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La tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es respeto

La tolerancia es una virtud, con una doble perspectiva: moral y política. En realidad es una virtud de la democracia porque el respeto a los demás, la igualdad de todas las creencias y opiniones, la convicción de que nadie tiene la verdad ni la razón absolutas, son el fundamento de la tolerancia. “Sin la virtud de la tolerancia, la democracia es un engaño, pues la intolerancia conduce directamente al totalitarismo” (Victoria Camps Virtudes públicas, 1990).

La tolerancia es la aceptación consciente y positiva de las diferencias culturales, políticas o morales (de grupos estables organizados o de personas individuales) porque representan otras formas de pensamiento o de acción, sin que esto suponga una renuncia a las propias convicciones ni ausencia de compromiso personal.

La tolerancia a veces es mal entendida como la necesidad de aguantar, soportar, resistir, sufrir, consentir, permitir, cuando
en realidad el acto de tolerar conlleva una actitud caracterizada por el esfuerzo para reconocer las diferencias y comprender al otro, es decir, reconocer su derecho a ser distinto. “La tolerancia hace posible la diferencia; la diferencia hace necesaria la tolerancia” (Michael Walzer, Tratado sobre las tolerancia, 1998).

Lamentablemente, desde la infancia se enseñan y refuerzan nociones ligadas a prejuicios y rigidez en las propias creencias e ideas, vistas como las únicas válidas y que impiden el reconocimiento del otro. A veces, solo por ignorancia y por temor a lo desconocido, a otras culturas, religiones y naciones, a distintas formas de pensamiento, se practica la intolerancia.

La injusticia, la violencia, la discriminación y la marginalización son formas comunes de intolerancia, pero la educación es un elemento clave para luchar contra estas formas de exclusión y ayudar a los jóvenes a desarrollar una actitud independiente y un comportamiento ético. La diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias no debe ser motivo de conflicto sino una riqueza valorada por todos.

De allí que la Organización de Naciones Unidas se comprometiera a fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos, imperativo presente en la base de la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En 1995, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) adoptaron una Declaración de Principios sobre la Tolerancia. La Declaración afirma, entre otras cosas, que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. La tolerancia reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros. La gente es naturalmente diversa; solo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades mixtas en cada región del mundo.

La Declaración describe la tolerancia no sólo como un deber moral, sino como un requerimiento político y legal para los individuos, los grupos y los estados. Sitúa a la tolerancia en el marco del derecho internacional sobre derechos humanos, elaborados en los últimos cincuenta años y pide a los Estados que legislen para proteger la igualdad de oportunidades de todos los grupos e individuos de la sociedad.

La Declaración de Principios sobre la Tolerancia la adoptó la Unesco el 16 de noviembre de 1995, y un año después, la Asamblea General invitó a los Estados Miembros a que cada año, en esa misma fecha, se observara el Día Internacional para la Tolerancia con actividades dirigidas tanto a los centros de enseñanza como al público en general.

La Declaración establece que una conducta tolerante implica un discernimiento individual para respetar y aceptar las diferencias raciales, políticas, sexuales y sociales de los demás. Asimismo, la tolerancia se encuentra estrechamente ligada al deber que tiene toda persona de respetar los derechos humanos de las otras personas. El derecho a la libertad e igualdad y la prohibición de la discriminación son derechos humanos reconocidos expresamente en tratados internacionales de los que Venezuela es parte.

El deber que todos tenemos de respetar los derechos de los demás no le resta responsabilidades al Estado, en el sentido de ser el garante y responsable último de la protección de los derechos humanos.

Por eso es importante que los Gobiernos protejan y promuevan una cultura de respeto por los derechos humanos, prohíban los crímenes y las prácticas discriminatorias contra las minorías, independientemente de que se cometan por organizaciones privadas, públicas o individuos.

Sin embargo, las leyes son necesarias pero no suficientes para luchar contra la intolerancia y los prejuicios individuales. Por eso es necesario poner énfasis en la educación y enseñar la práctica de la tolerancia y los derechos humanos, aunque la educación es una experiencia vital que no empieza ni termina en la escuela. Los esfuerzos para promover la tolerancia tendrán éxito si se aplican a todos los grupos en todos los entornos: en casa, en la escuela, en el lugar de trabajo, en el entrenamiento de las fuerzas del orden, en el ámbito cultural y en los medios sociales.

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Soy víctima y tengo derechos

El primer paso quizás sea el más difícil, pero también el más determinante: reconocerse como víctima de la violación de sus derechos y aceptar que merecen conocer la verdad de lo que ocurrió; que se investiguen los hechos para que se condene a los victimarios y se haga justicia, y, finalmente, que haya una reparación integral por los daños sufridos.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las víctimas son todas aquellas personas que han sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.

Son víctimas los jóvenes que sufrieron detenciones arbitrarias durante el contexto de protestas; los padres de los jóvenes que fueron asesinados, presuntamente, por funcionarios de cuerpos policiales en manifestaciones antigubernamentales; los padres de los jóvenes asesinados en zonas populares en el desarrollo de operativos de seguridad ciudadana, por solo mencionar tres ejemplos.

Todos, en situaciones diferentes, se convirtieron en víctimas y hoy se reconocen en el dolor y la compasión. Unos primeros, otros después, pero progresivamente todos asumirán  esa nueva condición que les permitirá transitar un camino transformador que les dará herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial, todo con el objetivo de que puedan mejorar su situación social, política, económica, psicológica o espiritual.

A la par, la víctima debe denunciar, apropiarse de su propio caso y velar por el seguimiento de la investigación. El artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), de hecho, define claramente los derechos  que tienen las víctimas:

1.-Presentar querella e intervenir en el proceso conforme a lo establecido en este Código.

2.-Ser informada de los resultados del proceso, aun cuando no hubiere intervenido en él.

3.-Solicitar medidas de protección frente a probables atentados en contra suya o de su familia.

4.-Adherirse a la acusación del fiscal o formular una acusación particular propia contra el imputado en los delitos de acción pública; o una acusación privada en los delitos dependientes de instancia de parte.

5.-Ejercer las acciones civiles con el objeto de reclamar la responsabilidad civil proveniente del hecho punible.

6.-Ser notificada de la resolución del fiscal que ordena el archivo de los recaudos.

7.-Ser oída por el tribunal antes de decidir acerca del sobreseimiento o antes de dictar cualquier otra decisión que ponga término al proceso o lo suspenda condicionalmente.

8.-Impugnar (anular) el sobreseimiento o la sentencia absolutoria.

El seguimiento del caso es vital. La víctima tiene el derecho de conocer los resultados de las investigaciones para lo cual es importante contar con una participación activa en el proceso. Algunas de las actividades que debe hacer son:

1.-Asistir semanalmente a los diferentes organismos (Fiscalía, Tribunales, Defensoría Pública y CICPC) encargados de la resolución del caso, con el objeto de obtener información actualizada del caso y registrarla.

2.-Abrir un archivo propio a través de una carpeta  de denuncia en la cual se va a recopilar toda la información que se obtenga y copia de las diligencias que se hayan realizado.

3.-Presentar solicitudes concretas a las autoridades competentes con relación a sus atribuciones.

4.-Ejercer los recursos a que haya lugar en el caso concreto.

La víctima, además, tiene  la posibilidad de informar a la opinión pública de lo ocurrido.  No basta con denunciar los hechos ante las autoridades; es necesario darlos a conocer ante la opinión pública por los medios que se tenga al alcance: periódicos, radio, televisión, boletines, volantes, etc.

También es importante reflexionar la situación con la comunidad.  Es conveniente reunir a los vecinos, compañeros de trabajo o de estudio para dialogar sobre la situación que se está viviendo, analizarla y buscar colectivamente alternativas para enfrentarla.

Todos esos caminos conducen a la verdad, a la justicia y a la garantía de que no se repitan los hechos que los convirtieron en víctimas. El derecho a la verdad, como bien lo ha resumido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, implica “conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos. Eso implica conocer la verdad completa y total en relación con los hechos, sus circunstancias específicas, la identidad de los responsables y partícipes, y sus motivaciones

En los casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales el derecho a la verdad tiene también una dimensión especial: conocer la suerte y el paradero de la víctima. Asimismo, la jurisprudencia y la doctrina internacionales consideran que la sociedad tiene también derecho a conocer la verdad acerca de las graves violaciones de derechos humanos. En efecto, el derecho a la verdad tiene también una dimensión colectiva: la sociedad tiene el derecho a conocer la verdad acerca de las graves violaciones de derechos humanos, las circunstancias en que fueron cometidas, los responsables de estas y sus motivos. El derecho a la verdad ha sido caracterizado como inalienable e imprescriptible tanto por instrumentos internacionales como por la jurisprudencia y la doctrina internacionales.

 

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Los efectos individuales y colectivos de la impunidad

La impunidad busca que la sociedad olvide y “cuando la historia se olvida, tiende a repetirse”

La impunidad es un fenómeno jurídico pero también cultural, social e institucional, que se evidencia cuando los organismos encargados de hacer justicia no procesan, ni castigan a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos. Un mecanismo que permite para los autores de graves violaciones a los derechos humanos ocultarse de la acción punitiva de una sociedad. Este hecho trae consigo una serie de consecuencias que se suman al evento traumático y doloroso vivido por las víctimas, tocando diferentes ámbitos de su vida.

Es también una ruta para evadir, impedir o sustraerse a la acción penal, especialmente cuando la impunidad se sitúa del lado de quienes representan el aparato del Estado o del poder. En esta situación de impunidad, donde las expectativas de las víctimas no se ven cumplidas, se genera más sufrimiento, daño y frustración, viendo sus derechos vulnerados nuevamente.

También la impunidad cumple un propósito: es un acto de violación a los derechos humanos; aporta un contexto posibilitador para su reiteración y favorece la repetición de violaciones a los derechos humanos; constituye un factor perpetuador del statu quo mediante su naturalización y puede llegar a ser entendida como una estrategia de poder, mediante la amenaza y el miedo, ya que impone  una forma de control social. Por lo que deja profundas huellas en las víctimas y en el tejido social.

La impunidad es también un proceso psicosocial multifactorial que presenta efectos a nivel individual como a nivel colectivo, los cuales tienen que ver con  el quiebre de la confianza básica en los otros y en el mundo que nos rodea, en ocasiones las personas deciden, ante el dolor, permanecer en silencio, aislándose, dificultando la superación del mismo,  queda una ausencia de información sobre lo ocurrido y la  incertidumbre sobre cómo queda nuestra vida y qué pasará con los responsables, ello produce una situación compleja y difícil de tolerar para quien lo padece. Junto con el silencio, la impunidad favorece la revictimización y la criminalización por medio de la inacción del Estado y los operadores de justicia, interfiriendo en la superación del daño emocional y psicosocial que produce la violencia.

Como forma de control social, tiene dos objetivos muy concretos: 1) actúa a través del miedo colectivo y 2) produce resentimiento social y deterioro del tejido social. Estos dos aspectos afectan significativamente la convivencia y rompen las relaciones de solidaridad a lo interno de las comunidades y/o grupos.

El silencio que impone el Estado, cuando promueve la impunidad culpabiliza a la víctima, haciéndola sentir erróneamente que es la responsable de lo sucedido, eximiendo de esta responsabilidad al victimario, situación que termina operando como una forma de opresión social, promoviendo y/o legitimando formas violentas de resolución de conflictos. La impunidad a nivel colectivo imposibilita que las personas puedan reconocerse como parte de un sistema que protege y defiende los derechos humanos.

Carlos Martín Beristain, psicólogo y autor de la obra ‘Diálogos sobre la Reparación’ (2008) propone que ante las violaciones graves a los derechos humanos y la impunidad; se reconozca públicamente la verdad y el sufrimiento de las víctimas como nueva forma de vinculación social, que se investiguen los hechos y se atienda a las víctimas. Así mismo, enfatiza que es necesario el desmantelamiento de los mecanismos que mantienen y posibilitan la impunidad y la violencia, dignificando a las víctimas e impulsando medidas para el mantenimiento de la memoria histórica y la reconstrucción del tejido social.

El accionar de la memoria actúa como antídoto contra la impunidad y la imposibilidad de olvidar lo sucedido, los procesos colectivos de memoria histórica contribuyen de manera determinante en que lo vivido no se olvide, para que no se repita. La posibilidad de construir la memoria colectiva implica un posicionamiento que es decisivo para la reapropiación del pasado y la posibilidad de construir un futuro como persona y como sociedad.

La lucha contra la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos en el mundo nos ha dejado grandes aprendizajes y uno muy importante es que  mientras se mantengan las voces de las víctimas, no habrá discurso, ni orden alguna desde el poder, que silencie el dolor de quien exige el reconocimiento de su dignidad, convirtiéndose en ejemplo para generaciones.

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Aún se criminaliza labor de defensores y defensoras de Derechos Humanos

En 1998, los países miembros de la ONU suscribieron la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, grupos e instituciones de promover y proteger los derechos humanos. El documento reconoce la defensa de los derechos humanos como un derecho, e insta a los Estados a proteger a las personas y organizaciones de la sociedad civil que la ejercen.

En la declaración se describe como derechos de los defensores y defensoras los siguientes aspectos:

A ser protegidos.
A la libertad de reunión pacífica.
A la libertad de asociación.
A acceder y a comunicarse con organismos internacionales.
A la libertad de opinión y de expresión.
A la protesta pacífica.
A debatir y desarrollar nuevas ideas en materia de derechos humanos.

Los defensores y defensoras, por otra parte, pueden desarrollar como actividades legítimas y protegidas por la Declaración, las siguientes tareas:

Proteger la democracia, promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, contribuir al fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos democráticos.

Formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, afiliarse a ellos o a participar en ellos promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de diversos medios.

Tener la oportunidad efectiva, sobre una base no discriminatoria, de participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos y, dentro de este derecho presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento.

Llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales y solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales. A pesar de estas disposiciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de informes temáticos, ha alertado sobre la criminalización de defensores en la región.

Se han identificado los obstáculos a los que se enfrentan las personas que promueven y defienden derechos humanos: a) ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; agresiones, amenazas y hostigamientos; b) campañas de desprestigio; c) violaciones al domicilio y otras injerencias arbitrarias; d) actividades de inteligencia; e) restricciones al acceso a la información y a las acciones de hábeas data; f) controles administrativos y financieros arbitrarios a las organizaciones de derechos humanos; g) impunidad en las investigaciones de ataques sufridos por defensores y defensoras.

La organización Front Line Defenders también ha realizado informes especiales sobre las garantías de trabajo para las organizaciones de derechos humanos en el mundo. En el año 2016 presentó un informe titulado “Informe anual sobre los/as defensores/as de derechos humanos”, en el que realizó un análisis detallado sobre el deterioro de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos a nivel mundial y destacó que la violencia siguió siendo la característica principal de los ataques dirigidos a los defensores y defensoras de derechos humanos en América Latina y el Caribe.

La organización Front Line Defenders recomendó en su informe, que los gobiernos deben reconocer la vital importancia que tiene el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, puesto que son actores que contribuyen a la construcción de sociedades justas e igualitarias.

Asimismo, recalcaron el despliegue de campañas de señalamiento y difamación, a través de declaraciones por parte de altos funcionarios públicos en medios de comunicación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha expresado su alarma ante los señalamientos, actos de intimidación y acciones de descrédito de las que son objeto algunas personas en Venezuela como consecuencia de ejercer su derecho a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La CIDH ha instado en reiteradas oportunidades a los funcionarios públicos a abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos.

Es absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción de represalia que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano o de algún sistema internacional, en ejercicio de sus derechos convencionales.

Tal como lo establece el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.

La labor de defensoras y defensores es fundamental para la vigencia de un Estado de Derecho y de la democracia. Los defensores y defensoras de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta.

Las declaraciones estigmatizantes contra defensores y defensoras de derechos humanos restan credibilidad y legitimidad a su labor, atentan contra su rol esencial en la consolidación del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia y tiene un efecto disuasivo sobre la actividad de promoción y protección de los derechos humanos.

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Todas las medidas de control del orden público deben respetar los DDHH

En días de marchas y protestas de ciudadanos venezolanos, dedicamos nuestra columna de opinión a un principio fundamental: todas las medidas de control del orden público deben respetar los derechos humanos. Asimismo, destacar que todas las manifestaciones deben ser pacíficas en el ejercicio de este importante  derecho humano reconocido por nuestra Carta Magna (Derecho a la protesta, consagrado en el artículo 68 de la CRBV). Continue reading

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Por el derecho de las víctimas a conocer la verdad

“Varios pueblos de América Latina han, en su historia reciente, conocido y sufrido el flagelo y crueldad de la tortura, los tratos inhumanos o degradantes, las ejecuciones sumarias y arbitrarias o extra-legales, y las desapariciones forzadas de personas. La búsqueda de la verdad —como lo ilustran los casos de desaparición forzada de personas— constituye el punto de partida para la liberación así como la protección del ser humano; sin la verdad (por más insoportable que ésta venga a ser) no es posible libertarse del tormento de la incertidumbre, y tampoco es posible ejercer los derechos protegidos. […]

Antônio Augusto Cançado Trindade, abogado brasileño, profesor universitario, juez en la Corte Internacional de Justicia

Verdad y justicia activaron, en su momento, la acción de la comunidad internacional ante los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en el siglo pasado. La verdad, como elemento fundamental en el proceso social de construcción de memoria colectiva y para la garantía de no repetición, junto con la justicia, fueron determinantes para la creación del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. (El 20 de noviembre de 1945 comenzó el proceso de Nuremberg contra ocho organizaciones hitlerianas y 24 dirigentes nazis, acusados de crímenes de guerra). Continue reading

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La tolerancia es la virtud que hace posible la paz

 No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tú derecho a decirlo.

 Voltaire.

 

Frente a la intensificación de la violencia, el terrorismo, la xenofobia, el nacionalismo agresivo, el racismo, el antisemitismo, la exclusión, la marginación y discriminación perpetrados contra minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, refugiados, trabajadores emigrantes, inmigrantes y grupos vulnerables de la sociedad, no hay otra lucha posible que el método pacífico que proponen los principios de los Derechos Humanos: el de la tolerancia. Continue reading

COFAVIC (1)

Informe para el Examen Periódico Universal de Venezuela – marzo 2016

15-04-2016. COFAVIC y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) presentan este informe para destacar algunos de los principales retos y preocupaciones respecto la situación de los derechos humanos en Venezuela desde el último proceso de revisión periódica ante el Consejo de Derechos Humanos en 2012.

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