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Se cumplen 23 años de la masacre en el Retén de Catia: ¿Sabemos qué pasó?

COFAVIC

El 27 de noviembre de 1992 es una fecha muy destacada en nuestra historia como país por los eventos que se presentaron durante el segundo intento de golpe de Estado contra el gobierno del entonces Presidente Carlos Andrés Pérez, caracterizados por una experiencia de conmoción nacional y en la que se produjeron graves violaciones a los derechos humanos. Uno de estos episodios, casi invisibilizado, es el asesinato y la posterior desaparición de algunos privados de libertad que se encontraban como procesados y algunos cumpliendo condena en el Internado Judicial de los Flores de Catia, ubicado para el momento de los hechos en la parroquia Sucre del Distrito Capital.

Este día de noviembre, se produjo un alzamiento que fue llevado a cabo por parte de un grupo cívico-militar conformado por altos oficiales de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas y varios civiles opositores al Gobierno. En este contexto de profunda inestabilidad política, se suscitó una circunstancia que aun hoy no ha logrado determinarse con exactitud, puesto que las investigaciones relacionadas con estos hechos no han concluido y no existe a la fecha ningún responsable sancionado. Las investigaciones adelantadas por las autoridades no han podido establecer la cifra total de las víctimas, y los informes al respecto son fragmentarios, confusos y contradictorios.

Pese a la impunidad que ha caracterizado el caso, familiares de las víctimas con apoyo de COFAVIC, presentaron en 1996 el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el año 2005, la Comisión presentó demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien publicó su sentencia el 5 de julio de 2006 en la que se reconoce al menos dos versiones que intentan aclarar lo sucedido dentro del Reten de Catia entre los días 27 y 29 de noviembre de 1992: La primera de ellas señala que “al conocerse, a través de los medios de comunicación, la noticia del intento de golpe de Estado, los guardias del Retén abrieron las puertas de las celdas anunciando a los reclusos que quedaban en libertad, esperaron la salida de los internos y empezaron a disparar contra ellos.” Varios de dichos testimonios indican que ante este accionar, algunos reclusos buscaron refugio en las celdas para salvaguardar sus vidas mientras que otros intentaban la fuga.

Otra versión recogida en el proceso de investigación y análisis de pruebas que realizó la Corte Interamericana, se apoya en un informe emitido por la jefatura de Servicios del Retén de Catia, en el que se señala que “a las 6:10 a.m. del 27 de noviembre de 1992 “se informó a la Jefatura del Régimen que los internos de los Pabellones del Ala Sur 4 y 5 estaban rompiendo los candados, produciendo un motín para alcanzar la fuga masiva y que de inmediato los funcionarios de la guardia dispararon a los internos”. Para la Corte, “Es innegable que la situación se manejó con la intervención masiva de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana, quienes dispararon indiscriminadamente contra los internos utilizando armas de fuego y gases lacrimógenos. Varios de los testimonios de los reclusos y de funcionarios penitenciarios confirman estos hechos”. Quedando demostrado que en entre los días 27, 28 y 29 de noviembre se produjo la muerte de aproximadamente 63 reclusos, entre los cuales se encuentran las 37 víctimas que presentaron su caso ante la CIDH, 52 heridos y 28 desaparecidos, además de los innumerables casos de reclusos que fueron colocados por varias horas en los patios del Retén, obligándolos a permanecer desnudos y en posiciones incómodas.

Adicionalmente, luego de estos sucesos, las personas fallecidas fueron trasladadas a distintas medicaturas forenses de la entonces Policía Técnica Judicial (actualmente CICPC), ubicadas en las ciudades de Caracas, Los Teques y La Guaria y el resto de la población penitenciaria fue trasladada a la Penitenciaría General de Venezuela (Guárico), al Internado Judicial Capital El Rodeo (Guatire) y al Centro Penitenciario de Carabobo (Valencia), sin suministrar información alguna a los familiares de los internos sobre su estado o paradero, lo que generó una creciente situación de incertidumbre a las afueras del penal.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos el derecho a la vida “es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. En este sentido, no resulta admisible ninguna interpretación del mismo de forma restrictiva. De conformidad con el artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos este derecho forma parte del núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los derechos que no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes”.

Asimismo la Corte, estableció que “Las acciones cumplidas por las autoridades venezolanas en el curso de la investigación de los hechos no han sido suficientes para el debido esclarecimiento de la verdad histórica, la determinación de responsabilidades y condena de los responsables de la masacre del Retén de Catia”. Destacando  en los puntos resolutivos de la sentencia la obligación del Estado a emprender todas las acciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas aquel día, y realizar todas las actuaciones necesarias para garantizar la ubicación y entrega de los cuerpos de los privados de libertad en quienes se comprobó su fallecimiento y  aún permanecen desaparecidos.

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Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a coordinacionprensa@cofavic.org o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

Cuando se ataca a un defensor de derechos humanos

 

COFAVIC(1)

Desde el año 2002 COFAVIC ha venido documentando los principales ataques y/o actos de hostigamiento que han experimentado las y los defensores de derechos humanos en Venezuela. Producto del agravamiento y deterioro progresivo de las garantías de trabajo para la defensa de los derechos humanos en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado entre 2002 a 2015 seis medidas provisionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trece medidas cautelares, las cuales buscan instar al Estado venezolano a proteger la integridad personal de los defensores, sus familias y miembros de las organizaciones que representan.

El rol de los y las defensoras de derechos y de las organizaciones es fundamental para la profundización y existencia de la democracia y el Estado de Derecho. En Venezuela, la Constitución asegura el derecho asociación y garantiza el derecho a la participación ciudadana a través de diversos mecanismos. No obstante, en los últimos años se han producido un conjunto de legislaciones regresivas que generan graves afectaciones a la libertad de asociación.

Entre los principales efectos de estás legislaciones regresivas destacan: el desconocimiento de la autonomía, la restricción sistemática a información pública, la criminalización y amenaza de judicialización si se accede a financiamiento público internacional, criminalización a las asociaciones, afectándose de facto su capacidad procesal de acudir a tribunales y mediante la apertura de investigaciones penales y administrativas en contra de ellas. Asimilándose las acciones de las ONG y de los defensores usuarios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como delitos de “traición a la patria” o “desestabilización”.

Otro mecanismo de relevancia, utilizados para restringir el accionar de las ONG son la suspensión de financiamiento público, expropiación de instalaciones y bienes, especialmente en el ámbito de las ONG de desarrollo; y dificultades casi generalizadas para todas las ONG para el registro de nuevas asociaciones o para trámites legales de actualización de directivas o estatutos.

Sin embargo, COFAVIC ha documentado eventos de mayor gravedad que ponen en severo riesgo la integridad personal de quienes dedican su labor a la promoción y protección de derechos humanos, tales como: ejecuciones extrajudiciales, agresiones, amenazas y actos de hostigamiento, campañas de desprestigio, privaciones de libertad, detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, seguimiento y vigilancia, interceptación a comunicaciones telefónicas y digitales, exposición de datos personales para aumentar la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, inicio de acciones penales en contra de activistas de derechos humanos vinculadas a la recepción de fondos, entre otras.

El pasado 21 de octubre de 2015, nuevamente los defensores de derechos humanos son expuestos a campañas de descrédito que colocan en grave riesgo la integridad de quienes se ven afectados como víctimas. En esta oportunidad COFAVIC quiere llamar la atención sobre los recientes ataques en contra del Dr. Carlos Nieto Palma, coordinador de la  ONG Una Ventana a Libertad y para quien el Estado debe procurar todas las medidas posibles para asegurar su integridad, la de su familia y de su equipo de trabajo.

Los defensores de derechos humanos desempeñan un importante rol en el fomento de una mayor conciencia y observancia de los valores democráticos, su labor está descrita y recogida en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, universalmente reconocidos.

Cuando se ataca a un defensor o defensora de derechos humanos, se intenta silenciar las voces de las personas y grupos marginados, invisibilizados, de aquellos que por su nivel de afectación y desprotección requieren apoyo. Sin duda se afecta tu legítimo derecho de exigir al Estado mejores condiciones para vivir y desarrollarte como persona.

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17/09/2015 La atención psicojurídica a las víctimas de violación de DDHH: un apoyo contra los efectos de la impunidad

Frente a la impunidad, los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y los sobrevivientes son las personas más lesionadas luego de episodios de violencia. Sin embargo, ellos ante la ausencia de justicia o la debilidad del sistema judicial, se encargan de promover el esclarecimiento de lo ocurrido. Muchas veces, son quienes encuentran las pruebas o los testigos que revelan la verdad de los delitos, Continue reading

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16/07/015 Las ejecuciones extrajudiciales una violación grave a los Derechos Humanos

Las Naciones Unidas han considerado el tema de las ejecuciones sumarias o arbitrarias en el marco de una discusión más amplia sobre los derechos humanos. En el lenguaje internacional de los Derechos Humanos, de acuerdo con el concepto de Bazán Chacón, autor del libro “Los delitos de lesa humanidad y la Corte Penal Internacional”, los asesinatos cometidos por el Estado se consideran ejecuciones extrajudiciales, descritos como actos deliberados e ilegítimos. Continue reading

25/06/2015 El 26 de junio, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes

Desde 1948 la comunidad internacional ha condenado la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Ya, para 1984 la misma Asamblea creó la Convención contra la Tortura, la cual entró en vigor en 1987.

En 1999 con la participación de diversas organizaciones de derechos humanos junto con Naciones Unidas fue publicado el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, más conocido como el Protocolo de Estambul. El documento contiene todas las directrices y aspectos específicos para investigar, documentar y tratar a las personas que hayan sido víctimas de torturas. Abarca los temas de las normas jurídicas internacionales aplicables, también incluye los principios éticos pertinentes, cómo deben desarrollarse las investigaciones legales, así como las señales y secuelas físicas y psicológicas de las víctimas de tortura.

De acuerdo con lo dispuesto por el protocolo, son necesarios para la investigación y documentación de los casos las declaraciones de los testigos y supervivientes, así como la realización de determinadas pruebas físicas, en caso de que existan secuelas evidentes en las víctimas. Sin embargo, en caso de ausencia de estas señales, “no se considerará que no se ha producido tortura, ya que es frecuente que estos actos de violencia contra las personas no dejen marcas ni cicatrices permanentes”.

Asimismo, los médicos que realizarán las evaluaciones pertinentes deberán contar con una formación especializada en documentación forense de maltrato físico y psicológico, de manera objetiva e imparcial. “Sean cuales fueren las circunstancias, nunca deberán excluirse del informe médico legal los hallazgos que puedan ser indicativos de torturas y otras formas de malos tratos. Los médicos habrán de ser capaces de establecer un clima de confianza en el que puedan revelarse hechos cruciales” (Protocolo de Estambul).

El protocolo establece diversos métodos de tortura que deben ser tomados en cuenta por los especialistas de la salud y medicina forense al momento de recibir la denuncia y comenzar con las investigaciones. Traumatismos causados por golpes como son los puñetazos, patadas y latigazos; las quemaduras con cigarrillos u objetos calientes; choques eléctricos y asfixia, sofocación o estrangulamientos, son algunas de las más conocidas.

No obstante, existen otros métodos que, aunque son menos comunes por dejar menores señales físicas, también configuran actos de torturas, tales como: las exposiciones a gasolina, sal o pimienta; la tortura farmacológica, llamada así por la utilización de dosis tóxicas de sedantes y paralizantes. Las humillaciones, como el abuso verbal y la realización de cualquier acto humillante, las amenazas de muerte, de nuevas torturas o de prisión tanto a la víctima como a sus familiares y las ejecuciones simuladas. Todos, actos violentos que son considerados como crímenes de lesa humanidad que no prescriben.

La utilización de celdas pequeñas, la exposición a temperaturas extremas, la negación de toda intimidad y desnudez forzada; la privación de la estimulación sensorial normal, como sonidos, luz, sentido del tiempo; desatención de necesidades fisiológicas, restricción del suelo, alimentos, agua, instalaciones sanitarias y atención médica; contacto social o mantener a las víctimas en aislamiento para evitar toda formación de vínculos o identificación mutua para fomentar una vinculación traumática con el torturador”, en los detenidos o en sus familiares, están establecidas en el Protocolo de Estambul como diferentes formas de practicar torturas u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Este viernes 26 de junio es el día Internacional en apoyo a las víctimas de torturas y, hoy más que nunca resulta necesario conocer en qué consisten estas prácticas, cómo denunciarlas, atenderlas e investigarlas. Lamentablemente, todos en algún momento podríamos ser víctimas por lo que la educación en derechos humanos es trascendental. Ya para el 26 de junio del 2011 el tema de la tortura para Naciones Unidas era alarmante: “Hemos visto en recientes demostraciones públicas en varios países alrededor del mundo cómo la tortura y el maltrato continúan practicándose extensamente. Es fundamental que reiteremos que es obligación de los Estados prevenir, prohibir, investigar y castigar todo acto de tortura. Es obligación de los Estados respetar la integridad física y mental de todas las personas, garantizar justicia y rendición de cuentas para las víctimas y para la comunidad como un todo, así como llevar a los responsables de tales violaciones ante la justicia”. Siempre deben prevalecer estos deberes y ser el estandarte de todos los países.

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18/06/2015 La tortura un crimen de lesa humanidad

De acuerdo con el calendario de Naciones Unidas, el 26 de junio es el día Internacional en Apoyo a todas las víctimas de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los actos de tortura son considerados como uno de los delitos más atroces, un crimen de lesa humanidad, que no prescribe y que, lamentablemente, por una situación u otra, puede ocurrirle a cualquier persona en diferentes formas y grados.

Según el Protocolo de Estambul, documento que funciona como directriz internacional para examinar a las personas que aleguen haber sufrido tortura y malos tratos, así como para investigar los casos y comunicar los resultados obtenidos a los órganos judiciales correspondientes, define la tortura como la “destrucción deliberada del bienestar físico y emocional de una persona y atenta contra la dignidad y la voluntad de las comunidades”. Además, confirma que es un crimen que “concierne a todos los miembros de la familia humana porque ataca a la misma base de nuestra existencia y de nuestras esperanzas de un mundo mejor”.

El Derecho Internacional establece que todas las personas tienen el derecho a no ser sometidas a ningún tipo de torturas. De igual forma, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes prohíben expresamente estos actos.

Por su parte, el Estado debe garantizar que no se comentan actos de torturas y en caso de haberlos, erradicarlos de forma inmediata. Asimismo tiene el deber de atender a las víctimas y comenzar las investigaciones pertinentes para esclarecer y encontrar a los responsables del crimen. Posterior a la denuncia, las autoridades competentes deben iniciar una investigación imparcial y, si se considera que la denuncia está bien fundada, el o los presuntos autores deberán ser sometidos a los procedimientos penales que correspondan y las víctimas tendrán que ser reparadas o indemnizadas adecuadamente.

Es importante recordar que la labor del Estado no solo abarca la investigación de los casos, el castigo a los culpables y la ayuda a las víctimas, sino que debe emprender- además- acciones preventivas, es decir, velar por la correcta educación e información sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional de los agentes del orden, tanto civiles como militares, del personal médico y los funcionarios públicos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) afirma que los Estados deben tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de cualquier otra índole para impedir los actos de tortura. Asimismo, hace énfasis en que se debe “penalizar los actos de tortura, incluida la complicidad o la participación en ellos. Adicionalmente, hacer de la tortura un delito que dé lugar a extradición y ayudar a otros Estados Partes -en lo que respecta a los procedimientos penales- en casos de tortura”. Además, se considera que una demora de 15 meses en la investigación de una denuncia es “excesiva y no satisface lo dispuesto por la Convención contra la Tortura”.

Limitar el uso de la detención en régimen de incomunicación es otra de las recomendaciones de Naciones Unidas, así como asegurar que los detenidos se mantengan en lugares oficialmente reconocidos para la detención de personas. Por otro lado, es primordial que el Estado asegure que los nombres de las personas responsables de la detención, figuren en registros disponibles y accesibles a los interesados, familiares y amigos.

Si ha sido víctima de torturas o conoce a alguien debe denunciar. La denuncia es el primer paso en la lucha contra la impunidad.

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