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25/06/2015 El 26 de junio, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes

Desde 1948 la comunidad internacional ha condenado la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Ya, para 1984 la misma Asamblea creó la Convención contra la Tortura, la cual entró en vigor en 1987.

En 1999 con la participación de diversas organizaciones de derechos humanos junto con Naciones Unidas fue publicado el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, más conocido como el Protocolo de Estambul. El documento contiene todas las directrices y aspectos específicos para investigar, documentar y tratar a las personas que hayan sido víctimas de torturas. Abarca los temas de las normas jurídicas internacionales aplicables, también incluye los principios éticos pertinentes, cómo deben desarrollarse las investigaciones legales, así como las señales y secuelas físicas y psicológicas de las víctimas de tortura.

De acuerdo con lo dispuesto por el protocolo, son necesarios para la investigación y documentación de los casos las declaraciones de los testigos y supervivientes, así como la realización de determinadas pruebas físicas, en caso de que existan secuelas evidentes en las víctimas. Sin embargo, en caso de ausencia de estas señales, “no se considerará que no se ha producido tortura, ya que es frecuente que estos actos de violencia contra las personas no dejen marcas ni cicatrices permanentes”.

Asimismo, los médicos que realizarán las evaluaciones pertinentes deberán contar con una formación especializada en documentación forense de maltrato físico y psicológico, de manera objetiva e imparcial. “Sean cuales fueren las circunstancias, nunca deberán excluirse del informe médico legal los hallazgos que puedan ser indicativos de torturas y otras formas de malos tratos. Los médicos habrán de ser capaces de establecer un clima de confianza en el que puedan revelarse hechos cruciales” (Protocolo de Estambul).

El protocolo establece diversos métodos de tortura que deben ser tomados en cuenta por los especialistas de la salud y medicina forense al momento de recibir la denuncia y comenzar con las investigaciones. Traumatismos causados por golpes como son los puñetazos, patadas y latigazos; las quemaduras con cigarrillos u objetos calientes; choques eléctricos y asfixia, sofocación o estrangulamientos, son algunas de las más conocidas.

No obstante, existen otros métodos que, aunque son menos comunes por dejar menores señales físicas, también configuran actos de torturas, tales como: las exposiciones a gasolina, sal o pimienta; la tortura farmacológica, llamada así por la utilización de dosis tóxicas de sedantes y paralizantes. Las humillaciones, como el abuso verbal y la realización de cualquier acto humillante, las amenazas de muerte, de nuevas torturas o de prisión tanto a la víctima como a sus familiares y las ejecuciones simuladas. Todos, actos violentos que son considerados como crímenes de lesa humanidad que no prescriben.

La utilización de celdas pequeñas, la exposición a temperaturas extremas, la negación de toda intimidad y desnudez forzada; la privación de la estimulación sensorial normal, como sonidos, luz, sentido del tiempo; desatención de necesidades fisiológicas, restricción del suelo, alimentos, agua, instalaciones sanitarias y atención médica; contacto social o mantener a las víctimas en aislamiento para evitar toda formación de vínculos o identificación mutua para fomentar una vinculación traumática con el torturador”, en los detenidos o en sus familiares, están establecidas en el Protocolo de Estambul como diferentes formas de practicar torturas u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Este viernes 26 de junio es el día Internacional en apoyo a las víctimas de torturas y, hoy más que nunca resulta necesario conocer en qué consisten estas prácticas, cómo denunciarlas, atenderlas e investigarlas. Lamentablemente, todos en algún momento podríamos ser víctimas por lo que la educación en derechos humanos es trascendental. Ya para el 26 de junio del 2011 el tema de la tortura para Naciones Unidas era alarmante: “Hemos visto en recientes demostraciones públicas en varios países alrededor del mundo cómo la tortura y el maltrato continúan practicándose extensamente. Es fundamental que reiteremos que es obligación de los Estados prevenir, prohibir, investigar y castigar todo acto de tortura. Es obligación de los Estados respetar la integridad física y mental de todas las personas, garantizar justicia y rendición de cuentas para las víctimas y para la comunidad como un todo, así como llevar a los responsables de tales violaciones ante la justicia”. Siempre deben prevalecer estos deberes y ser el estandarte de todos los países.

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18/06/2015 La tortura un crimen de lesa humanidad

De acuerdo con el calendario de Naciones Unidas, el 26 de junio es el día Internacional en Apoyo a todas las víctimas de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los actos de tortura son considerados como uno de los delitos más atroces, un crimen de lesa humanidad, que no prescribe y que, lamentablemente, por una situación u otra, puede ocurrirle a cualquier persona en diferentes formas y grados.

Según el Protocolo de Estambul, documento que funciona como directriz internacional para examinar a las personas que aleguen haber sufrido tortura y malos tratos, así como para investigar los casos y comunicar los resultados obtenidos a los órganos judiciales correspondientes, define la tortura como la “destrucción deliberada del bienestar físico y emocional de una persona y atenta contra la dignidad y la voluntad de las comunidades”. Además, confirma que es un crimen que “concierne a todos los miembros de la familia humana porque ataca a la misma base de nuestra existencia y de nuestras esperanzas de un mundo mejor”.

El Derecho Internacional establece que todas las personas tienen el derecho a no ser sometidas a ningún tipo de torturas. De igual forma, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes prohíben expresamente estos actos.

Por su parte, el Estado debe garantizar que no se comentan actos de torturas y en caso de haberlos, erradicarlos de forma inmediata. Asimismo tiene el deber de atender a las víctimas y comenzar las investigaciones pertinentes para esclarecer y encontrar a los responsables del crimen. Posterior a la denuncia, las autoridades competentes deben iniciar una investigación imparcial y, si se considera que la denuncia está bien fundada, el o los presuntos autores deberán ser sometidos a los procedimientos penales que correspondan y las víctimas tendrán que ser reparadas o indemnizadas adecuadamente.

Es importante recordar que la labor del Estado no solo abarca la investigación de los casos, el castigo a los culpables y la ayuda a las víctimas, sino que debe emprender- además- acciones preventivas, es decir, velar por la correcta educación e información sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional de los agentes del orden, tanto civiles como militares, del personal médico y los funcionarios públicos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) afirma que los Estados deben tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de cualquier otra índole para impedir los actos de tortura. Asimismo, hace énfasis en que se debe “penalizar los actos de tortura, incluida la complicidad o la participación en ellos. Adicionalmente, hacer de la tortura un delito que dé lugar a extradición y ayudar a otros Estados Partes -en lo que respecta a los procedimientos penales- en casos de tortura”. Además, se considera que una demora de 15 meses en la investigación de una denuncia es “excesiva y no satisface lo dispuesto por la Convención contra la Tortura”.

Limitar el uso de la detención en régimen de incomunicación es otra de las recomendaciones de Naciones Unidas, así como asegurar que los detenidos se mantengan en lugares oficialmente reconocidos para la detención de personas. Por otro lado, es primordial que el Estado asegure que los nombres de las personas responsables de la detención, figuren en registros disponibles y accesibles a los interesados, familiares y amigos.

Si ha sido víctima de torturas o conoce a alguien debe denunciar. La denuncia es el primer paso en la lucha contra la impunidad.

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11/06/2015 El trabajo de los Comités de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos

COFAVIC (1)

Los Estados Miembros de la Organización de Naciones Unidas ratifican o se adhieren a determinados tratados con los que asumen la responsabilidad jurídica de la aplicación de los derechos dispuestos en el mismo. Además, estos tratados disponen de la institución de un comité internacional de expertos independientes quienes velan por la aplicación de sus disposiciones. Existen nueve tratados de derechos humanos, los cuales crean obligaciones para que los Estados promuevan y protejan los derechos humanos.

Tras la ratificación del tratado, los Estados deben presentar informes periódicos al comité respectivo, en cuanto a las medidas que hayan tomado para la aplicación y correcto cumplimiento del mismo. En estos informes se debe dejar constancia de las medidas jurídicas, administrativas, judiciales que se hayan aplicado para cumplir con las disposiciones del tratado. Por último, el Comité respectivo en un período de audiencias, examinará los informes en presencia de una delegación de representantes del Estado que esté revisando.

No obstante, antes del período de sesiones, el comité confecciona una lista de cuestiones las cuales se transmiten al Estado Parte. Posteriormente, éstos suelen enviar por escrito sus respuestas que serán anexadas al informe. Por otro lado, además del informe y la lista de cuestiones con sus respectivas respuestas, los comités de los tratados reciben información de otras fuentes sobre la situación en general y la aplicación de las disposiciones de ese país. Esta información adicional es conocida como informes alternativos o informes sombra, los cuales pueden ser realizados por organizaciones intergubernamentales, ONG nacionales o internacionales, asociaciones de profesionales e instituciones académicas.

El Estado venezolano próximamente será sujeto de la revisión anteriormente explicada. A finales de este mes el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas examinará al país bajo el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, en donde se corroborará el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto al derecho a la vida, la integridad física y moral, las garantías procesales, entre otros. A partir del 29, comienzan las audiencias, siendo la primera privada y con las organizaciones de la sociedad civil, quienes llevarán sus respectivos informes alternativos a los comisionados. En esta oportunidad, una coalición de ONG de la ciudad de Caracas y el interior del país, entre las que se encuentra COFAVIC, estarán presentes a través de sus representantes en las audiencias y expondrán el informe alternativo que realizaron e conjunto. Ese mismo día, también habrá otra audiencia, pero en este caso será la primera en donde el Estado venezolano explicará su informe y tendrá que responder a los cuestionamientos de los comisionados. Seguidamente, el 30 continuarán las audiencias públicas del Estado, en las que igualmente, continuará aclarando puntos que el comité crea necesarios.

A la luz de toda la información disponible, el Comité examinará el informe junto con los representantes gubernamentales con la finalidad de dialogar de manera constructiva y ayudar al Gobierno en su obligación de aplicar el tratado. Sin embargo, es importante acotar que estos comités de tratados no son órganos judiciales, puesto que existen solo para vigilar la aplicación de los compromisos del Estado Parte, así como recomendarle la manera más idónea de cumplir con sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Pero, a pesar de no ser una institución judicial, la Organización de Naciones Unidas (ONU) es sumamente importante para la defensa de los derechos humanos, por lo que los Estados Parte deben asumir sus recomendaciones. De igual manera, para el Dr. Pedro Nikken, juez y ex-presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Las Naciones Unidas pone en relieve la importancia de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, como condición para la paz y la seguridad internacional. El Sistema de Naciones Unidas es un factor determinante frente la defensa de la dignidad del ser humano y la lucha en situaciones de caos a nivel mundial; por lo que la ONU representa una cúspide en la lucha por la dignidad del ser humano. ”

Posteriormente, el Comité tras dialogar con el Estado Parte y examinar toda la información remitida, los órganos de tratados aprueban lo que generalmente se denomina como observaciones finales, en donde se incluyen tanto los aspectos positivos con respecto a la aplicación del tratado, como también hace referencia a los ámbitos en el que el Comité recomienda tomar medidas adicionales para cumplir a cabalidad el tratado.

Es muy importante que el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos esté enfocado en abrir nuevas puertas para la defensa de los derechos de las víctimas, por lo que resulta trascendental conocer a profundidad y manejar todos los mecanismos internacionales disponibles para lograrlo.

No se debe premiar la violencia con la impunidad. No hay ningún plan de seguridad en el mundo que pueda realizarse si al delito se le garantiza impunidad.

Nuestro libro: “La República Bolivariana de Venezuela ante el Sistema de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos” aborda a profundidad el tema que se desarrolló anteriormente. Esta publicación está disponible en nuestra página Web: www.cofavic.org.

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04/06/2015 El Sistema de Naciones Unidas: Mecanismos Convencionales y Extraconvencionales

COFAVIC (1)

El pasado 21 de mayo de 2015, COFAVIC realizó la presentación pública de su nueva publicación titulada “La República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas”, elaborada por el Dr. Carlos Villán Duran, y en cuyo evento tuvimos la oportunidad de escuchar dos intervenciones magistrales a cargo de dos destacados juristas especialistas en Derechos Humanos. La semana pasada compartimos con ustedes fragmentos de la exposición realizada por el autor del prólogo Pedro Nikken. En esta oportunidad queremos rescatar algunos aspectos de los tratados por el también invitado especial, el Abogado Constitucionalista y experto en Derechos Humanos, Dr. Carlos Ayala Corao, quien desarrollo el tema “la importancia del uso y acceso al Sistema Universal en el contexto actual.

De acuerdo con el Dr. Carlos Ayala Corao, el Sistema de Naciones Unidas tiene dos grandes grupos de mecanismos de protección de derechos humanos: “Un grupo denominado mecanismos convencionales, es decir, aquellos que nacen con ocasión de la ratificación de un tratado de los derechos humanos. Y esos tratados crean a su vez, órganos que han venido evolucionando, pero que en definitiva se terminan agrupando en nueve comités especializados que permiten el acceso de los individuos a la protección internacional de derechos humanos. Y conjuntamente, en esos comités hay básicamente dos líneas de trabajo. La primera línea, tiene que ver con los informes que presentan los Estados sobre el cumplimiento de los tratados, de manera que el Comité monitoree como se ha dado cumplimiento a esos instrumentos. Asimismo, esos informes llevan también los informes sombra y los informes paralelos de la sociedad civil. Por lo que estos Comités no solo tienen la oportunidad de hacer preguntas y de recoger la información de los Estados, sino también de recoger la información de todos los informes y respuestas que presenta la sociedad civil nacional e internacional sobre ese país. Lo que permite conocer circunstancias, condiciones de casos y realizar recomendaciones al Estado”.

El Dr. Ayala Corao, más adelante expresó: “En este contexto, vale destacar la primera experiencia de involucramiento activo de la sociedad civil ante el sistema de Naciones Unidas, la cual tuvo lugar en noviembre de 2014, con el Informe del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, donde la sociedad civil venezolana hizo una presencia en alianza con organizaciones internacionales de derechos humanos. Allí, presentaron sus informes alternativos, estuvieron presentes en los debates y, posteriormente, salieron las recomendaciones del caso, que fueron con una contundencia y solidez particular. Es allí donde hay toda una línea de trabajo para concientizar a la comunidad internacional a través de la palabra autorizada de estos órganos que monitorean el cumplimiento de estos tratados, y que llevan a cabo esos análisis, esas conclusiones y esas recomendaciones a la luz pública. Aspecto muy importante, porque además de toda la actividad de todas las organizaciones de la sociedad civil, prácticamente los únicos informes de derechos humanos con una compresión global de la situación venezolana que venía saliendo en la última década, eran los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ahora de manera complementaria se refuerzan estos dos organismos”.

Adicionalmente el Dr. Carlos Ayala afirma que “esto nos abre alternativas en el litigio de casos a nivel internacional para la protección de las víctimas. Tenemos ese Sistema Convencional pero a su vez, bajo la Carta de Naciones Unidas, se ha desarrollado un Sistema No Convencional, muy variopinto porque hay decenas de relatores y grupos de trabajo”.

Un ejemplo de estos mecanismos convencionales, es importante destacar que desde el pasado lunes 01 hasta el miércoles 03 de junio de 2015, Venezuela fue sometida a la evaluación de Naciones Unidas, pero en esta oportunidad por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en lo que respecta al cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, periodo en el cual las organizaciones de la sociedad civil pudieron presentar sus informes alternativos y reunirse con los miembros del Comité para aportar información y datos sobre la situación en el país de tales derechos.

Por otro lado, a finales del mes de junio, el 29 y 30, el Estado venezolano tendrá una nueva cita en Naciones Unidas, esta vez con el Comité de Derechos Humanos, bajo el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El 29 a partir de las 11:30 a.m. (hora de Ginebra), tendrá lugar la reunión informativa y privada con los institutos nacionales de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales. Mientras, en la tarde de ese mismo día, a las 3:00 p.m., será la primera audiencia pública de Venezuela. Posteriormente, el 30 a las 10:00 a.m. (hora de Ginebra) se llevará a cabo la segunda audiencia.

De modo que mirar hacia las Naciones Unidas significa mirar hacia el origen, hacia donde se generó el sistema de protección de los derechos humanos. Este sistema permite a los venezolanos pensar que de cierta forma, los ojos del mundo están puestos en el país a través de las Naciones Unidas.

Usted puede descargar nuestra reciente publicación, “La República Bolivariana de Venezuela ante el Sistema de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos” escrita por el Profesor Carlos Villán Durán, en nuestra página Web: www.cofavic.org

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28/01/ 2015 Importancia de la Organización de Naciones Unidas para la Protección de Derechos Humanos en Venezuela

COFAVIC (1)

La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional y, el 24 de octubre de ese mismo año, entró en vigor. Se firmó luego de una de las gestas más importantes de la historia de la humanidad; nació para luchar en contra de un sistema de opresión, contra la era nazi y fascista.

“Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resuelto:

A preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles,

A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas,

A crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional (…)”. (Carta de las Naciones Unidas, 1945).

La Carta de Naciones Unidas pone de manifiesto la importancia de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de toda la sociedad como condición para la paz y la seguridad internacional. A partir de ese momento, se pasó a una etapa donde el ser humano se convirtió en sujeto de derecho internacional, que puede invocar directamente y por sí mismo ante un órgano de la comunidad internacional. Posteriormente y a raíz de ello, se gestó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde fue reconocida tanto por religiones y corrientes políticas, la preminencia que tiene la dignidad de la persona frente al Estado. El Dr. Pedro Nikken comentó al respecto: “ya cuando la Guerra Fría había iniciado su curso, un momento donde se padecía el bloqueo a Berlín por parte de la Unión Soviética, que esa Declaración se haya producido hace que ese momento haya sido como una especie de ‘pentecostés laico’, en el que todos vieron la luz hacia la dignidad de la persona humana; factor que conglomeró a todas aquellas tendencias, gobiernos y gentes a adoptar aquel extraordinario documento único en la historia”.

Actualmente, las Naciones Unidas ofrecen diferentes mecanismos para brindar apoyo y protección a las víctimas lo que a su vez, conforma no una alternativa, sino un complemento al Sistema Regional de Derechos Humanos. Por lo que resulta trascendental conocer a fondo cómo funcionan sus mecanismos, puesto que este conocimiento se convierte en un hito importante en los venezolanos para defender mejor sus derechos, no solamente frente al Estado, sino también ante los casos que requieran unan protección internacional.

En el próximo mes de junio, Venezuela presenta sus informes ante dos de los Comités más importantes de derechos humanos. En primer lugar, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales durante el 2 y 3 de junio y, en segundo lugar durante el 29 y 30 de junio de 2015, el Comité de Derechos Humanos revisará el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este último, especialmente, habrá un debate importante dentro del ámbito de las Naciones Unidas, donde la sociedad civil organizada también hará acto de presencia y dejará oír su voz para que se conozcan más a fondo las diferentes problemáticas en derechos humanos que sufre el país.

Usted puede descargar nuestra reciente publicación, “La República Bolivariana de Venezuela ante el Sistema de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos” escrita por el Profesor Carlos Villán Durán, en nuestra página Web: www.cofavic.org

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21/05/2015 Venezuela ante instancias internacionales de Derechos Humanos, posibilidades de justicia para las víctimas y sus familiares

COFAVIC (1)

De acuerdo con el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Año 2014, en Venezuela ha ocurrido un severo debilitamiento en la protección de derechos humanos debido a la denuncia de la Convención Americana por parte del Estado venezolano, que entró en vigencia el 10 de septiembre de 2013. Aunado a ello, hay una notable desatención al cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, siendo catalogadas como inejecutables por considerarlas contrarias a la Constitución y, a su vez también existe una marcada confrontación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En medio de este contexto de contrariedad ante el sistema regional, resulta necesario conocer y familiarizarse con los diferentes mecanismos convencionales y no convencionales que posee el Sistema Universal de Derechos Humanos, para el seguimiento del cumplimiento de pactos, acuerdos y convenios internacionales en materia de derechos humanos y de protección a las víctimas por parte de los Estados que suscriben y se comprometen ante la ONU.

Las posibilidades de justicia nunca deben ser dejadas de lado. Las Organizaciones No Gubernamentales y las defensoras y defensores de derechos humanos tienen la importante misión de acompañar a las víctimas y sus familiares en la búsqueda de espacios y rutas que le conduzcan a la justicia y reparación, que lamentablemente, no pueden encontrar en el ámbito de una jurisdicción nacional. Por ello, COFAVIC unió esfuerzos junto con la Asociación Española por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) para la preparación de su nueva publicación: “La República Bolivariana de Venezuela ante el Sistema de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos”, escrita por el muy reconocido profesor Carlos Villán Durán, presidente de la AEDIDH y antiguo miembro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El prólogo de la publicación estuvo a cargo del también reconocido jurista venezolano, Dr. Pedro Nikken, abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, juez y ex -presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien catalogó la obra como “excelente en el plano académico y, además, de ser un libro cuya publicación es muy útil y oportuna para quienes trajinamos con los derechos humanos en Venezuela”.

Para las víctimas agrupadas en COFAVIC, sin duda, el camino hacia la justicia internacional permitió no sólo dar a conocer la gravedad de los hechos ocurridos durante los sucesos de febrero y marzo de 1989, sino también una oportunidad para que las víctimas fueran escuchadas. Para Yris Medina, esposa de Wolfang Quintana, exponer su testimonio ante la Comisión Interamericana en 1998 constituyó “una gran oportunidad para mostrar la verdad y ser oídas con respeto por una instancia independiente. Luego de 26 años, la Corte Interamericana ha sido el único tribunal que ha emitido una sentencia condenatoria sobre los hechos del Caracazo”. Ello es un buen ejemplo de lo importante que puede ser para las víctimas y para la sociedad tener un espacio para alcanzar la justicia. Los efectos de la impunidad trascienden el plano individual por lo que todos debemos ser dolientes cuando se cierran los espacios para denunciar.

Esta obra constituye una herramienta primordial para todos aquellos defensores y defensoras de DDHH, y en especial, es una de las más grandes contribuciones académicas de COFAVIC para fortalecer las enseñanzas en universidades e institutos de formación. Y lo más importante, busca contribuir con el afianzamiento de la protección de víctimas, que son el sujeto último y la razón de ser del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el eje de acción de COFAVIC.

Denunciar y no renunciar ha sido uno de nuestros principales gritos de lucha contra la impunidad por 26 años, gracias a ello, se ha brindado ayuda a numerosas víctimas. Si las instancias nacionales no brindan respuestas efectivas y oportunas, el camino hacia la justicia internacional representa una opción para que tanto los Estados como la sociedad, reafirmen su compromiso con los principios democráticos y los derechos humanos. No se puede permitir que la violencia e impunidad tengan la última palabra.

El libro “La República Bolivariana de Venezuela ante el Sistema delas Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos” está disponible en nuestra página Web: www.cofavic.org.

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14/05/2015 El Informe Anual 2014 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la aparición de Venezuela en capítulo sobre graves violaciones de DDHH

COFAVIC (1)

El pasado 7 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe Anual 2014 que contiene información completa y relevante acerca de su trabajo durante ese año. Con la publicación de dicho informe, la Comisión busca promover el cumplimiento de sus decisiones, asegurar el acceso a las víctimas y rendir cuentas sobre las acciones llevadas a cabo.

Al igual que en otras oportunidades, Venezuela volvió a aparecer en el Capítulo IV, el cual recoge los países que por diversas razones enfrentan situaciones que afectan seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales, consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana. Este criterio incluye: situaciones graves de violencia que dificultan el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho; graves crisis institucionales; procesos de reforma institucional que afectan derechos humanos; u omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos humanos.

La Comisión concluyó que en el año 2014 en Venezuela, el goce y disfrute de los derechos humanos enfrentó restricciones legales y administrativas debido a las modificaciones en las normativas de los últimos años. Asimismo, la CIDH observó que “la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana”. A su vez, alertó sobre actos de violencia en contra de periodistas y medios de comunicación, así como las declaraciones de altos funcionarios públicos que tienen el efecto de deslegitimar y criminalizar el trabajo de defensores de derechos humanos. Además consideró que los altos grados de impunidad que se han registrado en el país, las graves situaciones de inseguridad y violencia son elementos que igualmente, afectan al ejercicio de los derechos humanos, a la vida e integridad de los venezolanos.

En otras líneas, la Comisión también abordó la situación sobre las manifestaciones públicas entre febrero y mayo de 2014, expresando su “profunda preocupación ante los hechos de violencia que tuvieron lugar en el contexto de protestas públicas, así como por la situación del derecho a la protesta pacífica, al derecho de asociación, y a la libertad de expresión”. En el informe se incluyó información sobre las muertes violentas y detenciones que tuvieron lugar en el contexto de las manifestaciones y las denuncias recibidas a nivel nacional e internacional sobre presuntos actos de tortura contra las personas detenidas.

Durante el año 2014, COFAVIC presentó información a la CIDH sobre casos en los que los manifestantes habrían recibido disparos de goma y plomo a corta distancia, denuncias sobre personas detenidas que fueron obligadas a desnudarse y se les habría amenazado de muerte, de lesionar a algún familiar o de llevarlas a cárceles de alta peligrosidad. Por otro lado, también reportaron situaciones en las que, presuntamente, se utilizó sustancias tóxicas como gasolina y gas pimienta, descargas eléctricas y amenazas de violencia sexual.

Además, la Organización también presentó ante la Comisión, casos en donde las personas detenidas objeto de lesiones no contaron con una asistencia médica adecuada, lo que impidió la documentación de las supuestas lesiones de acuerdo con los procedimientos legales y los estándares internacionales en la materia.

Por otro lado, la CIDH en su informe también abordó la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, que de acuerdo con un informe presentado ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas por una coalición de ONG, instituciones académicas y sociedad civil organizada, se documentaron 208 casos de ataques a defensores entre 2010 y marzo 2014, de los cuales 71 estuvieron dirigidos a ONG, defensores de derechos humanos y miembros de comités de víctimas.

Ante este panorama, la Comisión en su informe reiteró que “los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan”. Conjuntamente, emitió una lista de recomendaciones para el Estado venezolano en diferentes ámbitos, tales como: seguridad ciudadana, administración de justicia, situación de defensoras y defensoras de derechos humanos, derechos de las mujeres, entre otros.

En líneas generales y entre lo más resaltante la CIDH recomendó al Estado tomar medidas para garantizar la seguridad ciudadana y consiguiente disminución del nivel de homicidios; capacitación de los servidores públicos en temas de protección y respeto a los derechos humanos, así como delimitar la participación de la fuerza armada en acciones de orden público. En cuanto a la administración de justicia exhortó al Estado a garantizar la “separación e independencia de los poderes públicos y, en particular, adoptar medidas urgentes para asegurar la independencia del poder judicial (…)”.

Mientras en el ámbito de defensoras y defensores de derechos humanos, la Comisión instó a que se garanticen las condiciones para que puedan realizar libremente sus actividades sin legislaciones que limiten u obstaculicen su trabajo.

En el país es necesaria una cultura de memoria ante violaciones de derechos humanos, puesto que permite a los pueblos reafirmar su identidad, evitar que se repitan los crímenes e impulsa y contribuye a tomar acciones preventivas al respecto. El derecho a conocer la verdad sobre cualquier violación de derechos humanos no se limita solo a las víctimas o a sus familiares, sino que también corresponde a todos los venezolanos, puesto que la lucha por los derechos humanos es de toda la sociedad democrática.

 

07/05/2015 El delito de desaparición forzada de personas

COFAVIC

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Naciones Unidas, 2006) en su artículo 2, define lo siguiente: “(…) Se entenderá por ‘desaparición forzada’ el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la Ley”.

Para la Asamblea General de las Naciones Unidas (1992), “las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad”.

El secuestro y las desapariciones forzadas permiten a quienes llevan adelante estas acciones, actuar fuera de la ley con un total control sobre las víctimas y sus familiares, que con los limitados recursos y pruebas que les quedan de sus allegados, transforman sus vidas y, muchas veces, las orientan en búsqueda de respuestas por parte de las autoridades, además de rogar y elevar plegarias por el porvenir de sus familiares, que pueden también ser expuestos a torturas y tratos crueles y degradantes por parte de sus captores.

Para Amnistía Internacional (1994), la desaparición, la tortura y ejecuciones extrajudiciales, por lo general, se presentan conjuntamente. La víctima es secuestrada, torturada para obtener información y, en gran parte de los casos, finalmente es ejecutada. Posteriormente, el cuerpo es arrojado en un lugar público o abandonado, sin que se logren identificar los autores y las circunstancias de los hechos.

Un caso emblemático de desaparición forzada de personas ocurridas en Venezuela, litigado por COFAVIC junto a la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas y el Centro por la Justicia Internacional (CEJIL), además de ser conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue el Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela, relativo a la desaparición de Oscar Blanco, Roberto Hernández y José Fernández en el mes de diciembre de 1999 en el estado Vargas.

El 21 de diciembre de 1999 una comisión del Batallón de Infantería Paracaidista irrumpieron en la casa del señor Oscar José Blanco Romero, lo detuvieron y lo golpearon. Posteriormente fue entregado a funcionarios de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y hasta la fecha sus familiares no han obtenido información sobre su paradero. Del mismo modo el 21 de diciembre de 1999 el señor José Francisco Rivas Fernández se encontraba en un albergue para las familias damnificadas por las inundaciones en el Estado Vargas cuando efectivos militares procedieron a detenerlo y golpearlo. El señor José Francisco Rivas Fernández fue trasladado por una comisión militar hacia un sector denominado “Quebrada Seca”. Desde esta fecha tampoco se conoce el paradero del señor José Francisco Rivas Fernández. Igualmente, el 23 de diciembre de 1999 el señor Roberto Javier Hernández Paz se encontraba en casa de su tío cuando funcionarios de la DISIP ingresaron a ésta sin orden escrita de allanamiento y lo detuvieron, siendo obligado a salir de la misma en forma violenta. Desde esta fecha no se conoce el paradero del señor Roberto Javier Hernández Paz.

Tal como quedó expresado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Fondo, Reparaciones y Costas, de fecha 28 de noviembre de 2005, el Estado Venezolano reconoció su responsabilidad internacional respecto de los hechos y pretensiones contenidos en la demanda y en el escrito de solicitudes y argumentos. Los derechos violados reconocidos por la Corte en el caso fueron: Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos); Artículo 4.1 (Derecho a la vida); Artículo 5.1, 5.2 (Derecho a la integridad personal); Artículo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 (Derecho a la libertad personal); Artículo 8.1 (Garantías judiciales); Artículo 25 (Protección judicial); Artículos I.a y I.b, X y XI (Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada); Artículos 1, 5, 6, 7 y 8 (Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura).

Entre las medidas de reparación otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el presente caso destacan: i. El Estado debe llevar a cabo investigaciones y procesos judiciales efectivos e imparciales sobre las tres desapariciones forzadas que ocurrieron en el caso, que lleven al esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables; ii. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para localizar el paradero de Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández a la mayor brevedad. En caso de que sean halladas sin vida, dichas medidas deben orientarse a entregar los restos mortales a sus familiares, para que sean sepultados de la forma que lo crean conveniente. En este evento, el Estado debe brindar las condiciones necesarias para trasladar los restos al lugar de elección de sus familiares y proveerles sepultura digna, sin costo alguno para los referidos familiares.

Con respecto a las garantías de no repetición: i. El Estado debe adoptar, en concordancia con los artículos 7.6, 25 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para que el recurso de hábeas corpus en Venezuela pueda ser ejercido de manera eficaz en situaciones de desaparición forzada, ii. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para reformar, dentro de un plazo razonable, su legislación penal a efectos de compatibilizarla con los estándares internacionales de protección de la persona en relación con la desaparición forzada de personas; iii. El Estado debe implementar, en los cursos de formación y capacitación de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, un programa sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, en particular la prohibición de la desaparición forzada, la tortura y el uso desproporcionado de la fuerza, tomando en cuenta la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, como una manera de prevenir que sucedan nuevamente hechos como los de este caso.

 La desaparición forzada de personas ha sido reconocida como uno de los delitos más graves en materia de violaciones a los derechos humanos. El alcance de su impacto trasciende a las víctimas y sus familiares, afecta al tejido social en su conjunto y deja heridas simbólicas muy profundas que son transmitidas de generación en generación.

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30/04/2015 Actuación policial y protección al derecho a la vida

COFAVIC

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana, por ser el presupuesto esencial para el ejercicio de los demás derechos. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de este derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes (fuerzas de seguridad del Estado) atenten contra él”.

Sin embargo, en los últimos años se ha registrado un aumento alarmante en la tasa de muertes violentas en el país. Según el Informe 2014 del Observatorio Venezolano de Violencia, hubo 82 homicidios por cada 100 mil habitantes. Lo que ubicó a Venezuela en el segundo puesto de los países más violentos a nivel mundial. Una cifra alarmante, que en su interior comprende muertes violentas no solo realizadas por grupos delictivos, sino también por fuerzas de seguridad del Estado, en especial, los cuerpos policiales.

En este sentido, de acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuela para el año 2003, observaron el ascenso de grupos de exterminio vinculados a las organizaciones policiales en diversos estados, los cuales ejecutaban a las víctimas en enfrentamientos presuntamente simulados, o en otros casos, arrestaban y trasladaban a las presuntas víctimas a la sede de detención policial, posteriormente aparecían sin vida, días después de su desaparición.

Para el año 2009 el Ministro de Interior y Justicia de ese período, aseveró que “una quinta parte de los crímenes registrados en el país era cometidos por funcionarios policiales, lo que representaba entre el 15% y 20% del total de homicidios”.

 No obstante, la Constitución responde y dicta las acciones correspondientes ante tales situaciones. En primer lugar, en su artículo 43 establece que “el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla (…). Conjuntamente, en el artículo 29 dispone que “el Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades (…). Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.

Asumiendo que en el artículo 23 de la Constitución se consagra que: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

Asumiendo que el artículo 30 de la Constitución se consagra expresamente que: “El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a su derecho habiente, incluido el pago de daños y perjuicios. El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo. El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños cuasados”.

Recomendaciones COFAVIC:

Garantizar que los órganos policiales y los organismos de articulación en materia de seguridad ciudadana, tengan un carácter estrictamente civil y profesional e todos sus niveles jerárquicos con clara diferenciación tanto institucional como conceptual de la labor de prevención delictiva y de la investigación criminal.

Aplicar la disposición Transitoria Octava del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía de Inestigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses sobre la obligación de que los organismos en ella mencionados adopten las medidas necesarias para identificar, estudiar y evaluar los procedimientos administrativos y judiciales en materia penal y por violación de derechos humanos en contra de los funcionarios o funcionarias policiales de los órganos de investigación policial a los fines de garantizar la celeridad y eficacia de dichos procedimientos.

Aplicar efectivamente el proceso de destitución establecido en la Ley del Estatuto de la Función Policial y en la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de investigación cuando la acusación interpuesta por el Ministerio Público haya sido admitida por el Tribunal respectivo, por denuncias que sobre los funcionarios o funcionarias se formulen por la comisión de hechos punibles especialmente por aquellos que impliquen presuntas violaciones al derechos a la vida, integridad personal o desaparición forzada de personas.

La Corte Interamericana es competente para conocer el presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, en razón de que Venezuela es Estado Parte desde el 9 de agosto de 1977 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 24 de junio de 1981. Por su parte, el 10 de septiembre de 2012 Venezuela denunció la Convencion Americana, la cual entró en vigor el 10 de septiembre de 2013. De acuerdo con el artículo 78.2 de la Convención10, la Corte es competente para conocer del presente caso, tomando en cuenta que los hechos analizados son anteriores a la entrada en vigor de la denuncia de la Convención.

1) la alegada problemática de ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes policiales en Venezuela; 2) las amenazas recibidas de parte de agentes policiales.

2) En el presente caso, la Comisión Interamericana especificó que “ha seguido de manera cercana y ha identificado cómo el contexto en el cual se ubican estos casos, incluido el presente, es una problemática de ejecuciones extrajudiciales principalmente por parte de funcionarios policiales en las regiones. Esta problemática tiene carácter estructural en tanto obedece a múltiples factores y refleja graves falencias en el diseño institucional de la policía, la ausencia de mecanismos de control independientes y efectivos, y la grave situación de impunidad en que quedan este tipo de casos. Esta caracterización se encuentra confirmada por las propias autoridades estatales, como se dijo, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República47. En similar sentido se refirieron los representantes al indicar que en Venezuela existe una “práctica de detenciones ilegales y arbitrarias, seguidas de ejecuciones extrajudiciales, así como el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza atribuible a las policías nacionales y regionales”48. Por su parte, el Estado manifestó que “[e]n cuanto al interés de las ONG´s venezolanas e internacionales en querer acusar al Estado venezolano de la existencia de ejecuciones extrajudiciales, en caso[s] anteriores [se ha] demostrado que desde que asumió el gobierno el Comandante Presidente Hugo Chávez Frías se tomaron las medidas necesarias para revertir esta situación” y “que en Venezuela no es una política de Estado […] justificar ejecuciones extrajudiciales desde que el presidente Hugo Chávez Frías llegó al poder en el año 1999”.

3) La observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva)147, conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción148 . 123. La Corte recuerda que en todo caso de despliegue de la fuerza, en el que agentes estatales hayan producido la muerte o lesiones de una persona, corresponde analizar el uso de la fuerza.

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23/04/2015 La participación de instituciones nacionales de DDHH y sociedad civil en la sesiones de revisión del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 2015

COFAVIC (1)

Este año el Estado Venezolano debe marcar en el calendario una serie de fechas importantes para resaltar sus esfuerzos en la protección de los derechos humanos. En esta oportunidad dentro de pocos meses, específicamente desde el 29 de junio al 24 de julio, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas celebrará el 114º período de sesiones de revisión del cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en donde examinará su informe.

En esta importante fecha, El Comité en un clima de diálogo público y con la participación de los representantes del Estado, se encargarán de revisar el informe exhaustivamente. Sin embargo, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) también cuentan con un espacio para presentar información ante esta instancia, con la finalidad de promover un consenso y diálogo constructivo con las llamadas instituciones nacionales de derechos humanos (INDH).

Los temas que se abordarán en la mencionada revisión, están recogidos en la lista de cuestiones difundida en fecha 20 de noviembre de 2014 por el Comité de Derechos Humanos, relativa al cuarto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela. En dicha lista, se solicita al Estado Venezolana información sobre la aplicación de las disposiciones del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos ante los tribunales nacionales (Artículo 1 y 2). También deberá presentar información relativa al marco legislativo y normativo que prohíbe toda discriminación, directa o indirecta, así como las estrategias vigentes para hacer frente a la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, incluidas las medidas para prevenir los asesinatos, agresiones y amenazas a este colectivo (Artículos 2, 3 y 26).

Adicionalmente, deberá explicar sus avances en las siguientes áreas: protección del derecho a la vida, violencia contra la mujer, prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes y lucha contra la impunidad (arts. 2, 6 y 7). Asimismo, la eliminación de la esclavitud, la servidumbre y los trabajos forzados (art. 8).

En otro apartado, serán revisados los esfuerzos del Estado con respecto al derecho a la libertad y seguridad personal; derechos de las personas privadas de libertad (arts. 9 y 10), así como, la libertad de pensamiento, conciencia y religión (art. 18); y libertad de opinión y de expresión, de reunión y asociación (arts. 19, 21 y 22).

Igualmente, se hará mención a las medidas para la protección de los menores (art. 24) y los derechos de las minorías (art. 27) tal como es el caso de las comunidades indígenas en Venezuela. Específicamente sobre las acciones emprendidas para asegurar la investigación pronta e imparcial de actos de violencia e intimidación hacia ellos.

Durante la revisión del informe presentado por el Estado, las Organizaciones de la Sociedad Civil solo tendrán la oportunidad de presenciarlo y no intervenir, tal como ocurrió en la reciente revisión que realizó el Comité contra la Tortura ONU el pasado mes de noviembre de 2014. Allí, se le brindó un espacio a las ONG de DDHH de Venezuela, en una reunión privada en la cual los miembros del Comité contra la Tortura realizaron preguntas y aclaraciones sobre el contenido de los informes alternativos presentados por estas en dicha oportunidad.

La lista de cuestiones las realizan los Comités de Naciones Unidas, con la ayuda de la secretaría teniendo en cuenta toda información disponible que sea fiable, tanto de origen oficial como no gubernamental. Estos informes son preparados con suficiente tiempo de anticipación para que el grupo de expertos, pueda redactar de manera pertinente dicha lista que deberá ser respondida y aclarada por cualquier país.

En este sentido, la labor de las Organizaciones de la Sociedad Civil resalta puesto que, abren espacios para la investigación, el debate y el monitoreo de cumplimiento por parte de una Nación de instrumentos de protección de derechos humanos, asegurando el establecimiento de un sistema universal de principios, basados en la dignidad y el respeto a la persona.

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