Archivo de la etiqueta: crimen de lesa humanidad

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Colección de publicaciones que COFAVIC: “Denuncia y No renuncia”.

 

Esta colección comprende cuatro libros organizados en: Tomo 1: Manual Técnico para el abordaje Integral de casos de Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales, Detenciones arbitrarias y Feminicidios; Tomo 2: Manual Práctico para Promover la Exigibilidad y Justiciabilidad de los Derechos Humanos desde la perspectiva psicojurídica; Tomo 3: Venezuela: Derechos de Las Mujeres: Protección Internacional y en el ámbito interno y por último el Tomo 4: Compilación de los Principales Instrumentos Internacionales y Nacionales Relativos a Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales y Detenciones arbitrarias.

TOMO 1: Manual Técnico para el abordaje integral de casos de Torturas, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales, Detenciones Arbitrarias y Feminicidios.

COFAVIC presenta este Manual como un aporte para impulsar los principales estándares técnicos en las investigaciones de casos de Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales, Detenciones Arbitrarias y Feminicidios  en Venezuela.

Este Manual reúne la principal normativa interna y las directrices que ha desarrollado el Derecho Internacional para impulsar una investigación eficaz, independiente, exhaustiva, transparente y conclusiva de los crímenes contra los derechos humanos en el ámbito de las Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales, Detenciones Arbitrarias y Feminicidios. Es una herramienta abierta a la discusión  y a ser complementado por quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos, desde una perspectiva amplia e incluyente. Su propósito fundamental es ser un auxilio en la búsqueda de la justicia y en el establecimiento de la verdad, teniendo como eje central a las víctimas y sus historias.

En esta publicación se hizo un especial esfuerzo por impulsar el conocimiento de los principales estándares que sobre la materia relativa en el presente Tomo, ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos sentenciados sobre Venezuela. COFAVIC desde 1992 ha sido un sistemático usuario del sistema interamericano en los temas relativos a su misión, bajo la premisa que las instancias internacionales constituyen  organismos subsidiarios de las instancias nacionales y por ello configuran la última esperanza de justicia para las víctimas cuando persiste la impunidad. Lamentablemente, la mayoría de los  estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado, aún siguen pendientes para su aplicación en Venezuela, de allí la importancia y el desafío de conocerlos e impulsarlos.

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TOMO 2: Manual Práctico para Promover la Exigibilidad y Justiciabilidad de los Derechos Humanos desde la perspectiva psicojurídica

Este Manual Práctico para Promover la Exigibilidad y Justiciabilidad de los Derechos Humanos desde la perspectiva psicojurídica procura configurar una guía para defensores y defensoras de los derechos humanos, familiares y víctimas, profesionales del Derecho y demás interesados en el tema de la documentación integral de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país, así como una herramienta para la lucha contra la impunidad.

En este Manual presentamos una recopilación de una serie de modelos que  desde nuestra experiencia en la documentación de casos, consideramos pueden servir de orientación para el seguimiento integral de los casos que se asuman y que procuran dar insumos para ir visibilizando los mecanismos de impunidad existentes y sus efectos en las víctimas y sus familiares.

La documentación representa un proceso complejo en el que, lo ideal, es brindar a la víctima, siempre que ésta lo requiera y lo permita, toda la orientación  psico-jurídica, que le permita llevar de forma conjunta y consciente el proceso jurídico y el emocional y pueda implicarse en el mismo de manera directa.

El Tomo 2 Manual Práctico para Promover la Exigibilidad y Justiciabilidad de los Derechos Humanos desde la perspectiva psicojurídica, está basado en los criterios y principios de las Naciones Unidas recogidas en el Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota, así como en estándares internacionales para el proceso de acompañamiento psicojurídico a víctimas, en la experiencia de COFAVIC y en jurisprudencia y doctrina del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Esta publicación consta de 6 capítulos, además de un grupo de anexos que guiarán la entrevista y el proceso de documentación de casos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos como: ejecuciones extrajudiciales, torturas,  casos de desaparición forzada de personas y feminicidios.

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TOMO 3: Venezuela: Derechos de Las Mujeres: Protección Internacional y en el ámbito interno”

Para COFAVIC esta publicación configura un aporte para socializar los principales instrumentos normativos nacionales e internacionales que protegen los derechos de las mujeres con carácter vinculante para Venezuela. La publicación incluye los principales mecanismos vigentes de acceso a la justicia para la protección de los derechos de las mujeres y los principales estándares internacionales conocidos en este ámbito y está dirigida especialmente a jueces y fiscales con competencia sobre protección de los derechos humanos de las mujeres, abogados y defensores de derechos humanos.

A pesar de las grandes conquistas del movimiento de mujeres a nivel mundial y de los avances en los sistemas de protección a nivel internacional de los derechos humanos, aun sigue existiendo una gran brecha entre la norma y la práctica. Sin embargo, de manera creciente la perspectiva de género ha ido permeando la protección nacional e internacional, permitiendo el reconocimiento internacional de la discriminación que enfrentan millones de mujeres alrededor del mundo, poniendo de manifiesto las limitaciones que afectan el goce y ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Este tomo recopila las principales observaciones y recomendaciones de organismos internacionales sobre la legislación venezolana respecto a los derechos de las mujeres, como es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos, así como la protección de la mujer en el sistema interamericano con la presentación de casos que han sido litigados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta publicación presenta los principales instrumentos jurídicos y organismos internos e internacionales para la protección y defensa de los derechos de las mujeres, así como una lista de contacto de organizaciones y organismos nacionales, regionales y universales de protección.

Con esta publicación, COFAVIC coloca en el centro de su misión a las víctimas que han sido, históricamente, nuestra razón de existencia, y las cuales solo desde el coraje, la perseverancia y la decisión de cruzar y solventar los diversos mecanismos de impunidad que lamentablemente persisten, es que hacen posible que nuestra sociedad pueda reescribir su historia con la verdad de los hechos y que la justicia sea quien tenga la última palabra.

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TOMO 4: Compilación de los Principales Instrumentos Internacionales y Nacionales Relativos a Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales y Detenciones arbitrarias.

COFAVIC  presenta la publicación “Compilación de los Principales Instrumentos Internacionales y Nacionales Relativos a Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales y Detenciones arbitrarias”, como un aporte para socializar los principales instrumentos normativos nacionales e internacionales que protegen los derechos a la vida, la integridad personal, libertad personal  y el debido proceso

La publicación tiene como principal elemento de consulta, los principios de derechos humanos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela así como dos elementos normativos y procedimentales que son fundamentales en el marco de protección de los derechos humanos en Venezuela. Adicionalmente, la edición comprende diez Tratados y Protocolos Facultativos. De igual forma se incluyeron varios reglamentos que establecen las pautas para la presentación de peticiones y el litigio internacional ante el Sistema Interamericano.

Hoy día el marco normativo nacional e internacional de derechos humanos es poco conocido en el país, a pesar de que constituyen herramientas imprescindibles para la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos humanos.

En COFAVIC confiamos en que esta publicación será principalmente de utilidad para las víctimas, profesionales del Derecho, docentes, académicos, investigadores,  estudiantes y funcionarios públicos que contribuyen con su labor en materias vinculantes a la protección y defensa de los derechos humanos.

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La Investigación legal de la tortura según el Protocolo de Estambul (ONU)

El Manual para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, también conocido como Protocolo de Estambul, adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, contiene estándares y procedimientos reconocidos internacionalmente, útiles para identificar y documentar prácticas de tortura. Sus principios fundamentales son: competencia, imparcialidad, independencia, prontitud y minuciosidad, elementos que pueden adaptarse a cualquier sistema jurídico y deberían orientar todas las investigaciones de presuntos casos de tortura. Continue reading

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La tortura como delito dentro de la legislación interna en Venezuela

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 46 el derecho que tiene toda persona a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y en consecuencia prohíbe las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes; establece el deber de respeto a la dignidad y tratamiento adecuado de toda persona privada de libertad, condenada o procesada e impone la obligación de sancionar a todo funcionario público que en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales o que instigue o tolere este tipo de trato. Continue reading

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Huellas de tortura en las víctimas y la sociedad

Toda práctica de tortura, trato cruel, inhumano o degradante, constituye una violación grave a los derechos humanos, en especial por su intento de minimizar o afectar la dignidad de las víctimas, los grupos y la sociedad en su conjunto. Los efectos de la tortura no se pueden analizar sólo desde el punto de vista de quienes la experimentan y de quienes la infligen, o la permiten. La misma es una expresión de una dinámica de intolerancia, discriminación, abuso de poder, impunidad, sometimiento y deshumanización, cuyos efectos quedan muy arraigados en el tiempo y en la historia de un país. Continue reading

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Castigar a una persona por sus ideas políticas es un delito internacional

COFAVIC ve con profunda preocupación el aumento y la práctica sistemática de la represión con el objetivo de impedir el ejercicio del derecho de manifestación. Manifestar es un derecho humano  esencial para el ejercicio democrático y menoscabarlo configura una violación múltiple de los derechos humanos, dado que por la interdependencia de los derechos humanos, la protección del mismo conlleva al ejercicio del derecho de la libertad de expresión e información, integridad personal, reunión y debido proceso, entre otros. Continue reading

Comunicado público: La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad

 

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COFAVIC ve con profunda preocupación los últimos procedimientos practicados por el Estado venezolano, donde luego de un período plagado de incertidumbre e incomunicación prolongada el Estado ha reconocido las detenciones del Sr. Yon Goicochea y el Dr. Braulio Jatar, situaciones que podrían configurar el crimen de desaparición forzada según los extremos determinados en nuestra Constitución y en el derecho Internacional vigente. Continue reading

Se cumplen 23 años de la masacre en el Retén de Catia: ¿Sabemos qué pasó?

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El 27 de noviembre de 1992 es una fecha muy destacada en nuestra historia como país por los eventos que se presentaron durante el segundo intento de golpe de Estado contra el gobierno del entonces Presidente Carlos Andrés Pérez, caracterizados por una experiencia de conmoción nacional y en la que se produjeron graves violaciones a los derechos humanos. Uno de estos episodios, casi invisibilizado, es el asesinato y la posterior desaparición de algunos privados de libertad que se encontraban como procesados y algunos cumpliendo condena en el Internado Judicial de los Flores de Catia, ubicado para el momento de los hechos en la parroquia Sucre del Distrito Capital.

Este día de noviembre, se produjo un alzamiento que fue llevado a cabo por parte de un grupo cívico-militar conformado por altos oficiales de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas y varios civiles opositores al Gobierno. En este contexto de profunda inestabilidad política, se suscitó una circunstancia que aun hoy no ha logrado determinarse con exactitud, puesto que las investigaciones relacionadas con estos hechos no han concluido y no existe a la fecha ningún responsable sancionado. Las investigaciones adelantadas por las autoridades no han podido establecer la cifra total de las víctimas, y los informes al respecto son fragmentarios, confusos y contradictorios.

Pese a la impunidad que ha caracterizado el caso, familiares de las víctimas con apoyo de COFAVIC, presentaron en 1996 el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el año 2005, la Comisión presentó demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien publicó su sentencia el 5 de julio de 2006 en la que se reconoce al menos dos versiones que intentan aclarar lo sucedido dentro del Reten de Catia entre los días 27 y 29 de noviembre de 1992: La primera de ellas señala que “al conocerse, a través de los medios de comunicación, la noticia del intento de golpe de Estado, los guardias del Retén abrieron las puertas de las celdas anunciando a los reclusos que quedaban en libertad, esperaron la salida de los internos y empezaron a disparar contra ellos.” Varios de dichos testimonios indican que ante este accionar, algunos reclusos buscaron refugio en las celdas para salvaguardar sus vidas mientras que otros intentaban la fuga.

Otra versión recogida en el proceso de investigación y análisis de pruebas que realizó la Corte Interamericana, se apoya en un informe emitido por la jefatura de Servicios del Retén de Catia, en el que se señala que “a las 6:10 a.m. del 27 de noviembre de 1992 “se informó a la Jefatura del Régimen que los internos de los Pabellones del Ala Sur 4 y 5 estaban rompiendo los candados, produciendo un motín para alcanzar la fuga masiva y que de inmediato los funcionarios de la guardia dispararon a los internos”. Para la Corte, “Es innegable que la situación se manejó con la intervención masiva de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana, quienes dispararon indiscriminadamente contra los internos utilizando armas de fuego y gases lacrimógenos. Varios de los testimonios de los reclusos y de funcionarios penitenciarios confirman estos hechos”. Quedando demostrado que en entre los días 27, 28 y 29 de noviembre se produjo la muerte de aproximadamente 63 reclusos, entre los cuales se encuentran las 37 víctimas que presentaron su caso ante la CIDH, 52 heridos y 28 desaparecidos, además de los innumerables casos de reclusos que fueron colocados por varias horas en los patios del Retén, obligándolos a permanecer desnudos y en posiciones incómodas.

Adicionalmente, luego de estos sucesos, las personas fallecidas fueron trasladadas a distintas medicaturas forenses de la entonces Policía Técnica Judicial (actualmente CICPC), ubicadas en las ciudades de Caracas, Los Teques y La Guaria y el resto de la población penitenciaria fue trasladada a la Penitenciaría General de Venezuela (Guárico), al Internado Judicial Capital El Rodeo (Guatire) y al Centro Penitenciario de Carabobo (Valencia), sin suministrar información alguna a los familiares de los internos sobre su estado o paradero, lo que generó una creciente situación de incertidumbre a las afueras del penal.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos el derecho a la vida “es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. En este sentido, no resulta admisible ninguna interpretación del mismo de forma restrictiva. De conformidad con el artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos este derecho forma parte del núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los derechos que no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes”.

Asimismo la Corte, estableció que “Las acciones cumplidas por las autoridades venezolanas en el curso de la investigación de los hechos no han sido suficientes para el debido esclarecimiento de la verdad histórica, la determinación de responsabilidades y condena de los responsables de la masacre del Retén de Catia”. Destacando  en los puntos resolutivos de la sentencia la obligación del Estado a emprender todas las acciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas aquel día, y realizar todas las actuaciones necesarias para garantizar la ubicación y entrega de los cuerpos de los privados de libertad en quienes se comprobó su fallecimiento y  aún permanecen desaparecidos.

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Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a coordinacionprensa@cofavic.org o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

25/06/2015 El 26 de junio, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes

Desde 1948 la comunidad internacional ha condenado la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Ya, para 1984 la misma Asamblea creó la Convención contra la Tortura, la cual entró en vigor en 1987.

En 1999 con la participación de diversas organizaciones de derechos humanos junto con Naciones Unidas fue publicado el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, más conocido como el Protocolo de Estambul. El documento contiene todas las directrices y aspectos específicos para investigar, documentar y tratar a las personas que hayan sido víctimas de torturas. Abarca los temas de las normas jurídicas internacionales aplicables, también incluye los principios éticos pertinentes, cómo deben desarrollarse las investigaciones legales, así como las señales y secuelas físicas y psicológicas de las víctimas de tortura.

De acuerdo con lo dispuesto por el protocolo, son necesarios para la investigación y documentación de los casos las declaraciones de los testigos y supervivientes, así como la realización de determinadas pruebas físicas, en caso de que existan secuelas evidentes en las víctimas. Sin embargo, en caso de ausencia de estas señales, “no se considerará que no se ha producido tortura, ya que es frecuente que estos actos de violencia contra las personas no dejen marcas ni cicatrices permanentes”.

Asimismo, los médicos que realizarán las evaluaciones pertinentes deberán contar con una formación especializada en documentación forense de maltrato físico y psicológico, de manera objetiva e imparcial. “Sean cuales fueren las circunstancias, nunca deberán excluirse del informe médico legal los hallazgos que puedan ser indicativos de torturas y otras formas de malos tratos. Los médicos habrán de ser capaces de establecer un clima de confianza en el que puedan revelarse hechos cruciales” (Protocolo de Estambul).

El protocolo establece diversos métodos de tortura que deben ser tomados en cuenta por los especialistas de la salud y medicina forense al momento de recibir la denuncia y comenzar con las investigaciones. Traumatismos causados por golpes como son los puñetazos, patadas y latigazos; las quemaduras con cigarrillos u objetos calientes; choques eléctricos y asfixia, sofocación o estrangulamientos, son algunas de las más conocidas.

No obstante, existen otros métodos que, aunque son menos comunes por dejar menores señales físicas, también configuran actos de torturas, tales como: las exposiciones a gasolina, sal o pimienta; la tortura farmacológica, llamada así por la utilización de dosis tóxicas de sedantes y paralizantes. Las humillaciones, como el abuso verbal y la realización de cualquier acto humillante, las amenazas de muerte, de nuevas torturas o de prisión tanto a la víctima como a sus familiares y las ejecuciones simuladas. Todos, actos violentos que son considerados como crímenes de lesa humanidad que no prescriben.

La utilización de celdas pequeñas, la exposición a temperaturas extremas, la negación de toda intimidad y desnudez forzada; la privación de la estimulación sensorial normal, como sonidos, luz, sentido del tiempo; desatención de necesidades fisiológicas, restricción del suelo, alimentos, agua, instalaciones sanitarias y atención médica; contacto social o mantener a las víctimas en aislamiento para evitar toda formación de vínculos o identificación mutua para fomentar una vinculación traumática con el torturador”, en los detenidos o en sus familiares, están establecidas en el Protocolo de Estambul como diferentes formas de practicar torturas u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Este viernes 26 de junio es el día Internacional en apoyo a las víctimas de torturas y, hoy más que nunca resulta necesario conocer en qué consisten estas prácticas, cómo denunciarlas, atenderlas e investigarlas. Lamentablemente, todos en algún momento podríamos ser víctimas por lo que la educación en derechos humanos es trascendental. Ya para el 26 de junio del 2011 el tema de la tortura para Naciones Unidas era alarmante: “Hemos visto en recientes demostraciones públicas en varios países alrededor del mundo cómo la tortura y el maltrato continúan practicándose extensamente. Es fundamental que reiteremos que es obligación de los Estados prevenir, prohibir, investigar y castigar todo acto de tortura. Es obligación de los Estados respetar la integridad física y mental de todas las personas, garantizar justicia y rendición de cuentas para las víctimas y para la comunidad como un todo, así como llevar a los responsables de tales violaciones ante la justicia”. Siempre deben prevalecer estos deberes y ser el estandarte de todos los países.

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18/06/2015 La tortura un crimen de lesa humanidad

De acuerdo con el calendario de Naciones Unidas, el 26 de junio es el día Internacional en Apoyo a todas las víctimas de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los actos de tortura son considerados como uno de los delitos más atroces, un crimen de lesa humanidad, que no prescribe y que, lamentablemente, por una situación u otra, puede ocurrirle a cualquier persona en diferentes formas y grados.

Según el Protocolo de Estambul, documento que funciona como directriz internacional para examinar a las personas que aleguen haber sufrido tortura y malos tratos, así como para investigar los casos y comunicar los resultados obtenidos a los órganos judiciales correspondientes, define la tortura como la “destrucción deliberada del bienestar físico y emocional de una persona y atenta contra la dignidad y la voluntad de las comunidades”. Además, confirma que es un crimen que “concierne a todos los miembros de la familia humana porque ataca a la misma base de nuestra existencia y de nuestras esperanzas de un mundo mejor”.

El Derecho Internacional establece que todas las personas tienen el derecho a no ser sometidas a ningún tipo de torturas. De igual forma, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes prohíben expresamente estos actos.

Por su parte, el Estado debe garantizar que no se comentan actos de torturas y en caso de haberlos, erradicarlos de forma inmediata. Asimismo tiene el deber de atender a las víctimas y comenzar las investigaciones pertinentes para esclarecer y encontrar a los responsables del crimen. Posterior a la denuncia, las autoridades competentes deben iniciar una investigación imparcial y, si se considera que la denuncia está bien fundada, el o los presuntos autores deberán ser sometidos a los procedimientos penales que correspondan y las víctimas tendrán que ser reparadas o indemnizadas adecuadamente.

Es importante recordar que la labor del Estado no solo abarca la investigación de los casos, el castigo a los culpables y la ayuda a las víctimas, sino que debe emprender- además- acciones preventivas, es decir, velar por la correcta educación e información sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional de los agentes del orden, tanto civiles como militares, del personal médico y los funcionarios públicos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) afirma que los Estados deben tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de cualquier otra índole para impedir los actos de tortura. Asimismo, hace énfasis en que se debe “penalizar los actos de tortura, incluida la complicidad o la participación en ellos. Adicionalmente, hacer de la tortura un delito que dé lugar a extradición y ayudar a otros Estados Partes -en lo que respecta a los procedimientos penales- en casos de tortura”. Además, se considera que una demora de 15 meses en la investigación de una denuncia es “excesiva y no satisface lo dispuesto por la Convención contra la Tortura”.

Limitar el uso de la detención en régimen de incomunicación es otra de las recomendaciones de Naciones Unidas, así como asegurar que los detenidos se mantengan en lugares oficialmente reconocidos para la detención de personas. Por otro lado, es primordial que el Estado asegure que los nombres de las personas responsables de la detención, figuren en registros disponibles y accesibles a los interesados, familiares y amigos.

Si ha sido víctima de torturas o conoce a alguien debe denunciar. La denuncia es el primer paso en la lucha contra la impunidad.

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