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Comunicado: Medidas de seguridad basadas en violaciones a los DDHH profundizan la exclusión social y atentan contra la democracia

29 de noviembre de 2016. COFAVIC expresa su profunda preocupación por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de 9 personas en la población de Cariaco y la presunta detención arbitraria, desaparición forzada y posterior localización con signos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y ejecución extrajudicial de 12 personas en el Municipio Acevedo del estado Miranda y en las que se ha identificado la presunta participación de efectivos militares pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Continue reading

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Comunicado público: Caso Linda Loaiza pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Primer caso sobre violencia de género, registrado en Venezuela, que será conocido por un tribunal internacional de derechos humanos

Caracas, 4 de Noviembre de 2016.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) juzgará, por primera vez en su historia, la denuncia de una venezolana por un caso de violencia contra las mujeres que incluye violencia sexual, así como la re-victimización y discriminación en la investigación llevada a cabo por las autoridades venezolanas. Continue reading

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Comunicado: COFAVIC: Venezuela presenta el EPU en medio de una crisis política, social y económica

En medio de una crisis política, social y económica que se profundiza, este martes 1° de noviembre de 2016 el Estado venezolano será evaluado en materia de Derechos Humanos en el segundo ciclo del Examen Periódico Universal, la sesión número 26 del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU). Continue reading

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Acompañando en el dolor y la lucha contra la impunidad

18-02-2016. Las violaciones graves a los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, la desaparición forzada de personas, el encarcelamiento arbitrario y la discriminación, constituyen experiencias muy dolorosas para quienes son víctimas directas, pero también para sus familiares y allegados.

Suelen dejar saldos muy lamentables. Pérdidas no sólo materiales sino también de carácter simbólico, frente a las cuales los individuos deben adaptarse con el paso del tiempo.

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17/09/2015 La atención psicojurídica a las víctimas de violación de DDHH: un apoyo contra los efectos de la impunidad

Frente a la impunidad, los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y los sobrevivientes son las personas más lesionadas luego de episodios de violencia. Sin embargo, ellos ante la ausencia de justicia o la debilidad del sistema judicial, se encargan de promover el esclarecimiento de lo ocurrido. Muchas veces, son quienes encuentran las pruebas o los testigos que revelan la verdad de los delitos, Continue reading

23/07/2015 Las detenciones y el uso proporcional y diferenciado de la fuerza de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales

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La Organización de Naciones Unidas (ONU) en una publicación llamada “Normativa y Práctica de los Derechos Humanos para la Policía”, editada en el año 2003 enumeró unos principios y prácticas que deben seguir los cuerpos de seguridad en el control de orden público y el uso proporcional de la fuerza y detenciones, ajustados a estándares internacionales de derechos humanos.

La Organización destaca que al aplicar medidas de control de orden público, no se admitirán excepciones con respecto al derecho a la vida, por lo que en este marco de control en detenciones y otras circunstancias bajo custodia de funcionarios del Estado, están prohibidas las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Por su parte, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) en sus últimas observaciones finales, recomendó al Estado venezolano para evitar las detenciones arbitrarias, garantizar todas las garantías jurídicas fundamentales desde el inicio de la privación de la libertad, tales como asegurar sin restricciones el acceso a un abogado de oficio de la elección del detenido, así como informarle las razones de su detención y tenga el derecho de comunicarse con sus familiares.

En su accionar, los funcionarios de cuerpos de seguridad, en primer lugar deben recurrir a medios alternativos, no violentos como la persuasión, antes de apelar al uso de la fuerza, debido a que debe usarse solo cuando sea estrictamente necesario, de forma proporcional y diferenciada, siguiendo ciertos estándares ajustados a la legislación venezolana, así como a la garantía y protección de los derechos humanos, por lo que las lesiones y daños deben reducirse al mínimo. Asimismo, es importante señalar que de acuerdo con las disposiciones de la ONU: “Los funcionarios de seguridad no podrán alegar acatamiento de órdenes superiores cuando se transgredan las normas, y se evidencie un uso desproporcional de la fuerza y otros abusos”. Por ende, los funcionarios serán responsables de sus actos y deberán responder individualmente ante la ley.

Por otro lado, en los hechos ocurridos en Caracas en el año 1989 denominados como el “Caracazo”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia recomendó al Estado venezolano que “(…) se deben adoptar las medidas necesarias y capacitar a todos los miembros de organismos de seguridad, con base en los principios y normas de protección de los derechos humanos, así como los límites en el uso de las armas, aún bajo los estados de excepción”.

En Venezuela, además existe la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, el cual establece en su artículo 68 lo siguiente: “El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de policía estará orientado por el principio de afirmación de la vida como valor supremo constitucional y legal, la adopción de escalas progresivas para el uso de la fuerza en función del nivel de resistencia y oposición de la ciudadana o ciudadano (…). El traspaso en el uso de la fuerza mortal solo estará justificado para la defensa de la vida de la funcionaria o funcionario policial o de un tercero”.

En cuanto al uso de armas de fuego, Naciones Unidas tanto en la publicación que se mencionó anteriormente, como en los “Principios básicos para el empleo de la fuerza y armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” aprobados en 1990, indica que el uso de armas de fuego está limitado solamente a circunstancias extremas, que impliquen reacciones en defensa propia, en defensa de otras personas, en casos de amenazas de muerte inminente o lesiones graves. “El uso de la fuerza y de armas de fuego con la intención de causar la muerte se permitirá solamente cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de una persona”.

Por su parte, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana establece en el artículo 70 que los funcionarios solo podrán hacer uso “(…) de armas intermedias (como el bastón policial) de manera defensiva y como herramienta disuasiva manteniendo los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, así como la protección de los derechos humanos del ciudadano en toda circunstancia, haciendo el mínimo daño requerido para tener el control de la situación”. Asimismo, “el funcionario policial debe abstenerse de provocar conductas en la ciudadana, ciudadano o grupos de éstos que propicien resistencia a la autoridad y generen el uso de niveles de fuerza superiores al requerido inicialmente y la posibilidad de causar daños físicos innecesarios”.

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Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a coordinacionprensa@cofavic.org o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

 

25/06/2015 El 26 de junio, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes

Desde 1948 la comunidad internacional ha condenado la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Ya, para 1984 la misma Asamblea creó la Convención contra la Tortura, la cual entró en vigor en 1987.

En 1999 con la participación de diversas organizaciones de derechos humanos junto con Naciones Unidas fue publicado el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, más conocido como el Protocolo de Estambul. El documento contiene todas las directrices y aspectos específicos para investigar, documentar y tratar a las personas que hayan sido víctimas de torturas. Abarca los temas de las normas jurídicas internacionales aplicables, también incluye los principios éticos pertinentes, cómo deben desarrollarse las investigaciones legales, así como las señales y secuelas físicas y psicológicas de las víctimas de tortura.

De acuerdo con lo dispuesto por el protocolo, son necesarios para la investigación y documentación de los casos las declaraciones de los testigos y supervivientes, así como la realización de determinadas pruebas físicas, en caso de que existan secuelas evidentes en las víctimas. Sin embargo, en caso de ausencia de estas señales, “no se considerará que no se ha producido tortura, ya que es frecuente que estos actos de violencia contra las personas no dejen marcas ni cicatrices permanentes”.

Asimismo, los médicos que realizarán las evaluaciones pertinentes deberán contar con una formación especializada en documentación forense de maltrato físico y psicológico, de manera objetiva e imparcial. “Sean cuales fueren las circunstancias, nunca deberán excluirse del informe médico legal los hallazgos que puedan ser indicativos de torturas y otras formas de malos tratos. Los médicos habrán de ser capaces de establecer un clima de confianza en el que puedan revelarse hechos cruciales” (Protocolo de Estambul).

El protocolo establece diversos métodos de tortura que deben ser tomados en cuenta por los especialistas de la salud y medicina forense al momento de recibir la denuncia y comenzar con las investigaciones. Traumatismos causados por golpes como son los puñetazos, patadas y latigazos; las quemaduras con cigarrillos u objetos calientes; choques eléctricos y asfixia, sofocación o estrangulamientos, son algunas de las más conocidas.

No obstante, existen otros métodos que, aunque son menos comunes por dejar menores señales físicas, también configuran actos de torturas, tales como: las exposiciones a gasolina, sal o pimienta; la tortura farmacológica, llamada así por la utilización de dosis tóxicas de sedantes y paralizantes. Las humillaciones, como el abuso verbal y la realización de cualquier acto humillante, las amenazas de muerte, de nuevas torturas o de prisión tanto a la víctima como a sus familiares y las ejecuciones simuladas. Todos, actos violentos que son considerados como crímenes de lesa humanidad que no prescriben.

La utilización de celdas pequeñas, la exposición a temperaturas extremas, la negación de toda intimidad y desnudez forzada; la privación de la estimulación sensorial normal, como sonidos, luz, sentido del tiempo; desatención de necesidades fisiológicas, restricción del suelo, alimentos, agua, instalaciones sanitarias y atención médica; contacto social o mantener a las víctimas en aislamiento para evitar toda formación de vínculos o identificación mutua para fomentar una vinculación traumática con el torturador”, en los detenidos o en sus familiares, están establecidas en el Protocolo de Estambul como diferentes formas de practicar torturas u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Este viernes 26 de junio es el día Internacional en apoyo a las víctimas de torturas y, hoy más que nunca resulta necesario conocer en qué consisten estas prácticas, cómo denunciarlas, atenderlas e investigarlas. Lamentablemente, todos en algún momento podríamos ser víctimas por lo que la educación en derechos humanos es trascendental. Ya para el 26 de junio del 2011 el tema de la tortura para Naciones Unidas era alarmante: “Hemos visto en recientes demostraciones públicas en varios países alrededor del mundo cómo la tortura y el maltrato continúan practicándose extensamente. Es fundamental que reiteremos que es obligación de los Estados prevenir, prohibir, investigar y castigar todo acto de tortura. Es obligación de los Estados respetar la integridad física y mental de todas las personas, garantizar justicia y rendición de cuentas para las víctimas y para la comunidad como un todo, así como llevar a los responsables de tales violaciones ante la justicia”. Siempre deben prevalecer estos deberes y ser el estandarte de todos los países.

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18/06/2015 La tortura un crimen de lesa humanidad

De acuerdo con el calendario de Naciones Unidas, el 26 de junio es el día Internacional en Apoyo a todas las víctimas de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los actos de tortura son considerados como uno de los delitos más atroces, un crimen de lesa humanidad, que no prescribe y que, lamentablemente, por una situación u otra, puede ocurrirle a cualquier persona en diferentes formas y grados.

Según el Protocolo de Estambul, documento que funciona como directriz internacional para examinar a las personas que aleguen haber sufrido tortura y malos tratos, así como para investigar los casos y comunicar los resultados obtenidos a los órganos judiciales correspondientes, define la tortura como la “destrucción deliberada del bienestar físico y emocional de una persona y atenta contra la dignidad y la voluntad de las comunidades”. Además, confirma que es un crimen que “concierne a todos los miembros de la familia humana porque ataca a la misma base de nuestra existencia y de nuestras esperanzas de un mundo mejor”.

El Derecho Internacional establece que todas las personas tienen el derecho a no ser sometidas a ningún tipo de torturas. De igual forma, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes prohíben expresamente estos actos.

Por su parte, el Estado debe garantizar que no se comentan actos de torturas y en caso de haberlos, erradicarlos de forma inmediata. Asimismo tiene el deber de atender a las víctimas y comenzar las investigaciones pertinentes para esclarecer y encontrar a los responsables del crimen. Posterior a la denuncia, las autoridades competentes deben iniciar una investigación imparcial y, si se considera que la denuncia está bien fundada, el o los presuntos autores deberán ser sometidos a los procedimientos penales que correspondan y las víctimas tendrán que ser reparadas o indemnizadas adecuadamente.

Es importante recordar que la labor del Estado no solo abarca la investigación de los casos, el castigo a los culpables y la ayuda a las víctimas, sino que debe emprender- además- acciones preventivas, es decir, velar por la correcta educación e información sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional de los agentes del orden, tanto civiles como militares, del personal médico y los funcionarios públicos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) afirma que los Estados deben tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de cualquier otra índole para impedir los actos de tortura. Asimismo, hace énfasis en que se debe “penalizar los actos de tortura, incluida la complicidad o la participación en ellos. Adicionalmente, hacer de la tortura un delito que dé lugar a extradición y ayudar a otros Estados Partes -en lo que respecta a los procedimientos penales- en casos de tortura”. Además, se considera que una demora de 15 meses en la investigación de una denuncia es “excesiva y no satisface lo dispuesto por la Convención contra la Tortura”.

Limitar el uso de la detención en régimen de incomunicación es otra de las recomendaciones de Naciones Unidas, así como asegurar que los detenidos se mantengan en lugares oficialmente reconocidos para la detención de personas. Por otro lado, es primordial que el Estado asegure que los nombres de las personas responsables de la detención, figuren en registros disponibles y accesibles a los interesados, familiares y amigos.

Si ha sido víctima de torturas o conoce a alguien debe denunciar. La denuncia es el primer paso en la lucha contra la impunidad.

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