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“Nosotros los pueblos”: principio fundamental de la democracia

Es curioso, cuando los fundadores de las Naciones Unidas redactaron en 1945 la Carta (Instrumento constituyente de la ONU, la cual determina los derechos y las obligaciones de los Estados Miembros), no incluyeron la palabra democracia. Muchos de los Estados Miembros no la adoptaron como su sistema de Gobierno, y aunque otros la reclamaron, no la practicaron. Continue reading

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Solidaridad y Derechos Humanos

“En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de casa; en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. […] Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano”. Eleanor Roosevelt

El pasado domingo 10 de diciembre el mundo recordó la trascendencia del documento histórico  que en 1948 proclamó los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento ni ninguna otra condición.

Gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos la dignidad de millones de personas se ha visto fortalecida, y se han sentado las bases de un mundo más justo. Aunque aún se cometan atrocidades y quede mucho por hacer,  el hecho de que el documento haya perdurado en el tiempo es prueba inequívoca de la universalidad imperecedera de sus valores eternos sobre la equidad, la justicia y la dignidad humana.

Ahora el mundo se prepara para celebrar el Día Mundial de la Solidaridad, considerado no solo como un valor sino como un derecho. Además, es un principio rector sustentado en el artículo 4 de la Constitución Nacional (la República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad). Esta triple dimensión de la solidaridad hace que sea una institución básica dentro del ordenamiento jurídico y de una trascendencia relevante en la protección de la persona humana.

El concepto de derechos humanos se ha ido ampliando progresivamente hasta adquirir nuevos significados. Por ejemplo, en la década de los 80 surgieron las primeras reivindicaciones del cuidado del medioambiente, una cuestión en la que hasta ese momento pocos habían reparado, a pesar de que estaba sugerida previamente en el artículo 25 de la Carta original, que habla sobre la salud.

Fue de ese modo como empezó a hablarse de derechos humanos de segunda generación, que son básicamente los de carácter económico, social y cultural, y más tarde de los derechos de tercera generación, vinculados a valores como la solidaridad.

La solidaridad ha sido desde siempre uno de los valores universales en el que deberían basarse todas las relaciones entre los pueblos en el siglo XXI. Fue ésta una de las principales razones que llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 2005, a proclamar el 20 de diciembre de cada año como el Día Internacional de la Solidaridad Humana.

La solidaridad es una cualidad que se basa en la igualdad, la inclusión y la justicia social, la misma supone compromiso entre los distintos miembros de la sociedad y de la comunidad mundial.

Con este propósito, así como con el objetivo de erradicar la pobreza y promover el desarrollo humano y social en los países menos industrializados, la Asamblea General decidió crear el Fondo Mundial de Solidaridad.

La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia, que se define como la colaboración mutua en la personas, como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas, sobre todo cuando se vivencian experiencias difíciles.

La solidaridad trasciende a todas las fronteras: políticas, religiosas, territoriales, culturales, y es más que nada un acto social, una acción que le permite al ser humano mantener y mantenerse en su naturaleza de ser social.

En efecto, la persona solidaria es aquella que manifiesta o expresa un interés y un espíritu de ayuda por los demás. Esta persona trasciende cualquier barrera y supera los límites de las buenas intenciones.

La solidaridad como principio, valor, norma y derecho, hace del hombre solidario un ser inspirado en el deseo de ser siempre útil a la sociedad. La solidaridad como valor es un fin al que todas las sociedades deben llegar; como derecho, se circunscribe en las obligaciones del Estado; y como principio, rige toda producción y aplicación de las normas existentes en un orden jurídico, reflexiona el abogado colombiano Carlos Agudelo.

La solidaridad no solamente tiene como propósito una causa noble; todo lo contrario, con ella no solo el Estado sino la persona, deben  hacer valer los principios de justicia y equidad que gobiernan toda sociedad civilizada. La condición del Estado, que tiene como máxima la protección de los hombres por vía de la solidaridad, también tiene como fin evitar que este principio, valor, norma y derecho sea utilizado por aquellos que se unen de modo solidario para ocasionar el mal. Con esta suerte, la solidaridad y dignidad son dos principios, valores, normas y derechos que se unen para hacer fuerte un orden social justo.

En ese sentido, las nuevas relaciones de interdependencia entre hombres y pueblos, que son, de hecho, formas de solidaridad, deben transformarse en relaciones que tiendan hacia una verdadera y propia solidaridad ético-social, que es la exigencia moral intrínseca en todas las relaciones humanas. La solidaridad se presenta, por tanto, bajo dos aspectos complementarios: como principio social  y como virtud moral.

La solidaridad debe captarse, ante todo, en su valor de principio social ordenador de las instituciones, mediante la creación o la oportuna modificación de leyes, reglas de mercado, ordenamientos.

La solidaridad es también una verdadera y propia virtud moral. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos.

En COFAVIC nos empeñamos cada día en fomentar el bien común, en extender la mano, en ser compasivos, en darle voz a quien no ha podido expresarse, en ser solidarios con las víctimas y sus familiares.

ENVÍENOS SU COMUNICACIÓN: Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y sugerencias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a cofavic@gmail.com o carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

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Hacer justicia a la víctima es reconocerle su pleno derecho de ciudadanía

Hace 28 años nació el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic). Madres, esposas, hijas, hermanos  de desaparecidos y personas asesinadas  comenzaron a encontrarse en las inmediaciones de la morgue de Bello Monte con el interés común de encontrar a sus familiares muertos.  Continue reading

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Derechos Humanos y democracia

La democracia no es solo un sistema electoral o una forma de gobierno. El filósofo estadounidense John Dewey, fue un poco más allá y dijo que la democracia, más que una forma de gobierno, es primordialmente un modo de vida asociada a esa forma de organización social, que se puede ejercer en cualquier ámbito, además de en el Estado.
En efecto, la democracia no se puede medir solo en la forma de gobierno de un país, sino en el grado de democracia con que viven los ciudadanos. La participación, el control de los representantes, la militancia en proyectos políticos son factores fundamentales y para que el poder resida efectivamente en el pueblo, el pueblo debe ser parte de la cosa pública: participar, preguntar, reclamar, apoyar. Continue reading

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Aún se criminaliza labor de defensores y defensoras de Derechos Humanos

En 1998, los países miembros de la ONU suscribieron la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, grupos e instituciones de promover y proteger los derechos humanos. El documento reconoce la defensa de los derechos humanos como un derecho, e insta a los Estados a proteger a las personas y organizaciones de la sociedad civil que la ejercen.

En la declaración se describe como derechos de los defensores y defensoras los siguientes aspectos:

A ser protegidos.
A la libertad de reunión pacífica.
A la libertad de asociación.
A acceder y a comunicarse con organismos internacionales.
A la libertad de opinión y de expresión.
A la protesta pacífica.
A debatir y desarrollar nuevas ideas en materia de derechos humanos.

Los defensores y defensoras, por otra parte, pueden desarrollar como actividades legítimas y protegidas por la Declaración, las siguientes tareas:

Proteger la democracia, promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, contribuir al fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos democráticos.

Formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, afiliarse a ellos o a participar en ellos promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de diversos medios.

Tener la oportunidad efectiva, sobre una base no discriminatoria, de participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos y, dentro de este derecho presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento.

Llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales y solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales. A pesar de estas disposiciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de informes temáticos, ha alertado sobre la criminalización de defensores en la región.

Se han identificado los obstáculos a los que se enfrentan las personas que promueven y defienden derechos humanos: a) ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; agresiones, amenazas y hostigamientos; b) campañas de desprestigio; c) violaciones al domicilio y otras injerencias arbitrarias; d) actividades de inteligencia; e) restricciones al acceso a la información y a las acciones de hábeas data; f) controles administrativos y financieros arbitrarios a las organizaciones de derechos humanos; g) impunidad en las investigaciones de ataques sufridos por defensores y defensoras.

La organización Front Line Defenders también ha realizado informes especiales sobre las garantías de trabajo para las organizaciones de derechos humanos en el mundo. En el año 2016 presentó un informe titulado “Informe anual sobre los/as defensores/as de derechos humanos”, en el que realizó un análisis detallado sobre el deterioro de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos a nivel mundial y destacó que la violencia siguió siendo la característica principal de los ataques dirigidos a los defensores y defensoras de derechos humanos en América Latina y el Caribe.

La organización Front Line Defenders recomendó en su informe, que los gobiernos deben reconocer la vital importancia que tiene el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, puesto que son actores que contribuyen a la construcción de sociedades justas e igualitarias.

Asimismo, recalcaron el despliegue de campañas de señalamiento y difamación, a través de declaraciones por parte de altos funcionarios públicos en medios de comunicación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha expresado su alarma ante los señalamientos, actos de intimidación y acciones de descrédito de las que son objeto algunas personas en Venezuela como consecuencia de ejercer su derecho a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La CIDH ha instado en reiteradas oportunidades a los funcionarios públicos a abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos.

Es absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción de represalia que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano o de algún sistema internacional, en ejercicio de sus derechos convencionales.

Tal como lo establece el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.

La labor de defensoras y defensores es fundamental para la vigencia de un Estado de Derecho y de la democracia. Los defensores y defensoras de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta.

Las declaraciones estigmatizantes contra defensores y defensoras de derechos humanos restan credibilidad y legitimidad a su labor, atentan contra su rol esencial en la consolidación del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia y tiene un efecto disuasivo sobre la actividad de promoción y protección de los derechos humanos.

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Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a coordinacionprensa@cofavic.org o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

El derecho al voto es un derecho político fundamental

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Este próximo domingo 6 de diciembre, en el país se estará desarrollando un nuevo proceso electoral para la elección de parlamentarios y parlamentarias que conformaran la Asamblea Nacional, a través de una votación universal, directa, personalizada y secreta. Quienes resulten elegidos, ejercerán sus funciones por el período constitucional comprendido entre el 5 de enero de 2016 y el 5 de enero de 2021, teniendo como principal responsabilidad legislar sobre los principales temas de preocupación de los venezolanos y venezolanas, en las diferentes áreas que el país requiera.

El derecho al voto forma parte de los derechos políticos, entendidos como un grupo de atributos de la persona que hacen efectiva su participación como ciudadano o ciudadana de un determinado Estado. En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los derechos políticos pertenecen, junto a los derechos civiles, a los llamados derechos de la primera generación o derechos de la libertad.

Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. El voto es secreto y debe ejercerse sin ninguna presión ni temor a represalias.

Todas las personas deben expresar sus preferencias ideológicas con la garantía del Estado. El pensar distinto es una garantía y una obligación democrática. Los valores de libertad y respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal son elementos esenciales de la democracia.

El derecho al voto es una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política. En democracia no es suficiente reconocerse parte de un grupo o una sociedad, hay que participar. El uso de la comunicación y el diálogo para acercarnos y no para dividirnos es vital para la convivencia democrática.

Para COFAVIC, en la antesala  a este importante ejercicio democrático, la aceptación del otro como parte de una sociedad, sin discriminación es esencial para la convivencia. En democracia las personas a pesar de sus diferencias conviven sin renunciar a las mismas. En democracia se requieren espacios para el diálogo y canales que permitan resolver los conflictos sin violencia.

La participación ciudadana implica intervenir, opinar y decidir en cuestiones relativas a la sociedad de la que formamos parte como ciudadanos. En democracia no es suficiente reconocerse parte de un grupo o una sociedad, hay que participar. La participación ciudadana promueve sociedades más justas.  La participación ciudadana implica transparencia, el conocer cómo y por qué se toman determinadas decisiones. La ciudadanía tiene derecho a ser consultada e invitada a  discutir y a presentar propuestas en igualdad.

El derecho a participar en la toma de decisiones conlleva la obligación de asumir las consecuencias, así como de exigir la reparación de errores cometidos por otros. La participación de la ciudadanía en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el desarrollo.

Es obligación del Estado facilitar las condiciones más favorables para ejercer la participación ciudadana y el derecho al voto.

La democracia implica que todos en igualdad de condiciones podamos decidir aquello que más nos conviene. La democracia permite que la sociedad tome decisiones entre varias posibilidades que se le presenten sin violencia. La Asamblea Nacional es un Poder del Estado que tiene atribuciones específicas en la protección y garantía de los derechos humanos y de la democracia, es urgente que quienes sean elegidos asuman un compromiso de diálogo y encuentro entre los venezolanos y venezolanas.

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Estrategias de litigio psico-jurídico

Cualquier experiencia de violencia deja efectos en las víctimas a nivel físico, psicológico y patrimonial que deben tomarse en cuenta en el desarrollo de cualquier estrategia de acompañamiento legal.

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La sociedad civil y su contribución a la promoción de derechos humanos

 

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La Sociedad Civil se define como un conjunto de personas que trabajan en Organizaciones No Gubernamentales, redes o coaliciones que se encuentran al servicio de las comunidades. Orienta su labor a los sectores más desfavorecidos y los apoya en asuntos de salud, vivienda, violencia de género, derechos humanos y muchos otros.

Las Organizaciones No Gubernamentales son organizaciones sin fines de lucro, independientes del Estado, creadas con la finalidad de brindar asistencia, apoyo y acompañamiento a todos aquellos que la necesiten. Existen ONG de muchos tipos que ayudan a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, personas con VIH-SIDA, víctimas de violencia de género, protección del medio ambiente, la infancia y muchas otras causas.

Su rol fundamental es velar que el Estado cumpla con sus obligaciones de respetar y garantizar derechos humanos, de ayudar a las víctimas o poblaciones afectadas a tomar medidas adecuadas para la protección y defensa de sus derechos, por lo que se relacionan con organismos internacionales con el fin de dar un mayor alcance y sentido a sus objetivos de promoción y defensa, así como a aquellos compromisos internacionales que los Estados adquieren a través de pactos y convenios suscritos y ratificados.

Los principios que protegen a la Sociedad Civil están estrechamente relacionados con el Derecho a la Libre Asociación, el cual se encuentra establecido en el artículo 52 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando establecido que: “Toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho”.

También existen leyes internacionales que respaldan la labor de la sociedad civil. La Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1999, garantiza el derecho de asociación para la defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo.

A continuación compartimos algunos artículos que describen y protegen la importante contribución que tienen los defensores y defensoras de derechos humanos en el mundo:

Artículo 1: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.”

Artículo 5: “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional: a) A reunirse o manifestarse pacíficamente; b) A formar organizaciones, asociaciones o grupos no  gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos; c) A comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales.”

Artículo 6: “Toda persona tiene derecho, individualmente y con otras: a) A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los medios por los que se da efecto a tales derechos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo internos; b) Conforme a lo dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales aplicables, a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales; c) A estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados.”

Artículo 7: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos, y a preconizar su aceptación”.

Artículo 16: “Los particulares, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones pertinentes tienen la importante misión de contribuir a sensibilizar al público sobre las cuestiones relativas a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante actividades de enseñanza, capacitación e investigación en esas esferas con el objeto de fortalecer, entre otras cosas, la comprensión, la tolerancia, la paz y las relaciones de amistad entre las naciones y entre todos los grupos raciales y religiosos, teniendo en cuenta las diferentes mentalidades de las sociedades y comunidades en las que llevan a cabo sus actividades”.

Artículo 18: “Toda persona tiene deberes respecto de la comunidad y dentro de ella, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. A los individuos, los grupos, las instituciones y las organizaciones no gubernamentales les corresponde una importante función y una responsabilidad en la protección de la democracia, la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la contribución al fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos democráticos.

Análogamente, les corresponde el importante papel y responsabilidad de contribuir, como sea pertinente, a la promoción del derecho de toda persona a un orden social e internacional en el que los derechos y libertades enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos puedan tener una aplicación plena.