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Colección de publicaciones que COFAVIC: “Denuncia y No renuncia”.

 

Esta colección comprende cuatro libros organizados en: Tomo 1: Manual Técnico para el abordaje Integral de casos de Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales, Detenciones arbitrarias y Feminicidios; Tomo 2: Manual Práctico para Promover la Exigibilidad y Justiciabilidad de los Derechos Humanos desde la perspectiva psicojurídica; Tomo 3: Venezuela: Derechos de Las Mujeres: Protección Internacional y en el ámbito interno y por último el Tomo 4: Compilación de los Principales Instrumentos Internacionales y Nacionales Relativos a Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales y Detenciones arbitrarias.

TOMO 1: Manual Técnico para el abordaje integral de casos de Torturas, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales, Detenciones Arbitrarias y Feminicidios.

COFAVIC presenta este Manual como un aporte para impulsar los principales estándares técnicos en las investigaciones de casos de Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales, Detenciones Arbitrarias y Feminicidios  en Venezuela.

Este Manual reúne la principal normativa interna y las directrices que ha desarrollado el Derecho Internacional para impulsar una investigación eficaz, independiente, exhaustiva, transparente y conclusiva de los crímenes contra los derechos humanos en el ámbito de las Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales, Detenciones Arbitrarias y Feminicidios. Es una herramienta abierta a la discusión  y a ser complementado por quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos, desde una perspectiva amplia e incluyente. Su propósito fundamental es ser un auxilio en la búsqueda de la justicia y en el establecimiento de la verdad, teniendo como eje central a las víctimas y sus historias.

En esta publicación se hizo un especial esfuerzo por impulsar el conocimiento de los principales estándares que sobre la materia relativa en el presente Tomo, ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos sentenciados sobre Venezuela. COFAVIC desde 1992 ha sido un sistemático usuario del sistema interamericano en los temas relativos a su misión, bajo la premisa que las instancias internacionales constituyen  organismos subsidiarios de las instancias nacionales y por ello configuran la última esperanza de justicia para las víctimas cuando persiste la impunidad. Lamentablemente, la mayoría de los  estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado, aún siguen pendientes para su aplicación en Venezuela, de allí la importancia y el desafío de conocerlos e impulsarlos.

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TOMO 2: Manual Práctico para Promover la Exigibilidad y Justiciabilidad de los Derechos Humanos desde la perspectiva psicojurídica

Este Manual Práctico para Promover la Exigibilidad y Justiciabilidad de los Derechos Humanos desde la perspectiva psicojurídica procura configurar una guía para defensores y defensoras de los derechos humanos, familiares y víctimas, profesionales del Derecho y demás interesados en el tema de la documentación integral de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país, así como una herramienta para la lucha contra la impunidad.

En este Manual presentamos una recopilación de una serie de modelos que  desde nuestra experiencia en la documentación de casos, consideramos pueden servir de orientación para el seguimiento integral de los casos que se asuman y que procuran dar insumos para ir visibilizando los mecanismos de impunidad existentes y sus efectos en las víctimas y sus familiares.

La documentación representa un proceso complejo en el que, lo ideal, es brindar a la víctima, siempre que ésta lo requiera y lo permita, toda la orientación  psico-jurídica, que le permita llevar de forma conjunta y consciente el proceso jurídico y el emocional y pueda implicarse en el mismo de manera directa.

El Tomo 2 Manual Práctico para Promover la Exigibilidad y Justiciabilidad de los Derechos Humanos desde la perspectiva psicojurídica, está basado en los criterios y principios de las Naciones Unidas recogidas en el Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota, así como en estándares internacionales para el proceso de acompañamiento psicojurídico a víctimas, en la experiencia de COFAVIC y en jurisprudencia y doctrina del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Esta publicación consta de 6 capítulos, además de un grupo de anexos que guiarán la entrevista y el proceso de documentación de casos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos como: ejecuciones extrajudiciales, torturas,  casos de desaparición forzada de personas y feminicidios.

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TOMO 3: Venezuela: Derechos de Las Mujeres: Protección Internacional y en el ámbito interno”

Para COFAVIC esta publicación configura un aporte para socializar los principales instrumentos normativos nacionales e internacionales que protegen los derechos de las mujeres con carácter vinculante para Venezuela. La publicación incluye los principales mecanismos vigentes de acceso a la justicia para la protección de los derechos de las mujeres y los principales estándares internacionales conocidos en este ámbito y está dirigida especialmente a jueces y fiscales con competencia sobre protección de los derechos humanos de las mujeres, abogados y defensores de derechos humanos.

A pesar de las grandes conquistas del movimiento de mujeres a nivel mundial y de los avances en los sistemas de protección a nivel internacional de los derechos humanos, aun sigue existiendo una gran brecha entre la norma y la práctica. Sin embargo, de manera creciente la perspectiva de género ha ido permeando la protección nacional e internacional, permitiendo el reconocimiento internacional de la discriminación que enfrentan millones de mujeres alrededor del mundo, poniendo de manifiesto las limitaciones que afectan el goce y ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Este tomo recopila las principales observaciones y recomendaciones de organismos internacionales sobre la legislación venezolana respecto a los derechos de las mujeres, como es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos, así como la protección de la mujer en el sistema interamericano con la presentación de casos que han sido litigados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta publicación presenta los principales instrumentos jurídicos y organismos internos e internacionales para la protección y defensa de los derechos de las mujeres, así como una lista de contacto de organizaciones y organismos nacionales, regionales y universales de protección.

Con esta publicación, COFAVIC coloca en el centro de su misión a las víctimas que han sido, históricamente, nuestra razón de existencia, y las cuales solo desde el coraje, la perseverancia y la decisión de cruzar y solventar los diversos mecanismos de impunidad que lamentablemente persisten, es que hacen posible que nuestra sociedad pueda reescribir su historia con la verdad de los hechos y que la justicia sea quien tenga la última palabra.

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TOMO 4: Compilación de los Principales Instrumentos Internacionales y Nacionales Relativos a Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales y Detenciones arbitrarias.

COFAVIC  presenta la publicación “Compilación de los Principales Instrumentos Internacionales y Nacionales Relativos a Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales y Detenciones arbitrarias”, como un aporte para socializar los principales instrumentos normativos nacionales e internacionales que protegen los derechos a la vida, la integridad personal, libertad personal  y el debido proceso

La publicación tiene como principal elemento de consulta, los principios de derechos humanos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela así como dos elementos normativos y procedimentales que son fundamentales en el marco de protección de los derechos humanos en Venezuela. Adicionalmente, la edición comprende diez Tratados y Protocolos Facultativos. De igual forma se incluyeron varios reglamentos que establecen las pautas para la presentación de peticiones y el litigio internacional ante el Sistema Interamericano.

Hoy día el marco normativo nacional e internacional de derechos humanos es poco conocido en el país, a pesar de que constituyen herramientas imprescindibles para la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos humanos.

En COFAVIC confiamos en que esta publicación será principalmente de utilidad para las víctimas, profesionales del Derecho, docentes, académicos, investigadores,  estudiantes y funcionarios públicos que contribuyen con su labor en materias vinculantes a la protección y defensa de los derechos humanos.

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La Investigación legal de la tortura según el Protocolo de Estambul (ONU)

El Manual para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, también conocido como Protocolo de Estambul, adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, contiene estándares y procedimientos reconocidos internacionalmente, útiles para identificar y documentar prácticas de tortura. Sus principios fundamentales son: competencia, imparcialidad, independencia, prontitud y minuciosidad, elementos que pueden adaptarse a cualquier sistema jurídico y deberían orientar todas las investigaciones de presuntos casos de tortura. Continue reading

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06/08/2015 La violencia contra la mujer un problema de salud pública

Una de las manifestaciones más frecuentes de violencia contra la mujer, es aquella que se ejerce en el interior de la pareja y en el domicilio. Aunque existe un interesante debate sobre las definiciones de este tipo de violencia, este tipo de agresiones suelen ser asociadas al término conocido como violencia doméstica, la cual representa un problema real y atemporal, que ha estado presente en muchas familias de manera silenciosa y cautelosa. Continue reading

23/07/2015 Las detenciones y el uso proporcional y diferenciado de la fuerza de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales

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La Organización de Naciones Unidas (ONU) en una publicación llamada “Normativa y Práctica de los Derechos Humanos para la Policía”, editada en el año 2003 enumeró unos principios y prácticas que deben seguir los cuerpos de seguridad en el control de orden público y el uso proporcional de la fuerza y detenciones, ajustados a estándares internacionales de derechos humanos.

La Organización destaca que al aplicar medidas de control de orden público, no se admitirán excepciones con respecto al derecho a la vida, por lo que en este marco de control en detenciones y otras circunstancias bajo custodia de funcionarios del Estado, están prohibidas las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Por su parte, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) en sus últimas observaciones finales, recomendó al Estado venezolano para evitar las detenciones arbitrarias, garantizar todas las garantías jurídicas fundamentales desde el inicio de la privación de la libertad, tales como asegurar sin restricciones el acceso a un abogado de oficio de la elección del detenido, así como informarle las razones de su detención y tenga el derecho de comunicarse con sus familiares.

En su accionar, los funcionarios de cuerpos de seguridad, en primer lugar deben recurrir a medios alternativos, no violentos como la persuasión, antes de apelar al uso de la fuerza, debido a que debe usarse solo cuando sea estrictamente necesario, de forma proporcional y diferenciada, siguiendo ciertos estándares ajustados a la legislación venezolana, así como a la garantía y protección de los derechos humanos, por lo que las lesiones y daños deben reducirse al mínimo. Asimismo, es importante señalar que de acuerdo con las disposiciones de la ONU: “Los funcionarios de seguridad no podrán alegar acatamiento de órdenes superiores cuando se transgredan las normas, y se evidencie un uso desproporcional de la fuerza y otros abusos”. Por ende, los funcionarios serán responsables de sus actos y deberán responder individualmente ante la ley.

Por otro lado, en los hechos ocurridos en Caracas en el año 1989 denominados como el “Caracazo”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia recomendó al Estado venezolano que “(…) se deben adoptar las medidas necesarias y capacitar a todos los miembros de organismos de seguridad, con base en los principios y normas de protección de los derechos humanos, así como los límites en el uso de las armas, aún bajo los estados de excepción”.

En Venezuela, además existe la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, el cual establece en su artículo 68 lo siguiente: “El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de policía estará orientado por el principio de afirmación de la vida como valor supremo constitucional y legal, la adopción de escalas progresivas para el uso de la fuerza en función del nivel de resistencia y oposición de la ciudadana o ciudadano (…). El traspaso en el uso de la fuerza mortal solo estará justificado para la defensa de la vida de la funcionaria o funcionario policial o de un tercero”.

En cuanto al uso de armas de fuego, Naciones Unidas tanto en la publicación que se mencionó anteriormente, como en los “Principios básicos para el empleo de la fuerza y armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” aprobados en 1990, indica que el uso de armas de fuego está limitado solamente a circunstancias extremas, que impliquen reacciones en defensa propia, en defensa de otras personas, en casos de amenazas de muerte inminente o lesiones graves. “El uso de la fuerza y de armas de fuego con la intención de causar la muerte se permitirá solamente cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de una persona”.

Por su parte, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana establece en el artículo 70 que los funcionarios solo podrán hacer uso “(…) de armas intermedias (como el bastón policial) de manera defensiva y como herramienta disuasiva manteniendo los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, así como la protección de los derechos humanos del ciudadano en toda circunstancia, haciendo el mínimo daño requerido para tener el control de la situación”. Asimismo, “el funcionario policial debe abstenerse de provocar conductas en la ciudadana, ciudadano o grupos de éstos que propicien resistencia a la autoridad y generen el uso de niveles de fuerza superiores al requerido inicialmente y la posibilidad de causar daños físicos innecesarios”.

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Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a coordinacionprensa@cofavic.org o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

 

25/06/2015 El 26 de junio, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes

Desde 1948 la comunidad internacional ha condenado la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Ya, para 1984 la misma Asamblea creó la Convención contra la Tortura, la cual entró en vigor en 1987.

En 1999 con la participación de diversas organizaciones de derechos humanos junto con Naciones Unidas fue publicado el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, más conocido como el Protocolo de Estambul. El documento contiene todas las directrices y aspectos específicos para investigar, documentar y tratar a las personas que hayan sido víctimas de torturas. Abarca los temas de las normas jurídicas internacionales aplicables, también incluye los principios éticos pertinentes, cómo deben desarrollarse las investigaciones legales, así como las señales y secuelas físicas y psicológicas de las víctimas de tortura.

De acuerdo con lo dispuesto por el protocolo, son necesarios para la investigación y documentación de los casos las declaraciones de los testigos y supervivientes, así como la realización de determinadas pruebas físicas, en caso de que existan secuelas evidentes en las víctimas. Sin embargo, en caso de ausencia de estas señales, “no se considerará que no se ha producido tortura, ya que es frecuente que estos actos de violencia contra las personas no dejen marcas ni cicatrices permanentes”.

Asimismo, los médicos que realizarán las evaluaciones pertinentes deberán contar con una formación especializada en documentación forense de maltrato físico y psicológico, de manera objetiva e imparcial. “Sean cuales fueren las circunstancias, nunca deberán excluirse del informe médico legal los hallazgos que puedan ser indicativos de torturas y otras formas de malos tratos. Los médicos habrán de ser capaces de establecer un clima de confianza en el que puedan revelarse hechos cruciales” (Protocolo de Estambul).

El protocolo establece diversos métodos de tortura que deben ser tomados en cuenta por los especialistas de la salud y medicina forense al momento de recibir la denuncia y comenzar con las investigaciones. Traumatismos causados por golpes como son los puñetazos, patadas y latigazos; las quemaduras con cigarrillos u objetos calientes; choques eléctricos y asfixia, sofocación o estrangulamientos, son algunas de las más conocidas.

No obstante, existen otros métodos que, aunque son menos comunes por dejar menores señales físicas, también configuran actos de torturas, tales como: las exposiciones a gasolina, sal o pimienta; la tortura farmacológica, llamada así por la utilización de dosis tóxicas de sedantes y paralizantes. Las humillaciones, como el abuso verbal y la realización de cualquier acto humillante, las amenazas de muerte, de nuevas torturas o de prisión tanto a la víctima como a sus familiares y las ejecuciones simuladas. Todos, actos violentos que son considerados como crímenes de lesa humanidad que no prescriben.

La utilización de celdas pequeñas, la exposición a temperaturas extremas, la negación de toda intimidad y desnudez forzada; la privación de la estimulación sensorial normal, como sonidos, luz, sentido del tiempo; desatención de necesidades fisiológicas, restricción del suelo, alimentos, agua, instalaciones sanitarias y atención médica; contacto social o mantener a las víctimas en aislamiento para evitar toda formación de vínculos o identificación mutua para fomentar una vinculación traumática con el torturador”, en los detenidos o en sus familiares, están establecidas en el Protocolo de Estambul como diferentes formas de practicar torturas u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Este viernes 26 de junio es el día Internacional en apoyo a las víctimas de torturas y, hoy más que nunca resulta necesario conocer en qué consisten estas prácticas, cómo denunciarlas, atenderlas e investigarlas. Lamentablemente, todos en algún momento podríamos ser víctimas por lo que la educación en derechos humanos es trascendental. Ya para el 26 de junio del 2011 el tema de la tortura para Naciones Unidas era alarmante: “Hemos visto en recientes demostraciones públicas en varios países alrededor del mundo cómo la tortura y el maltrato continúan practicándose extensamente. Es fundamental que reiteremos que es obligación de los Estados prevenir, prohibir, investigar y castigar todo acto de tortura. Es obligación de los Estados respetar la integridad física y mental de todas las personas, garantizar justicia y rendición de cuentas para las víctimas y para la comunidad como un todo, así como llevar a los responsables de tales violaciones ante la justicia”. Siempre deben prevalecer estos deberes y ser el estandarte de todos los países.

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18/06/2015 La tortura un crimen de lesa humanidad

De acuerdo con el calendario de Naciones Unidas, el 26 de junio es el día Internacional en Apoyo a todas las víctimas de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los actos de tortura son considerados como uno de los delitos más atroces, un crimen de lesa humanidad, que no prescribe y que, lamentablemente, por una situación u otra, puede ocurrirle a cualquier persona en diferentes formas y grados.

Según el Protocolo de Estambul, documento que funciona como directriz internacional para examinar a las personas que aleguen haber sufrido tortura y malos tratos, así como para investigar los casos y comunicar los resultados obtenidos a los órganos judiciales correspondientes, define la tortura como la “destrucción deliberada del bienestar físico y emocional de una persona y atenta contra la dignidad y la voluntad de las comunidades”. Además, confirma que es un crimen que “concierne a todos los miembros de la familia humana porque ataca a la misma base de nuestra existencia y de nuestras esperanzas de un mundo mejor”.

El Derecho Internacional establece que todas las personas tienen el derecho a no ser sometidas a ningún tipo de torturas. De igual forma, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes prohíben expresamente estos actos.

Por su parte, el Estado debe garantizar que no se comentan actos de torturas y en caso de haberlos, erradicarlos de forma inmediata. Asimismo tiene el deber de atender a las víctimas y comenzar las investigaciones pertinentes para esclarecer y encontrar a los responsables del crimen. Posterior a la denuncia, las autoridades competentes deben iniciar una investigación imparcial y, si se considera que la denuncia está bien fundada, el o los presuntos autores deberán ser sometidos a los procedimientos penales que correspondan y las víctimas tendrán que ser reparadas o indemnizadas adecuadamente.

Es importante recordar que la labor del Estado no solo abarca la investigación de los casos, el castigo a los culpables y la ayuda a las víctimas, sino que debe emprender- además- acciones preventivas, es decir, velar por la correcta educación e información sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional de los agentes del orden, tanto civiles como militares, del personal médico y los funcionarios públicos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) afirma que los Estados deben tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de cualquier otra índole para impedir los actos de tortura. Asimismo, hace énfasis en que se debe “penalizar los actos de tortura, incluida la complicidad o la participación en ellos. Adicionalmente, hacer de la tortura un delito que dé lugar a extradición y ayudar a otros Estados Partes -en lo que respecta a los procedimientos penales- en casos de tortura”. Además, se considera que una demora de 15 meses en la investigación de una denuncia es “excesiva y no satisface lo dispuesto por la Convención contra la Tortura”.

Limitar el uso de la detención en régimen de incomunicación es otra de las recomendaciones de Naciones Unidas, así como asegurar que los detenidos se mantengan en lugares oficialmente reconocidos para la detención de personas. Por otro lado, es primordial que el Estado asegure que los nombres de las personas responsables de la detención, figuren en registros disponibles y accesibles a los interesados, familiares y amigos.

Si ha sido víctima de torturas o conoce a alguien debe denunciar. La denuncia es el primer paso en la lucha contra la impunidad.

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