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13/08/2015 El Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y sus recomendaciones al Estado venezolano

La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), es un instrumento jurídico internacional, aprobado por los Estados Partes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que los compromete con una serie de obligaciones con las mujeres. Esta Convención está compuesta por una serie de normas básicas y obligaciones que establecen los derechos y libertades mínimas que los gobiernos deben cumplir. Continue reading

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06/08/2015 La violencia contra la mujer un problema de salud pública

Una de las manifestaciones más frecuentes de violencia contra la mujer, es aquella que se ejerce en el interior de la pareja y en el domicilio. Aunque existe un interesante debate sobre las definiciones de este tipo de violencia, este tipo de agresiones suelen ser asociadas al término conocido como violencia doméstica, la cual representa un problema real y atemporal, que ha estado presente en muchas familias de manera silenciosa y cautelosa. Continue reading

23/07/2015 Las detenciones y el uso proporcional y diferenciado de la fuerza de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales

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La Organización de Naciones Unidas (ONU) en una publicación llamada “Normativa y Práctica de los Derechos Humanos para la Policía”, editada en el año 2003 enumeró unos principios y prácticas que deben seguir los cuerpos de seguridad en el control de orden público y el uso proporcional de la fuerza y detenciones, ajustados a estándares internacionales de derechos humanos.

La Organización destaca que al aplicar medidas de control de orden público, no se admitirán excepciones con respecto al derecho a la vida, por lo que en este marco de control en detenciones y otras circunstancias bajo custodia de funcionarios del Estado, están prohibidas las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Por su parte, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) en sus últimas observaciones finales, recomendó al Estado venezolano para evitar las detenciones arbitrarias, garantizar todas las garantías jurídicas fundamentales desde el inicio de la privación de la libertad, tales como asegurar sin restricciones el acceso a un abogado de oficio de la elección del detenido, así como informarle las razones de su detención y tenga el derecho de comunicarse con sus familiares.

En su accionar, los funcionarios de cuerpos de seguridad, en primer lugar deben recurrir a medios alternativos, no violentos como la persuasión, antes de apelar al uso de la fuerza, debido a que debe usarse solo cuando sea estrictamente necesario, de forma proporcional y diferenciada, siguiendo ciertos estándares ajustados a la legislación venezolana, así como a la garantía y protección de los derechos humanos, por lo que las lesiones y daños deben reducirse al mínimo. Asimismo, es importante señalar que de acuerdo con las disposiciones de la ONU: “Los funcionarios de seguridad no podrán alegar acatamiento de órdenes superiores cuando se transgredan las normas, y se evidencie un uso desproporcional de la fuerza y otros abusos”. Por ende, los funcionarios serán responsables de sus actos y deberán responder individualmente ante la ley.

Por otro lado, en los hechos ocurridos en Caracas en el año 1989 denominados como el “Caracazo”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia recomendó al Estado venezolano que “(…) se deben adoptar las medidas necesarias y capacitar a todos los miembros de organismos de seguridad, con base en los principios y normas de protección de los derechos humanos, así como los límites en el uso de las armas, aún bajo los estados de excepción”.

En Venezuela, además existe la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, el cual establece en su artículo 68 lo siguiente: “El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de policía estará orientado por el principio de afirmación de la vida como valor supremo constitucional y legal, la adopción de escalas progresivas para el uso de la fuerza en función del nivel de resistencia y oposición de la ciudadana o ciudadano (…). El traspaso en el uso de la fuerza mortal solo estará justificado para la defensa de la vida de la funcionaria o funcionario policial o de un tercero”.

En cuanto al uso de armas de fuego, Naciones Unidas tanto en la publicación que se mencionó anteriormente, como en los “Principios básicos para el empleo de la fuerza y armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” aprobados en 1990, indica que el uso de armas de fuego está limitado solamente a circunstancias extremas, que impliquen reacciones en defensa propia, en defensa de otras personas, en casos de amenazas de muerte inminente o lesiones graves. “El uso de la fuerza y de armas de fuego con la intención de causar la muerte se permitirá solamente cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de una persona”.

Por su parte, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana establece en el artículo 70 que los funcionarios solo podrán hacer uso “(…) de armas intermedias (como el bastón policial) de manera defensiva y como herramienta disuasiva manteniendo los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, así como la protección de los derechos humanos del ciudadano en toda circunstancia, haciendo el mínimo daño requerido para tener el control de la situación”. Asimismo, “el funcionario policial debe abstenerse de provocar conductas en la ciudadana, ciudadano o grupos de éstos que propicien resistencia a la autoridad y generen el uso de niveles de fuerza superiores al requerido inicialmente y la posibilidad de causar daños físicos innecesarios”.

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Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a coordinacionprensa@cofavic.org o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

 

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La inseguridad acosa a Venezuela

17-07-2015. Desde COFAVIC somos conscientes de los gravísimos efectos que tiene la inseguridad ciudadana en toda la población y por ello, solo abonamos el camino para la solución de este problema, siempre y cuando se establezca con seriedad y sin utilitarismo proselitista, en el marco del respeto y garantía de los derechos humanos.

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16/07/015 Las ejecuciones extrajudiciales una violación grave a los Derechos Humanos

Las Naciones Unidas han considerado el tema de las ejecuciones sumarias o arbitrarias en el marco de una discusión más amplia sobre los derechos humanos. En el lenguaje internacional de los Derechos Humanos, de acuerdo con el concepto de Bazán Chacón, autor del libro “Los delitos de lesa humanidad y la Corte Penal Internacional”, los asesinatos cometidos por el Estado se consideran ejecuciones extrajudiciales, descritos como actos deliberados e ilegítimos. Continue reading

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09/07/2015 La situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela

La labor de los defensores y defensoras de derechos humanos es un pilar fundamental para la profundización y existencia de la democracia y el Estado de Derecho. En Venezuela, la legislación asegura el derecho de asociación y garantiza el derecho a la participación ciudadana mediante diversos mecanismos. Continue reading

02/07/2015 Situación de derechos humanos en Venezuela ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas

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El pasado 29 y 30 de junio fue revisado en Naciones Unidas por el Comité de Derechos Humanos, el cumplimiento por parte del Estado Venezolano del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El Estado estuvo presente en las audiencias respondiendo a los cuestionamientos de los Comisionados. A su vez, la sociedad civil organizada también tuvo la oportunidad de participar presentando sus informes alternativos.

COFAVIC junto con otras 17 ONG que realizan su labor, en su mayoría en el interior del país, y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) presentaron un informe con el objetivo de visibilizar la situación de derechos humanos en Venezuela.

Entre los temas que se abordan en dicho informe alternativo se destaca el tema de la impunidad en Venezuela, la cual ha sido sistemática e institucionalizada en casos de violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, en el año 2014 se documentó el ingreso de 8.049 casos de violación de derechos humanos, de los cuales solo en 105 se realizaron juicios, lo que representa el 1,3%, es decir, 99% de los casos no llega a juicio. Por otro lado, según cifras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el período de enero a agosto del año 2014 se nombraron 1.089 jueces provisorios. Adicionalmente, otras cifras oficiales entregadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), muestran que 66% de la totalidad de jueces en Venezuela tienen carácter provisorio. Es importante aclarar, que el concepto de provisorio se refiere a que dicho juez puede ser removido de cualquier caso en cualquier momento, por lo que cada caso puede tener a lo largo del proceso penal diferentes jueces, aspecto que retrasa considerablemente las investigaciones y su posterior resolución y condena.

Con respecto a violaciones al derecho a la vida y uso desproporcionado de la fuerza pública, destaca el incremento de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Durante el período de enero a diciembre de 2014, COFAVIC contabilizó en 23 estados del país, 1018 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, contexto que ha sido reconocido por la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. A estos datos debe sumarse el incremento de la violencia política expresada de manera notable en el aumento sustancial de la criminalización de la protesta pública y el número de casos de violaciones a la integridad y libertad personal, ocurridas durante el contexto post-electoral en el año 2013 y las protestas estudiantiles en el período de febrero-mayo de 2014.

En el tema de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes ocurridos en el contexto de protestas estudiantiles de febrero a junio de 2014, en cuanto al proceso de investigación, el Ministerio Público indicó que se presentaron 216 actos conclusivos relacionados con las 238 investigaciones iniciadas. De estos actos, existen 184 sobreseimientos, 19 archivos fiscales y 13 acusaciones, lo que implica que en 85% de los casos no se continuó con el proceso.

Asimismo, el Comité de Derechos Humanos recibirá información relativa al deterioro de las garantías de trabajo de los defensores de derechos humanos en Venezuela. Es importante destacar que, actualmente, debido a la reciente reforma realizada vía decreto presidencial, del Código Orgánico Procesal Penal, se restringe severamente la facultad que tenían las asociaciones de defensa de los derechos humanos para presentar querella autónoma en casos donde participaran funcionarios, empleados públicos o agentes de fuerzas policiales como violadores de derechos humanos, dejándole esta posibilidad solo a la Defensoría del Pueblo, lo que reduce la tutela efectiva de protección por parte de los defensores a las víctimas de delitos tan complejos dentro del sistema procesal penal venezolano.

Los derechos civiles y políticos reconocen que todas las personas son iguales ante la ley, prohibiendo cualquier tipo de discriminación. El Estado debe promover medidas preventivas enfocando políticas de seguridad desde la perspectiva de los derechos humanos de presuntas víctimas y victimarios, así como desarrollar estadísticas de carácter público que permitan conocer cifras oficiales de los casos. A su vez, Las Organizaciones No Gubernamentales y las defensoras y defensores de derechos humanos tienen la importante misión de acompañar a las víctimas y sus familiares en la búsqueda de espacios y rutas que le conduzcan a la justicia y reparación y, Naciones Unidas pone de manifiesto la importancia de la protección de las libertades fundamentales como condición para la paz y seguridad internacional.

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La impunidad institucionalizada, el eje transversal de las violaciones a los derechos humanos

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El próximo 29 y 30 de junio será revisado en Naciones Unidas por el Comité de Derechos Humanos, el cumplimiento por parte del Estado Venezolano del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El Estado estará presente en las audiencias y deberá responder a los cuestionamientos de los Comisionados. A su vez, la sociedad civil organizada también tendrá la oportunidad de participar presentando sus informes alternativos.

Para esta oportunidad, COFAVIC junto con otras 17 ONG que realizan su labor, en su mayoría en el interior del país, y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) presentaron un informe con el objetivo de visibilizar la situación de derechos humanos en Venezuela documentada gracias a un trabajo de base y con una preeminente atención a las víctimas.

Entre los temas que se abordan en dicho informe alternativo se destaca el tema de la impunidad en Venezuela, la cual ha sido sistemática e institucionalizada en casos de violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, durante el período 2006-2010 se registraron 30.000 casos de presuntas violaciones de derechos humanos, donde 93% de ellos culminaron en sobreseimientos, desestimaciones y archivo fiscal, 7% terminaron en acusaciones y de ese porcentaje, solo 4% tuvieron condenas, lo que supone una violación al derecho de la víctima a que se le garantice justicia, así como una reparación justa y adecuada. Por su parte, en el 2014 el Ministerio Público documentó el ingreso de 8049 casos de violación de derechos humanos, de los cuales en 105 se realizaron juicios, lo que representa el 1,3%, es decir, el 99% de los casos no llega a juicio.

Por otro lado, el informe reseña que las medidas gubernamentales en materia de Seguridad Ciudadana no han sido suficientes ni eficientes. Cifras provenientes de organizaciones de la sociedad civil, indican un progresivo incremento en las cifras de violencia. Para el Observatorio Venezolano de Violencia, se estima que el año 2014 cerró con 24.980 personas fallecidas, que representa una tasa de 82 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

Con respecto a violaciones al derecho a la vida y uso desproporcionado de la fuerza pública, destaca el incremento de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Durante el período de enero a diciembre de 2013, COFAVIC contabilizó en 23 estados del país, 802 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Igualmente, en el mismo período pero en el año 2014, registró 1018 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, contexto que ha sido reconocido por la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. A estos datos debe sumarse el incremento de la violencia política expresada de manera notable en el aumento sustancial de la criminalización de la protesta pública y el número de casos de violaciones a la integridad y libertad personal, ocurridas durante el contexto post-electoral en el año 2013 y las protestas estudiantiles en el período de febrero-mayo de 2014. Adicionalmente, en este contexto también se pudo documentar casos de detenciones arbitrarias y prácticas de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes en 9 estados del país.

En el tema de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes ocurridos en el contexto de protestas estudiantiles de febrero a junio de 2014, en cuanto al proceso de investigación, el Ministerio Público indicó que se presentaron 216 actos conclusivos relacionados con las 238 investigaciones iniciadas. De estos actos, existen 184 sobreseimientos, 19 archivos fiscales y 13 acusaciones, lo que implica que en 85% de los casos no se continuó con el proceso.

Entre otros puntos también destaca la situación de violación de sus derechos a los grupos específicos, tales como: mujeres y LGBTI. En el caso de mujeres, el Ministerio Público recibió 60 casos de feminicidio, de los cuales 42 se encuentran en fase de investigación, 14 en fase intermedia y solo 4 en fase de juicio. Además, se documentaron 70.763 causas ingresadas, 11.575 imputaciones y 482 juicios, lo que implica que, según cifras oficiales, en el año 2014 solo 0,7% de los casos llegaron a juicio. Por otro parte, en el tema de los grupos LGBTI, de acuerdo con información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014 se documentaron en 9 estados del país, 2 asesinatos de hombres gais, 19 mujeres trans, de los cuales sus restos han sido encontrados en lugares públicos.

Asimismo, el Comité de Derechos Humanos recibirá información relativa al deterioro de las garantías de trabajo de los defensores de derechos humanos en Venezuela. Es importante destacar que, actualmente, debido a la reciente reforma realizada vía decreto presidencial, del Código Orgánico Procesal Penal, se restringe severamente la facultad que tenían las asociaciones de defensa de los derechos humanos para presentar querella autónoma en casos donde participaran funcionarios, empleados públicos o agentes de fuerzas policiales como violadores de derechos humanos, dejándole esta posibilidad solo a la Defensoría del Pueblo, lo que reduce la tutela efectiva de protección por parte de los defensores a las víctimas de delitos tan complejos dentro del sistema procesal penal venezolano.

Ante toda la situación descrita sobre graves violaciones a los derechos humanos, en el informe también se incluyó un apartado con recomendaciones donde destaca la petición que el Estado adopte políticas de seguridad ciudadana, así como se derogue el decreto 008610 el cual norma el funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), permitiendo el uso de agentes químicos, el porte y uso de armas de fuego en el control de reuniones y manifestaciones públicas; lo cual es contrario a los estándares de derechos humanos y está en total contravención de las disposiciones 68 y 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A su vez, se recomendó la adopción de estrategias para el desarme y se adapte la legislación interna en materia de prevención y sanción de la tortura a estándares internacionales.

Las posibilidades de justicia nunca deben ser dejadas de lado. Las Organizaciones No Gubernamentales y las defensoras y defensores de derechos humanos tienen la importante misión de acompañar a las víctimas y sus familiares en la búsqueda de espacios y rutas que le conduzcan a la justicia y reparación y, Naciones Unidas pone de manifiesto la importancia de la protección de las libertades fundamentales como condición para la paz y seguridad internacional.

 

18/06/2015 La tortura un crimen de lesa humanidad

De acuerdo con el calendario de Naciones Unidas, el 26 de junio es el día Internacional en Apoyo a todas las víctimas de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los actos de tortura son considerados como uno de los delitos más atroces, un crimen de lesa humanidad, que no prescribe y que, lamentablemente, por una situación u otra, puede ocurrirle a cualquier persona en diferentes formas y grados.

Según el Protocolo de Estambul, documento que funciona como directriz internacional para examinar a las personas que aleguen haber sufrido tortura y malos tratos, así como para investigar los casos y comunicar los resultados obtenidos a los órganos judiciales correspondientes, define la tortura como la “destrucción deliberada del bienestar físico y emocional de una persona y atenta contra la dignidad y la voluntad de las comunidades”. Además, confirma que es un crimen que “concierne a todos los miembros de la familia humana porque ataca a la misma base de nuestra existencia y de nuestras esperanzas de un mundo mejor”.

El Derecho Internacional establece que todas las personas tienen el derecho a no ser sometidas a ningún tipo de torturas. De igual forma, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes prohíben expresamente estos actos.

Por su parte, el Estado debe garantizar que no se comentan actos de torturas y en caso de haberlos, erradicarlos de forma inmediata. Asimismo tiene el deber de atender a las víctimas y comenzar las investigaciones pertinentes para esclarecer y encontrar a los responsables del crimen. Posterior a la denuncia, las autoridades competentes deben iniciar una investigación imparcial y, si se considera que la denuncia está bien fundada, el o los presuntos autores deberán ser sometidos a los procedimientos penales que correspondan y las víctimas tendrán que ser reparadas o indemnizadas adecuadamente.

Es importante recordar que la labor del Estado no solo abarca la investigación de los casos, el castigo a los culpables y la ayuda a las víctimas, sino que debe emprender- además- acciones preventivas, es decir, velar por la correcta educación e información sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional de los agentes del orden, tanto civiles como militares, del personal médico y los funcionarios públicos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) afirma que los Estados deben tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de cualquier otra índole para impedir los actos de tortura. Asimismo, hace énfasis en que se debe “penalizar los actos de tortura, incluida la complicidad o la participación en ellos. Adicionalmente, hacer de la tortura un delito que dé lugar a extradición y ayudar a otros Estados Partes -en lo que respecta a los procedimientos penales- en casos de tortura”. Además, se considera que una demora de 15 meses en la investigación de una denuncia es “excesiva y no satisface lo dispuesto por la Convención contra la Tortura”.

Limitar el uso de la detención en régimen de incomunicación es otra de las recomendaciones de Naciones Unidas, así como asegurar que los detenidos se mantengan en lugares oficialmente reconocidos para la detención de personas. Por otro lado, es primordial que el Estado asegure que los nombres de las personas responsables de la detención, figuren en registros disponibles y accesibles a los interesados, familiares y amigos.

Si ha sido víctima de torturas o conoce a alguien debe denunciar. La denuncia es el primer paso en la lucha contra la impunidad.

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11/06/2015 El trabajo de los Comités de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos

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Los Estados Miembros de la Organización de Naciones Unidas ratifican o se adhieren a determinados tratados con los que asumen la responsabilidad jurídica de la aplicación de los derechos dispuestos en el mismo. Además, estos tratados disponen de la institución de un comité internacional de expertos independientes quienes velan por la aplicación de sus disposiciones. Existen nueve tratados de derechos humanos, los cuales crean obligaciones para que los Estados promuevan y protejan los derechos humanos.

Tras la ratificación del tratado, los Estados deben presentar informes periódicos al comité respectivo, en cuanto a las medidas que hayan tomado para la aplicación y correcto cumplimiento del mismo. En estos informes se debe dejar constancia de las medidas jurídicas, administrativas, judiciales que se hayan aplicado para cumplir con las disposiciones del tratado. Por último, el Comité respectivo en un período de audiencias, examinará los informes en presencia de una delegación de representantes del Estado que esté revisando.

No obstante, antes del período de sesiones, el comité confecciona una lista de cuestiones las cuales se transmiten al Estado Parte. Posteriormente, éstos suelen enviar por escrito sus respuestas que serán anexadas al informe. Por otro lado, además del informe y la lista de cuestiones con sus respectivas respuestas, los comités de los tratados reciben información de otras fuentes sobre la situación en general y la aplicación de las disposiciones de ese país. Esta información adicional es conocida como informes alternativos o informes sombra, los cuales pueden ser realizados por organizaciones intergubernamentales, ONG nacionales o internacionales, asociaciones de profesionales e instituciones académicas.

El Estado venezolano próximamente será sujeto de la revisión anteriormente explicada. A finales de este mes el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas examinará al país bajo el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, en donde se corroborará el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto al derecho a la vida, la integridad física y moral, las garantías procesales, entre otros. A partir del 29, comienzan las audiencias, siendo la primera privada y con las organizaciones de la sociedad civil, quienes llevarán sus respectivos informes alternativos a los comisionados. En esta oportunidad, una coalición de ONG de la ciudad de Caracas y el interior del país, entre las que se encuentra COFAVIC, estarán presentes a través de sus representantes en las audiencias y expondrán el informe alternativo que realizaron e conjunto. Ese mismo día, también habrá otra audiencia, pero en este caso será la primera en donde el Estado venezolano explicará su informe y tendrá que responder a los cuestionamientos de los comisionados. Seguidamente, el 30 continuarán las audiencias públicas del Estado, en las que igualmente, continuará aclarando puntos que el comité crea necesarios.

A la luz de toda la información disponible, el Comité examinará el informe junto con los representantes gubernamentales con la finalidad de dialogar de manera constructiva y ayudar al Gobierno en su obligación de aplicar el tratado. Sin embargo, es importante acotar que estos comités de tratados no son órganos judiciales, puesto que existen solo para vigilar la aplicación de los compromisos del Estado Parte, así como recomendarle la manera más idónea de cumplir con sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Pero, a pesar de no ser una institución judicial, la Organización de Naciones Unidas (ONU) es sumamente importante para la defensa de los derechos humanos, por lo que los Estados Parte deben asumir sus recomendaciones. De igual manera, para el Dr. Pedro Nikken, juez y ex-presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Las Naciones Unidas pone en relieve la importancia de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, como condición para la paz y la seguridad internacional. El Sistema de Naciones Unidas es un factor determinante frente la defensa de la dignidad del ser humano y la lucha en situaciones de caos a nivel mundial; por lo que la ONU representa una cúspide en la lucha por la dignidad del ser humano. ”

Posteriormente, el Comité tras dialogar con el Estado Parte y examinar toda la información remitida, los órganos de tratados aprueban lo que generalmente se denomina como observaciones finales, en donde se incluyen tanto los aspectos positivos con respecto a la aplicación del tratado, como también hace referencia a los ámbitos en el que el Comité recomienda tomar medidas adicionales para cumplir a cabalidad el tratado.

Es muy importante que el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos esté enfocado en abrir nuevas puertas para la defensa de los derechos de las víctimas, por lo que resulta trascendental conocer a profundidad y manejar todos los mecanismos internacionales disponibles para lograrlo.

No se debe premiar la violencia con la impunidad. No hay ningún plan de seguridad en el mundo que pueda realizarse si al delito se le garantiza impunidad.

Nuestro libro: “La República Bolivariana de Venezuela ante el Sistema de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos” aborda a profundidad el tema que se desarrolló anteriormente. Esta publicación está disponible en nuestra página Web: www.cofavic.org.

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