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09/07/2015 La situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela

La labor de los defensores y defensoras de derechos humanos es un pilar fundamental para la profundización y existencia de la democracia y el Estado de Derecho. En Venezuela, la legislación asegura el derecho de asociación y garantiza el derecho a la participación ciudadana mediante diversos mecanismos. Continue reading

La impunidad institucionalizada, el eje transversal de las violaciones a los derechos humanos

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El próximo 29 y 30 de junio será revisado en Naciones Unidas por el Comité de Derechos Humanos, el cumplimiento por parte del Estado Venezolano del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El Estado estará presente en las audiencias y deberá responder a los cuestionamientos de los Comisionados. A su vez, la sociedad civil organizada también tendrá la oportunidad de participar presentando sus informes alternativos.

Para esta oportunidad, COFAVIC junto con otras 17 ONG que realizan su labor, en su mayoría en el interior del país, y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) presentaron un informe con el objetivo de visibilizar la situación de derechos humanos en Venezuela documentada gracias a un trabajo de base y con una preeminente atención a las víctimas.

Entre los temas que se abordan en dicho informe alternativo se destaca el tema de la impunidad en Venezuela, la cual ha sido sistemática e institucionalizada en casos de violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, durante el período 2006-2010 se registraron 30.000 casos de presuntas violaciones de derechos humanos, donde 93% de ellos culminaron en sobreseimientos, desestimaciones y archivo fiscal, 7% terminaron en acusaciones y de ese porcentaje, solo 4% tuvieron condenas, lo que supone una violación al derecho de la víctima a que se le garantice justicia, así como una reparación justa y adecuada. Por su parte, en el 2014 el Ministerio Público documentó el ingreso de 8049 casos de violación de derechos humanos, de los cuales en 105 se realizaron juicios, lo que representa el 1,3%, es decir, el 99% de los casos no llega a juicio.

Por otro lado, el informe reseña que las medidas gubernamentales en materia de Seguridad Ciudadana no han sido suficientes ni eficientes. Cifras provenientes de organizaciones de la sociedad civil, indican un progresivo incremento en las cifras de violencia. Para el Observatorio Venezolano de Violencia, se estima que el año 2014 cerró con 24.980 personas fallecidas, que representa una tasa de 82 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

Con respecto a violaciones al derecho a la vida y uso desproporcionado de la fuerza pública, destaca el incremento de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Durante el período de enero a diciembre de 2013, COFAVIC contabilizó en 23 estados del país, 802 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Igualmente, en el mismo período pero en el año 2014, registró 1018 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, contexto que ha sido reconocido por la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. A estos datos debe sumarse el incremento de la violencia política expresada de manera notable en el aumento sustancial de la criminalización de la protesta pública y el número de casos de violaciones a la integridad y libertad personal, ocurridas durante el contexto post-electoral en el año 2013 y las protestas estudiantiles en el período de febrero-mayo de 2014. Adicionalmente, en este contexto también se pudo documentar casos de detenciones arbitrarias y prácticas de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes en 9 estados del país.

En el tema de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes ocurridos en el contexto de protestas estudiantiles de febrero a junio de 2014, en cuanto al proceso de investigación, el Ministerio Público indicó que se presentaron 216 actos conclusivos relacionados con las 238 investigaciones iniciadas. De estos actos, existen 184 sobreseimientos, 19 archivos fiscales y 13 acusaciones, lo que implica que en 85% de los casos no se continuó con el proceso.

Entre otros puntos también destaca la situación de violación de sus derechos a los grupos específicos, tales como: mujeres y LGBTI. En el caso de mujeres, el Ministerio Público recibió 60 casos de feminicidio, de los cuales 42 se encuentran en fase de investigación, 14 en fase intermedia y solo 4 en fase de juicio. Además, se documentaron 70.763 causas ingresadas, 11.575 imputaciones y 482 juicios, lo que implica que, según cifras oficiales, en el año 2014 solo 0,7% de los casos llegaron a juicio. Por otro parte, en el tema de los grupos LGBTI, de acuerdo con información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014 se documentaron en 9 estados del país, 2 asesinatos de hombres gais, 19 mujeres trans, de los cuales sus restos han sido encontrados en lugares públicos.

Asimismo, el Comité de Derechos Humanos recibirá información relativa al deterioro de las garantías de trabajo de los defensores de derechos humanos en Venezuela. Es importante destacar que, actualmente, debido a la reciente reforma realizada vía decreto presidencial, del Código Orgánico Procesal Penal, se restringe severamente la facultad que tenían las asociaciones de defensa de los derechos humanos para presentar querella autónoma en casos donde participaran funcionarios, empleados públicos o agentes de fuerzas policiales como violadores de derechos humanos, dejándole esta posibilidad solo a la Defensoría del Pueblo, lo que reduce la tutela efectiva de protección por parte de los defensores a las víctimas de delitos tan complejos dentro del sistema procesal penal venezolano.

Ante toda la situación descrita sobre graves violaciones a los derechos humanos, en el informe también se incluyó un apartado con recomendaciones donde destaca la petición que el Estado adopte políticas de seguridad ciudadana, así como se derogue el decreto 008610 el cual norma el funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), permitiendo el uso de agentes químicos, el porte y uso de armas de fuego en el control de reuniones y manifestaciones públicas; lo cual es contrario a los estándares de derechos humanos y está en total contravención de las disposiciones 68 y 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A su vez, se recomendó la adopción de estrategias para el desarme y se adapte la legislación interna en materia de prevención y sanción de la tortura a estándares internacionales.

Las posibilidades de justicia nunca deben ser dejadas de lado. Las Organizaciones No Gubernamentales y las defensoras y defensores de derechos humanos tienen la importante misión de acompañar a las víctimas y sus familiares en la búsqueda de espacios y rutas que le conduzcan a la justicia y reparación y, Naciones Unidas pone de manifiesto la importancia de la protección de las libertades fundamentales como condición para la paz y seguridad internacional.

 

11/06/2015 El trabajo de los Comités de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos

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Los Estados Miembros de la Organización de Naciones Unidas ratifican o se adhieren a determinados tratados con los que asumen la responsabilidad jurídica de la aplicación de los derechos dispuestos en el mismo. Además, estos tratados disponen de la institución de un comité internacional de expertos independientes quienes velan por la aplicación de sus disposiciones. Existen nueve tratados de derechos humanos, los cuales crean obligaciones para que los Estados promuevan y protejan los derechos humanos.

Tras la ratificación del tratado, los Estados deben presentar informes periódicos al comité respectivo, en cuanto a las medidas que hayan tomado para la aplicación y correcto cumplimiento del mismo. En estos informes se debe dejar constancia de las medidas jurídicas, administrativas, judiciales que se hayan aplicado para cumplir con las disposiciones del tratado. Por último, el Comité respectivo en un período de audiencias, examinará los informes en presencia de una delegación de representantes del Estado que esté revisando.

No obstante, antes del período de sesiones, el comité confecciona una lista de cuestiones las cuales se transmiten al Estado Parte. Posteriormente, éstos suelen enviar por escrito sus respuestas que serán anexadas al informe. Por otro lado, además del informe y la lista de cuestiones con sus respectivas respuestas, los comités de los tratados reciben información de otras fuentes sobre la situación en general y la aplicación de las disposiciones de ese país. Esta información adicional es conocida como informes alternativos o informes sombra, los cuales pueden ser realizados por organizaciones intergubernamentales, ONG nacionales o internacionales, asociaciones de profesionales e instituciones académicas.

El Estado venezolano próximamente será sujeto de la revisión anteriormente explicada. A finales de este mes el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas examinará al país bajo el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, en donde se corroborará el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto al derecho a la vida, la integridad física y moral, las garantías procesales, entre otros. A partir del 29, comienzan las audiencias, siendo la primera privada y con las organizaciones de la sociedad civil, quienes llevarán sus respectivos informes alternativos a los comisionados. En esta oportunidad, una coalición de ONG de la ciudad de Caracas y el interior del país, entre las que se encuentra COFAVIC, estarán presentes a través de sus representantes en las audiencias y expondrán el informe alternativo que realizaron e conjunto. Ese mismo día, también habrá otra audiencia, pero en este caso será la primera en donde el Estado venezolano explicará su informe y tendrá que responder a los cuestionamientos de los comisionados. Seguidamente, el 30 continuarán las audiencias públicas del Estado, en las que igualmente, continuará aclarando puntos que el comité crea necesarios.

A la luz de toda la información disponible, el Comité examinará el informe junto con los representantes gubernamentales con la finalidad de dialogar de manera constructiva y ayudar al Gobierno en su obligación de aplicar el tratado. Sin embargo, es importante acotar que estos comités de tratados no son órganos judiciales, puesto que existen solo para vigilar la aplicación de los compromisos del Estado Parte, así como recomendarle la manera más idónea de cumplir con sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Pero, a pesar de no ser una institución judicial, la Organización de Naciones Unidas (ONU) es sumamente importante para la defensa de los derechos humanos, por lo que los Estados Parte deben asumir sus recomendaciones. De igual manera, para el Dr. Pedro Nikken, juez y ex-presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Las Naciones Unidas pone en relieve la importancia de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, como condición para la paz y la seguridad internacional. El Sistema de Naciones Unidas es un factor determinante frente la defensa de la dignidad del ser humano y la lucha en situaciones de caos a nivel mundial; por lo que la ONU representa una cúspide en la lucha por la dignidad del ser humano. ”

Posteriormente, el Comité tras dialogar con el Estado Parte y examinar toda la información remitida, los órganos de tratados aprueban lo que generalmente se denomina como observaciones finales, en donde se incluyen tanto los aspectos positivos con respecto a la aplicación del tratado, como también hace referencia a los ámbitos en el que el Comité recomienda tomar medidas adicionales para cumplir a cabalidad el tratado.

Es muy importante que el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos esté enfocado en abrir nuevas puertas para la defensa de los derechos de las víctimas, por lo que resulta trascendental conocer a profundidad y manejar todos los mecanismos internacionales disponibles para lograrlo.

No se debe premiar la violencia con la impunidad. No hay ningún plan de seguridad en el mundo que pueda realizarse si al delito se le garantiza impunidad.

Nuestro libro: “La República Bolivariana de Venezuela ante el Sistema de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos” aborda a profundidad el tema que se desarrolló anteriormente. Esta publicación está disponible en nuestra página Web: www.cofavic.org.

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Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a coordinacionprensa@cofavic.org o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

 

04/06/2015 El Sistema de Naciones Unidas: Mecanismos Convencionales y Extraconvencionales

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El pasado 21 de mayo de 2015, COFAVIC realizó la presentación pública de su nueva publicación titulada “La República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas”, elaborada por el Dr. Carlos Villán Duran, y en cuyo evento tuvimos la oportunidad de escuchar dos intervenciones magistrales a cargo de dos destacados juristas especialistas en Derechos Humanos. La semana pasada compartimos con ustedes fragmentos de la exposición realizada por el autor del prólogo Pedro Nikken. En esta oportunidad queremos rescatar algunos aspectos de los tratados por el también invitado especial, el Abogado Constitucionalista y experto en Derechos Humanos, Dr. Carlos Ayala Corao, quien desarrollo el tema “la importancia del uso y acceso al Sistema Universal en el contexto actual.

De acuerdo con el Dr. Carlos Ayala Corao, el Sistema de Naciones Unidas tiene dos grandes grupos de mecanismos de protección de derechos humanos: “Un grupo denominado mecanismos convencionales, es decir, aquellos que nacen con ocasión de la ratificación de un tratado de los derechos humanos. Y esos tratados crean a su vez, órganos que han venido evolucionando, pero que en definitiva se terminan agrupando en nueve comités especializados que permiten el acceso de los individuos a la protección internacional de derechos humanos. Y conjuntamente, en esos comités hay básicamente dos líneas de trabajo. La primera línea, tiene que ver con los informes que presentan los Estados sobre el cumplimiento de los tratados, de manera que el Comité monitoree como se ha dado cumplimiento a esos instrumentos. Asimismo, esos informes llevan también los informes sombra y los informes paralelos de la sociedad civil. Por lo que estos Comités no solo tienen la oportunidad de hacer preguntas y de recoger la información de los Estados, sino también de recoger la información de todos los informes y respuestas que presenta la sociedad civil nacional e internacional sobre ese país. Lo que permite conocer circunstancias, condiciones de casos y realizar recomendaciones al Estado”.

El Dr. Ayala Corao, más adelante expresó: “En este contexto, vale destacar la primera experiencia de involucramiento activo de la sociedad civil ante el sistema de Naciones Unidas, la cual tuvo lugar en noviembre de 2014, con el Informe del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, donde la sociedad civil venezolana hizo una presencia en alianza con organizaciones internacionales de derechos humanos. Allí, presentaron sus informes alternativos, estuvieron presentes en los debates y, posteriormente, salieron las recomendaciones del caso, que fueron con una contundencia y solidez particular. Es allí donde hay toda una línea de trabajo para concientizar a la comunidad internacional a través de la palabra autorizada de estos órganos que monitorean el cumplimiento de estos tratados, y que llevan a cabo esos análisis, esas conclusiones y esas recomendaciones a la luz pública. Aspecto muy importante, porque además de toda la actividad de todas las organizaciones de la sociedad civil, prácticamente los únicos informes de derechos humanos con una compresión global de la situación venezolana que venía saliendo en la última década, eran los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ahora de manera complementaria se refuerzan estos dos organismos”.

Adicionalmente el Dr. Carlos Ayala afirma que “esto nos abre alternativas en el litigio de casos a nivel internacional para la protección de las víctimas. Tenemos ese Sistema Convencional pero a su vez, bajo la Carta de Naciones Unidas, se ha desarrollado un Sistema No Convencional, muy variopinto porque hay decenas de relatores y grupos de trabajo”.

Un ejemplo de estos mecanismos convencionales, es importante destacar que desde el pasado lunes 01 hasta el miércoles 03 de junio de 2015, Venezuela fue sometida a la evaluación de Naciones Unidas, pero en esta oportunidad por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en lo que respecta al cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, periodo en el cual las organizaciones de la sociedad civil pudieron presentar sus informes alternativos y reunirse con los miembros del Comité para aportar información y datos sobre la situación en el país de tales derechos.

Por otro lado, a finales del mes de junio, el 29 y 30, el Estado venezolano tendrá una nueva cita en Naciones Unidas, esta vez con el Comité de Derechos Humanos, bajo el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El 29 a partir de las 11:30 a.m. (hora de Ginebra), tendrá lugar la reunión informativa y privada con los institutos nacionales de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales. Mientras, en la tarde de ese mismo día, a las 3:00 p.m., será la primera audiencia pública de Venezuela. Posteriormente, el 30 a las 10:00 a.m. (hora de Ginebra) se llevará a cabo la segunda audiencia.

De modo que mirar hacia las Naciones Unidas significa mirar hacia el origen, hacia donde se generó el sistema de protección de los derechos humanos. Este sistema permite a los venezolanos pensar que de cierta forma, los ojos del mundo están puestos en el país a través de las Naciones Unidas.

Usted puede descargar nuestra reciente publicación, “La República Bolivariana de Venezuela ante el Sistema de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos” escrita por el Profesor Carlos Villán Durán, en nuestra página Web: www.cofavic.org

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Pronunciamiento de ONG latinoamericanas sobre actos de hostigamiento

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Comunicado Oficial de 28 ONG de Latinoamericanas sobre actos de hostigamiento contra defensores de derechos humanos, presentado en la Ciudad de Panamá en el marco de La Cumbre de las Américas

7-04-2015. Venezuela está intimidando y hostigando a defensores y defensoras de derechos humanos y les ha acusado infundadamente de que estarían intentando desestabilizar la democracia en el país, indicaron hoy 28 organizaciones de derechos humanos internacionales y latinoamericanas. Los señalamientos de las autoridades se refieren a las funciones legítimas que ejercen estas organizaciones al documentar abusos y representar a víctimas ante organismos internacionales de derechos humanos.

Las autoridades venezolanas deberían desistir inmediatamente de esta táctica, expresaron las organizaciones. Los gobiernos que participarán en la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Panamá el 10 y 11 de abril de 2015, deberían exigir al gobierno de Nicolás Maduro que asegure que las defensoras y los defensores de derechos humanos puedan realizar su labor sin temor a sufrir represalias, dijeron las organizaciones.

La persecución del gobierno apunta claramente a desacreditar e intimidar a organizaciones que documentan violaciones de derechos humanos, indicaron las organizaciones.

El 12 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional y miembro del partido gobernante, Diosdado Cabello, indicó en la página web de su programa de televisión semanal Con el Mazo Dando, que se transmite por el canal estatal Venezolana de Televisión, que “representantes de ONG de la extrema derecha venezolana” participarían en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo. Cabello había criticado anteriormente a defensores venezolanos de derechos humanos que intervinieron en el examen del país realizado por el Comité contra la Tortura de la ONU en Ginebra, o que viajaron al exterior para participar en reuniones sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.

El 18 de marzo, durante su programa, Cabello leyó una lista con los nombres de personas y organizaciones que habían viajado a Washington D.C. para participar en audiencias ante la CIDH. La lista incluía a importantes organizaciones de derechos humanos como Provea, Espacio Público, Observatorio Venezolano de Prisiones, Transparencia Venezuela, Cofavic, Codevida y Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Cabello acusó a estas organizaciones de recibir instrucciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas antes de viajar a las audiencias.

Cabello sostiene que la información presentada en el programa había sido aportada por “patriotas cooperantes” anónimos.

Doce defensores y defensoras de derechos humanos que llegaron a Caracas en varios vuelos entre el 20 y el 22 de marzo afirmaron haber sido seguidos por personas no identificadas desde el momento del aterrizaje y hasta que salieron del aeropuerto. También afirmaron haber sido filmados o fotografiados, y/o que las autoridades registraron sus bolsos de manera irregular.

El 23 de marzo, María Alejandra Díaz, una abogada que representó al gobierno en las audiencias de la CIDH, manifestó en Venezolana de Televisión que “el tema de los derechos humanos no es otra cosa sino una fachada” y que las organizaciones no gubernamentales que participaron en las audiencias “se dicen venezolanas” pero “le han hecho el juego al imperialismo” y “mienten frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para satanizar a Venezuela”.

Un artículo publicado el 3 de abril en el periódico oficial Correo del Orinoco acusó a dos reconocidos defensores de derechos humanos de ser parte de la “delegación venezolana” de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense en la Cumbre de las Américas. Su objetivo sería “legitimar las acciones de desestabilización” en Venezuela, según el artículo.

Conforme al derecho internacional, los gobiernos deben asegurar que las defensoras y los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales innecesarios.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en 2003 que el “respeto de los derechos humanos en un estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen las defensoras y los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades”.

Si bien los derechos a la libertad de expresión y asociación pueden estar sujetos a limitaciones, estas deben ajustarse a estándares estrictos, de modo tal que no obstaculicen indebidamente el ejercicio de esos derechos. Toda restricción deberá imponerse por ley, debe ser necesaria en una sociedad democrática y proporcional al objetivo buscado.

En 2012, el Relator Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación instó a los países a garantizar “el disfrute de [estos] derechos de todas las entidades, registradas o no, y todas las personas” y asegurar que nadie sea objeto de “acoso, persecución, intimidación o represalias” por ejercer tales derechos.

Signatarios:

Amnistía Internacional

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) (Perú)

Asociación por los Derechos Civiles (ADC) (Argentina)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, A.C. (México)

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh) (México)

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) (Colombia)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

CIVICUS

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) (México)

Comisión Colombiana de Juristas (Colombia)

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) (Ecuador)

Comisión Internacional de Juristas

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Perú)

Corporación Humanas (Chile)

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Frontline Defenders / Fundación Internacional para la protección de los/las defensores/as de los derechos humanos

Fundación Myrna Mack (Guatemala)

Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) (Ecuador)

Human Rights Watch

Instituto de Defensa Legal (IDL) (Perú)

Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos (Brasil)

Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) (Uruguay)

Observatorio Ciudadano (Chile)

Organización Mundial Contra la Tortura

Robert F. Kennedy Human Rights

Servicio Internacional por los Derechos Humanos (ISHR)

Transparencia Internacional

Comisión Interamericana de derechos humanos

CIDH expresa su alarma ante intimidación en Venezuela

Comisión Interamericana de derechos humanos

Comunicado Oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

20 -03-2015.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su alarma ante los señalamientos, actos de intimidación y acciones de descrédito de las que son objeto algunas personas en Venezuela como consecuencia de ejercer su derecho a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La CIDH recibió información según la cual varias de las personas que acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a exponer sobre diversos temas de derechos humanos en Venezuela, habrían sido señalados por altas autoridades del Estado, y se habría divulgado información específica sobre su ubicación en determinados días y horarios.

Específicamente, el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en el programa de televisión del canal del Estado VTV “Con el mazo dando” emitido el 11 de febrero de 2015, mencionó a las personas que iban a participar en audiencias de la Comisión en marzo.

En el portal en Internet de dicho programa de televisión, esta información está publicada bajo el título ONG de la Extrema Derecha, cuadran con Comisionado de la CIDH, para sancionar el programa ‘Con el Mazo Dando’. Allí también se publican fotografías de seis defensores de derechos humanos, un logo de la Corte Interamericana, y, sobre la foto del Presidente de la Asamblea Nacional, una mira telescópica similar a la que se usa para apuntar a un blanco al utilizar un arma.

Los artículos refieren a la participación de Marco Antonio Ponce, del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVC); Rafael Uzcátegui, del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA); Ligia Bolívar, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); Carlos Nietos, de Una Ventana para la Libertad; Rocío San Miguel, de Control Ciudadano; Carlos Correa, de Espacio Público; Liliana Ortega, del Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), en las audiencias de la Comisión.

Adicionalmente, esta semana, en el portal en Internet de Radio Sur TV y del programa ‘Con el Mazo Dando’, se publicó la fecha y la hora de llegada al aeropuerto de Caracas de varias personas que participaron en audiencias y otros eventos del 154 Período de Sesiones de la CIDH.

En esta oportunidad, se reiteraron señalamientos contra las personas mencionadas en febrero, incluyendo Marco Ponce, Rafael Uzcátegui, Carlos Correa y Liliana Ortega, y también contra Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP); Aurelio Fernández Cochenzo, de Transparencia Venezuela; y Feliciano Reina, de CODEVIDA, bajo el título Marco Antonio Ponce (OVC) encabeza listado de las ONG que viajan a Washington DC y Miami para conspirar contra el Gobierno de Venezuela. El artículo señala que estas personas “salieron hacia el Imperio” e incluye una fotografía de una persona haciendo fila en el aeropuerto.

Igualmente la Comisión ha tenido conocimiento de que con anterioridad el presidente de la Asamblea Nacional y otros representantes gubernamentales de Venezuela han realizado declaraciones en contra de defensores y defensoras de derechos humanos por su papel en la observación y la denuncia de violaciones de derechos humanos en el país señalándolos de conspiradores, desestabilizadores, entre otros calificativos.

La Comisión Interamericana insta a los funcionarios públicos a abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos.

Es absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción de represalia que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. Tal como lo establece el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.

En este sentido, la Comisión insta al Estado a garantizar que las y los defensores puedan regresar de forma segura al país sin ser objeto de represalias por haber proporcionado información en audiencia o reuniones en el marco del Período de Sesiones de la Comisión Interamericana, y puedan así continuar libremente con sus labores de defensa de los derechos humanos.

La labor de defensoras y defensores es fundamental para la vigencia de un Estado de Derecho y de la democracia. Las y los defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta.

Las declaraciones estigmatizantes contra defensores y defensoras de derechos humanos restan credibilidad y legitimidad a su labor, atentan contra su rol esencial en la consolidación del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia y tiene un efecto disuasivo sobre la actividad de promoción y protección de los derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

09/04/2015 Situación de los defensores de derechos humanos en las Américas

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A comienzos del 2015, la organización Front Line Defenders presentó su Informe Anual titulado “Defensores/as de derechos humanos, en la cuerda floja”, en el que realizó un análisis detallado sobre el deterioro de la situación de los defensores de derechos humanos a nivel mundial durante el período de enero a diciembre de 2014. Ésta es una organización internacional dedicada a la protección de los defensores de los derechos humanos para que puedan continuar con su trabajo como agentes en pro del cambio social.

El informe destaca que la violencia siguió siendo la característica principal de los ataques dirigidos a los defensores de derechos humanos en América Latina y el Caribe. Además, la investigación resaltó que las amenazas de muerte y las agresiones físicas fueron las más denunciadas siendo Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Perú, los países en donde se documentó la mayor incidencia de esta situación.

Asimismo, recalcaron el despliegue de campañas de señalamiento y difamación, a través de declaraciones por parte de altos funcionarios públicos en medios de comunicación. El trabajo tomó como ejemplo el caso de Venezuela, destacando casos de ataques y actos de hostigamiento contra defensores de derechos humanos venezolanos, tal como fueron los casos de Humberto Prado del Observatorio Venezolano de Prisiones y las agresiones sufridas por el Sr. Luis Uzcátegui Jiménez en el estado Falcón.

La organización Front Line Defenders recomendó en su informe, que los gobiernos deben reconocer la vital importancia que tiene el trabajo de los defensores de derechos humanos, puesto que son actores que contribuyen a la construcción de sociedades justas e igualitarias.

Emma Achili, responsable de Front Line Defenders ante la Unión Europea, en Bruselas expresó que “es tiempo de que la nueva Comisión de la UE tome medidas firmes para defender a los/as DDH, la sociedad civil y la democracia dentro de sus fronteras y de que utilice todas las herramientas a su disposición”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su recién concluido 154º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo lugar del 16 al 23 de marzo de 2015, expresó que en algunos países continúan siendo generalizadas las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. A su vez, en la región sigue siendo extendida la práctica de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en cárceles y centros de detención. Además, los defensores y las defensoras de derechos humanos, así como también los periodistas son objeto de amenazas, hostigamientos y asesinatos, que en un alto porcentaje permanecen impunes.

Adicionalmente, el pasado 20 de marzo de 2015, en comunicado público expresó su preocupación ante los señalamientos y las acciones de descrédito de las que son objeto algunos defensores de derechos humanos en el país, al ejercer su derecho a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en dicho texto, la CIDH reitera la importancia que tiene la labor de los defensores de derechos humanos para la vigencia y fortalecimiento de un Estado de Derecho y de la democracia, puesto que persigue, principalmente, el porvenir y beneficio de la sociedad en general.

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Defensores de DDHH informaron haber sido objeto de intimidaciones

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Comunicado Oficial de Front Line Defenders

30 de marzo de 2015

 Venezuela – Nueva serie de actos de intimidación contra prominentes defensores/as de derechos humanos

Durante la semana pasada, varios defensores de derechos humanos informaron de haber sido objeto de intimidaciones y seguimiento en su viaje de regreso a Venezuela desde los Estados Unidos. Desde el 20 de marzo de 2015, varios prominentes miembros de organizaciones de derechos humanos han estado regresando de Washington D.C, donde asistieron al 154 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual tuvo lugar del 16 al 23 de marzo de 2015.

 El 23 de marzo de 2015, el Sr José Gregorio Guarenas, coordinador general de la Vicaría de Derechos Humanos en Caracas, aterrizó en el aeropuerto internacional Simón Bolivar en Maiquetía, donde fue seguido por hombres no identificados, quienes tomaron su fotografía sin su consentimiento. El 22 de marzo, la Sra Liliana Ortega, Presidenta del Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 – COFAVIC, fue seguida por cinco personas desconocidas cuando regresó a Venezuela a través del mismo aeropuerto.

Después de pasar los controles de inmigración sin problema alguno, al llegar a la puerta de llegadas del aeropuerto, Liliana Ortega se dio cuenta de que estaba siendo seguida por tres personas desconocidas, quienes parecían estar operando de manera conjunta con otras dos personas.

Dos de las personas – uno de los cuales tenía apariencia de estar armado – procedieron a seguir a la defensora de derechos humanos desde la puerta de llegada y en la salida del aeropuerto, hasta su coche. Mientras le seguían, tomaron su fotografía de una forma que le pareció intimidatoria.

 Antes de la llegada del vuelo de Liliana Ortega, cuatro de sus colegas de COFAVIC, quienes estaban esperándole en la puerta de llegada, observaron la presencia de estas cinco personas, quienes parecían estar monitoreando la llegada de su vuelo. Las personas fueron vistas entrando y saliendo del área restringida de la aduana del aeropuerto a pesar de no tener ninguna identificación visible y sin que ninguna autoridad del aeropuerto les requiriera su identificación.

Otros defensores de derechos humanos, quienes llegaron en el mismo vuelo que Liliana Ortega, incluyendo Humberto Prado Sifontes, director del Observatorio Venezolano de Prisiones OVP, y Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa Venezolano de Educación y Protección de los derechos humanos – PROVEA, han informado de que fueron acosados de la misma manera a su llegada al aeropuerto.

El 20 de marzo,  Jonathan Matheus de Venezuela Diversa y Quiteria Franco de la Red de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales de Venezuela, regresaron de Washington, donde asistieron a sesiones sobre temas LGBT en la CIDH y sufrieron también la misma forma de intimidación a su llegada al aeropuerto.

 Durante los últimos dos años, estos defensores de derechos humanos han sido objeto de constantes hostigamientos y amenazas públicas por parte de funcionarios estatales venezolanos en relación a su labor de defensa de los derechos humanos y por ser usuarios de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos.

Sin embargo, esta situación de acoso ha escalado desde el 18 de marzo, cuando fue divulgada en el programa de televisión ”Con el Mazo Dando’, dirigido por el presidente de la Asamblea Nacional, el nombre de las personas que participarían en las audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C, incluyendo a Liliana Ortega y otros reconocidos defensores de derechos humanos.

El segmento fue acompañado de fotografías clandestinas del Sr Marco Antonio Ponce, Director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social – OVCS, las cuales fueron tomadas en el aeropuerto de Maiquetía el día de salida de su vuelo. Durante la misma emisión, se divulgó información precisa del día y hora de los vuelos de regreso desde Washington D.C que iban a tomar los defensores de derechos humanos.

Más recientemente, el Presidente de la Asamblea Nacional también publicó un artículo en el periódico oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ”Cuatro F” que revela el itinerario de viaje de prominentes defensores de derechos humanos, incluyendo Rafael Uzcátegui y el Sr Carlos Correa, Director del Espacio Público, a la próxima Cumbre de las Americas.

 Los sucesos descritos anteriormente no son más que los más recientes de una serie de actos de intimidación y comentarios difamatorios contra los defensores, quienes, desde finales del 2014, han sido públicamente acusados de conspiración y de intentar desestabilizar el país en colaboración con otras organizaciones venezolanas de derechos humanos e incluso la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 Front Line Defenders sigue expresando su grave preocupación por los reiterados actos de intimidación y comentarios públicos difamatorios contra los defensores de derechos humanos mencionados en este llamamiento, y considera que estas agresiones están directamente relacionadas con su trabajo legítimo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

 Front Line Defenders insta a las autoridades venezolanas a que:

 1. Tomen medidas para asegurar que funcionarios públicos se abstengan de realizar comentarios o declaraciones difamatorias contra defensores y defensoras de derechos humanos en su labor legítima y pacífica de derechos humanos;

 2. Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos