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Protección a mujeres y niñas víctimas de violencia: una deuda del Estado venezolano

La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas.

Desde 1981, militantes y activistas en favor del derecho de la mujer designaron el 25 de noviembre como día de protesta y conmemoración contra la violencia de género. La fecha fue elegida para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano, Rafael Trujillo (1930-1961).

El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer a través de la resolución 48/104, lo que marcó el primer paso hacia la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo. Finalmente, el 7 de febrero de 2000, la Asamblea General adoptó la resolución 54/134, y designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Por su parte, en el ámbito interamericano también se realizó un esfuerzo para establecer por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, que se vio materializado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”. Este tratado interamericano de derechos humanos ha dado pauta para la adopción de leyes y políticas sobre prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres en los Estados Parte de la Convención, formulación de planes nacionales, organización de campañas e implementación de protocolos y de servicios de atención, entre otras iniciativas; y ha sido un aporte significativo al fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El mencionado tratado fue firmado por Venezuela el 16 de enero de 1995 y entró en vigor el 05 de marzo de 1995.

La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.

De acuerdo con el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Pará), se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica, o cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio de la mujer, y que comprende entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b) que tenga lugar en la comunidad y que sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación y abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o en cualquier otro lugar y c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra.

Por otra parte, en el artículo 7 de la mencionada Convención se establece los deberes de los Estados en la condena a todas las formas de violencia contra la mujer, entre los cuales destacan:  a) abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;  b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c) incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d)  adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e) tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f) establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g) establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y h)  adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.

Venezuela cuenta con una Ley Especial contra sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que data de 2007, cuya última reforma es del año 2014, además de la disposición constitucional que prohíbe la discriminación entre hombres y mujeres. La realidad de la sociedad venezolana y las investigaciones realizadas al respecto, revelan que la igualdad es meramente formal ante un escenario en el que la discriminación persiste en todos los contextos.

Primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre violencia de género en Venezuela:

Por primera vez en su historia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José de Costa Rica, sanciona a un Estado por el delito de tortura y esclavitud sexual cometido por un particular.

En efecto, después de más de 17 años de espera, Linda Loaiza, mujer venezolana sobreviviente de tortura y otros abusos a manos de un criminal, logró un importante avance hacia la justicia, la que le fue negada en su país, a través de un fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que declaró responsable al Estado venezolano por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, integridad personal, prohibición de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, prohibición de esclavitud, libertad personal, garantías judiciales, dignidad, autonomía y vida privada, circulación y residencia, igualdad ante la ley y protección judicial.

En la sentencia, publicada el viernes 16 de noviembre, la Corte Interamericana concluyó que el Estado, por su inhabilidad en prevenir o investigar los hechos mientras ocurrían, es responsable al haber posibilitado la esclavitud sexual y torturas de Linda Loaiza.

La Corte Interamericana determinó que existió un marco normativo discriminatorio y un uso excesivo de estereotipos en el proceso legal interno, lo que re victimizó a Linda Loaiza y perjudicó sus posibilidades de conseguir justicia en su país.  La Corte reconoció que esto, aunado a la tipificación inadecuada del delito de tortura, influyó en una condena menor a su agresor. Por último, la Corte consideró inefectivas las medidas de protección y la investigación de las amenazas y hostigamientos hacia Linda Loaiza López Soto, sus familiares y abogado.

En la sentencia se ordena al Estado venezolano sancionar a los responsables por los hechos de tortura y violencia sexual y también a los responsables de obstaculizar la búsqueda de justicia. Se impone la adopción de protocolos para la investigación y atención integral de mujeres víctimas de violencia; la implementación de los Tribunales de Violencia contra la Mujer en cada capital de los estados venezolanos; la incorporación al currículo nacional del Sistema Educativo Nacional de un programa de educación de género permanente, con el nombre de “Linda Loaiza”, y la recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional.

Como se recordará, el 27 de marzo de 2001, López fue secuestrada, violada y torturada durante casi cuatro meses en un departamento en el este de Caracas. Linda, entonces de 18 años de edad, fue golpeada salvajemente, quemada con cigarrillos, mordida, abusada sexualmente, privada de alimentos y sometida a otros actos crueles. Las secuelas de tal atrocidad provocaron que estuviera un año hospitalizada y se sometiera a 15 cirugías, incluyendo una reconstrucción de los labios, nariz, pabellón auricular y la vagina.

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La igualdad debe ser un eje transversal en la agenda parlamentaria

El pasado miércoles 7 de diciembre COFAVIC organizó el Conversatorio sobre Gobernabilidad, Mujeres y Parlamento. Principales conquistas y desafíos de la labor parlamentaria de las mujeres en Venezuela.

La primera ponencia: Voluntad de los Poderes Públicos para abrirle espacios a las Mujeres: un recorrido por las conquistas de espacio en Venezuela, le correspondió a Virginia Olivo de Celli, presidenta del Centro de Investigación Social Formación y Estudios de la Mujer (CISFEM).

Luego intervinieron Lilia Arvelo, docente, exdiputada y miembro del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres (OVDHM) e Isolda Heredia de Salvatierra, exdiputada y Coordinadora Nacional del OVDHM. Ambas hicieron un recorrido por la historia reciente del país y la lucha que lideraron desde el Parlamento por la igualdad junto a otras destacadas mujeres.

El evento contó con la presencia de una representación de diputadas en ejercicio, entre ellas, Manuela Bolívar, María Teresa Pérez, Milagros Sánchez y Yajaira Castro.

La clausura del conversatorio estuvo en manos de la luchadora sindical Haydee Deutsch y de Liliana Ortega, abogada y fundadora de COFAVIC.

El encuentro fue una disertación sobre el aporte de las mujeres en el pasado y en el presente en temas de gobernabilidad democrática y parlamento. La reunión sirvió para reflexionar y recordar las distintas estrategias de incidencia e interlocución que se presentaron dentro y fuera de los partidos políticos, a favor de políticas públicas que aseguraran la protección integral a las mujeres y la familia en Venezuela.

Pero, sobre todo, el Conversatorio fue una buena oportunidad para reafirmar valores democráticos, la importancia de la educación y la participación ciudadana y política de las mujeres, así como  del trabajo en conjunto  y el compromiso por la igualdad entre mujeres y hombres en el país.

Virginia Olivo de Celli señaló en su intervención que a las mujeres organizadas y luchadoras las suelen considerar feministas. “Lo importante no es el nombre, sino el compromiso”. Destacó la importancia del primer Plan Nacional de Mujeres y otras reivindicaciones en las décadas de los años 80 y 90, las cuales sentaron importantes bases para la protección de la familia, todas producto del compromiso de cientos de mujeres en todo el país que valientemente entendían la importancia de promover políticas públicas a favor de la igualdad y equidad. Destacó la pluralidad, un ingrediente fundamental en la toma de decisiones.

Olivo de Celli señaló que los movimientos de mujeres deben ser autónomos para trabajar con agendas propias y enfatizó que en el país se requieren instituciones fuertes para que el país salga adelante.

La docente, gremialista y exdiputada, Lilia Arvelo Alemán, habló de la importancia del trabajo en equipo en la lucha por las reivindicaciones sociales de las mujeres y recordó su condición de docente y su especial interés por las mejoras salariales y laborales de sus colegas.  78% de los integrantes de la carrera docente son mujeres y ella llegó a presidir el Colegio de Profesores de Venezuela. Arvelo fue una de las primeras mujeres en ser presidenta de importantes comisiones en el antiguo Congreso Nacional, llegó a ser Presidenta de la Comisión Bicameral de los Derechos de la Mujer y Presidenta de la Comisión de Política Interior. Invitó a la audiencia a mantenerse firme en sus principios, puesto que las luchas son complejas y llenas de muchas tentaciones.

Isolda Heredia Salvatierra, economista, exdiputada y Coordinadora Nacional del OVDHM, dedicó su participación a su madre que la enseñó desde pequeña a ser una mujer contestataria. También a los jesuitas que le fomentaron el compromiso de por vida de servir a los demás, a los más desfavorecidos.

Heredia de Salvatierra habló de la importancia de la educación en valores impartida desde la infancia y recordó su época de lucha en la universidad, durante la dictadura de Pérez Jiménez, antecedentes que le permitieron luego comprometerse con el trabajo parlamentario y continuar la lucha por las reivindicaciones de las mujeres.    Heredia también formó parte de la Comisión Bicameral para los Derechos de la Mujer y recordó  el importante trabajo parlamentario de mujeres de distintas posturas políticas en la promulgación de importantes leyes, tales como la reforma al Código Civil en que se consagra la igualdad jurídica de la mujer en el matrimonio,  la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer promulgada en 1993, la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la familia, entre otras.

Las diputadas en ejercicio invitadas al evento fueron receptivas a todas las intervenciones, puesto que las experiencias narradas son aportes invaluables para su gestión actual.

Manuela Bolívar habló de articular ideas y de mantener presente todo lo que se logró en el pasado. Cree que es fundamental la inclusión y la perspectiva de género en los debates parlamentarios. “Tenemos que diseñar un camino incluyente en la Asamblea Nacional”, dijo.

Una posición similar expresó la médico y diputada larense María Teresa Pérez para quien la perspectiva de género se logra con trabajo sostenido y compromiso. Actualmente esta diputada preside la Sub-Comisión de Mujer e Igualdad de Género en la Asamblea Nacional.  Reafirmó el compromiso de esta instancia con las mujeres.

Milagros Sánchez se refirió a la importancia de la educación como forma de impulsar el cambio social, mientras que Yajaira Castro se enfocó en lo fundamental de impartir valores en la formación familiar. Esa base moral le permitió desarrollar su carrera de 24 años en la Policía Metropolitana y su lucha posterior por la defensa de los derechos humanos de los presos políticos.

El cierre del evento lo compartieron la sindicalista Haydee Deutsch y la activista de derechos humanos Liliana Ortega.

Deutsch, recordó sus inicios en la lucha sindical en el barrio Los Sin Techo de Caracas y como toda esa formación inicial le sirvió luego para llegar a las cúpulas del poder laboral en el país. “La educación, los valores y que las acciones sean creíbles deben configurarse como la reserva de todo el que se considere un luchador social”, dijo Haydee Deutsch.

Liliana Ortega, abogada y fundadora de COFAVIC, tuvo la responsabilidad de hacer el epílogo del conversatorio. Dijo que el momento actual amerita que construyamos una agenda de país, y que la inclusión es la única vía para que Venezuela pueda reencontrarse.

En ese proceso de reconstrucción es fundamental contar con referentes inspiradores, con experiencias de vida solventes, con idearios, justo lo que ofrecieron las ponentes del conversatorio en sus intervenciones ante la audiencia.

“La lucha por la igualdad es un tema que convoca y compromete, y no podemos olvidar que el impacto de la impunidad afecta sobre todo a las mujeres. Por eso es tan importante que en la agenda parlamentaria esté presente el tema de la igualdad como eje transversal. Por ejemplo, hay que tipificar la violencia sexual como un tipo de tortura”.

Liliana Ortega recordó la importancia de establecer garantías de no repetición de los hechos y esa debe ser una política de Estado y destacó que los esfuerzos de la sociedad deben tener como foco a los sectores populares. “Esa es una lucha impostergable de los Derechos Humanos”, dijo.

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Aplicación de estándares de investigación judicial en casos de feminicidios

Aunque en Venezuela existe un marco normativo vigente sobre violencia contra la mujer y se ha reconocido legalmente como un delito público, un asunto de derechos humanos, de salud pública y educación, lamentablemente, no existen planes ni acciones concretas para reducirla y/o erradicarla. La impunidad sigue presente y el número de mujeres y niñas víctimas sigue en ascenso. Continue reading

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Comunicado público: Caso Linda Loaiza pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Primer caso sobre violencia de género, registrado en Venezuela, que será conocido por un tribunal internacional de derechos humanos

Caracas, 4 de Noviembre de 2016.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) juzgará, por primera vez en su historia, la denuncia de una venezolana por un caso de violencia contra las mujeres que incluye violencia sexual, así como la re-victimización y discriminación en la investigación llevada a cabo por las autoridades venezolanas. Continue reading