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La violencia de género es prevenible

Los especialistas lo tienen muy claro. Para combatir la violencia contra la mujer, cuyo día internacional se celebra cada 25 de noviembre, la prevención es determinante y un factor clave. Clara Alemann, experta en género del Banco Interamericano de Desarrollo, asegura que ninguna intervención de respuesta a posteriori podrá contrarrestar este fenómeno. Es necesario empezar antes de que ocurra para evitar la repetición.

Eso significa que no basta con comenzar la prevención en el matrimonio, ni en el noviazgo, ni siquiera en la niñez. El trabajo debe iniciarse, incluso, en la generación anterior. Investigaciones recientes han demostrado, además,  que el maltrato afecta a todos los sectores sociales y países, y que hay una correlación directa entre quienes vieron o sufrieron violencia y las probabilidades de reproducirla y, también, de padecerla.

Entonces, ¿cómo prevenir esa violencia que de alguna manera se ha heredado de una generación a otra? Lo ideal es que se  evite en el seno del hogar, para que los hijos no la aprendan y la reproduzcan.  

Con estas premisas, las políticas de prevención de violencia de género  tienen un importante papel en la fase, casi siempre conflictiva, de la adolescencia. De hecho, se ha demostrado que funcionan algunos programas destinados a disminuir los maltratos, sean físicos o psicológicos, que comienzan a aparecer en las primeras relaciones sentimentales. De esa manera se evita en el futuro la transmisión de la violencia a los hijos de estos jóvenes.

Hoy en día se sabe que los niños que ven violencia en casa son más propensos a ejercerla después. Pero no solo eso: el riesgo de sufrirla en la edad adulta entre las niñas que viven en esos entornos se multiplica por 2,5. “No se sabe al 100% la razón, pero la hipótesis es que si crecen en ese ambiente piensan que es la forma normal de resolver conflictos. Hay encuestas a mujeres adultas en Latinoamérica que dicen que el 16% piensan que la violencia contra ellas mismas es aceptable bajo ciertas circunstancias”, señala Andrew Morrison, jefe de la división de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

Ese porcentaje es todavía superior si se atiende a los adolescentes de todos los países en desarrollo: casi la mitad de las jóvenes de entre 15 y 19 años cree que en ocasiones se justifica, según el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y las Niñas de Unicef, con datos recolectados entre 2005 y 2016.

Sea cual sea la razón, lo cierto es que una de cada tres mujeres en el mundo es víctima de maltrato por parte de su pareja a lo largo de su vida. Y que el 38% de los asesinatos a mujeres los cometen sus parejas, según datos de la Organización Mundial de la Salud (nota descriptiva  Violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer, noviembre 2016).

En efecto, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo y es considerada la forma más extrema de discriminación. En los casos más graves, esa violencia puede provocar la muerte. Según datos del Informe Mundial sobre Violencia de Unicef, referidos a 87 países y recolectados entre 2005 y 2016, el 19% de las mujeres, de entre 15 y 49 años de edad, dijeron que habían experimentado violencia física o sexual, o ambas, a manos de su pareja en los 12 meses anteriores a ser preguntadas sobre este asunto. En 2012, casi la mitad de las mujeres víctimas de un homicidio intencional en todo el mundo fueron asesinadas por su pareja o un familiar, en comparación con el 6% de los varones.

Es importante entender que la violencia contra las mujeres es un asunto público y es un crimen tipificado como tal en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No existen los crímenes por amor u honor, ni los crímenes personales. Son transgresiones, son violaciones a los derechos humanos, es violencia de género. Así se le debe llamar.

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada.

Abarca, sin carácter limitativo, “la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada; y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra”.

El Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999 y se celebra el 25 de noviembre de cada año. Los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales son invitadas a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer.

El principal objetivo es recordarle al mundo que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. Que es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género.

En Venezuela, pese a esas desigualdades que persisten, son las mujeres, representadas en madres, hermanas, abuelas e hijas,  las que acuden a los organismos de investigación a exigir justicia, protección y reparación frente a los daños causados.  Además, el esfuerzo organizativo ha sido, particularmente, dirigido por mujeres motivadas por la necesidad de exigir el establecimiento de la verdad, la justicia y la reparación en casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, en rechazo a prácticas de tortura y detenciones arbitrarias, así como a favor del apoyo a las mujeres víctimas de violencia.

Es por ello que todas las actividades de COFAVIC poseen como eje transversal la perspectiva de género, porque permite profundizar, de manera diferenciada en los efectos que este tipo de violaciones a los derechos humanos dejan en las víctimas y la sociedad.  

Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a cofavic@gmail.com  o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

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Soy víctima y tengo derechos

El primer paso quizás sea el más difícil, pero también el más determinante: reconocerse como víctima de la violación de sus derechos y aceptar que merecen conocer la verdad de lo que ocurrió; que se investiguen los hechos para que se condene a los victimarios y se haga justicia, y, finalmente, que haya una reparación integral por los daños sufridos.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las víctimas son todas aquellas personas que han sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.

Son víctimas los jóvenes que sufrieron detenciones arbitrarias durante el contexto de protestas; los padres de los jóvenes que fueron asesinados, presuntamente, por funcionarios de cuerpos policiales en manifestaciones antigubernamentales; los padres de los jóvenes asesinados en zonas populares en el desarrollo de operativos de seguridad ciudadana, por solo mencionar tres ejemplos.

Todos, en situaciones diferentes, se convirtieron en víctimas y hoy se reconocen en el dolor y la compasión. Unos primeros, otros después, pero progresivamente todos asumirán  esa nueva condición que les permitirá transitar un camino transformador que les dará herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial, todo con el objetivo de que puedan mejorar su situación social, política, económica, psicológica o espiritual.

A la par, la víctima debe denunciar, apropiarse de su propio caso y velar por el seguimiento de la investigación. El artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), de hecho, define claramente los derechos  que tienen las víctimas:

1.-Presentar querella e intervenir en el proceso conforme a lo establecido en este Código.

2.-Ser informada de los resultados del proceso, aun cuando no hubiere intervenido en él.

3.-Solicitar medidas de protección frente a probables atentados en contra suya o de su familia.

4.-Adherirse a la acusación del fiscal o formular una acusación particular propia contra el imputado en los delitos de acción pública; o una acusación privada en los delitos dependientes de instancia de parte.

5.-Ejercer las acciones civiles con el objeto de reclamar la responsabilidad civil proveniente del hecho punible.

6.-Ser notificada de la resolución del fiscal que ordena el archivo de los recaudos.

7.-Ser oída por el tribunal antes de decidir acerca del sobreseimiento o antes de dictar cualquier otra decisión que ponga término al proceso o lo suspenda condicionalmente.

8.-Impugnar (anular) el sobreseimiento o la sentencia absolutoria.

El seguimiento del caso es vital. La víctima tiene el derecho de conocer los resultados de las investigaciones para lo cual es importante contar con una participación activa en el proceso. Algunas de las actividades que debe hacer son:

1.-Asistir semanalmente a los diferentes organismos (Fiscalía, Tribunales, Defensoría Pública y CICPC) encargados de la resolución del caso, con el objeto de obtener información actualizada del caso y registrarla.

2.-Abrir un archivo propio a través de una carpeta  de denuncia en la cual se va a recopilar toda la información que se obtenga y copia de las diligencias que se hayan realizado.

3.-Presentar solicitudes concretas a las autoridades competentes con relación a sus atribuciones.

4.-Ejercer los recursos a que haya lugar en el caso concreto.

La víctima, además, tiene  la posibilidad de informar a la opinión pública de lo ocurrido.  No basta con denunciar los hechos ante las autoridades; es necesario darlos a conocer ante la opinión pública por los medios que se tenga al alcance: periódicos, radio, televisión, boletines, volantes, etc.

También es importante reflexionar la situación con la comunidad.  Es conveniente reunir a los vecinos, compañeros de trabajo o de estudio para dialogar sobre la situación que se está viviendo, analizarla y buscar colectivamente alternativas para enfrentarla.

Todos esos caminos conducen a la verdad, a la justicia y a la garantía de que no se repitan los hechos que los convirtieron en víctimas. El derecho a la verdad, como bien lo ha resumido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, implica “conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos. Eso implica conocer la verdad completa y total en relación con los hechos, sus circunstancias específicas, la identidad de los responsables y partícipes, y sus motivaciones

En los casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales el derecho a la verdad tiene también una dimensión especial: conocer la suerte y el paradero de la víctima. Asimismo, la jurisprudencia y la doctrina internacionales consideran que la sociedad tiene también derecho a conocer la verdad acerca de las graves violaciones de derechos humanos. En efecto, el derecho a la verdad tiene también una dimensión colectiva: la sociedad tiene el derecho a conocer la verdad acerca de las graves violaciones de derechos humanos, las circunstancias en que fueron cometidas, los responsables de estas y sus motivos. El derecho a la verdad ha sido caracterizado como inalienable e imprescriptible tanto por instrumentos internacionales como por la jurisprudencia y la doctrina internacionales.

 

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Aún se criminaliza labor de defensores y defensoras de Derechos Humanos

En 1998, los países miembros de la ONU suscribieron la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, grupos e instituciones de promover y proteger los derechos humanos. El documento reconoce la defensa de los derechos humanos como un derecho, e insta a los Estados a proteger a las personas y organizaciones de la sociedad civil que la ejercen.

En la declaración se describe como derechos de los defensores y defensoras los siguientes aspectos:

A ser protegidos.
A la libertad de reunión pacífica.
A la libertad de asociación.
A acceder y a comunicarse con organismos internacionales.
A la libertad de opinión y de expresión.
A la protesta pacífica.
A debatir y desarrollar nuevas ideas en materia de derechos humanos.

Los defensores y defensoras, por otra parte, pueden desarrollar como actividades legítimas y protegidas por la Declaración, las siguientes tareas:

Proteger la democracia, promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, contribuir al fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos democráticos.

Formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, afiliarse a ellos o a participar en ellos promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de diversos medios.

Tener la oportunidad efectiva, sobre una base no discriminatoria, de participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos y, dentro de este derecho presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento.

Llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales y solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales. A pesar de estas disposiciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de informes temáticos, ha alertado sobre la criminalización de defensores en la región.

Se han identificado los obstáculos a los que se enfrentan las personas que promueven y defienden derechos humanos: a) ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; agresiones, amenazas y hostigamientos; b) campañas de desprestigio; c) violaciones al domicilio y otras injerencias arbitrarias; d) actividades de inteligencia; e) restricciones al acceso a la información y a las acciones de hábeas data; f) controles administrativos y financieros arbitrarios a las organizaciones de derechos humanos; g) impunidad en las investigaciones de ataques sufridos por defensores y defensoras.

La organización Front Line Defenders también ha realizado informes especiales sobre las garantías de trabajo para las organizaciones de derechos humanos en el mundo. En el año 2016 presentó un informe titulado “Informe anual sobre los/as defensores/as de derechos humanos”, en el que realizó un análisis detallado sobre el deterioro de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos a nivel mundial y destacó que la violencia siguió siendo la característica principal de los ataques dirigidos a los defensores y defensoras de derechos humanos en América Latina y el Caribe.

La organización Front Line Defenders recomendó en su informe, que los gobiernos deben reconocer la vital importancia que tiene el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, puesto que son actores que contribuyen a la construcción de sociedades justas e igualitarias.

Asimismo, recalcaron el despliegue de campañas de señalamiento y difamación, a través de declaraciones por parte de altos funcionarios públicos en medios de comunicación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha expresado su alarma ante los señalamientos, actos de intimidación y acciones de descrédito de las que son objeto algunas personas en Venezuela como consecuencia de ejercer su derecho a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La CIDH ha instado en reiteradas oportunidades a los funcionarios públicos a abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos.

Es absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción de represalia que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano o de algún sistema internacional, en ejercicio de sus derechos convencionales.

Tal como lo establece el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.

La labor de defensoras y defensores es fundamental para la vigencia de un Estado de Derecho y de la democracia. Los defensores y defensoras de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta.

Las declaraciones estigmatizantes contra defensores y defensoras de derechos humanos restan credibilidad y legitimidad a su labor, atentan contra su rol esencial en la consolidación del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia y tiene un efecto disuasivo sobre la actividad de promoción y protección de los derechos humanos.

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Las desapariciones forzadas son crímenes atroces que no deben ser toleradas en ninguna sociedad.

Sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través de esa sensibilización, los gobiernos y los Estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes.

Esos son los propósitos del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se conmemoró el pasado 30 de agosto para la protección de todas las personas sometidas o que son vulnerables a las desapariciones forzadas.

Se espera que ese y todos los demás días sean aprovechados para mostrar el camino que los Estados deben emprender y las acciones que deben llevar a cabo para evitar las desapariciones forzadas de ciudadanos de un país.

Se entiende por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Es importante destacar que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el Derecho Internacional aplicable.

Una desaparición forzada se define por tres elementos acumulativos que se deben tener en cuenta: la privación de libertad contra la voluntad de la persona interesada;
la participación de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por aquiescencia y la negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada.

La desaparición forzada se usa con frecuencia como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

Las desapariciones forzadas, que en algún momento fueron el producto de las dictaduras militares, son perpetradas hoy día, especialmente como método de represión política de los oponentes.

Las desapariciones forzadas violan una serie de normas consuetudinarias fundamentales tales como la prohibición de la privación arbitraria de libertad, la prohibición de la tortura y otros tratos inhumanos y crueles, así como la prohibición de las ejecuciones. Dejar a las familias sin noticias de la situación y del paradero de sus seres queridos no sólo las pone en una insoportable situación de incertidumbre sino que es también una negación del derecho a la vida en familia y del derecho de las familias a conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos.

La prohibición de las desapariciones forzadas, no da cabida a las excepciones. Ni la guerra, ni un estado de excepción ni razones imperativas de seguridad nacional pueden justificar las desapariciones forzadas. Del mismo modo, ningún Estado, grupo o individuo está por encima de la ley, y nadie puede quedar fuera del derecho: esto es lo que se intenta hacer con las desapariciones forzadas.

Una vez que desaparece una persona, es a menudo demasiado tarde para actuar. Debemos hacerlo antes de que ocurra, debemos impedir que las personas desaparezcan registrando sus datos, siguiendo su rastro y dando noticias de ellas a sus familias.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas cree que es motivo de especial preocupación el acoso a los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada.

También el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones; y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.

La Asamblea General de las Naciones Unidas expresó, además, su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

En la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, se establece que nadie será sometido a una desaparición forzada, y que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada.

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Colección de publicaciones que COFAVIC: “Denuncia y No renuncia”.

 

Esta colección comprende cuatro libros organizados en: Tomo 1: Manual Técnico para el abordaje Integral de casos de Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales, Detenciones arbitrarias y Feminicidios; Tomo 2: Manual Práctico para Promover la Exigibilidad y Justiciabilidad de los Derechos Humanos desde la perspectiva psicojurídica; Tomo 3: Venezuela: Derechos de Las Mujeres: Protección Internacional y en el ámbito interno y por último el Tomo 4: Compilación de los Principales Instrumentos Internacionales y Nacionales Relativos a Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales y Detenciones arbitrarias.

TOMO 1: Manual Técnico para el abordaje integral de casos de Torturas, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales, Detenciones Arbitrarias y Feminicidios.

COFAVIC presenta este Manual como un aporte para impulsar los principales estándares técnicos en las investigaciones de casos de Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales, Detenciones Arbitrarias y Feminicidios  en Venezuela.

Este Manual reúne la principal normativa interna y las directrices que ha desarrollado el Derecho Internacional para impulsar una investigación eficaz, independiente, exhaustiva, transparente y conclusiva de los crímenes contra los derechos humanos en el ámbito de las Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales, Detenciones Arbitrarias y Feminicidios. Es una herramienta abierta a la discusión  y a ser complementado por quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos, desde una perspectiva amplia e incluyente. Su propósito fundamental es ser un auxilio en la búsqueda de la justicia y en el establecimiento de la verdad, teniendo como eje central a las víctimas y sus historias.

En esta publicación se hizo un especial esfuerzo por impulsar el conocimiento de los principales estándares que sobre la materia relativa en el presente Tomo, ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos sentenciados sobre Venezuela. COFAVIC desde 1992 ha sido un sistemático usuario del sistema interamericano en los temas relativos a su misión, bajo la premisa que las instancias internacionales constituyen  organismos subsidiarios de las instancias nacionales y por ello configuran la última esperanza de justicia para las víctimas cuando persiste la impunidad. Lamentablemente, la mayoría de los  estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado, aún siguen pendientes para su aplicación en Venezuela, de allí la importancia y el desafío de conocerlos e impulsarlos.

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TOMO 2: Manual Práctico para Promover la Exigibilidad y Justiciabilidad de los Derechos Humanos desde la perspectiva psicojurídica

Este Manual Práctico para Promover la Exigibilidad y Justiciabilidad de los Derechos Humanos desde la perspectiva psicojurídica procura configurar una guía para defensores y defensoras de los derechos humanos, familiares y víctimas, profesionales del Derecho y demás interesados en el tema de la documentación integral de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país, así como una herramienta para la lucha contra la impunidad.

En este Manual presentamos una recopilación de una serie de modelos que  desde nuestra experiencia en la documentación de casos, consideramos pueden servir de orientación para el seguimiento integral de los casos que se asuman y que procuran dar insumos para ir visibilizando los mecanismos de impunidad existentes y sus efectos en las víctimas y sus familiares.

La documentación representa un proceso complejo en el que, lo ideal, es brindar a la víctima, siempre que ésta lo requiera y lo permita, toda la orientación  psico-jurídica, que le permita llevar de forma conjunta y consciente el proceso jurídico y el emocional y pueda implicarse en el mismo de manera directa.

El Tomo 2 Manual Práctico para Promover la Exigibilidad y Justiciabilidad de los Derechos Humanos desde la perspectiva psicojurídica, está basado en los criterios y principios de las Naciones Unidas recogidas en el Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota, así como en estándares internacionales para el proceso de acompañamiento psicojurídico a víctimas, en la experiencia de COFAVIC y en jurisprudencia y doctrina del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Esta publicación consta de 6 capítulos, además de un grupo de anexos que guiarán la entrevista y el proceso de documentación de casos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos como: ejecuciones extrajudiciales, torturas,  casos de desaparición forzada de personas y feminicidios.

Portada 2 -> Tomo 2 PDF <-

TOMO 3: Venezuela: Derechos de Las Mujeres: Protección Internacional y en el ámbito interno”

Para COFAVIC esta publicación configura un aporte para socializar los principales instrumentos normativos nacionales e internacionales que protegen los derechos de las mujeres con carácter vinculante para Venezuela. La publicación incluye los principales mecanismos vigentes de acceso a la justicia para la protección de los derechos de las mujeres y los principales estándares internacionales conocidos en este ámbito y está dirigida especialmente a jueces y fiscales con competencia sobre protección de los derechos humanos de las mujeres, abogados y defensores de derechos humanos.

A pesar de las grandes conquistas del movimiento de mujeres a nivel mundial y de los avances en los sistemas de protección a nivel internacional de los derechos humanos, aun sigue existiendo una gran brecha entre la norma y la práctica. Sin embargo, de manera creciente la perspectiva de género ha ido permeando la protección nacional e internacional, permitiendo el reconocimiento internacional de la discriminación que enfrentan millones de mujeres alrededor del mundo, poniendo de manifiesto las limitaciones que afectan el goce y ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Este tomo recopila las principales observaciones y recomendaciones de organismos internacionales sobre la legislación venezolana respecto a los derechos de las mujeres, como es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos, así como la protección de la mujer en el sistema interamericano con la presentación de casos que han sido litigados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta publicación presenta los principales instrumentos jurídicos y organismos internos e internacionales para la protección y defensa de los derechos de las mujeres, así como una lista de contacto de organizaciones y organismos nacionales, regionales y universales de protección.

Con esta publicación, COFAVIC coloca en el centro de su misión a las víctimas que han sido, históricamente, nuestra razón de existencia, y las cuales solo desde el coraje, la perseverancia y la decisión de cruzar y solventar los diversos mecanismos de impunidad que lamentablemente persisten, es que hacen posible que nuestra sociedad pueda reescribir su historia con la verdad de los hechos y que la justicia sea quien tenga la última palabra.

-> Tomo 3 PDF <- Portada 3

TOMO 4: Compilación de los Principales Instrumentos Internacionales y Nacionales Relativos a Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales y Detenciones arbitrarias.

COFAVIC  presenta la publicación “Compilación de los Principales Instrumentos Internacionales y Nacionales Relativos a Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales y Detenciones arbitrarias”, como un aporte para socializar los principales instrumentos normativos nacionales e internacionales que protegen los derechos a la vida, la integridad personal, libertad personal  y el debido proceso

La publicación tiene como principal elemento de consulta, los principios de derechos humanos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela así como dos elementos normativos y procedimentales que son fundamentales en el marco de protección de los derechos humanos en Venezuela. Adicionalmente, la edición comprende diez Tratados y Protocolos Facultativos. De igual forma se incluyeron varios reglamentos que establecen las pautas para la presentación de peticiones y el litigio internacional ante el Sistema Interamericano.

Hoy día el marco normativo nacional e internacional de derechos humanos es poco conocido en el país, a pesar de que constituyen herramientas imprescindibles para la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos humanos.

En COFAVIC confiamos en que esta publicación será principalmente de utilidad para las víctimas, profesionales del Derecho, docentes, académicos, investigadores,  estudiantes y funcionarios públicos que contribuyen con su labor en materias vinculantes a la protección y defensa de los derechos humanos.

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Crímenes de lesa humanidad

En las últimas semanas, dentro del contexto de protestas que se vive en el país, se ha repetido en distintos momentos y escenarios, la expresión “Crímenes de Lesa Humanidad” y el carácter imprescriptible que poseen, pero, a qué nos referimos cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad. Continue reading

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Recordar para no repetir

 “Quién olvida su historia está condenado a repetirla”

Jorge Santayana

La memoria, el nunca más, no deben ser frases sueltas ni un recordatorio vacío del propósito de la sociedad de evitar las formas más graves de violaciones a los derechos humanos. La memoria, el nunca más, deben ser un rechazo firme y contundente a las nuevas formas de ejercicio abusivo del poder y deben permitir visibilizar otras violaciones, generalmente silenciadas. Continue reading

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La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación y la persistencia de desigualdades por razón de género

La violencia contra las mujeres es un asunto público y es un crimen tipificado como tal en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No existen los crímenes por amor u honor, ni los crímenes personales. Son transgresiones, son violaciones, es violencia de género. Así se le debe llamar. Continue reading