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La tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es respeto

La tolerancia es una virtud, con una doble perspectiva: moral y política. En realidad es una virtud de la democracia porque el respeto a los demás, la igualdad de todas las creencias y opiniones, la convicción de que nadie tiene la verdad ni la razón absolutas, son el fundamento de la tolerancia. “Sin la virtud de la tolerancia, la democracia es un engaño, pues la intolerancia conduce directamente al totalitarismo” (Victoria Camps Virtudes públicas, 1990).

La tolerancia es la aceptación consciente y positiva de las diferencias culturales, políticas o morales (de grupos estables organizados o de personas individuales) porque representan otras formas de pensamiento o de acción, sin que esto suponga una renuncia a las propias convicciones ni ausencia de compromiso personal.

La tolerancia a veces es mal entendida como la necesidad de aguantar, soportar, resistir, sufrir, consentir, permitir, cuando
en realidad el acto de tolerar conlleva una actitud caracterizada por el esfuerzo para reconocer las diferencias y comprender al otro, es decir, reconocer su derecho a ser distinto. “La tolerancia hace posible la diferencia; la diferencia hace necesaria la tolerancia” (Michael Walzer, Tratado sobre las tolerancia, 1998).

Lamentablemente, desde la infancia se enseñan y refuerzan nociones ligadas a prejuicios y rigidez en las propias creencias e ideas, vistas como las únicas válidas y que impiden el reconocimiento del otro. A veces, solo por ignorancia y por temor a lo desconocido, a otras culturas, religiones y naciones, a distintas formas de pensamiento, se practica la intolerancia.

La injusticia, la violencia, la discriminación y la marginalización son formas comunes de intolerancia, pero la educación es un elemento clave para luchar contra estas formas de exclusión y ayudar a los jóvenes a desarrollar una actitud independiente y un comportamiento ético. La diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias no debe ser motivo de conflicto sino una riqueza valorada por todos.

De allí que la Organización de Naciones Unidas se comprometiera a fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos, imperativo presente en la base de la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En 1995, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) adoptaron una Declaración de Principios sobre la Tolerancia. La Declaración afirma, entre otras cosas, que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. La tolerancia reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros. La gente es naturalmente diversa; solo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades mixtas en cada región del mundo.

La Declaración describe la tolerancia no sólo como un deber moral, sino como un requerimiento político y legal para los individuos, los grupos y los estados. Sitúa a la tolerancia en el marco del derecho internacional sobre derechos humanos, elaborados en los últimos cincuenta años y pide a los Estados que legislen para proteger la igualdad de oportunidades de todos los grupos e individuos de la sociedad.

La Declaración de Principios sobre la Tolerancia la adoptó la Unesco el 16 de noviembre de 1995, y un año después, la Asamblea General invitó a los Estados Miembros a que cada año, en esa misma fecha, se observara el Día Internacional para la Tolerancia con actividades dirigidas tanto a los centros de enseñanza como al público en general.

La Declaración establece que una conducta tolerante implica un discernimiento individual para respetar y aceptar las diferencias raciales, políticas, sexuales y sociales de los demás. Asimismo, la tolerancia se encuentra estrechamente ligada al deber que tiene toda persona de respetar los derechos humanos de las otras personas. El derecho a la libertad e igualdad y la prohibición de la discriminación son derechos humanos reconocidos expresamente en tratados internacionales de los que Venezuela es parte.

El deber que todos tenemos de respetar los derechos de los demás no le resta responsabilidades al Estado, en el sentido de ser el garante y responsable último de la protección de los derechos humanos.

Por eso es importante que los Gobiernos protejan y promuevan una cultura de respeto por los derechos humanos, prohíban los crímenes y las prácticas discriminatorias contra las minorías, independientemente de que se cometan por organizaciones privadas, públicas o individuos.

Sin embargo, las leyes son necesarias pero no suficientes para luchar contra la intolerancia y los prejuicios individuales. Por eso es necesario poner énfasis en la educación y enseñar la práctica de la tolerancia y los derechos humanos, aunque la educación es una experiencia vital que no empieza ni termina en la escuela. Los esfuerzos para promover la tolerancia tendrán éxito si se aplican a todos los grupos en todos los entornos: en casa, en la escuela, en el lugar de trabajo, en el entrenamiento de las fuerzas del orden, en el ámbito cultural y en los medios sociales.

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Los efectos individuales y colectivos de la impunidad

La impunidad busca que la sociedad olvide y “cuando la historia se olvida, tiende a repetirse”

La impunidad es un fenómeno jurídico pero también cultural, social e institucional, que se evidencia cuando los organismos encargados de hacer justicia no procesan, ni castigan a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos. Un mecanismo que permite para los autores de graves violaciones a los derechos humanos ocultarse de la acción punitiva de una sociedad. Este hecho trae consigo una serie de consecuencias que se suman al evento traumático y doloroso vivido por las víctimas, tocando diferentes ámbitos de su vida.

Es también una ruta para evadir, impedir o sustraerse a la acción penal, especialmente cuando la impunidad se sitúa del lado de quienes representan el aparato del Estado o del poder. En esta situación de impunidad, donde las expectativas de las víctimas no se ven cumplidas, se genera más sufrimiento, daño y frustración, viendo sus derechos vulnerados nuevamente.

También la impunidad cumple un propósito: es un acto de violación a los derechos humanos; aporta un contexto posibilitador para su reiteración y favorece la repetición de violaciones a los derechos humanos; constituye un factor perpetuador del statu quo mediante su naturalización y puede llegar a ser entendida como una estrategia de poder, mediante la amenaza y el miedo, ya que impone  una forma de control social. Por lo que deja profundas huellas en las víctimas y en el tejido social.

La impunidad es también un proceso psicosocial multifactorial que presenta efectos a nivel individual como a nivel colectivo, los cuales tienen que ver con  el quiebre de la confianza básica en los otros y en el mundo que nos rodea, en ocasiones las personas deciden, ante el dolor, permanecer en silencio, aislándose, dificultando la superación del mismo,  queda una ausencia de información sobre lo ocurrido y la  incertidumbre sobre cómo queda nuestra vida y qué pasará con los responsables, ello produce una situación compleja y difícil de tolerar para quien lo padece. Junto con el silencio, la impunidad favorece la revictimización y la criminalización por medio de la inacción del Estado y los operadores de justicia, interfiriendo en la superación del daño emocional y psicosocial que produce la violencia.

Como forma de control social, tiene dos objetivos muy concretos: 1) actúa a través del miedo colectivo y 2) produce resentimiento social y deterioro del tejido social. Estos dos aspectos afectan significativamente la convivencia y rompen las relaciones de solidaridad a lo interno de las comunidades y/o grupos.

El silencio que impone el Estado, cuando promueve la impunidad culpabiliza a la víctima, haciéndola sentir erróneamente que es la responsable de lo sucedido, eximiendo de esta responsabilidad al victimario, situación que termina operando como una forma de opresión social, promoviendo y/o legitimando formas violentas de resolución de conflictos. La impunidad a nivel colectivo imposibilita que las personas puedan reconocerse como parte de un sistema que protege y defiende los derechos humanos.

Carlos Martín Beristain, psicólogo y autor de la obra ‘Diálogos sobre la Reparación’ (2008) propone que ante las violaciones graves a los derechos humanos y la impunidad; se reconozca públicamente la verdad y el sufrimiento de las víctimas como nueva forma de vinculación social, que se investiguen los hechos y se atienda a las víctimas. Así mismo, enfatiza que es necesario el desmantelamiento de los mecanismos que mantienen y posibilitan la impunidad y la violencia, dignificando a las víctimas e impulsando medidas para el mantenimiento de la memoria histórica y la reconstrucción del tejido social.

El accionar de la memoria actúa como antídoto contra la impunidad y la imposibilidad de olvidar lo sucedido, los procesos colectivos de memoria histórica contribuyen de manera determinante en que lo vivido no se olvide, para que no se repita. La posibilidad de construir la memoria colectiva implica un posicionamiento que es decisivo para la reapropiación del pasado y la posibilidad de construir un futuro como persona y como sociedad.

La lucha contra la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos en el mundo nos ha dejado grandes aprendizajes y uno muy importante es que  mientras se mantengan las voces de las víctimas, no habrá discurso, ni orden alguna desde el poder, que silencie el dolor de quien exige el reconocimiento de su dignidad, convirtiéndose en ejemplo para generaciones.

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Aún se criminaliza labor de defensores y defensoras de Derechos Humanos

En 1998, los países miembros de la ONU suscribieron la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, grupos e instituciones de promover y proteger los derechos humanos. El documento reconoce la defensa de los derechos humanos como un derecho, e insta a los Estados a proteger a las personas y organizaciones de la sociedad civil que la ejercen.

En la declaración se describe como derechos de los defensores y defensoras los siguientes aspectos:

A ser protegidos.
A la libertad de reunión pacífica.
A la libertad de asociación.
A acceder y a comunicarse con organismos internacionales.
A la libertad de opinión y de expresión.
A la protesta pacífica.
A debatir y desarrollar nuevas ideas en materia de derechos humanos.

Los defensores y defensoras, por otra parte, pueden desarrollar como actividades legítimas y protegidas por la Declaración, las siguientes tareas:

Proteger la democracia, promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, contribuir al fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos democráticos.

Formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, afiliarse a ellos o a participar en ellos promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de diversos medios.

Tener la oportunidad efectiva, sobre una base no discriminatoria, de participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos y, dentro de este derecho presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento.

Llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales y solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales. A pesar de estas disposiciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de informes temáticos, ha alertado sobre la criminalización de defensores en la región.

Se han identificado los obstáculos a los que se enfrentan las personas que promueven y defienden derechos humanos: a) ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; agresiones, amenazas y hostigamientos; b) campañas de desprestigio; c) violaciones al domicilio y otras injerencias arbitrarias; d) actividades de inteligencia; e) restricciones al acceso a la información y a las acciones de hábeas data; f) controles administrativos y financieros arbitrarios a las organizaciones de derechos humanos; g) impunidad en las investigaciones de ataques sufridos por defensores y defensoras.

La organización Front Line Defenders también ha realizado informes especiales sobre las garantías de trabajo para las organizaciones de derechos humanos en el mundo. En el año 2016 presentó un informe titulado “Informe anual sobre los/as defensores/as de derechos humanos”, en el que realizó un análisis detallado sobre el deterioro de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos a nivel mundial y destacó que la violencia siguió siendo la característica principal de los ataques dirigidos a los defensores y defensoras de derechos humanos en América Latina y el Caribe.

La organización Front Line Defenders recomendó en su informe, que los gobiernos deben reconocer la vital importancia que tiene el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, puesto que son actores que contribuyen a la construcción de sociedades justas e igualitarias.

Asimismo, recalcaron el despliegue de campañas de señalamiento y difamación, a través de declaraciones por parte de altos funcionarios públicos en medios de comunicación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha expresado su alarma ante los señalamientos, actos de intimidación y acciones de descrédito de las que son objeto algunas personas en Venezuela como consecuencia de ejercer su derecho a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La CIDH ha instado en reiteradas oportunidades a los funcionarios públicos a abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos.

Es absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción de represalia que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano o de algún sistema internacional, en ejercicio de sus derechos convencionales.

Tal como lo establece el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.

La labor de defensoras y defensores es fundamental para la vigencia de un Estado de Derecho y de la democracia. Los defensores y defensoras de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta.

Las declaraciones estigmatizantes contra defensores y defensoras de derechos humanos restan credibilidad y legitimidad a su labor, atentan contra su rol esencial en la consolidación del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia y tiene un efecto disuasivo sobre la actividad de promoción y protección de los derechos humanos.

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Las desapariciones forzadas son crímenes atroces que no deben ser toleradas en ninguna sociedad.

Sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través de esa sensibilización, los gobiernos y los Estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes.

Esos son los propósitos del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se conmemoró el pasado 30 de agosto para la protección de todas las personas sometidas o que son vulnerables a las desapariciones forzadas.

Se espera que ese y todos los demás días sean aprovechados para mostrar el camino que los Estados deben emprender y las acciones que deben llevar a cabo para evitar las desapariciones forzadas de ciudadanos de un país.

Se entiende por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Es importante destacar que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el Derecho Internacional aplicable.

Una desaparición forzada se define por tres elementos acumulativos que se deben tener en cuenta: la privación de libertad contra la voluntad de la persona interesada;
la participación de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por aquiescencia y la negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada.

La desaparición forzada se usa con frecuencia como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

Las desapariciones forzadas, que en algún momento fueron el producto de las dictaduras militares, son perpetradas hoy día, especialmente como método de represión política de los oponentes.

Las desapariciones forzadas violan una serie de normas consuetudinarias fundamentales tales como la prohibición de la privación arbitraria de libertad, la prohibición de la tortura y otros tratos inhumanos y crueles, así como la prohibición de las ejecuciones. Dejar a las familias sin noticias de la situación y del paradero de sus seres queridos no sólo las pone en una insoportable situación de incertidumbre sino que es también una negación del derecho a la vida en familia y del derecho de las familias a conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos.

La prohibición de las desapariciones forzadas, no da cabida a las excepciones. Ni la guerra, ni un estado de excepción ni razones imperativas de seguridad nacional pueden justificar las desapariciones forzadas. Del mismo modo, ningún Estado, grupo o individuo está por encima de la ley, y nadie puede quedar fuera del derecho: esto es lo que se intenta hacer con las desapariciones forzadas.

Una vez que desaparece una persona, es a menudo demasiado tarde para actuar. Debemos hacerlo antes de que ocurra, debemos impedir que las personas desaparezcan registrando sus datos, siguiendo su rastro y dando noticias de ellas a sus familias.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas cree que es motivo de especial preocupación el acoso a los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada.

También el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones; y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.

La Asamblea General de las Naciones Unidas expresó, además, su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

En la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, se establece que nadie será sometido a una desaparición forzada, y que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada.

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Estrategias de litigio psico-jurídico

Cualquier experiencia de violencia deja efectos en las víctimas a nivel físico, psicológico y patrimonial que deben tomarse en cuenta en el desarrollo de cualquier estrategia de acompañamiento legal.

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La sociedad civil y su contribución a la promoción de derechos humanos

 

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La Sociedad Civil se define como un conjunto de personas que trabajan en Organizaciones No Gubernamentales, redes o coaliciones que se encuentran al servicio de las comunidades. Orienta su labor a los sectores más desfavorecidos y los apoya en asuntos de salud, vivienda, violencia de género, derechos humanos y muchos otros.

Las Organizaciones No Gubernamentales son organizaciones sin fines de lucro, independientes del Estado, creadas con la finalidad de brindar asistencia, apoyo y acompañamiento a todos aquellos que la necesiten. Existen ONG de muchos tipos que ayudan a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, personas con VIH-SIDA, víctimas de violencia de género, protección del medio ambiente, la infancia y muchas otras causas.

Su rol fundamental es velar que el Estado cumpla con sus obligaciones de respetar y garantizar derechos humanos, de ayudar a las víctimas o poblaciones afectadas a tomar medidas adecuadas para la protección y defensa de sus derechos, por lo que se relacionan con organismos internacionales con el fin de dar un mayor alcance y sentido a sus objetivos de promoción y defensa, así como a aquellos compromisos internacionales que los Estados adquieren a través de pactos y convenios suscritos y ratificados.

Los principios que protegen a la Sociedad Civil están estrechamente relacionados con el Derecho a la Libre Asociación, el cual se encuentra establecido en el artículo 52 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando establecido que: “Toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho”.

También existen leyes internacionales que respaldan la labor de la sociedad civil. La Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1999, garantiza el derecho de asociación para la defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo.

A continuación compartimos algunos artículos que describen y protegen la importante contribución que tienen los defensores y defensoras de derechos humanos en el mundo:

Artículo 1: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.”

Artículo 5: “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional: a) A reunirse o manifestarse pacíficamente; b) A formar organizaciones, asociaciones o grupos no  gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos; c) A comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales.”

Artículo 6: “Toda persona tiene derecho, individualmente y con otras: a) A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los medios por los que se da efecto a tales derechos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo internos; b) Conforme a lo dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales aplicables, a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales; c) A estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados.”

Artículo 7: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos, y a preconizar su aceptación”.

Artículo 16: “Los particulares, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones pertinentes tienen la importante misión de contribuir a sensibilizar al público sobre las cuestiones relativas a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante actividades de enseñanza, capacitación e investigación en esas esferas con el objeto de fortalecer, entre otras cosas, la comprensión, la tolerancia, la paz y las relaciones de amistad entre las naciones y entre todos los grupos raciales y religiosos, teniendo en cuenta las diferentes mentalidades de las sociedades y comunidades en las que llevan a cabo sus actividades”.

Artículo 18: “Toda persona tiene deberes respecto de la comunidad y dentro de ella, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. A los individuos, los grupos, las instituciones y las organizaciones no gubernamentales les corresponde una importante función y una responsabilidad en la protección de la democracia, la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la contribución al fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos democráticos.

Análogamente, les corresponde el importante papel y responsabilidad de contribuir, como sea pertinente, a la promoción del derecho de toda persona a un orden social e internacional en el que los derechos y libertades enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos puedan tener una aplicación plena.

Cuando se ataca a un defensor de derechos humanos

 

COFAVIC(1)

Desde el año 2002 COFAVIC ha venido documentando los principales ataques y/o actos de hostigamiento que han experimentado las y los defensores de derechos humanos en Venezuela. Producto del agravamiento y deterioro progresivo de las garantías de trabajo para la defensa de los derechos humanos en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado entre 2002 a 2015 seis medidas provisionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trece medidas cautelares, las cuales buscan instar al Estado venezolano a proteger la integridad personal de los defensores, sus familias y miembros de las organizaciones que representan.

El rol de los y las defensoras de derechos y de las organizaciones es fundamental para la profundización y existencia de la democracia y el Estado de Derecho. En Venezuela, la Constitución asegura el derecho asociación y garantiza el derecho a la participación ciudadana a través de diversos mecanismos. No obstante, en los últimos años se han producido un conjunto de legislaciones regresivas que generan graves afectaciones a la libertad de asociación.

Entre los principales efectos de estás legislaciones regresivas destacan: el desconocimiento de la autonomía, la restricción sistemática a información pública, la criminalización y amenaza de judicialización si se accede a financiamiento público internacional, criminalización a las asociaciones, afectándose de facto su capacidad procesal de acudir a tribunales y mediante la apertura de investigaciones penales y administrativas en contra de ellas. Asimilándose las acciones de las ONG y de los defensores usuarios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como delitos de “traición a la patria” o “desestabilización”.

Otro mecanismo de relevancia, utilizados para restringir el accionar de las ONG son la suspensión de financiamiento público, expropiación de instalaciones y bienes, especialmente en el ámbito de las ONG de desarrollo; y dificultades casi generalizadas para todas las ONG para el registro de nuevas asociaciones o para trámites legales de actualización de directivas o estatutos.

Sin embargo, COFAVIC ha documentado eventos de mayor gravedad que ponen en severo riesgo la integridad personal de quienes dedican su labor a la promoción y protección de derechos humanos, tales como: ejecuciones extrajudiciales, agresiones, amenazas y actos de hostigamiento, campañas de desprestigio, privaciones de libertad, detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, seguimiento y vigilancia, interceptación a comunicaciones telefónicas y digitales, exposición de datos personales para aumentar la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, inicio de acciones penales en contra de activistas de derechos humanos vinculadas a la recepción de fondos, entre otras.

El pasado 21 de octubre de 2015, nuevamente los defensores de derechos humanos son expuestos a campañas de descrédito que colocan en grave riesgo la integridad de quienes se ven afectados como víctimas. En esta oportunidad COFAVIC quiere llamar la atención sobre los recientes ataques en contra del Dr. Carlos Nieto Palma, coordinador de la  ONG Una Ventana a Libertad y para quien el Estado debe procurar todas las medidas posibles para asegurar su integridad, la de su familia y de su equipo de trabajo.

Los defensores de derechos humanos desempeñan un importante rol en el fomento de una mayor conciencia y observancia de los valores democráticos, su labor está descrita y recogida en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, universalmente reconocidos.

Cuando se ataca a un defensor o defensora de derechos humanos, se intenta silenciar las voces de las personas y grupos marginados, invisibilizados, de aquellos que por su nivel de afectación y desprotección requieren apoyo. Sin duda se afecta tu legítimo derecho de exigir al Estado mejores condiciones para vivir y desarrollarte como persona.

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COFAVIC participó en el 156º periodo de sesiones de la CIDH

COFAVIC (1)

En el marco del 156° período  de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 19 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Washington, D.C. la audiencia “Situación General de Derechos Humanos en Venezuela”, solicitada conjuntamente por COFAVIC, Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura. En esta audiencia pública, los peticionarios expusieron sus preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en Venezuela ante los comisionados y el Estado venezolano a través de su delegación, suministró información y sus puntos de vista sobre los temas abordados.

La audiencia  se inició con la intervención de Liliana Ortega por COFAVIC, quien expresó la preocupación de los peticionarios sobre el incremento en la tasa de homicidios en Venezuela de 62 por cada 100.000 habitantes, cifra presentada por el Estado venezolano ante el Comité de Derechos Humanos el pasado mes de junio de 2015 y el aumento sostenido en el número de ejecuciones extrajudiciales. En un monitoreo realizado por COFAVIC en 23 estados del país, de enero a julio de 2015, se contabilizaron 641 casos de presuntas violaciones de DDHH, en los que 590 corresponden a presuntas ejecuciones extrajudiciales, lo que representa un aumento de un 18% de estos casos, con respecto al mismo periodo del año 2014 y un incremento de 24% en lo que respecta a casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En el 54% de los casos analizados, entre los cuerpos de seguridad presuntamente implicados destacan las policías estadales y municipales y en un 30% la presunta participación de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). De acuerdo con el estudio, el 60% de las muertes ocurren bajo la modalidad de operativos especiales. En 81% de los casos, las víctimas eran menores de 25 años y en 99% de los casos hombres. Adicionalmente, COFAVIC presentó información sobre la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) partiendo de la información pública que el Estado ha suministrado sobre las características y resultados de este plan. Al respecto, la organización presentó su preocupación sobre la cifra suministrada de 160 personas fallecidas en el desarrollo del mismo, indicando que hasta los momentos, no se dispone de información sobre la apertura por parte del Ministerio Público de investigaciones de oficio, relativas a estos procedimientos.

En esta audiencia la abogada María Leoni del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), intervino para presentar sus preocupaciones sobre el incremento en el número de homicidios de mujeres en Venezuela. Citando un estudio realizado por COFAVIC sobre femicidios en Venezuela en 23 estados, resaltó  que entre enero-septiembre de 2015, 263 mujeres perdieron la vida producto de la violencia. También en esta misma audiencia José Gregorio Guarenas de la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, hizo referencia a la situación de derechos humanos en los municipios fronterizos entre Venezuela y Colombia, incluidos actualmente por los decretos de estados de excepción. Señaló la Vicaría de Derechos Humanos, que han tenido información sobre deportaciones masivas a ciudadanos colombianos, sin que se les haya garantizado un debido proceso; allanamientos a residencias sin orden judicial y en algunos casos, las víctimas han referido destrucción de enseres y robo de pertenencias; maltrato físico y verbal; separación forzada de grupos familiares y la criminalización a estas personas por su nacionalidad.

Otro de los temas abordados fue la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela, donde se destacó el incremento en las acciones de desprestigio y campaña de descredito; la impunidad en la que permanecen las denuncias sobre ataques y agresiones. En este sentido, Marcos Gómez de Amnistía Internacional, expresó que los ataques y señalamientos se producen cuando las personas u ONGs formulan opiniones críticas a acciones, planes o políticas gubernamentales; cuando asumen la defensa de casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos; y el más preocupante, cuando hacen uso o recurren a instancias internacionales o regionales de protección de los derechos humanos; incluido cuando se relacionan con ONG de derechos humanos en otros países.

Para escuchar la audiencia completa, puede ubicarla a través de la página web de la Comisión Interamericana http://www.oas.org/es/cidh/ o en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=qQI7BBGoITA&feature=player_embedded

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La situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela

En los últimos años, la actividad de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela ha tenido que enfrentar serios obstáculos y agresiones. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diversos informes, ha hecho referencia a los actos de hostigamiento, Continue reading

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Foro por la Vida rechaza agresiones contra Marino Alvarado

El Foro Por la Vida, coalición dedicada a la promoción y defensa de los Derechos Humanos en Venezuela y las organizaciones adherentes a este comunicado expresamos nuestro más contundente rechazo por el secuestro, agresiones y robo del que fue víctima Marino Alvarado, ex coordinador general de Provea, y su hijo de 9 años el día 1 de octubre de 2015 a las 5:30 de la tarde. Continue reading