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07/05/2015 El delito de desaparición forzada de personas

COFAVIC

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Naciones Unidas, 2006) en su artículo 2, define lo siguiente: “(…) Se entenderá por ‘desaparición forzada’ el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la Ley”.

Para la Asamblea General de las Naciones Unidas (1992), “las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad”.

El secuestro y las desapariciones forzadas permiten a quienes llevan adelante estas acciones, actuar fuera de la ley con un total control sobre las víctimas y sus familiares, que con los limitados recursos y pruebas que les quedan de sus allegados, transforman sus vidas y, muchas veces, las orientan en búsqueda de respuestas por parte de las autoridades, además de rogar y elevar plegarias por el porvenir de sus familiares, que pueden también ser expuestos a torturas y tratos crueles y degradantes por parte de sus captores.

Para Amnistía Internacional (1994), la desaparición, la tortura y ejecuciones extrajudiciales, por lo general, se presentan conjuntamente. La víctima es secuestrada, torturada para obtener información y, en gran parte de los casos, finalmente es ejecutada. Posteriormente, el cuerpo es arrojado en un lugar público o abandonado, sin que se logren identificar los autores y las circunstancias de los hechos.

Un caso emblemático de desaparición forzada de personas ocurridas en Venezuela, litigado por COFAVIC junto a la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas y el Centro por la Justicia Internacional (CEJIL), además de ser conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue el Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela, relativo a la desaparición de Oscar Blanco, Roberto Hernández y José Fernández en el mes de diciembre de 1999 en el estado Vargas.

El 21 de diciembre de 1999 una comisión del Batallón de Infantería Paracaidista irrumpieron en la casa del señor Oscar José Blanco Romero, lo detuvieron y lo golpearon. Posteriormente fue entregado a funcionarios de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y hasta la fecha sus familiares no han obtenido información sobre su paradero. Del mismo modo el 21 de diciembre de 1999 el señor José Francisco Rivas Fernández se encontraba en un albergue para las familias damnificadas por las inundaciones en el Estado Vargas cuando efectivos militares procedieron a detenerlo y golpearlo. El señor José Francisco Rivas Fernández fue trasladado por una comisión militar hacia un sector denominado “Quebrada Seca”. Desde esta fecha tampoco se conoce el paradero del señor José Francisco Rivas Fernández. Igualmente, el 23 de diciembre de 1999 el señor Roberto Javier Hernández Paz se encontraba en casa de su tío cuando funcionarios de la DISIP ingresaron a ésta sin orden escrita de allanamiento y lo detuvieron, siendo obligado a salir de la misma en forma violenta. Desde esta fecha no se conoce el paradero del señor Roberto Javier Hernández Paz.

Tal como quedó expresado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Fondo, Reparaciones y Costas, de fecha 28 de noviembre de 2005, el Estado Venezolano reconoció su responsabilidad internacional respecto de los hechos y pretensiones contenidos en la demanda y en el escrito de solicitudes y argumentos. Los derechos violados reconocidos por la Corte en el caso fueron: Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos); Artículo 4.1 (Derecho a la vida); Artículo 5.1, 5.2 (Derecho a la integridad personal); Artículo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 (Derecho a la libertad personal); Artículo 8.1 (Garantías judiciales); Artículo 25 (Protección judicial); Artículos I.a y I.b, X y XI (Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada); Artículos 1, 5, 6, 7 y 8 (Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura).

Entre las medidas de reparación otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el presente caso destacan: i. El Estado debe llevar a cabo investigaciones y procesos judiciales efectivos e imparciales sobre las tres desapariciones forzadas que ocurrieron en el caso, que lleven al esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables; ii. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para localizar el paradero de Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández a la mayor brevedad. En caso de que sean halladas sin vida, dichas medidas deben orientarse a entregar los restos mortales a sus familiares, para que sean sepultados de la forma que lo crean conveniente. En este evento, el Estado debe brindar las condiciones necesarias para trasladar los restos al lugar de elección de sus familiares y proveerles sepultura digna, sin costo alguno para los referidos familiares.

Con respecto a las garantías de no repetición: i. El Estado debe adoptar, en concordancia con los artículos 7.6, 25 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para que el recurso de hábeas corpus en Venezuela pueda ser ejercido de manera eficaz en situaciones de desaparición forzada, ii. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para reformar, dentro de un plazo razonable, su legislación penal a efectos de compatibilizarla con los estándares internacionales de protección de la persona en relación con la desaparición forzada de personas; iii. El Estado debe implementar, en los cursos de formación y capacitación de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, un programa sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, en particular la prohibición de la desaparición forzada, la tortura y el uso desproporcionado de la fuerza, tomando en cuenta la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, como una manera de prevenir que sucedan nuevamente hechos como los de este caso.

 La desaparición forzada de personas ha sido reconocida como uno de los delitos más graves en materia de violaciones a los derechos humanos. El alcance de su impacto trasciende a las víctimas y sus familiares, afecta al tejido social en su conjunto y deja heridas simbólicas muy profundas que son transmitidas de generación en generación.

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30/04/2015 Actuación policial y protección al derecho a la vida

COFAVIC

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana, por ser el presupuesto esencial para el ejercicio de los demás derechos. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de este derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes (fuerzas de seguridad del Estado) atenten contra él”.

Sin embargo, en los últimos años se ha registrado un aumento alarmante en la tasa de muertes violentas en el país. Según el Informe 2014 del Observatorio Venezolano de Violencia, hubo 82 homicidios por cada 100 mil habitantes. Lo que ubicó a Venezuela en el segundo puesto de los países más violentos a nivel mundial. Una cifra alarmante, que en su interior comprende muertes violentas no solo realizadas por grupos delictivos, sino también por fuerzas de seguridad del Estado, en especial, los cuerpos policiales.

En este sentido, de acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuela para el año 2003, observaron el ascenso de grupos de exterminio vinculados a las organizaciones policiales en diversos estados, los cuales ejecutaban a las víctimas en enfrentamientos presuntamente simulados, o en otros casos, arrestaban y trasladaban a las presuntas víctimas a la sede de detención policial, posteriormente aparecían sin vida, días después de su desaparición.

Para el año 2009 el Ministro de Interior y Justicia de ese período, aseveró que “una quinta parte de los crímenes registrados en el país era cometidos por funcionarios policiales, lo que representaba entre el 15% y 20% del total de homicidios”.

 No obstante, la Constitución responde y dicta las acciones correspondientes ante tales situaciones. En primer lugar, en su artículo 43 establece que “el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla (…). Conjuntamente, en el artículo 29 dispone que “el Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades (…). Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.

Asumiendo que en el artículo 23 de la Constitución se consagra que: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

Asumiendo que el artículo 30 de la Constitución se consagra expresamente que: “El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a su derecho habiente, incluido el pago de daños y perjuicios. El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo. El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños cuasados”.

Recomendaciones COFAVIC:

Garantizar que los órganos policiales y los organismos de articulación en materia de seguridad ciudadana, tengan un carácter estrictamente civil y profesional e todos sus niveles jerárquicos con clara diferenciación tanto institucional como conceptual de la labor de prevención delictiva y de la investigación criminal.

Aplicar la disposición Transitoria Octava del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía de Inestigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses sobre la obligación de que los organismos en ella mencionados adopten las medidas necesarias para identificar, estudiar y evaluar los procedimientos administrativos y judiciales en materia penal y por violación de derechos humanos en contra de los funcionarios o funcionarias policiales de los órganos de investigación policial a los fines de garantizar la celeridad y eficacia de dichos procedimientos.

Aplicar efectivamente el proceso de destitución establecido en la Ley del Estatuto de la Función Policial y en la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de investigación cuando la acusación interpuesta por el Ministerio Público haya sido admitida por el Tribunal respectivo, por denuncias que sobre los funcionarios o funcionarias se formulen por la comisión de hechos punibles especialmente por aquellos que impliquen presuntas violaciones al derechos a la vida, integridad personal o desaparición forzada de personas.

La Corte Interamericana es competente para conocer el presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, en razón de que Venezuela es Estado Parte desde el 9 de agosto de 1977 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 24 de junio de 1981. Por su parte, el 10 de septiembre de 2012 Venezuela denunció la Convencion Americana, la cual entró en vigor el 10 de septiembre de 2013. De acuerdo con el artículo 78.2 de la Convención10, la Corte es competente para conocer del presente caso, tomando en cuenta que los hechos analizados son anteriores a la entrada en vigor de la denuncia de la Convención.

1) la alegada problemática de ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes policiales en Venezuela; 2) las amenazas recibidas de parte de agentes policiales.

2) En el presente caso, la Comisión Interamericana especificó que “ha seguido de manera cercana y ha identificado cómo el contexto en el cual se ubican estos casos, incluido el presente, es una problemática de ejecuciones extrajudiciales principalmente por parte de funcionarios policiales en las regiones. Esta problemática tiene carácter estructural en tanto obedece a múltiples factores y refleja graves falencias en el diseño institucional de la policía, la ausencia de mecanismos de control independientes y efectivos, y la grave situación de impunidad en que quedan este tipo de casos. Esta caracterización se encuentra confirmada por las propias autoridades estatales, como se dijo, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República47. En similar sentido se refirieron los representantes al indicar que en Venezuela existe una “práctica de detenciones ilegales y arbitrarias, seguidas de ejecuciones extrajudiciales, así como el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza atribuible a las policías nacionales y regionales”48. Por su parte, el Estado manifestó que “[e]n cuanto al interés de las ONG´s venezolanas e internacionales en querer acusar al Estado venezolano de la existencia de ejecuciones extrajudiciales, en caso[s] anteriores [se ha] demostrado que desde que asumió el gobierno el Comandante Presidente Hugo Chávez Frías se tomaron las medidas necesarias para revertir esta situación” y “que en Venezuela no es una política de Estado […] justificar ejecuciones extrajudiciales desde que el presidente Hugo Chávez Frías llegó al poder en el año 1999”.

3) La observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva)147, conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción148 . 123. La Corte recuerda que en todo caso de despliegue de la fuerza, en el que agentes estatales hayan producido la muerte o lesiones de una persona, corresponde analizar el uso de la fuerza.

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23/04/2015 La participación de instituciones nacionales de DDHH y sociedad civil en la sesiones de revisión del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 2015

COFAVIC (1)

Este año el Estado Venezolano debe marcar en el calendario una serie de fechas importantes para resaltar sus esfuerzos en la protección de los derechos humanos. En esta oportunidad dentro de pocos meses, específicamente desde el 29 de junio al 24 de julio, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas celebrará el 114º período de sesiones de revisión del cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en donde examinará su informe.

En esta importante fecha, El Comité en un clima de diálogo público y con la participación de los representantes del Estado, se encargarán de revisar el informe exhaustivamente. Sin embargo, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) también cuentan con un espacio para presentar información ante esta instancia, con la finalidad de promover un consenso y diálogo constructivo con las llamadas instituciones nacionales de derechos humanos (INDH).

Los temas que se abordarán en la mencionada revisión, están recogidos en la lista de cuestiones difundida en fecha 20 de noviembre de 2014 por el Comité de Derechos Humanos, relativa al cuarto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela. En dicha lista, se solicita al Estado Venezolana información sobre la aplicación de las disposiciones del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos ante los tribunales nacionales (Artículo 1 y 2). También deberá presentar información relativa al marco legislativo y normativo que prohíbe toda discriminación, directa o indirecta, así como las estrategias vigentes para hacer frente a la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, incluidas las medidas para prevenir los asesinatos, agresiones y amenazas a este colectivo (Artículos 2, 3 y 26).

Adicionalmente, deberá explicar sus avances en las siguientes áreas: protección del derecho a la vida, violencia contra la mujer, prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes y lucha contra la impunidad (arts. 2, 6 y 7). Asimismo, la eliminación de la esclavitud, la servidumbre y los trabajos forzados (art. 8).

En otro apartado, serán revisados los esfuerzos del Estado con respecto al derecho a la libertad y seguridad personal; derechos de las personas privadas de libertad (arts. 9 y 10), así como, la libertad de pensamiento, conciencia y religión (art. 18); y libertad de opinión y de expresión, de reunión y asociación (arts. 19, 21 y 22).

Igualmente, se hará mención a las medidas para la protección de los menores (art. 24) y los derechos de las minorías (art. 27) tal como es el caso de las comunidades indígenas en Venezuela. Específicamente sobre las acciones emprendidas para asegurar la investigación pronta e imparcial de actos de violencia e intimidación hacia ellos.

Durante la revisión del informe presentado por el Estado, las Organizaciones de la Sociedad Civil solo tendrán la oportunidad de presenciarlo y no intervenir, tal como ocurrió en la reciente revisión que realizó el Comité contra la Tortura ONU el pasado mes de noviembre de 2014. Allí, se le brindó un espacio a las ONG de DDHH de Venezuela, en una reunión privada en la cual los miembros del Comité contra la Tortura realizaron preguntas y aclaraciones sobre el contenido de los informes alternativos presentados por estas en dicha oportunidad.

La lista de cuestiones las realizan los Comités de Naciones Unidas, con la ayuda de la secretaría teniendo en cuenta toda información disponible que sea fiable, tanto de origen oficial como no gubernamental. Estos informes son preparados con suficiente tiempo de anticipación para que el grupo de expertos, pueda redactar de manera pertinente dicha lista que deberá ser respondida y aclarada por cualquier país.

En este sentido, la labor de las Organizaciones de la Sociedad Civil resalta puesto que, abren espacios para la investigación, el debate y el monitoreo de cumplimiento por parte de una Nación de instrumentos de protección de derechos humanos, asegurando el establecimiento de un sistema universal de principios, basados en la dignidad y el respeto a la persona.

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