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Soy víctima y tengo derechos

El primer paso quizás sea el más difícil, pero también el más determinante: reconocerse como víctima de la violación de sus derechos y aceptar que merecen conocer la verdad de lo que ocurrió; que se investiguen los hechos para que se condene a los victimarios y se haga justicia, y, finalmente, que haya una reparación integral por los daños sufridos.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las víctimas son todas aquellas personas que han sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.

Son víctimas los jóvenes que sufrieron detenciones arbitrarias durante el contexto de protestas; los padres de los jóvenes que fueron asesinados, presuntamente, por funcionarios de cuerpos policiales en manifestaciones antigubernamentales; los padres de los jóvenes asesinados en zonas populares en el desarrollo de operativos de seguridad ciudadana, por solo mencionar tres ejemplos.

Todos, en situaciones diferentes, se convirtieron en víctimas y hoy se reconocen en el dolor y la compasión. Unos primeros, otros después, pero progresivamente todos asumirán  esa nueva condición que les permitirá transitar un camino transformador que les dará herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial, todo con el objetivo de que puedan mejorar su situación social, política, económica, psicológica o espiritual.

A la par, la víctima debe denunciar, apropiarse de su propio caso y velar por el seguimiento de la investigación. El artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), de hecho, define claramente los derechos  que tienen las víctimas:

1.-Presentar querella e intervenir en el proceso conforme a lo establecido en este Código.

2.-Ser informada de los resultados del proceso, aun cuando no hubiere intervenido en él.

3.-Solicitar medidas de protección frente a probables atentados en contra suya o de su familia.

4.-Adherirse a la acusación del fiscal o formular una acusación particular propia contra el imputado en los delitos de acción pública; o una acusación privada en los delitos dependientes de instancia de parte.

5.-Ejercer las acciones civiles con el objeto de reclamar la responsabilidad civil proveniente del hecho punible.

6.-Ser notificada de la resolución del fiscal que ordena el archivo de los recaudos.

7.-Ser oída por el tribunal antes de decidir acerca del sobreseimiento o antes de dictar cualquier otra decisión que ponga término al proceso o lo suspenda condicionalmente.

8.-Impugnar (anular) el sobreseimiento o la sentencia absolutoria.

El seguimiento del caso es vital. La víctima tiene el derecho de conocer los resultados de las investigaciones para lo cual es importante contar con una participación activa en el proceso. Algunas de las actividades que debe hacer son:

1.-Asistir semanalmente a los diferentes organismos (Fiscalía, Tribunales, Defensoría Pública y CICPC) encargados de la resolución del caso, con el objeto de obtener información actualizada del caso y registrarla.

2.-Abrir un archivo propio a través de una carpeta  de denuncia en la cual se va a recopilar toda la información que se obtenga y copia de las diligencias que se hayan realizado.

3.-Presentar solicitudes concretas a las autoridades competentes con relación a sus atribuciones.

4.-Ejercer los recursos a que haya lugar en el caso concreto.

La víctima, además, tiene  la posibilidad de informar a la opinión pública de lo ocurrido.  No basta con denunciar los hechos ante las autoridades; es necesario darlos a conocer ante la opinión pública por los medios que se tenga al alcance: periódicos, radio, televisión, boletines, volantes, etc.

También es importante reflexionar la situación con la comunidad.  Es conveniente reunir a los vecinos, compañeros de trabajo o de estudio para dialogar sobre la situación que se está viviendo, analizarla y buscar colectivamente alternativas para enfrentarla.

Todos esos caminos conducen a la verdad, a la justicia y a la garantía de que no se repitan los hechos que los convirtieron en víctimas. El derecho a la verdad, como bien lo ha resumido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, implica “conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos. Eso implica conocer la verdad completa y total en relación con los hechos, sus circunstancias específicas, la identidad de los responsables y partícipes, y sus motivaciones

En los casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales el derecho a la verdad tiene también una dimensión especial: conocer la suerte y el paradero de la víctima. Asimismo, la jurisprudencia y la doctrina internacionales consideran que la sociedad tiene también derecho a conocer la verdad acerca de las graves violaciones de derechos humanos. En efecto, el derecho a la verdad tiene también una dimensión colectiva: la sociedad tiene el derecho a conocer la verdad acerca de las graves violaciones de derechos humanos, las circunstancias en que fueron cometidas, los responsables de estas y sus motivos. El derecho a la verdad ha sido caracterizado como inalienable e imprescriptible tanto por instrumentos internacionales como por la jurisprudencia y la doctrina internacionales.

 

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Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a coordinacionprensa@cofavic.org, cofavic@gmail.com  o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

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La población civil no es un objetivo militar

La expresión asistencia humanitaria se ha utilizado para referirse a la ayuda que se ofrece a las víctimas de conflictos, o derivadas de los mismos (hambrunas, epidemias) y de crisis de carácter humanitario debido a catástrofes naturales.  Según la Corte Internacional de Justicia, la ayuda humanitaria permitida durante los conflictos armados se define “como el suministro de alimentos, ropa, medicamentos y otra asistencia humanitaria, y no incluye el abastecimiento de armas, sistemas de armas, municiones, u otros equipos, vehículos, o materiales que puedan usarse para provocar lesiones graves o la muerte”.

Con motivo de la celebración del Día Mundial, que se conmemoró el pasado 19 de agosto, las organizaciones humanitarias unieron sus voces para reiterar una vez más que la población civil atrapada en un conflicto no debe ser objetivo de los ataques. A través de una campaña mundial se insistió en la importancia de defender a los más vulnerables en las zonas en guerra, y se elevó petición para que los líderes mundiales hagan todo lo posible para proteger a los civiles.

En esta oportunidad desde COFAVIC queremos rendirles tributo a las y los trabajadores que arriesgan sus vidas llevando ayuda humanitaria a otros y al importante apoyo que brindan a las personas afectadas por las crisis en todo el mundo.

La población civil no es un objetivo militar, es el principio fundamental de la ayuda humanitaria. Atrapados en guerras que no han causado, millones de civiles se ven obligados a esconderse o huir para salvar sus vidas. Los niños dejan la escuela, las familias abandonan sus hogares y las comunidades ven afectados sus vínculos referentes de confianza e identidad,  mientras el mundo no hace lo suficiente para detener ese sufrimiento. Por su parte, las y los trabajadores sanitarios y humanitarios, que ponen sus vidas en peligro para atender a las víctimas de la violencia, se convierten cada vez más en objetivo de los ataques.

En un informe sobre la protección de civiles, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió que se respete el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, así como la protección de los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios y sanitarios, y las obras públicas.

En el mismo documento, Guterres señaló que los conflictos armados están desgarrando grandes extensiones del mundo y un número sin precedentes de personas necesitan asistencia humanitaria y protección.

Un 97% de la asistencia humanitaria se destina a situaciones de emergencia complejas, la mayoría de ellas en conflictos armados.  A nivel mundial, más de 65 millones de personas han sido desplazadas por un conflicto, la violencia o la persecución. Más de 20 millones de personas, entre ellas 1,4 millones de niños, están al borde de la hambruna en Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y el Yemen. Al mismo tiempo, en la comunidad internacional existe un creciente sentimiento de fatiga, e incluso de resignación, al abordar el sufrimiento de los civiles en los conflictos.

Todas las partes estatales y no estatales en un conflicto deben respetar el Derecho Internacional Humanitario y todos los Estados deben asegurar ese respeto. Sin embargo, en muchos conflictos, las partes incumplen sus obligaciones y expresan desprecio por la vida y la dignidad humana, a menudo con impunidad.

Se da muerte a civiles en forma habitual en ataques directos e indiscriminados. A medida que el conflicto se vuelve cada vez más urbanizado, la repercusión sobre los civiles se hace aún más atroz. La violencia sexual destruye vidas y socava la cohesión de la comunidad. Estos horrores se ven exacerbados cuando los civiles se ven privados de artículos y servicios básicos de socorro, y a veces se encuentran incluso sitiados durante meses. Ante tal grado de brutalidad, millones de civiles se ven obligados a huir de sus hogares en busca de seguridad.

El Secretario General de las Naciones Unidas señala que su prioridad es resolver los conflictos y consolidar una paz sostenible. A largo plazo, la mejor manera de proteger a los civiles es abordar las causas profundas de los conflictos, promover los derechos humanos y el estado de derecho, fortalecer la gobernanza y las instituciones e invertir en un desarrollo incluyente y sostenible.

Sin embargo, a veces los intentos de prevenir un conflicto fracasan y sólo queda  proteger la vida y la dignidad de los civiles atrapados en un conflicto. A este respecto, se plantean claramente tres prioridades de protección en los conflictos.

En primer lugar,  se debe reforzar el respeto del Derecho Internacional Humanitario y las normas internacionales de derechos humanos y promover la buena práctica entre las partes en conflicto.

En segundo lugar, se debe proteger la misión humanitaria y médica y dar prioridad a la protección de los civiles en las operaciones de paz de las Naciones Unidas.

En tercer lugar, se debe evitar el desplazamiento forzado y buscar soluciones duraderas para los refugiados y los desplazados internos. Estas prioridades de protección están interrelacionadas y se refuerzan mutuamente.

Es fundamental que la acción humanitaria permanezca apartada de objetivos políticos o militares y que se lleve a cabo de conformidad con los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.

Los Estados Miembros no deben obstaculizar los esfuerzos de los agentes humanitarios por interactuar con todas las partes pertinentes, incluidos los grupos armados no estatales, y operar en las zonas bajo su control.

Dentro de este marco de actuación, los trabajadores y los bienes humanitarios deben ser respetados y protegidos.

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Derecho a la verdad implica que se haga justicia, que no haya impunidad, y que exista una verdadera reparación a las víctimas

El derecho a la verdad surgió como concepto jurídico en los ámbitos nacional, regional e internacional y se refiere a la obligación de los Estados de proporcionar información a las víctimas, a sus familiares o a la sociedad sobre las circunstancias en que se cometieron violaciones graves de los derechos humanos. Continue reading

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La denuncia y las garantías de no repetición

Ante violaciones graves de los Derechos Humanos como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas o tortura es importante denunciar. La denuncia busca que se haga justicia y se sancione a los responsables. De esta manera se establecen precedentes que contribuyen a prevenir nuevos hechos de violencia. Continue reading

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Foro por la Vida exige garantías y seguridad para la Consulta Soberana

(Caracas, 12.07.2017) La Coalición de organizaciones de derechos humanos venezolana, Foro por la Vida, en defensa de los derechos a la participación política, reunión, manifestación, asamblea, y a la libertad de expresión, reconocidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los instrumentos Internacionales sobre derechos humanos, exige a los funcionarios de los distintos poderes del Estado, que se abstengan de adoptar iniciativas que entorpezcan el normal desarrollo de la Consulta Soberana, prevista  para el 16 de julio de 2017. Continue reading

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Por el derecho de las víctimas a conocer la verdad

“Varios pueblos de América Latina han, en su historia reciente, conocido y sufrido el flagelo y crueldad de la tortura, los tratos inhumanos o degradantes, las ejecuciones sumarias y arbitrarias o extra-legales, y las desapariciones forzadas de personas. La búsqueda de la verdad —como lo ilustran los casos de desaparición forzada de personas— constituye el punto de partida para la liberación así como la protección del ser humano; sin la verdad (por más insoportable que ésta venga a ser) no es posible libertarse del tormento de la incertidumbre, y tampoco es posible ejercer los derechos protegidos. […]

Antônio Augusto Cançado Trindade, abogado brasileño, profesor universitario, juez en la Corte Internacional de Justicia

Verdad y justicia activaron, en su momento, la acción de la comunidad internacional ante los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en el siglo pasado. La verdad, como elemento fundamental en el proceso social de construcción de memoria colectiva y para la garantía de no repetición, junto con la justicia, fueron determinantes para la creación del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. (El 20 de noviembre de 1945 comenzó el proceso de Nuremberg contra ocho organizaciones hitlerianas y 24 dirigentes nazis, acusados de crímenes de guerra). Continue reading