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Los DDHH reúnen las reglas básicas sobre las cuales la humanidad basa su convivencia

Básicamente, cada 10 de diciembre la comunidad internacional celebra el Día de los Derechos Humanos. Ese día se conmemora la fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el año 1948.

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39 principios protegen los derechos de las personas detenidas

El primer esfuerzo se hizo a mediados de la década de 1970, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció la necesidad de concentrar en un solo instrumento un conjunto amplio de resguardos destinados a la protección de todas las personas privadas de libertad frente a abusos tales como violaciones al debido proceso, interrogatorios coactivos, tortura u otros malos tratos, “desapariciones”, entre otros.

Diez años después la Asamblea General de la organización aprobó por consenso, el 9 de diciembre de 1989, el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

Estos Principios destacan, entre otras cosas, la importancia de que los detenidos tengan acceso al mundo exterior y de la supervisión independiente de las condiciones de detención.

El documento precisa que los Principios son aplicables a todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión: a las encarceladas como resultado de una condena; a las recluidas en detención administrativa sin cargos ni juicio, a las encarceladas por infracciones penales y cualquier otra forma de detención.

Los Principios son aplicables a todos los países, dado que representan un conjunto autorizado de normas reconocidas internacionalmente y adoptado por consenso por la Asamblea General de la ONU. Son aplicables en todo momento. No hay ninguna disposición que permita la suspensión de ninguno de los Principios durante un estado de emergencia ni en ninguna otra circunstancia. Y no se limitan a exhortar ni a ser un mero documento de consulta: prevén medidas gubernamentales concretas para cumplir y hacer cumplir las disposiciones en ellos contenidas.

En total son 39 principios que en líneas generales establecen que toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Que el arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin. Algunos de los elementos fundamentales contenidos en el instrumento son:

El Principio 3 señala que no se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres so pretexto de que el presente Conjunto de Principios no reconoce esos derechos o los reconoce en menor grado.

Toda forma de detención o prisión y todas las medidas que afectan a los derechos humano de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión deberán ser ordenadas por un juez u otra autoridad, o quedar sujetas a la fiscalización efectiva de un juez u otra autoridad, según establece el Principio 4.

No hay distinción alguna de las personas beneficiarias del Conjunto de Principios. Según establece el Principio 5 todas las personas en el territorio de un Estado, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia religiosa, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, gozarán de los beneficios de la resolución de Naciones Unidas.

El Principio 6 es suficientemente claro:  Ninguna persona detenida será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El Principio 7 dispone, “Los Estados deberán prohibir por ley todo acto contrario a los derechos y deberes que se enuncian en los presentes Principios, someter todos esos actos a las sanciones procedentes y realizar investigaciones imparciales de las denuncias al respecto”. Por su parte, la resolución mediante la cual la Asamblea General de la ONU adoptó el Conjunto de Principios “insta a que se ponga el máximo empeño en que el Conjunto de Principios llegue a ser generalmente conocido y respetado”.

Las personas detenidas recibirán un trato apropiado a su condición de personas que no han sido condenadas. En consecuencia, siempre que sea posible se las mantendrá separadas de las personas presas, según refiere el Principio 8.

Se supone, de acuerdo con el Principio 11, que nadie será mantenido en detención sin tener la posibilidad real de ser oído sin demora por un juez u otra autoridad. La persona detenida tendrá el derecho de defenderse por sí misma o ser asistida por un abogado según prescriba la ley.

La persona detenida, además, tiene derecho a conocer las razones del arresto; la hora de su primera comparecencia ante el juez u otra autoridad; la identidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que intervengan e información precisa acerca del lugar de custodia.

El Principio 17 señala que las personas detenidas tendrán derecho a asistencia de un abogado y a comunicarse con él y a consultarlo.

Toda persona detenida o presa tendrá, asimismo, el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho, de acuerdo con el Principio 19.

El Principio 21 señala, expresamente, que está prohibido abusar de la situación de una persona detenida o presa para obligarla a confesar o declarar contra sí misma o contra cualquier otra persona. Ninguna persona detenida será sometida, durante su interrogatorio, a violencia, amenazas o cualquier otro método de interrogación que menoscabe su capacidad de decisión o su juicio.

Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos, refiere el Principio 24.

Mientras que el Principio 25 señala que la persona detenida o presa o su abogado, con sujeción únicamente a condiciones razonables que garanticen la seguridad y el orden en el lugar de detención o prisión, tendrá derecho a solicitar autorización de un juez u otra autoridad para un segundo examen médico o una segunda opinión médica.

El Principio 34 precisa que, si una persona detenida o presa muere o desaparece durante su detención o prisión, un juez u otra autoridad, de oficio o a instancias de un miembro de la familia de esa persona o de alguna persona que tenga conocimiento del caso, investigará la causa de la muerte o desaparición. Cuando las circunstancias lo justifiquen, se llevará a cabo una investigación iniciada de la misma manera cuando la muerte o desaparición ocurra poco después de terminada la detención o prisión. Las conclusiones de esa investigación o el informe correspondiente serán puestos a disposición de quien lo solicite, a menos que con ello se obstaculice la instrucción de una causa penal en curso.

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Procedimientos especiales de Naciones Unidas: Grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria

“Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado” (Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 9)

 

Desde 1975, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ahora Consejo de Derechos Humanos) comenzó a crear mecanismos destinados a mejorar la protección internacional de los derechos humanos. La idea era que esos mecanismos sirvieran, sobre todo, en situaciones en las que hubiera un cuadro persistente de violación de los derechos. Continue reading

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Mecanismos de protección de los Derechos Humanos

Después de la Segunda Guerra Mundial, y la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la comunidad internacional estableció el compromiso de no permitir que el mundo viviera otros episodios crueles y más atrocidades. Los líderes del mundo acordaron establecer un mecanismo que permitiera garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento, y, al mismo tiempo, complementar la Carta de las Naciones Unidas.

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Comunicado Solicitan medidas cautelares a favor de los defensores de Derechos Humanos Geraldine Chacón y Gregory Hinds, detenidos en el Helicoide

La Coalición Nacional de ONG de Derechos Humanos en Venezuela, el Foro por la Vida, conjuntamente con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (UNIMET) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Continue reading

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Las Relatorías, su estructura, características y funciones

Los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas son mandatos para presentar informes y asesorar sobre derechos humanos a países que, por circunstancias especiales, lo necesiten. Ese sistema abarca a todos los derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Continue reading

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Aún se criminaliza labor de defensores y defensoras de Derechos Humanos

En 1998, los países miembros de la ONU suscribieron la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, grupos e instituciones de promover y proteger los derechos humanos. El documento reconoce la defensa de los derechos humanos como un derecho, e insta a los Estados a proteger a las personas y organizaciones de la sociedad civil que la ejercen.

En la declaración se describe como derechos de los defensores y defensoras los siguientes aspectos:

A ser protegidos.
A la libertad de reunión pacífica.
A la libertad de asociación.
A acceder y a comunicarse con organismos internacionales.
A la libertad de opinión y de expresión.
A la protesta pacífica.
A debatir y desarrollar nuevas ideas en materia de derechos humanos.

Los defensores y defensoras, por otra parte, pueden desarrollar como actividades legítimas y protegidas por la Declaración, las siguientes tareas:

Proteger la democracia, promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, contribuir al fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos democráticos.

Formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, afiliarse a ellos o a participar en ellos promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de diversos medios.

Tener la oportunidad efectiva, sobre una base no discriminatoria, de participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos y, dentro de este derecho presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento.

Llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales y solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales. A pesar de estas disposiciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de informes temáticos, ha alertado sobre la criminalización de defensores en la región.

Se han identificado los obstáculos a los que se enfrentan las personas que promueven y defienden derechos humanos: a) ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; agresiones, amenazas y hostigamientos; b) campañas de desprestigio; c) violaciones al domicilio y otras injerencias arbitrarias; d) actividades de inteligencia; e) restricciones al acceso a la información y a las acciones de hábeas data; f) controles administrativos y financieros arbitrarios a las organizaciones de derechos humanos; g) impunidad en las investigaciones de ataques sufridos por defensores y defensoras.

La organización Front Line Defenders también ha realizado informes especiales sobre las garantías de trabajo para las organizaciones de derechos humanos en el mundo. En el año 2016 presentó un informe titulado “Informe anual sobre los/as defensores/as de derechos humanos”, en el que realizó un análisis detallado sobre el deterioro de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos a nivel mundial y destacó que la violencia siguió siendo la característica principal de los ataques dirigidos a los defensores y defensoras de derechos humanos en América Latina y el Caribe.

La organización Front Line Defenders recomendó en su informe, que los gobiernos deben reconocer la vital importancia que tiene el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, puesto que son actores que contribuyen a la construcción de sociedades justas e igualitarias.

Asimismo, recalcaron el despliegue de campañas de señalamiento y difamación, a través de declaraciones por parte de altos funcionarios públicos en medios de comunicación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha expresado su alarma ante los señalamientos, actos de intimidación y acciones de descrédito de las que son objeto algunas personas en Venezuela como consecuencia de ejercer su derecho a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La CIDH ha instado en reiteradas oportunidades a los funcionarios públicos a abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos.

Es absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción de represalia que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano o de algún sistema internacional, en ejercicio de sus derechos convencionales.

Tal como lo establece el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.

La labor de defensoras y defensores es fundamental para la vigencia de un Estado de Derecho y de la democracia. Los defensores y defensoras de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta.

Las declaraciones estigmatizantes contra defensores y defensoras de derechos humanos restan credibilidad y legitimidad a su labor, atentan contra su rol esencial en la consolidación del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia y tiene un efecto disuasivo sobre la actividad de promoción y protección de los derechos humanos.

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Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a coordinacionprensa@cofavic.org o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

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El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos (ONU)

Todos los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en virtud de los artículos 55º y 56º de la Carta de la Organización (1945), tienen importantes obligaciones en materia de derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) se constituye en la primera norma sustantiva que resumió, en 30 artículos, el contenido de los derechos humanos y libertades fundamentales enunciados en la ya mencionada Carta. Continue reading

¿Para qué sirve el EPU?

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El Examen Periódico Universal (sistema de evaluación por periodos continuos o ciclos, durante los cuales los Estados miembros de las Naciones Unidas revisan y reactualizan entre pares todas sus obligaciones y compromisos con los derechos humanos universales) comenzó a aplicarse en 2008 y al finalizar 2011 todos los Estados habían pasado por su primer ciclo. Los segundos ciclos se iniciaron en 2012 y finalizan este año 2016. La comparecencia de las autoridades venezolanas está prevista para el 1 de noviembre. Continue reading