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13/08/2015 El Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y sus recomendaciones al Estado venezolano

La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), es un instrumento jurídico internacional, aprobado por los Estados Partes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que los compromete con una serie de obligaciones con las mujeres. Esta Convención está compuesta por una serie de normas básicas y obligaciones que establecen los derechos y libertades mínimas que los gobiernos deben cumplir. Continue reading

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06/08/2015 La violencia contra la mujer un problema de salud pública

Una de las manifestaciones más frecuentes de violencia contra la mujer, es aquella que se ejerce en el interior de la pareja y en el domicilio. Aunque existe un interesante debate sobre las definiciones de este tipo de violencia, este tipo de agresiones suelen ser asociadas al término conocido como violencia doméstica, la cual representa un problema real y atemporal, que ha estado presente en muchas familias de manera silenciosa y cautelosa. Continue reading

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Comunicado Foro por la Vida: Plan Nacional de Derechos Humanos

Comunicado del Foro por la Vida sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos

Caracas, 03 de agosto de 2015.-

El Foro por la Vida, coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela, fija su posición ante la propuesta de Plan Nacional de Derechos Humanos, presentado el pasado 14 de julio de 2015 por el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, que incluye una Consulta Pública hasta el 15 de agosto de 2015. Continue reading

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30/07/2015 Las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el Cuarto Informe Periódico de Venezuela

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas dio a conocer el pasado 23 de julio de 2015 sus observaciones finales con respecto al cuarto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela, que fue presentado el pasado 29 y 30 de junio en Ginebra. Continue reading

23/07/2015 Las detenciones y el uso proporcional y diferenciado de la fuerza de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales

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La Organización de Naciones Unidas (ONU) en una publicación llamada “Normativa y Práctica de los Derechos Humanos para la Policía”, editada en el año 2003 enumeró unos principios y prácticas que deben seguir los cuerpos de seguridad en el control de orden público y el uso proporcional de la fuerza y detenciones, ajustados a estándares internacionales de derechos humanos.

La Organización destaca que al aplicar medidas de control de orden público, no se admitirán excepciones con respecto al derecho a la vida, por lo que en este marco de control en detenciones y otras circunstancias bajo custodia de funcionarios del Estado, están prohibidas las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Por su parte, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) en sus últimas observaciones finales, recomendó al Estado venezolano para evitar las detenciones arbitrarias, garantizar todas las garantías jurídicas fundamentales desde el inicio de la privación de la libertad, tales como asegurar sin restricciones el acceso a un abogado de oficio de la elección del detenido, así como informarle las razones de su detención y tenga el derecho de comunicarse con sus familiares.

En su accionar, los funcionarios de cuerpos de seguridad, en primer lugar deben recurrir a medios alternativos, no violentos como la persuasión, antes de apelar al uso de la fuerza, debido a que debe usarse solo cuando sea estrictamente necesario, de forma proporcional y diferenciada, siguiendo ciertos estándares ajustados a la legislación venezolana, así como a la garantía y protección de los derechos humanos, por lo que las lesiones y daños deben reducirse al mínimo. Asimismo, es importante señalar que de acuerdo con las disposiciones de la ONU: “Los funcionarios de seguridad no podrán alegar acatamiento de órdenes superiores cuando se transgredan las normas, y se evidencie un uso desproporcional de la fuerza y otros abusos”. Por ende, los funcionarios serán responsables de sus actos y deberán responder individualmente ante la ley.

Por otro lado, en los hechos ocurridos en Caracas en el año 1989 denominados como el “Caracazo”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia recomendó al Estado venezolano que “(…) se deben adoptar las medidas necesarias y capacitar a todos los miembros de organismos de seguridad, con base en los principios y normas de protección de los derechos humanos, así como los límites en el uso de las armas, aún bajo los estados de excepción”.

En Venezuela, además existe la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, el cual establece en su artículo 68 lo siguiente: “El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de policía estará orientado por el principio de afirmación de la vida como valor supremo constitucional y legal, la adopción de escalas progresivas para el uso de la fuerza en función del nivel de resistencia y oposición de la ciudadana o ciudadano (…). El traspaso en el uso de la fuerza mortal solo estará justificado para la defensa de la vida de la funcionaria o funcionario policial o de un tercero”.

En cuanto al uso de armas de fuego, Naciones Unidas tanto en la publicación que se mencionó anteriormente, como en los “Principios básicos para el empleo de la fuerza y armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” aprobados en 1990, indica que el uso de armas de fuego está limitado solamente a circunstancias extremas, que impliquen reacciones en defensa propia, en defensa de otras personas, en casos de amenazas de muerte inminente o lesiones graves. “El uso de la fuerza y de armas de fuego con la intención de causar la muerte se permitirá solamente cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de una persona”.

Por su parte, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana establece en el artículo 70 que los funcionarios solo podrán hacer uso “(…) de armas intermedias (como el bastón policial) de manera defensiva y como herramienta disuasiva manteniendo los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, así como la protección de los derechos humanos del ciudadano en toda circunstancia, haciendo el mínimo daño requerido para tener el control de la situación”. Asimismo, “el funcionario policial debe abstenerse de provocar conductas en la ciudadana, ciudadano o grupos de éstos que propicien resistencia a la autoridad y generen el uso de niveles de fuerza superiores al requerido inicialmente y la posibilidad de causar daños físicos innecesarios”.

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Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a coordinacionprensa@cofavic.org o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

 

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La inseguridad acosa a Venezuela

17-07-2015. Desde COFAVIC somos conscientes de los gravísimos efectos que tiene la inseguridad ciudadana en toda la población y por ello, solo abonamos el camino para la solución de este problema, siempre y cuando se establezca con seriedad y sin utilitarismo proselitista, en el marco del respeto y garantía de los derechos humanos.

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16/07/015 Las ejecuciones extrajudiciales una violación grave a los Derechos Humanos

Las Naciones Unidas han considerado el tema de las ejecuciones sumarias o arbitrarias en el marco de una discusión más amplia sobre los derechos humanos. En el lenguaje internacional de los Derechos Humanos, de acuerdo con el concepto de Bazán Chacón, autor del libro “Los delitos de lesa humanidad y la Corte Penal Internacional”, los asesinatos cometidos por el Estado se consideran ejecuciones extrajudiciales, descritos como actos deliberados e ilegítimos. Continue reading

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09/07/2015 La situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela

La labor de los defensores y defensoras de derechos humanos es un pilar fundamental para la profundización y existencia de la democracia y el Estado de Derecho. En Venezuela, la legislación asegura el derecho de asociación y garantiza el derecho a la participación ciudadana mediante diversos mecanismos. Continue reading

02/07/2015 Situación de derechos humanos en Venezuela ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas

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El pasado 29 y 30 de junio fue revisado en Naciones Unidas por el Comité de Derechos Humanos, el cumplimiento por parte del Estado Venezolano del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El Estado estuvo presente en las audiencias respondiendo a los cuestionamientos de los Comisionados. A su vez, la sociedad civil organizada también tuvo la oportunidad de participar presentando sus informes alternativos.

COFAVIC junto con otras 17 ONG que realizan su labor, en su mayoría en el interior del país, y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) presentaron un informe con el objetivo de visibilizar la situación de derechos humanos en Venezuela.

Entre los temas que se abordan en dicho informe alternativo se destaca el tema de la impunidad en Venezuela, la cual ha sido sistemática e institucionalizada en casos de violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, en el año 2014 se documentó el ingreso de 8.049 casos de violación de derechos humanos, de los cuales solo en 105 se realizaron juicios, lo que representa el 1,3%, es decir, 99% de los casos no llega a juicio. Por otro lado, según cifras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el período de enero a agosto del año 2014 se nombraron 1.089 jueces provisorios. Adicionalmente, otras cifras oficiales entregadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), muestran que 66% de la totalidad de jueces en Venezuela tienen carácter provisorio. Es importante aclarar, que el concepto de provisorio se refiere a que dicho juez puede ser removido de cualquier caso en cualquier momento, por lo que cada caso puede tener a lo largo del proceso penal diferentes jueces, aspecto que retrasa considerablemente las investigaciones y su posterior resolución y condena.

Con respecto a violaciones al derecho a la vida y uso desproporcionado de la fuerza pública, destaca el incremento de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Durante el período de enero a diciembre de 2014, COFAVIC contabilizó en 23 estados del país, 1018 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, contexto que ha sido reconocido por la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. A estos datos debe sumarse el incremento de la violencia política expresada de manera notable en el aumento sustancial de la criminalización de la protesta pública y el número de casos de violaciones a la integridad y libertad personal, ocurridas durante el contexto post-electoral en el año 2013 y las protestas estudiantiles en el período de febrero-mayo de 2014.

En el tema de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes ocurridos en el contexto de protestas estudiantiles de febrero a junio de 2014, en cuanto al proceso de investigación, el Ministerio Público indicó que se presentaron 216 actos conclusivos relacionados con las 238 investigaciones iniciadas. De estos actos, existen 184 sobreseimientos, 19 archivos fiscales y 13 acusaciones, lo que implica que en 85% de los casos no se continuó con el proceso.

Asimismo, el Comité de Derechos Humanos recibirá información relativa al deterioro de las garantías de trabajo de los defensores de derechos humanos en Venezuela. Es importante destacar que, actualmente, debido a la reciente reforma realizada vía decreto presidencial, del Código Orgánico Procesal Penal, se restringe severamente la facultad que tenían las asociaciones de defensa de los derechos humanos para presentar querella autónoma en casos donde participaran funcionarios, empleados públicos o agentes de fuerzas policiales como violadores de derechos humanos, dejándole esta posibilidad solo a la Defensoría del Pueblo, lo que reduce la tutela efectiva de protección por parte de los defensores a las víctimas de delitos tan complejos dentro del sistema procesal penal venezolano.

Los derechos civiles y políticos reconocen que todas las personas son iguales ante la ley, prohibiendo cualquier tipo de discriminación. El Estado debe promover medidas preventivas enfocando políticas de seguridad desde la perspectiva de los derechos humanos de presuntas víctimas y victimarios, así como desarrollar estadísticas de carácter público que permitan conocer cifras oficiales de los casos. A su vez, Las Organizaciones No Gubernamentales y las defensoras y defensores de derechos humanos tienen la importante misión de acompañar a las víctimas y sus familiares en la búsqueda de espacios y rutas que le conduzcan a la justicia y reparación y, Naciones Unidas pone de manifiesto la importancia de la protección de las libertades fundamentales como condición para la paz y seguridad internacional.

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Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a coordinacionprensa@cofavic.org o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

 

La impunidad institucionalizada, el eje transversal de las violaciones a los derechos humanos

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El próximo 29 y 30 de junio será revisado en Naciones Unidas por el Comité de Derechos Humanos, el cumplimiento por parte del Estado Venezolano del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El Estado estará presente en las audiencias y deberá responder a los cuestionamientos de los Comisionados. A su vez, la sociedad civil organizada también tendrá la oportunidad de participar presentando sus informes alternativos.

Para esta oportunidad, COFAVIC junto con otras 17 ONG que realizan su labor, en su mayoría en el interior del país, y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) presentaron un informe con el objetivo de visibilizar la situación de derechos humanos en Venezuela documentada gracias a un trabajo de base y con una preeminente atención a las víctimas.

Entre los temas que se abordan en dicho informe alternativo se destaca el tema de la impunidad en Venezuela, la cual ha sido sistemática e institucionalizada en casos de violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, durante el período 2006-2010 se registraron 30.000 casos de presuntas violaciones de derechos humanos, donde 93% de ellos culminaron en sobreseimientos, desestimaciones y archivo fiscal, 7% terminaron en acusaciones y de ese porcentaje, solo 4% tuvieron condenas, lo que supone una violación al derecho de la víctima a que se le garantice justicia, así como una reparación justa y adecuada. Por su parte, en el 2014 el Ministerio Público documentó el ingreso de 8049 casos de violación de derechos humanos, de los cuales en 105 se realizaron juicios, lo que representa el 1,3%, es decir, el 99% de los casos no llega a juicio.

Por otro lado, el informe reseña que las medidas gubernamentales en materia de Seguridad Ciudadana no han sido suficientes ni eficientes. Cifras provenientes de organizaciones de la sociedad civil, indican un progresivo incremento en las cifras de violencia. Para el Observatorio Venezolano de Violencia, se estima que el año 2014 cerró con 24.980 personas fallecidas, que representa una tasa de 82 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

Con respecto a violaciones al derecho a la vida y uso desproporcionado de la fuerza pública, destaca el incremento de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Durante el período de enero a diciembre de 2013, COFAVIC contabilizó en 23 estados del país, 802 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Igualmente, en el mismo período pero en el año 2014, registró 1018 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, contexto que ha sido reconocido por la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. A estos datos debe sumarse el incremento de la violencia política expresada de manera notable en el aumento sustancial de la criminalización de la protesta pública y el número de casos de violaciones a la integridad y libertad personal, ocurridas durante el contexto post-electoral en el año 2013 y las protestas estudiantiles en el período de febrero-mayo de 2014. Adicionalmente, en este contexto también se pudo documentar casos de detenciones arbitrarias y prácticas de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes en 9 estados del país.

En el tema de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes ocurridos en el contexto de protestas estudiantiles de febrero a junio de 2014, en cuanto al proceso de investigación, el Ministerio Público indicó que se presentaron 216 actos conclusivos relacionados con las 238 investigaciones iniciadas. De estos actos, existen 184 sobreseimientos, 19 archivos fiscales y 13 acusaciones, lo que implica que en 85% de los casos no se continuó con el proceso.

Entre otros puntos también destaca la situación de violación de sus derechos a los grupos específicos, tales como: mujeres y LGBTI. En el caso de mujeres, el Ministerio Público recibió 60 casos de feminicidio, de los cuales 42 se encuentran en fase de investigación, 14 en fase intermedia y solo 4 en fase de juicio. Además, se documentaron 70.763 causas ingresadas, 11.575 imputaciones y 482 juicios, lo que implica que, según cifras oficiales, en el año 2014 solo 0,7% de los casos llegaron a juicio. Por otro parte, en el tema de los grupos LGBTI, de acuerdo con información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014 se documentaron en 9 estados del país, 2 asesinatos de hombres gais, 19 mujeres trans, de los cuales sus restos han sido encontrados en lugares públicos.

Asimismo, el Comité de Derechos Humanos recibirá información relativa al deterioro de las garantías de trabajo de los defensores de derechos humanos en Venezuela. Es importante destacar que, actualmente, debido a la reciente reforma realizada vía decreto presidencial, del Código Orgánico Procesal Penal, se restringe severamente la facultad que tenían las asociaciones de defensa de los derechos humanos para presentar querella autónoma en casos donde participaran funcionarios, empleados públicos o agentes de fuerzas policiales como violadores de derechos humanos, dejándole esta posibilidad solo a la Defensoría del Pueblo, lo que reduce la tutela efectiva de protección por parte de los defensores a las víctimas de delitos tan complejos dentro del sistema procesal penal venezolano.

Ante toda la situación descrita sobre graves violaciones a los derechos humanos, en el informe también se incluyó un apartado con recomendaciones donde destaca la petición que el Estado adopte políticas de seguridad ciudadana, así como se derogue el decreto 008610 el cual norma el funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), permitiendo el uso de agentes químicos, el porte y uso de armas de fuego en el control de reuniones y manifestaciones públicas; lo cual es contrario a los estándares de derechos humanos y está en total contravención de las disposiciones 68 y 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A su vez, se recomendó la adopción de estrategias para el desarme y se adapte la legislación interna en materia de prevención y sanción de la tortura a estándares internacionales.

Las posibilidades de justicia nunca deben ser dejadas de lado. Las Organizaciones No Gubernamentales y las defensoras y defensores de derechos humanos tienen la importante misión de acompañar a las víctimas y sus familiares en la búsqueda de espacios y rutas que le conduzcan a la justicia y reparación y, Naciones Unidas pone de manifiesto la importancia de la protección de las libertades fundamentales como condición para la paz y seguridad internacional.