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A 25 años de la masacre del Retén de Catia no se ha cumplido con sentencia de la Corte Interamericana

A 25 años de la masacre del Retén de Catia, Cofavic recuerda la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del año 2006, que fijó pautas destinadas a evitar la repetición de crímenes en las cárceles venezolanas, como los que ocurrieron el 27 y 28 de noviembre de 1992 en el internado judicial de Los Flores, más conocido como Retén de Catia en la parroquia Sucre de Caracas. Sin embargo, el balance hoy en día, es que no se ha cumplido  ninguna de  las medidas ordenadas al  Estado venezolano ni ningún otro punto resolutivo de la sentencia.

No se han identificado los restos de las personas desaparecidas ni se han entregado esos restos a los familiares. Nadie ha sido condenado ni enjuiciado por este caso donde resultaron asesinadas unas 63 personas.

Tampoco se ha adecuado la legislación interna a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza ni se ha puesto en funcionamiento un cuerpo de vigilancia penitenciaria de carácter civil. Por el contrario, se ha profundizado la militarización de las cárceles y aún se presentan graves situaciones  de hacinamiento, dificultad en el acceso a alimentación y a medidas de protección de salud mínimamente adecuadas. Hoy día existen grupos armados civiles que controlan algunas cárceles con la tolerancia y aquiescencia del Estado, sometiendo a los privados de libertad a graves niveles de vulnerabilidad y sufrimiento, en ocasiones incluso la muerte.

Los hechos donde murieron los reclusos ocurrieron durante el segundo intento de golpe militar en contra del entonces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, en horas de la madrugada. Mientras el intento de golpe tenía lugar, en el interior del Internado Judicial de los Flores Catia, se produjo una situación confusa durante la cual murieron aproximadamente 63 personas en circunstancias aún no aclaradas.

De acuerdo con informaciones aportadas por familiares de las víctimas y reconocidas por Amnistía Internacional,  la mayoría de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales, luego de que cuerpos de seguridad del Estado dispararan indiscriminadamente contra la población penal. Según informaron familiares y testigos a Cofavic, poco después de escuchar por radio del intento de golpe militar, los guardias abrieron las puertas del recinto carcelario y anunciaron que la población penal estaba en libertad. De allí en adelante todo fue un caos. Después, cuando intentaron retomar el orden ya no fue posible y los funcionarios dispararon en contra de los reclusos. La mayoría de los internos afirmó que se recluyó en sus celdas, para resguardar su vida.

A las 4 de la mañana me llamaron para que viera en la televisión el asunto del Golpe. Luego en la radio comenzaron a decir que estaban matando a los presos en el Retén de Catia. Una conocida que vive cerca me llamó para decirme que habían matado a mi esposo. Mi hija, que entonces tenía 21 años, se fue para allá y lo vio en el piso, muerto. Lo reconoció por la ropa. Pero se tuvo que esconder, porque empezaron a dispararles también a los familiares. Considero que lo ocurrido fue incorrecto, porque él estaba pagando un delito y no se escapó, sino que le dijeron que se fuera porque el gobierno se había caído. Lo obligaron a escaparse, como quien dice”, afirmó la señora Nellys Madriz, esposa de Víctor Javier Montero Aranguren, asesinado en la llamada “masacre del Retén de Catia”, el 27 de noviembre de 1992.

La señora Madriz asistió al LXXI Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina en abril de 2006. Durante esa audiencia la Corte Interamericana escuchó los argumentos de los peticionarios y del Estado sobre el tema, además de testigos y peritos.

Nellys Madriz dijo en su momento que la vida de su familia y la de ella cambió por completo a partir de 1992. “Cualquier persona puede cometer un error, en todo caso mi esposo ya estaba pagando por el suyo. No tenían por qué matarlo como a un perro, porque en Venezuela no existe la pena de muerte”.

En Cofavic recordamos la masacre del Retén de Catia porque estamos convencidos de que para lograr que los graves crímenes contra los derechos humanos no se repitan, es indispensable recuperar la verdad y vencer el olvido, el miedo y la impunidad.

El rescate de la verdad debe romper con el silenciamiento de los hechos y el encubrimiento de los victimarios y sobre todo deben evitarse nuevas exclusiones y actos de discriminación  que solo sirven para re victimizar y perpetuar la impunidad.

La reparación integral que las víctimas merecen, después de una violación a sus derechos, no se limita a una indemnización económica, sino que debe apuntar fundamentalmente al restablecimiento de la verdad, la aplicación de la justicia y la implementación efectiva de las garantías mínimas de no repetición.

La verdad, la reparación y la reconciliación no se pueden imponer y mucho menos plantearse dejando de lado casos emblemáticos e históricos que están en la memoria colectiva del país, como lo es el caso de la masacre del Retén de Catia.

Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a cofavic@gmail.com  o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

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La violencia de género es prevenible

Los especialistas lo tienen muy claro. Para combatir la violencia contra la mujer, cuyo día internacional se celebra cada 25 de noviembre, la prevención es determinante y un factor clave. Clara Alemann, experta en género del Banco Interamericano de Desarrollo, asegura que ninguna intervención de respuesta a posteriori podrá contrarrestar este fenómeno. Es necesario empezar antes de que ocurra para evitar la repetición.

Eso significa que no basta con comenzar la prevención en el matrimonio, ni en el noviazgo, ni siquiera en la niñez. El trabajo debe iniciarse, incluso, en la generación anterior. Investigaciones recientes han demostrado, además,  que el maltrato afecta a todos los sectores sociales y países, y que hay una correlación directa entre quienes vieron o sufrieron violencia y las probabilidades de reproducirla y, también, de padecerla.

Entonces, ¿cómo prevenir esa violencia que de alguna manera se ha heredado de una generación a otra? Lo ideal es que se  evite en el seno del hogar, para que los hijos no la aprendan y la reproduzcan.  

Con estas premisas, las políticas de prevención de violencia de género  tienen un importante papel en la fase, casi siempre conflictiva, de la adolescencia. De hecho, se ha demostrado que funcionan algunos programas destinados a disminuir los maltratos, sean físicos o psicológicos, que comienzan a aparecer en las primeras relaciones sentimentales. De esa manera se evita en el futuro la transmisión de la violencia a los hijos de estos jóvenes.

Hoy en día se sabe que los niños que ven violencia en casa son más propensos a ejercerla después. Pero no solo eso: el riesgo de sufrirla en la edad adulta entre las niñas que viven en esos entornos se multiplica por 2,5. “No se sabe al 100% la razón, pero la hipótesis es que si crecen en ese ambiente piensan que es la forma normal de resolver conflictos. Hay encuestas a mujeres adultas en Latinoamérica que dicen que el 16% piensan que la violencia contra ellas mismas es aceptable bajo ciertas circunstancias”, señala Andrew Morrison, jefe de la división de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

Ese porcentaje es todavía superior si se atiende a los adolescentes de todos los países en desarrollo: casi la mitad de las jóvenes de entre 15 y 19 años cree que en ocasiones se justifica, según el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y las Niñas de Unicef, con datos recolectados entre 2005 y 2016.

Sea cual sea la razón, lo cierto es que una de cada tres mujeres en el mundo es víctima de maltrato por parte de su pareja a lo largo de su vida. Y que el 38% de los asesinatos a mujeres los cometen sus parejas, según datos de la Organización Mundial de la Salud (nota descriptiva  Violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer, noviembre 2016).

En efecto, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo y es considerada la forma más extrema de discriminación. En los casos más graves, esa violencia puede provocar la muerte. Según datos del Informe Mundial sobre Violencia de Unicef, referidos a 87 países y recolectados entre 2005 y 2016, el 19% de las mujeres, de entre 15 y 49 años de edad, dijeron que habían experimentado violencia física o sexual, o ambas, a manos de su pareja en los 12 meses anteriores a ser preguntadas sobre este asunto. En 2012, casi la mitad de las mujeres víctimas de un homicidio intencional en todo el mundo fueron asesinadas por su pareja o un familiar, en comparación con el 6% de los varones.

Es importante entender que la violencia contra las mujeres es un asunto público y es un crimen tipificado como tal en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No existen los crímenes por amor u honor, ni los crímenes personales. Son transgresiones, son violaciones a los derechos humanos, es violencia de género. Así se le debe llamar.

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada.

Abarca, sin carácter limitativo, “la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada; y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra”.

El Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999 y se celebra el 25 de noviembre de cada año. Los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales son invitadas a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer.

El principal objetivo es recordarle al mundo que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. Que es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género.

En Venezuela, pese a esas desigualdades que persisten, son las mujeres, representadas en madres, hermanas, abuelas e hijas,  las que acuden a los organismos de investigación a exigir justicia, protección y reparación frente a los daños causados.  Además, el esfuerzo organizativo ha sido, particularmente, dirigido por mujeres motivadas por la necesidad de exigir el establecimiento de la verdad, la justicia y la reparación en casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, en rechazo a prácticas de tortura y detenciones arbitrarias, así como a favor del apoyo a las mujeres víctimas de violencia.

Es por ello que todas las actividades de COFAVIC poseen como eje transversal la perspectiva de género, porque permite profundizar, de manera diferenciada en los efectos que este tipo de violaciones a los derechos humanos dejan en las víctimas y la sociedad.  

Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a cofavic@gmail.com  o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

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La tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es respeto

La tolerancia es una virtud, con una doble perspectiva: moral y política. En realidad es una virtud de la democracia porque el respeto a los demás, la igualdad de todas las creencias y opiniones, la convicción de que nadie tiene la verdad ni la razón absolutas, son el fundamento de la tolerancia. “Sin la virtud de la tolerancia, la democracia es un engaño, pues la intolerancia conduce directamente al totalitarismo” (Victoria Camps Virtudes públicas, 1990).

La tolerancia es la aceptación consciente y positiva de las diferencias culturales, políticas o morales (de grupos estables organizados o de personas individuales) porque representan otras formas de pensamiento o de acción, sin que esto suponga una renuncia a las propias convicciones ni ausencia de compromiso personal.

La tolerancia a veces es mal entendida como la necesidad de aguantar, soportar, resistir, sufrir, consentir, permitir, cuando
en realidad el acto de tolerar conlleva una actitud caracterizada por el esfuerzo para reconocer las diferencias y comprender al otro, es decir, reconocer su derecho a ser distinto. “La tolerancia hace posible la diferencia; la diferencia hace necesaria la tolerancia” (Michael Walzer, Tratado sobre las tolerancia, 1998).

Lamentablemente, desde la infancia se enseñan y refuerzan nociones ligadas a prejuicios y rigidez en las propias creencias e ideas, vistas como las únicas válidas y que impiden el reconocimiento del otro. A veces, solo por ignorancia y por temor a lo desconocido, a otras culturas, religiones y naciones, a distintas formas de pensamiento, se practica la intolerancia.

La injusticia, la violencia, la discriminación y la marginalización son formas comunes de intolerancia, pero la educación es un elemento clave para luchar contra estas formas de exclusión y ayudar a los jóvenes a desarrollar una actitud independiente y un comportamiento ético. La diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias no debe ser motivo de conflicto sino una riqueza valorada por todos.

De allí que la Organización de Naciones Unidas se comprometiera a fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos, imperativo presente en la base de la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En 1995, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) adoptaron una Declaración de Principios sobre la Tolerancia. La Declaración afirma, entre otras cosas, que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. La tolerancia reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros. La gente es naturalmente diversa; solo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades mixtas en cada región del mundo.

La Declaración describe la tolerancia no sólo como un deber moral, sino como un requerimiento político y legal para los individuos, los grupos y los estados. Sitúa a la tolerancia en el marco del derecho internacional sobre derechos humanos, elaborados en los últimos cincuenta años y pide a los Estados que legislen para proteger la igualdad de oportunidades de todos los grupos e individuos de la sociedad.

La Declaración de Principios sobre la Tolerancia la adoptó la Unesco el 16 de noviembre de 1995, y un año después, la Asamblea General invitó a los Estados Miembros a que cada año, en esa misma fecha, se observara el Día Internacional para la Tolerancia con actividades dirigidas tanto a los centros de enseñanza como al público en general.

La Declaración establece que una conducta tolerante implica un discernimiento individual para respetar y aceptar las diferencias raciales, políticas, sexuales y sociales de los demás. Asimismo, la tolerancia se encuentra estrechamente ligada al deber que tiene toda persona de respetar los derechos humanos de las otras personas. El derecho a la libertad e igualdad y la prohibición de la discriminación son derechos humanos reconocidos expresamente en tratados internacionales de los que Venezuela es parte.

El deber que todos tenemos de respetar los derechos de los demás no le resta responsabilidades al Estado, en el sentido de ser el garante y responsable último de la protección de los derechos humanos.

Por eso es importante que los Gobiernos protejan y promuevan una cultura de respeto por los derechos humanos, prohíban los crímenes y las prácticas discriminatorias contra las minorías, independientemente de que se cometan por organizaciones privadas, públicas o individuos.

Sin embargo, las leyes son necesarias pero no suficientes para luchar contra la intolerancia y los prejuicios individuales. Por eso es necesario poner énfasis en la educación y enseñar la práctica de la tolerancia y los derechos humanos, aunque la educación es una experiencia vital que no empieza ni termina en la escuela. Los esfuerzos para promover la tolerancia tendrán éxito si se aplican a todos los grupos en todos los entornos: en casa, en la escuela, en el lugar de trabajo, en el entrenamiento de las fuerzas del orden, en el ámbito cultural y en los medios sociales.

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Soy víctima y tengo derechos

El primer paso quizás sea el más difícil, pero también el más determinante: reconocerse como víctima de la violación de sus derechos y aceptar que merecen conocer la verdad de lo que ocurrió; que se investiguen los hechos para que se condene a los victimarios y se haga justicia, y, finalmente, que haya una reparación integral por los daños sufridos.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las víctimas son todas aquellas personas que han sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.

Son víctimas los jóvenes que sufrieron detenciones arbitrarias durante el contexto de protestas; los padres de los jóvenes que fueron asesinados, presuntamente, por funcionarios de cuerpos policiales en manifestaciones antigubernamentales; los padres de los jóvenes asesinados en zonas populares en el desarrollo de operativos de seguridad ciudadana, por solo mencionar tres ejemplos.

Todos, en situaciones diferentes, se convirtieron en víctimas y hoy se reconocen en el dolor y la compasión. Unos primeros, otros después, pero progresivamente todos asumirán  esa nueva condición que les permitirá transitar un camino transformador que les dará herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial, todo con el objetivo de que puedan mejorar su situación social, política, económica, psicológica o espiritual.

A la par, la víctima debe denunciar, apropiarse de su propio caso y velar por el seguimiento de la investigación. El artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), de hecho, define claramente los derechos  que tienen las víctimas:

1.-Presentar querella e intervenir en el proceso conforme a lo establecido en este Código.

2.-Ser informada de los resultados del proceso, aun cuando no hubiere intervenido en él.

3.-Solicitar medidas de protección frente a probables atentados en contra suya o de su familia.

4.-Adherirse a la acusación del fiscal o formular una acusación particular propia contra el imputado en los delitos de acción pública; o una acusación privada en los delitos dependientes de instancia de parte.

5.-Ejercer las acciones civiles con el objeto de reclamar la responsabilidad civil proveniente del hecho punible.

6.-Ser notificada de la resolución del fiscal que ordena el archivo de los recaudos.

7.-Ser oída por el tribunal antes de decidir acerca del sobreseimiento o antes de dictar cualquier otra decisión que ponga término al proceso o lo suspenda condicionalmente.

8.-Impugnar (anular) el sobreseimiento o la sentencia absolutoria.

El seguimiento del caso es vital. La víctima tiene el derecho de conocer los resultados de las investigaciones para lo cual es importante contar con una participación activa en el proceso. Algunas de las actividades que debe hacer son:

1.-Asistir semanalmente a los diferentes organismos (Fiscalía, Tribunales, Defensoría Pública y CICPC) encargados de la resolución del caso, con el objeto de obtener información actualizada del caso y registrarla.

2.-Abrir un archivo propio a través de una carpeta  de denuncia en la cual se va a recopilar toda la información que se obtenga y copia de las diligencias que se hayan realizado.

3.-Presentar solicitudes concretas a las autoridades competentes con relación a sus atribuciones.

4.-Ejercer los recursos a que haya lugar en el caso concreto.

La víctima, además, tiene  la posibilidad de informar a la opinión pública de lo ocurrido.  No basta con denunciar los hechos ante las autoridades; es necesario darlos a conocer ante la opinión pública por los medios que se tenga al alcance: periódicos, radio, televisión, boletines, volantes, etc.

También es importante reflexionar la situación con la comunidad.  Es conveniente reunir a los vecinos, compañeros de trabajo o de estudio para dialogar sobre la situación que se está viviendo, analizarla y buscar colectivamente alternativas para enfrentarla.

Todos esos caminos conducen a la verdad, a la justicia y a la garantía de que no se repitan los hechos que los convirtieron en víctimas. El derecho a la verdad, como bien lo ha resumido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, implica “conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos. Eso implica conocer la verdad completa y total en relación con los hechos, sus circunstancias específicas, la identidad de los responsables y partícipes, y sus motivaciones

En los casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales el derecho a la verdad tiene también una dimensión especial: conocer la suerte y el paradero de la víctima. Asimismo, la jurisprudencia y la doctrina internacionales consideran que la sociedad tiene también derecho a conocer la verdad acerca de las graves violaciones de derechos humanos. En efecto, el derecho a la verdad tiene también una dimensión colectiva: la sociedad tiene el derecho a conocer la verdad acerca de las graves violaciones de derechos humanos, las circunstancias en que fueron cometidas, los responsables de estas y sus motivos. El derecho a la verdad ha sido caracterizado como inalienable e imprescriptible tanto por instrumentos internacionales como por la jurisprudencia y la doctrina internacionales.

 

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Los efectos individuales y colectivos de la impunidad

La impunidad busca que la sociedad olvide y “cuando la historia se olvida, tiende a repetirse”

La impunidad es un fenómeno jurídico pero también cultural, social e institucional, que se evidencia cuando los organismos encargados de hacer justicia no procesan, ni castigan a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos. Un mecanismo que permite para los autores de graves violaciones a los derechos humanos ocultarse de la acción punitiva de una sociedad. Este hecho trae consigo una serie de consecuencias que se suman al evento traumático y doloroso vivido por las víctimas, tocando diferentes ámbitos de su vida.

Es también una ruta para evadir, impedir o sustraerse a la acción penal, especialmente cuando la impunidad se sitúa del lado de quienes representan el aparato del Estado o del poder. En esta situación de impunidad, donde las expectativas de las víctimas no se ven cumplidas, se genera más sufrimiento, daño y frustración, viendo sus derechos vulnerados nuevamente.

También la impunidad cumple un propósito: es un acto de violación a los derechos humanos; aporta un contexto posibilitador para su reiteración y favorece la repetición de violaciones a los derechos humanos; constituye un factor perpetuador del statu quo mediante su naturalización y puede llegar a ser entendida como una estrategia de poder, mediante la amenaza y el miedo, ya que impone  una forma de control social. Por lo que deja profundas huellas en las víctimas y en el tejido social.

La impunidad es también un proceso psicosocial multifactorial que presenta efectos a nivel individual como a nivel colectivo, los cuales tienen que ver con  el quiebre de la confianza básica en los otros y en el mundo que nos rodea, en ocasiones las personas deciden, ante el dolor, permanecer en silencio, aislándose, dificultando la superación del mismo,  queda una ausencia de información sobre lo ocurrido y la  incertidumbre sobre cómo queda nuestra vida y qué pasará con los responsables, ello produce una situación compleja y difícil de tolerar para quien lo padece. Junto con el silencio, la impunidad favorece la revictimización y la criminalización por medio de la inacción del Estado y los operadores de justicia, interfiriendo en la superación del daño emocional y psicosocial que produce la violencia.

Como forma de control social, tiene dos objetivos muy concretos: 1) actúa a través del miedo colectivo y 2) produce resentimiento social y deterioro del tejido social. Estos dos aspectos afectan significativamente la convivencia y rompen las relaciones de solidaridad a lo interno de las comunidades y/o grupos.

El silencio que impone el Estado, cuando promueve la impunidad culpabiliza a la víctima, haciéndola sentir erróneamente que es la responsable de lo sucedido, eximiendo de esta responsabilidad al victimario, situación que termina operando como una forma de opresión social, promoviendo y/o legitimando formas violentas de resolución de conflictos. La impunidad a nivel colectivo imposibilita que las personas puedan reconocerse como parte de un sistema que protege y defiende los derechos humanos.

Carlos Martín Beristain, psicólogo y autor de la obra ‘Diálogos sobre la Reparación’ (2008) propone que ante las violaciones graves a los derechos humanos y la impunidad; se reconozca públicamente la verdad y el sufrimiento de las víctimas como nueva forma de vinculación social, que se investiguen los hechos y se atienda a las víctimas. Así mismo, enfatiza que es necesario el desmantelamiento de los mecanismos que mantienen y posibilitan la impunidad y la violencia, dignificando a las víctimas e impulsando medidas para el mantenimiento de la memoria histórica y la reconstrucción del tejido social.

El accionar de la memoria actúa como antídoto contra la impunidad y la imposibilidad de olvidar lo sucedido, los procesos colectivos de memoria histórica contribuyen de manera determinante en que lo vivido no se olvide, para que no se repita. La posibilidad de construir la memoria colectiva implica un posicionamiento que es decisivo para la reapropiación del pasado y la posibilidad de construir un futuro como persona y como sociedad.

La lucha contra la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos en el mundo nos ha dejado grandes aprendizajes y uno muy importante es que  mientras se mantengan las voces de las víctimas, no habrá discurso, ni orden alguna desde el poder, que silencie el dolor de quien exige el reconocimiento de su dignidad, convirtiéndose en ejemplo para generaciones.

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Hacer justicia a la víctima es reconocerle su pleno derecho de ciudadanía

Hace 28 años nació el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic). Madres, esposas, hijas, hermanos  de desaparecidos y personas asesinadas  comenzaron a encontrarse en las inmediaciones de la morgue de Bello Monte con el interés común de encontrar a sus familiares muertos.  Continue reading

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La ejecución extrajudicial: un patrón de violación al derecho a la vida y al debido proceso

Se reconoce conceptualmente como una ejecución extrajudicial cuando se consuma la privación  arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga.  Continue reading

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Las Relatorías, su estructura, características y funciones

Los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas son mandatos para presentar informes y asesorar sobre derechos humanos a países que, por circunstancias especiales, lo necesiten. Ese sistema abarca a todos los derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Continue reading

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Todas las personas tienen derecho a expresar sus preferencias ideológicas con la garantía del Estado

El Consejo Nacional Electoral (CNE) reiteró que las elecciones regionales se celebrarán el domingo 15 de octubre. Ese día, 18.094.065 electores inscritos en el Registro Electoral escogerán a los gobernadores de los 23 estados del país. Continue reading