flores, más conocido como Retén de Catia en la parroquia Sucre de Caracas. Sin embargo, el balance hoy en día, es que no se ha cumplido  ninguna de  las medidas ordenadas al  Estado venezolano ni ningún otro punto resolutivo de la sentencia.

No se han identificado los restos de las personas desaparecidas ni se han entregado esos restos a los familiares. Nadie ha sido condenado ni enjuiciado por este caso donde resultaron asesinadas unas 63 personas.

Tampoco se ha adecuado la legislación interna a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza ni se ha puesto en funcionamiento un cuerpo de vigilancia penitenciaria de carácter civil. Por el contrario, se ha profundizado la militarización de las cárceles y aún se presentan graves situaciones  de hacinamiento, dificultad en el acceso a alimentación y a medidas de protección de salud mínimamente adecuadas. Hoy día existen grupos armados civiles que controlan algunas cárceles con la tolerancia y aquiescencia del Estado, sometiendo a los privados de libertad a graves niveles de vulnerabilidad y sufrimiento, en ocasiones incluso la muerte.

Los hechos donde murieron los reclusos ocurrieron durante el segundo intento de golpe militar en contra del entonces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, en horas de la madrugada. Mientras el intento de golpe tenía lugar, en el interior del Internado Judicial de los Flores Catia, se produjo una situación confusa durante la cual murieron aproximadamente 63 personas en circunstancias aún no aclaradas.

De acuerdo con informaciones aportadas por familiares de las víctimas y reconocidas por Amnistía Internacional,  la mayoría de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales, luego de que cuerpos de seguridad del Estado dispararan indiscriminadamente contra la población penal. Según informaron familiares y testigos a Cofavic, poco después de escuchar por radio del intento de golpe militar, los guardias abrieron las puertas del recinto carcelario y anunciaron que la población penal estaba en libertad. De allí en adelante todo fue un caos. Después, cuando intentaron retomar el orden ya no fue posible y los funcionarios dispararon en contra de los reclusos. La mayoría de los internos afirmó que se recluyó en sus celdas, para resguardar su vida.

A las 4 de la mañana me llamaron para que viera en la televisión el asunto del Golpe. Luego en la radio comenzaron a decir que estaban matando a los presos en el Retén de Catia. Una conocida que vive cerca me llamó para decirme que habían matado a mi esposo. Mi hija, que entonces tenía 21 años, se fue para allá y lo vio en el piso, muerto. Lo reconoció por la ropa. Pero se tuvo que esconder, porque empezaron a dispararles también a los familiares. Considero que lo ocurrido fue incorrecto, porque él estaba pagando un delito y no se escapó, sino que le dijeron que se fuera porque el gobierno se había caído. Lo obligaron a escaparse, como quien dice”, afirmó la señora Nellys Madriz, esposa de Víctor Javier Montero Aranguren, asesinado en la llamada “masacre del Retén de Catia”, el 27 de noviembre de 1992.

La señora Madriz asistió al LXXI Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina en abril de 2006. Durante esa audiencia la Corte Interamericana escuchó los argumentos de los peticionarios y del Estado sobre el tema, además de testigos y peritos.

Nellys Madriz dijo en su momento que la vida de su familia y la de ella cambió por completo a partir de 1992. “Cualquier persona puede cometer un error, en todo caso mi esposo ya estaba pagando por el suyo. No tenían por qué matarlo como a un perro, porque en Venezuela no existe la pena de muerte”.

En Cofavic recordamos la masacre del Retén de Catia porque estamos convencidos de que para lograr que los graves crímenes contra los derechos humanos no se repitan, es indispensable recuperar la verdad y vencer el olvido, el miedo y la impunidad.

El rescate de la verdad debe romper con el silenciamiento de los hechos y el encubrimiento de los victimarios y sobre todo deben evitarse nuevas exclusiones y actos de discriminación  que solo sirven para re victimizar y perpetuar la impunidad.

La reparación integral que las víctimas merecen, después de una violación a sus derechos, no se limita a una indemnización económica, sino que debe apuntar fundamentalmente al restablecimiento de la verdad, la aplicación de la justicia y la implementación efectiva de las garantías mínimas de no repetición.

La verdad, la reparación y la reconciliación no se pueden imponer y mucho menos plantearse dejando de lado casos emblemáticos e históricos que están en la memoria colectiva del país, como lo es el caso de la masacre del Retén de Catia.

Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a cofavic@gmail.com  o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

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La violencia de género es prevenible

Los especialistas lo tienen muy claro. Para combatir la violencia contra la mujer, cuyo día internacional se celebra cada 25 de noviembre, la prevención es determinante y un factor clave. Clara Alemann, experta en género del Banco Interamericano de Desarrollo, asegura que ninguna intervención de respuesta a posteriori podrá contrarrestar este fenómeno. Es necesario empezar antes de que ocurra para evitar la repetición.

Eso significa que no basta con comenzar la prevención en el matrimonio, ni en el noviazgo, ni siquiera en la niñez. El trabajo debe iniciarse, incluso, en la generación anterior. Investigaciones recientes han demostrado, además,  que el maltrato afecta a todos los sectores sociales y países, y que hay una correlación directa entre quienes vieron o sufrieron violencia y las probabilidades de reproducirla y, también, de padecerla.

Entonces, ¿cómo prevenir esa violencia que de alguna manera se ha heredado de una generación a otra? Lo ideal es que se  evite en el seno del hogar, para que los hijos no la aprendan y la reproduzcan.  

Con estas premisas, las políticas de prevención de violencia de género  tienen un importante papel en la fase, casi siempre conflictiva, de la adolescencia. De hecho, se ha demostrado que funcionan algunos programas destinados a disminuir los maltratos, sean físicos o psicológicos, que comienzan a aparecer en las primeras relaciones sentimentales. De esa manera se evita en el futuro la transmisión de la violencia a los hijos de estos jóvenes.

Hoy en día se sabe que los niños que ven violencia en casa son más propensos a ejercerla después. Pero no solo eso: el riesgo de sufrirla en la edad adulta entre las niñas que viven en esos entornos se multiplica por 2,5. “No se sabe al 100% la razón, pero la hipótesis es que si crecen en ese ambiente piensan que es la forma normal de resolver conflictos. Hay encuestas a mujeres adultas en Latinoamérica que dicen que el 16% piensan que la violencia contra ellas mismas es aceptable bajo ciertas circunstancias”, señala Andrew Morrison, jefe de la división de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

Ese porcentaje es todavía superior si se atiende a los adolescentes de todos los países en desarrollo: casi la mitad de las jóvenes de entre 15 y 19 años cree que en ocasiones se justifica, según el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y las Niñas de Unicef, con datos recolectados entre 2005 y 2016.

Sea cual sea la razón, lo cierto es que una de cada tres mujeres en el mundo es víctima de maltrato por parte de su pareja a lo largo de su vida. Y que el 38% de los asesinatos a mujeres los cometen sus parejas, según datos de la Organización Mundial de la Salud (nota descriptiva  Violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer, noviembre 2016).

En efecto, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo y es considerada la forma más extrema de discriminación. En los casos más graves, esa violencia puede provocar la muerte. Según datos del Informe Mundial sobre Violencia de Unicef, referidos a 87 países y recolectados entre 2005 y 2016, el 19% de las mujeres, de entre 15 y 49 años de edad, dijeron que habían experimentado violencia física o sexual, o ambas, a manos de su pareja en los 12 meses anteriores a ser preguntadas sobre este asunto. En 2012, casi la mitad de las mujeres víctimas de un homicidio intencional en todo el mundo fueron asesinadas por su pareja o un familiar, en comparación con el 6% de los varones.

Es importante entender que la violencia contra las mujeres es un asunto público y es un crimen tipificado como tal en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No existen los crímenes por amor u honor, ni los crímenes personales. Son transgresiones, son violaciones a los derechos humanos, es violencia de género. Así se le debe llamar.

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada.

Abarca, sin carácter limitativo, “la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada; y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra”.

El Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999 y se celebra el 25 de noviembre de cada año. Los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales son invitadas a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer.

El principal objetivo es recordarle al mundo que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. Que es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género.

En Venezuela, pese a esas desigualdades que persisten, son las mujeres, representadas en madres, hermanas, abuelas e hijas,  las que acuden a los organismos de investigación a exigir justicia, protección y reparación frente a los daños causados.  Además, el esfuerzo organizativo ha sido, particularmente, dirigido por mujeres motivadas por la necesidad de exigir el establecimiento de la verdad, la justicia y la reparación en casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, en rechazo a prácticas de tortura y detenciones arbitrarias, así como a favor del apoyo a las mujeres víctimas de violencia.

Es por ello que todas las actividades de COFAVIC poseen como eje transversal la perspectiva de género, porque permite profundizar, de manera diferenciada en los efectos que este tipo de violaciones a los derechos humanos dejan en las víctimas y la sociedad.  

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Soy víctima y tengo derechos

El primer paso quizás sea el más difícil, pero también el más determinante: reconocerse como víctima de la violación de sus derechos y aceptar que merecen conocer la verdad de lo que ocurrió; que se investiguen los hechos para que se condene a los victimarios y se haga justicia, y, finalmente, que haya una reparación integral por los daños sufridos.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las víctimas son todas aquellas personas que han sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.

Son víctimas los jóvenes que sufrieron detenciones arbitrarias durante el contexto de protestas; los padres de los jóvenes que fueron asesinados, presuntamente, por funcionarios de cuerpos policiales en manifestaciones antigubernamentales; los padres de los jóvenes asesinados en zonas populares en el desarrollo de operativos de seguridad ciudadana, por solo mencionar tres ejemplos.

Todos, en situaciones diferentes, se convirtieron en víctimas y hoy se reconocen en el dolor y la compasión. Unos primeros, otros después, pero progresivamente todos asumirán  esa nueva condición que les permitirá transitar un camino transformador que les dará herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial, todo con el objetivo de que puedan mejorar su situación social, política, económica, psicológica o espiritual.

A la par, la víctima debe denunciar, apropiarse de su propio caso y velar por el seguimiento de la investigación. El artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), de hecho, define claramente los derechos  que tienen las víctimas:

1.-Presentar querella e intervenir en el proceso conforme a lo establecido en este Código.

2.-Ser informada de los resultados del proceso, aun cuando no hubiere intervenido en él.

3.-Solicitar medidas de protección frente a probables atentados en contra suya o de su familia.

4.-Adherirse a la acusación del fiscal o formular una acusación particular propia contra el imputado en los delitos de acción pública; o una acusación privada en los delitos dependientes de instancia de parte.

5.-Ejercer las acciones civiles con el objeto de reclamar la responsabilidad civil proveniente del hecho punible.

6.-Ser notificada de la resolución del fiscal que ordena el archivo de los recaudos.

7.-Ser oída por el tribunal antes de decidir acerca del sobreseimiento o antes de dictar cualquier otra decisión que ponga término al proceso o lo suspenda condicionalmente.

8.-Impugnar (anular) el sobreseimiento o la sentencia absolutoria.

El seguimiento del caso es vital. La víctima tiene el derecho de conocer los resultados de las investigaciones para lo cual es importante contar con una participación activa en el proceso. Algunas de las actividades que debe hacer son:

1.-Asistir semanalmente a los diferentes organismos (Fiscalía, Tribunales, Defensoría Pública y CICPC) encargados de la resolución del caso, con el objeto de obtener información actualizada del caso y registrarla.

2.-Abrir un archivo propio a través de una carpeta  de denuncia en la cual se va a recopilar toda la información que se obtenga y copia de las diligencias que se hayan realizado.

3.-Presentar solicitudes concretas a las autoridades competentes con relación a sus atribuciones.

4.-Ejercer los recursos a que haya lugar en el caso concreto.

La víctima, además, tiene  la posibilidad de informar a la opinión pública de lo ocurrido.  No basta con denunciar los hechos ante las autoridades; es necesario darlos a conocer ante la opinión pública por los medios que se tenga al alcance: periódicos, radio, televisión, boletines, volantes, etc.

También es importante reflexionar la situación con la comunidad.  Es conveniente reunir a los vecinos, compañeros de trabajo o de estudio para dialogar sobre la situación que se está viviendo, analizarla y buscar colectivamente alternativas para enfrentarla.

Todos esos caminos conducen a la verdad, a la justicia y a la garantía de que no se repitan los hechos que los convirtieron en víctimas. El derecho a la verdad, como bien lo ha resumido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, implica “conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos. Eso implica conocer la verdad completa y total en relación con los hechos, sus circunstancias específicas, la identidad de los responsables y partícipes, y sus motivaciones

En los casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales el derecho a la verdad tiene también una dimensión especial: conocer la suerte y el paradero de la víctima. Asimismo, la jurisprudencia y la doctrina internacionales consideran que la sociedad tiene también derecho a conocer la verdad acerca de las graves violaciones de derechos humanos. En efecto, el derecho a la verdad tiene también una dimensión colectiva: la sociedad tiene el derecho a conocer la verdad acerca de las graves violaciones de derechos humanos, las circunstancias en que fueron cometidas, los responsables de estas y sus motivos. El derecho a la verdad ha sido caracterizado como inalienable e imprescriptible tanto por instrumentos internacionales como por la jurisprudencia y la doctrina internacionales.

 

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Aún se criminaliza labor de defensores y defensoras de Derechos Humanos

En 1998, los países miembros de la ONU suscribieron la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, grupos e instituciones de promover y proteger los derechos humanos. El documento reconoce la defensa de los derechos humanos como un derecho, e insta a los Estados a proteger a las personas y organizaciones de la sociedad civil que la ejercen.

En la declaración se describe como derechos de los defensores y defensoras los siguientes aspectos:

A ser protegidos.
A la libertad de reunión pacífica.
A la libertad de asociación.
A acceder y a comunicarse con organismos internacionales.
A la libertad de opinión y de expresión.
A la protesta pacífica.
A debatir y desarrollar nuevas ideas en materia de derechos humanos.

Los defensores y defensoras, por otra parte, pueden desarrollar como actividades legítimas y protegidas por la Declaración, las siguientes tareas:

Proteger la democracia, promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, contribuir al fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos democráticos.

Formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, afiliarse a ellos o a participar en ellos promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de diversos medios.

Tener la oportunidad efectiva, sobre una base no discriminatoria, de participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos y, dentro de este derecho presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento.

Llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales y solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales. A pesar de estas disposiciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de informes temáticos, ha alertado sobre la criminalización de defensores en la región.

Se han identificado los obstáculos a los que se enfrentan las personas que promueven y defienden derechos humanos: a) ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; agresiones, amenazas y hostigamientos; b) campañas de desprestigio; c) violaciones al domicilio y otras injerencias arbitrarias; d) actividades de inteligencia; e) restricciones al acceso a la información y a las acciones de hábeas data; f) controles administrativos y financieros arbitrarios a las organizaciones de derechos humanos; g) impunidad en las investigaciones de ataques sufridos por defensores y defensoras.

La organización Front Line Defenders también ha realizado informes especiales sobre las garantías de trabajo para las organizaciones de derechos humanos en el mundo. En el año 2016 presentó un informe titulado “Informe anual sobre los/as defensores/as de derechos humanos”, en el que realizó un análisis detallado sobre el deterioro de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos a nivel mundial y destacó que la violencia siguió siendo la característica principal de los ataques dirigidos a los defensores y defensoras de derechos humanos en América Latina y el Caribe.

La organización Front Line Defenders recomendó en su informe, que los gobiernos deben reconocer la vital importancia que tiene el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, puesto que son actores que contribuyen a la construcción de sociedades justas e igualitarias.

Asimismo, recalcaron el despliegue de campañas de señalamiento y difamación, a través de declaraciones por parte de altos funcionarios públicos en medios de comunicación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha expresado su alarma ante los señalamientos, actos de intimidación y acciones de descrédito de las que son objeto algunas personas en Venezuela como consecuencia de ejercer su derecho a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La CIDH ha instado en reiteradas oportunidades a los funcionarios públicos a abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos.

Es absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción de represalia que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano o de algún sistema internacional, en ejercicio de sus derechos convencionales.

Tal como lo establece el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.

La labor de defensoras y defensores es fundamental para la vigencia de un Estado de Derecho y de la democracia. Los defensores y defensoras de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta.

Las declaraciones estigmatizantes contra defensores y defensoras de derechos humanos restan credibilidad y legitimidad a su labor, atentan contra su rol esencial en la consolidación del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia y tiene un efecto disuasivo sobre la actividad de promoción y protección de los derechos humanos.

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Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a coordinacionprensa@cofavic.org o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

Columnalogo-cofavic1

Las desapariciones forzadas son crímenes atroces que no deben ser toleradas en ninguna sociedad.

Sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través de esa sensibilización, los gobiernos y los Estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes.

Esos son los propósitos del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se conmemoró el pasado 30 de agosto para la protección de todas las personas sometidas o que son vulnerables a las desapariciones forzadas.

Se espera que ese y todos los demás días sean aprovechados para mostrar el camino que los Estados deben emprender y las acciones que deben llevar a cabo para evitar las desapariciones forzadas de ciudadanos de un país.

Se entiende por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Es importante destacar que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el Derecho Internacional aplicable.

Una desaparición forzada se define por tres elementos acumulativos que se deben tener en cuenta: la privación de libertad contra la voluntad de la persona interesada;
la participación de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por aquiescencia y la negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada.

La desaparición forzada se usa con frecuencia como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

Las desapariciones forzadas, que en algún momento fueron el producto de las dictaduras militares, son perpetradas hoy día, especialmente como método de represión política de los oponentes.

Las desapariciones forzadas violan una serie de normas consuetudinarias fundamentales tales como la prohibición de la privación arbitraria de libertad, la prohibición de la tortura y otros tratos inhumanos y crueles, así como la prohibición de las ejecuciones. Dejar a las familias sin noticias de la situación y del paradero de sus seres queridos no sólo las pone en una insoportable situación de incertidumbre sino que es también una negación del derecho a la vida en familia y del derecho de las familias a conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos.

La prohibición de las desapariciones forzadas, no da cabida a las excepciones. Ni la guerra, ni un estado de excepción ni razones imperativas de seguridad nacional pueden justificar las desapariciones forzadas. Del mismo modo, ningún Estado, grupo o individuo está por encima de la ley, y nadie puede quedar fuera del derecho: esto es lo que se intenta hacer con las desapariciones forzadas.

Una vez que desaparece una persona, es a menudo demasiado tarde para actuar. Debemos hacerlo antes de que ocurra, debemos impedir que las personas desaparezcan registrando sus datos, siguiendo su rastro y dando noticias de ellas a sus familias.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas cree que es motivo de especial preocupación el acoso a los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada.

También el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones; y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.

La Asamblea General de las Naciones Unidas expresó, además, su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

En la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, se establece que nadie será sometido a una desaparición forzada, y que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada.

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