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La violencia de género es prevenible

Los especialistas lo tienen muy claro. Para combatir la violencia contra la mujer, cuyo día internacional se celebra cada 25 de noviembre, la prevención es determinante y un factor clave. Clara Alemann, experta en género del Banco Interamericano de Desarrollo, asegura que ninguna intervención de respuesta a posteriori podrá contrarrestar este fenómeno. Es necesario empezar antes de que ocurra para evitar la repetición.

Eso significa que no basta con comenzar la prevención en el matrimonio, ni en el noviazgo, ni siquiera en la niñez. El trabajo debe iniciarse, incluso, en la generación anterior. Investigaciones recientes han demostrado, además,  que el maltrato afecta a todos los sectores sociales y países, y que hay una correlación directa entre quienes vieron o sufrieron violencia y las probabilidades de reproducirla y, también, de padecerla.

Entonces, ¿cómo prevenir esa violencia que de alguna manera se ha heredado de una generación a otra? Lo ideal es que se  evite en el seno del hogar, para que los hijos no la aprendan y la reproduzcan.  

Con estas premisas, las políticas de prevención de violencia de género  tienen un importante papel en la fase, casi siempre conflictiva, de la adolescencia. De hecho, se ha demostrado que funcionan algunos programas destinados a disminuir los maltratos, sean físicos o psicológicos, que comienzan a aparecer en las primeras relaciones sentimentales. De esa manera se evita en el futuro la transmisión de la violencia a los hijos de estos jóvenes.

Hoy en día se sabe que los niños que ven violencia en casa son más propensos a ejercerla después. Pero no solo eso: el riesgo de sufrirla en la edad adulta entre las niñas que viven en esos entornos se multiplica por 2,5. “No se sabe al 100% la razón, pero la hipótesis es que si crecen en ese ambiente piensan que es la forma normal de resolver conflictos. Hay encuestas a mujeres adultas en Latinoamérica que dicen que el 16% piensan que la violencia contra ellas mismas es aceptable bajo ciertas circunstancias”, señala Andrew Morrison, jefe de la división de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

Ese porcentaje es todavía superior si se atiende a los adolescentes de todos los países en desarrollo: casi la mitad de las jóvenes de entre 15 y 19 años cree que en ocasiones se justifica, según el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y las Niñas de Unicef, con datos recolectados entre 2005 y 2016.

Sea cual sea la razón, lo cierto es que una de cada tres mujeres en el mundo es víctima de maltrato por parte de su pareja a lo largo de su vida. Y que el 38% de los asesinatos a mujeres los cometen sus parejas, según datos de la Organización Mundial de la Salud (nota descriptiva  Violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer, noviembre 2016).

En efecto, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo y es considerada la forma más extrema de discriminación. En los casos más graves, esa violencia puede provocar la muerte. Según datos del Informe Mundial sobre Violencia de Unicef, referidos a 87 países y recolectados entre 2005 y 2016, el 19% de las mujeres, de entre 15 y 49 años de edad, dijeron que habían experimentado violencia física o sexual, o ambas, a manos de su pareja en los 12 meses anteriores a ser preguntadas sobre este asunto. En 2012, casi la mitad de las mujeres víctimas de un homicidio intencional en todo el mundo fueron asesinadas por su pareja o un familiar, en comparación con el 6% de los varones.

Es importante entender que la violencia contra las mujeres es un asunto público y es un crimen tipificado como tal en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No existen los crímenes por amor u honor, ni los crímenes personales. Son transgresiones, son violaciones a los derechos humanos, es violencia de género. Así se le debe llamar.

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada.

Abarca, sin carácter limitativo, “la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada; y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra”.

El Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999 y se celebra el 25 de noviembre de cada año. Los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales son invitadas a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer.

El principal objetivo es recordarle al mundo que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. Que es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género.

En Venezuela, pese a esas desigualdades que persisten, son las mujeres, representadas en madres, hermanas, abuelas e hijas,  las que acuden a los organismos de investigación a exigir justicia, protección y reparación frente a los daños causados.  Además, el esfuerzo organizativo ha sido, particularmente, dirigido por mujeres motivadas por la necesidad de exigir el establecimiento de la verdad, la justicia y la reparación en casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, en rechazo a prácticas de tortura y detenciones arbitrarias, así como a favor del apoyo a las mujeres víctimas de violencia.

Es por ello que todas las actividades de COFAVIC poseen como eje transversal la perspectiva de género, porque permite profundizar, de manera diferenciada en los efectos que este tipo de violaciones a los derechos humanos dejan en las víctimas y la sociedad.  

Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a cofavic@gmail.com  o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

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La tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es respeto

La tolerancia es una virtud, con una doble perspectiva: moral y política. En realidad es una virtud de la democracia porque el respeto a los demás, la igualdad de todas las creencias y opiniones, la convicción de que nadie tiene la verdad ni la razón absolutas, son el fundamento de la tolerancia. “Sin la virtud de la tolerancia, la democracia es un engaño, pues la intolerancia conduce directamente al totalitarismo” (Victoria Camps Virtudes públicas, 1990).

La tolerancia es la aceptación consciente y positiva de las diferencias culturales, políticas o morales (de grupos estables organizados o de personas individuales) porque representan otras formas de pensamiento o de acción, sin que esto suponga una renuncia a las propias convicciones ni ausencia de compromiso personal.

La tolerancia a veces es mal entendida como la necesidad de aguantar, soportar, resistir, sufrir, consentir, permitir, cuando
en realidad el acto de tolerar conlleva una actitud caracterizada por el esfuerzo para reconocer las diferencias y comprender al otro, es decir, reconocer su derecho a ser distinto. “La tolerancia hace posible la diferencia; la diferencia hace necesaria la tolerancia” (Michael Walzer, Tratado sobre las tolerancia, 1998).

Lamentablemente, desde la infancia se enseñan y refuerzan nociones ligadas a prejuicios y rigidez en las propias creencias e ideas, vistas como las únicas válidas y que impiden el reconocimiento del otro. A veces, solo por ignorancia y por temor a lo desconocido, a otras culturas, religiones y naciones, a distintas formas de pensamiento, se practica la intolerancia.

La injusticia, la violencia, la discriminación y la marginalización son formas comunes de intolerancia, pero la educación es un elemento clave para luchar contra estas formas de exclusión y ayudar a los jóvenes a desarrollar una actitud independiente y un comportamiento ético. La diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias no debe ser motivo de conflicto sino una riqueza valorada por todos.

De allí que la Organización de Naciones Unidas se comprometiera a fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos, imperativo presente en la base de la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En 1995, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) adoptaron una Declaración de Principios sobre la Tolerancia. La Declaración afirma, entre otras cosas, que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. La tolerancia reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros. La gente es naturalmente diversa; solo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades mixtas en cada región del mundo.

La Declaración describe la tolerancia no sólo como un deber moral, sino como un requerimiento político y legal para los individuos, los grupos y los estados. Sitúa a la tolerancia en el marco del derecho internacional sobre derechos humanos, elaborados en los últimos cincuenta años y pide a los Estados que legislen para proteger la igualdad de oportunidades de todos los grupos e individuos de la sociedad.

La Declaración de Principios sobre la Tolerancia la adoptó la Unesco el 16 de noviembre de 1995, y un año después, la Asamblea General invitó a los Estados Miembros a que cada año, en esa misma fecha, se observara el Día Internacional para la Tolerancia con actividades dirigidas tanto a los centros de enseñanza como al público en general.

La Declaración establece que una conducta tolerante implica un discernimiento individual para respetar y aceptar las diferencias raciales, políticas, sexuales y sociales de los demás. Asimismo, la tolerancia se encuentra estrechamente ligada al deber que tiene toda persona de respetar los derechos humanos de las otras personas. El derecho a la libertad e igualdad y la prohibición de la discriminación son derechos humanos reconocidos expresamente en tratados internacionales de los que Venezuela es parte.

El deber que todos tenemos de respetar los derechos de los demás no le resta responsabilidades al Estado, en el sentido de ser el garante y responsable último de la protección de los derechos humanos.

Por eso es importante que los Gobiernos protejan y promuevan una cultura de respeto por los derechos humanos, prohíban los crímenes y las prácticas discriminatorias contra las minorías, independientemente de que se cometan por organizaciones privadas, públicas o individuos.

Sin embargo, las leyes son necesarias pero no suficientes para luchar contra la intolerancia y los prejuicios individuales. Por eso es necesario poner énfasis en la educación y enseñar la práctica de la tolerancia y los derechos humanos, aunque la educación es una experiencia vital que no empieza ni termina en la escuela. Los esfuerzos para promover la tolerancia tendrán éxito si se aplican a todos los grupos en todos los entornos: en casa, en la escuela, en el lugar de trabajo, en el entrenamiento de las fuerzas del orden, en el ámbito cultural y en los medios sociales.

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Soy víctima y tengo derechos

El primer paso quizás sea el más difícil, pero también el más determinante: reconocerse como víctima de la violación de sus derechos y aceptar que merecen conocer la verdad de lo que ocurrió; que se investiguen los hechos para que se condene a los victimarios y se haga justicia, y, finalmente, que haya una reparación integral por los daños sufridos.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las víctimas son todas aquellas personas que han sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.

Son víctimas los jóvenes que sufrieron detenciones arbitrarias durante el contexto de protestas; los padres de los jóvenes que fueron asesinados, presuntamente, por funcionarios de cuerpos policiales en manifestaciones antigubernamentales; los padres de los jóvenes asesinados en zonas populares en el desarrollo de operativos de seguridad ciudadana, por solo mencionar tres ejemplos.

Todos, en situaciones diferentes, se convirtieron en víctimas y hoy se reconocen en el dolor y la compasión. Unos primeros, otros después, pero progresivamente todos asumirán  esa nueva condición que les permitirá transitar un camino transformador que les dará herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial, todo con el objetivo de que puedan mejorar su situación social, política, económica, psicológica o espiritual.

A la par, la víctima debe denunciar, apropiarse de su propio caso y velar por el seguimiento de la investigación. El artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), de hecho, define claramente los derechos  que tienen las víctimas:

1.-Presentar querella e intervenir en el proceso conforme a lo establecido en este Código.

2.-Ser informada de los resultados del proceso, aun cuando no hubiere intervenido en él.

3.-Solicitar medidas de protección frente a probables atentados en contra suya o de su familia.

4.-Adherirse a la acusación del fiscal o formular una acusación particular propia contra el imputado en los delitos de acción pública; o una acusación privada en los delitos dependientes de instancia de parte.

5.-Ejercer las acciones civiles con el objeto de reclamar la responsabilidad civil proveniente del hecho punible.

6.-Ser notificada de la resolución del fiscal que ordena el archivo de los recaudos.

7.-Ser oída por el tribunal antes de decidir acerca del sobreseimiento o antes de dictar cualquier otra decisión que ponga término al proceso o lo suspenda condicionalmente.

8.-Impugnar (anular) el sobreseimiento o la sentencia absolutoria.

El seguimiento del caso es vital. La víctima tiene el derecho de conocer los resultados de las investigaciones para lo cual es importante contar con una participación activa en el proceso. Algunas de las actividades que debe hacer son:

1.-Asistir semanalmente a los diferentes organismos (Fiscalía, Tribunales, Defensoría Pública y CICPC) encargados de la resolución del caso, con el objeto de obtener información actualizada del caso y registrarla.

2.-Abrir un archivo propio a través de una carpeta  de denuncia en la cual se va a recopilar toda la información que se obtenga y copia de las diligencias que se hayan realizado.

3.-Presentar solicitudes concretas a las autoridades competentes con relación a sus atribuciones.

4.-Ejercer los recursos a que haya lugar en el caso concreto.

La víctima, además, tiene  la posibilidad de informar a la opinión pública de lo ocurrido.  No basta con denunciar los hechos ante las autoridades; es necesario darlos a conocer ante la opinión pública por los medios que se tenga al alcance: periódicos, radio, televisión, boletines, volantes, etc.

También es importante reflexionar la situación con la comunidad.  Es conveniente reunir a los vecinos, compañeros de trabajo o de estudio para dialogar sobre la situación que se está viviendo, analizarla y buscar colectivamente alternativas para enfrentarla.

Todos esos caminos conducen a la verdad, a la justicia y a la garantía de que no se repitan los hechos que los convirtieron en víctimas. El derecho a la verdad, como bien lo ha resumido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, implica “conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos. Eso implica conocer la verdad completa y total en relación con los hechos, sus circunstancias específicas, la identidad de los responsables y partícipes, y sus motivaciones

En los casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales el derecho a la verdad tiene también una dimensión especial: conocer la suerte y el paradero de la víctima. Asimismo, la jurisprudencia y la doctrina internacionales consideran que la sociedad tiene también derecho a conocer la verdad acerca de las graves violaciones de derechos humanos. En efecto, el derecho a la verdad tiene también una dimensión colectiva: la sociedad tiene el derecho a conocer la verdad acerca de las graves violaciones de derechos humanos, las circunstancias en que fueron cometidas, los responsables de estas y sus motivos. El derecho a la verdad ha sido caracterizado como inalienable e imprescriptible tanto por instrumentos internacionales como por la jurisprudencia y la doctrina internacionales.

 

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Los efectos individuales y colectivos de la impunidad

La impunidad busca que la sociedad olvide y “cuando la historia se olvida, tiende a repetirse”

La impunidad es un fenómeno jurídico pero también cultural, social e institucional, que se evidencia cuando los organismos encargados de hacer justicia no procesan, ni castigan a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos. Un mecanismo que permite para los autores de graves violaciones a los derechos humanos ocultarse de la acción punitiva de una sociedad. Este hecho trae consigo una serie de consecuencias que se suman al evento traumático y doloroso vivido por las víctimas, tocando diferentes ámbitos de su vida.

Es también una ruta para evadir, impedir o sustraerse a la acción penal, especialmente cuando la impunidad se sitúa del lado de quienes representan el aparato del Estado o del poder. En esta situación de impunidad, donde las expectativas de las víctimas no se ven cumplidas, se genera más sufrimiento, daño y frustración, viendo sus derechos vulnerados nuevamente.

También la impunidad cumple un propósito: es un acto de violación a los derechos humanos; aporta un contexto posibilitador para su reiteración y favorece la repetición de violaciones a los derechos humanos; constituye un factor perpetuador del statu quo mediante su naturalización y puede llegar a ser entendida como una estrategia de poder, mediante la amenaza y el miedo, ya que impone  una forma de control social. Por lo que deja profundas huellas en las víctimas y en el tejido social.

La impunidad es también un proceso psicosocial multifactorial que presenta efectos a nivel individual como a nivel colectivo, los cuales tienen que ver con  el quiebre de la confianza básica en los otros y en el mundo que nos rodea, en ocasiones las personas deciden, ante el dolor, permanecer en silencio, aislándose, dificultando la superación del mismo,  queda una ausencia de información sobre lo ocurrido y la  incertidumbre sobre cómo queda nuestra vida y qué pasará con los responsables, ello produce una situación compleja y difícil de tolerar para quien lo padece. Junto con el silencio, la impunidad favorece la revictimización y la criminalización por medio de la inacción del Estado y los operadores de justicia, interfiriendo en la superación del daño emocional y psicosocial que produce la violencia.

Como forma de control social, tiene dos objetivos muy concretos: 1) actúa a través del miedo colectivo y 2) produce resentimiento social y deterioro del tejido social. Estos dos aspectos afectan significativamente la convivencia y rompen las relaciones de solidaridad a lo interno de las comunidades y/o grupos.

El silencio que impone el Estado, cuando promueve la impunidad culpabiliza a la víctima, haciéndola sentir erróneamente que es la responsable de lo sucedido, eximiendo de esta responsabilidad al victimario, situación que termina operando como una forma de opresión social, promoviendo y/o legitimando formas violentas de resolución de conflictos. La impunidad a nivel colectivo imposibilita que las personas puedan reconocerse como parte de un sistema que protege y defiende los derechos humanos.

Carlos Martín Beristain, psicólogo y autor de la obra ‘Diálogos sobre la Reparación’ (2008) propone que ante las violaciones graves a los derechos humanos y la impunidad; se reconozca públicamente la verdad y el sufrimiento de las víctimas como nueva forma de vinculación social, que se investiguen los hechos y se atienda a las víctimas. Así mismo, enfatiza que es necesario el desmantelamiento de los mecanismos que mantienen y posibilitan la impunidad y la violencia, dignificando a las víctimas e impulsando medidas para el mantenimiento de la memoria histórica y la reconstrucción del tejido social.

El accionar de la memoria actúa como antídoto contra la impunidad y la imposibilidad de olvidar lo sucedido, los procesos colectivos de memoria histórica contribuyen de manera determinante en que lo vivido no se olvide, para que no se repita. La posibilidad de construir la memoria colectiva implica un posicionamiento que es decisivo para la reapropiación del pasado y la posibilidad de construir un futuro como persona y como sociedad.

La lucha contra la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos en el mundo nos ha dejado grandes aprendizajes y uno muy importante es que  mientras se mantengan las voces de las víctimas, no habrá discurso, ni orden alguna desde el poder, que silencie el dolor de quien exige el reconocimiento de su dignidad, convirtiéndose en ejemplo para generaciones.

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Aún se criminaliza labor de defensores y defensoras de Derechos Humanos

En 1998, los países miembros de la ONU suscribieron la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, grupos e instituciones de promover y proteger los derechos humanos. El documento reconoce la defensa de los derechos humanos como un derecho, e insta a los Estados a proteger a las personas y organizaciones de la sociedad civil que la ejercen.

En la declaración se describe como derechos de los defensores y defensoras los siguientes aspectos:

A ser protegidos.
A la libertad de reunión pacífica.
A la libertad de asociación.
A acceder y a comunicarse con organismos internacionales.
A la libertad de opinión y de expresión.
A la protesta pacífica.
A debatir y desarrollar nuevas ideas en materia de derechos humanos.

Los defensores y defensoras, por otra parte, pueden desarrollar como actividades legítimas y protegidas por la Declaración, las siguientes tareas:

Proteger la democracia, promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, contribuir al fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos democráticos.

Formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, afiliarse a ellos o a participar en ellos promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de diversos medios.

Tener la oportunidad efectiva, sobre una base no discriminatoria, de participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos y, dentro de este derecho presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento.

Llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales y solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales. A pesar de estas disposiciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de informes temáticos, ha alertado sobre la criminalización de defensores en la región.

Se han identificado los obstáculos a los que se enfrentan las personas que promueven y defienden derechos humanos: a) ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; agresiones, amenazas y hostigamientos; b) campañas de desprestigio; c) violaciones al domicilio y otras injerencias arbitrarias; d) actividades de inteligencia; e) restricciones al acceso a la información y a las acciones de hábeas data; f) controles administrativos y financieros arbitrarios a las organizaciones de derechos humanos; g) impunidad en las investigaciones de ataques sufridos por defensores y defensoras.

La organización Front Line Defenders también ha realizado informes especiales sobre las garantías de trabajo para las organizaciones de derechos humanos en el mundo. En el año 2016 presentó un informe titulado “Informe anual sobre los/as defensores/as de derechos humanos”, en el que realizó un análisis detallado sobre el deterioro de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos a nivel mundial y destacó que la violencia siguió siendo la característica principal de los ataques dirigidos a los defensores y defensoras de derechos humanos en América Latina y el Caribe.

La organización Front Line Defenders recomendó en su informe, que los gobiernos deben reconocer la vital importancia que tiene el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, puesto que son actores que contribuyen a la construcción de sociedades justas e igualitarias.

Asimismo, recalcaron el despliegue de campañas de señalamiento y difamación, a través de declaraciones por parte de altos funcionarios públicos en medios de comunicación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha expresado su alarma ante los señalamientos, actos de intimidación y acciones de descrédito de las que son objeto algunas personas en Venezuela como consecuencia de ejercer su derecho a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La CIDH ha instado en reiteradas oportunidades a los funcionarios públicos a abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos.

Es absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción de represalia que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano o de algún sistema internacional, en ejercicio de sus derechos convencionales.

Tal como lo establece el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.

La labor de defensoras y defensores es fundamental para la vigencia de un Estado de Derecho y de la democracia. Los defensores y defensoras de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta.

Las declaraciones estigmatizantes contra defensores y defensoras de derechos humanos restan credibilidad y legitimidad a su labor, atentan contra su rol esencial en la consolidación del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia y tiene un efecto disuasivo sobre la actividad de promoción y protección de los derechos humanos.

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Las desapariciones forzadas son crímenes atroces que no deben ser toleradas en ninguna sociedad.

Sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través de esa sensibilización, los gobiernos y los Estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes.

Esos son los propósitos del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se conmemoró el pasado 30 de agosto para la protección de todas las personas sometidas o que son vulnerables a las desapariciones forzadas.

Se espera que ese y todos los demás días sean aprovechados para mostrar el camino que los Estados deben emprender y las acciones que deben llevar a cabo para evitar las desapariciones forzadas de ciudadanos de un país.

Se entiende por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Es importante destacar que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el Derecho Internacional aplicable.

Una desaparición forzada se define por tres elementos acumulativos que se deben tener en cuenta: la privación de libertad contra la voluntad de la persona interesada;
la participación de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por aquiescencia y la negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada.

La desaparición forzada se usa con frecuencia como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

Las desapariciones forzadas, que en algún momento fueron el producto de las dictaduras militares, son perpetradas hoy día, especialmente como método de represión política de los oponentes.

Las desapariciones forzadas violan una serie de normas consuetudinarias fundamentales tales como la prohibición de la privación arbitraria de libertad, la prohibición de la tortura y otros tratos inhumanos y crueles, así como la prohibición de las ejecuciones. Dejar a las familias sin noticias de la situación y del paradero de sus seres queridos no sólo las pone en una insoportable situación de incertidumbre sino que es también una negación del derecho a la vida en familia y del derecho de las familias a conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos.

La prohibición de las desapariciones forzadas, no da cabida a las excepciones. Ni la guerra, ni un estado de excepción ni razones imperativas de seguridad nacional pueden justificar las desapariciones forzadas. Del mismo modo, ningún Estado, grupo o individuo está por encima de la ley, y nadie puede quedar fuera del derecho: esto es lo que se intenta hacer con las desapariciones forzadas.

Una vez que desaparece una persona, es a menudo demasiado tarde para actuar. Debemos hacerlo antes de que ocurra, debemos impedir que las personas desaparezcan registrando sus datos, siguiendo su rastro y dando noticias de ellas a sus familias.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas cree que es motivo de especial preocupación el acoso a los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada.

También el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones; y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.

La Asamblea General de las Naciones Unidas expresó, además, su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

En la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, se establece que nadie será sometido a una desaparición forzada, y que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada.

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Colección de publicaciones que COFAVIC: “Denuncia y No renuncia”.

 

Esta colección comprende cuatro libros organizados en: Tomo 1: Manual Técnico para el abordaje Integral de casos de Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales, Detenciones arbitrarias y Feminicidios; Tomo 2: Manual Práctico para Promover la Exigibilidad y Justiciabilidad de los Derechos Humanos desde la perspectiva psicojurídica; Tomo 3: Venezuela: Derechos de Las Mujeres: Protección Internacional y en el ámbito interno y por último el Tomo 4: Compilación de los Principales Instrumentos Internacionales y Nacionales Relativos a Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales y Detenciones arbitrarias.

TOMO 1: Manual Técnico para el abordaje integral de casos de Torturas, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales, Detenciones Arbitrarias y Feminicidios.

COFAVIC presenta este Manual como un aporte para impulsar los principales estándares técnicos en las investigaciones de casos de Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales, Detenciones Arbitrarias y Feminicidios  en Venezuela.

Este Manual reúne la principal normativa interna y las directrices que ha desarrollado el Derecho Internacional para impulsar una investigación eficaz, independiente, exhaustiva, transparente y conclusiva de los crímenes contra los derechos humanos en el ámbito de las Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales, Detenciones Arbitrarias y Feminicidios. Es una herramienta abierta a la discusión  y a ser complementado por quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos, desde una perspectiva amplia e incluyente. Su propósito fundamental es ser un auxilio en la búsqueda de la justicia y en el establecimiento de la verdad, teniendo como eje central a las víctimas y sus historias.

En esta publicación se hizo un especial esfuerzo por impulsar el conocimiento de los principales estándares que sobre la materia relativa en el presente Tomo, ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos sentenciados sobre Venezuela. COFAVIC desde 1992 ha sido un sistemático usuario del sistema interamericano en los temas relativos a su misión, bajo la premisa que las instancias internacionales constituyen  organismos subsidiarios de las instancias nacionales y por ello configuran la última esperanza de justicia para las víctimas cuando persiste la impunidad. Lamentablemente, la mayoría de los  estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado, aún siguen pendientes para su aplicación en Venezuela, de allí la importancia y el desafío de conocerlos e impulsarlos.

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TOMO 2: Manual Práctico para Promover la Exigibilidad y Justiciabilidad de los Derechos Humanos desde la perspectiva psicojurídica

Este Manual Práctico para Promover la Exigibilidad y Justiciabilidad de los Derechos Humanos desde la perspectiva psicojurídica procura configurar una guía para defensores y defensoras de los derechos humanos, familiares y víctimas, profesionales del Derecho y demás interesados en el tema de la documentación integral de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país, así como una herramienta para la lucha contra la impunidad.

En este Manual presentamos una recopilación de una serie de modelos que  desde nuestra experiencia en la documentación de casos, consideramos pueden servir de orientación para el seguimiento integral de los casos que se asuman y que procuran dar insumos para ir visibilizando los mecanismos de impunidad existentes y sus efectos en las víctimas y sus familiares.

La documentación representa un proceso complejo en el que, lo ideal, es brindar a la víctima, siempre que ésta lo requiera y lo permita, toda la orientación  psico-jurídica, que le permita llevar de forma conjunta y consciente el proceso jurídico y el emocional y pueda implicarse en el mismo de manera directa.

El Tomo 2 Manual Práctico para Promover la Exigibilidad y Justiciabilidad de los Derechos Humanos desde la perspectiva psicojurídica, está basado en los criterios y principios de las Naciones Unidas recogidas en el Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota, así como en estándares internacionales para el proceso de acompañamiento psicojurídico a víctimas, en la experiencia de COFAVIC y en jurisprudencia y doctrina del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Esta publicación consta de 6 capítulos, además de un grupo de anexos que guiarán la entrevista y el proceso de documentación de casos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos como: ejecuciones extrajudiciales, torturas,  casos de desaparición forzada de personas y feminicidios.

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TOMO 3: Venezuela: Derechos de Las Mujeres: Protección Internacional y en el ámbito interno”

Para COFAVIC esta publicación configura un aporte para socializar los principales instrumentos normativos nacionales e internacionales que protegen los derechos de las mujeres con carácter vinculante para Venezuela. La publicación incluye los principales mecanismos vigentes de acceso a la justicia para la protección de los derechos de las mujeres y los principales estándares internacionales conocidos en este ámbito y está dirigida especialmente a jueces y fiscales con competencia sobre protección de los derechos humanos de las mujeres, abogados y defensores de derechos humanos.

A pesar de las grandes conquistas del movimiento de mujeres a nivel mundial y de los avances en los sistemas de protección a nivel internacional de los derechos humanos, aun sigue existiendo una gran brecha entre la norma y la práctica. Sin embargo, de manera creciente la perspectiva de género ha ido permeando la protección nacional e internacional, permitiendo el reconocimiento internacional de la discriminación que enfrentan millones de mujeres alrededor del mundo, poniendo de manifiesto las limitaciones que afectan el goce y ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Este tomo recopila las principales observaciones y recomendaciones de organismos internacionales sobre la legislación venezolana respecto a los derechos de las mujeres, como es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos, así como la protección de la mujer en el sistema interamericano con la presentación de casos que han sido litigados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta publicación presenta los principales instrumentos jurídicos y organismos internos e internacionales para la protección y defensa de los derechos de las mujeres, así como una lista de contacto de organizaciones y organismos nacionales, regionales y universales de protección.

Con esta publicación, COFAVIC coloca en el centro de su misión a las víctimas que han sido, históricamente, nuestra razón de existencia, y las cuales solo desde el coraje, la perseverancia y la decisión de cruzar y solventar los diversos mecanismos de impunidad que lamentablemente persisten, es que hacen posible que nuestra sociedad pueda reescribir su historia con la verdad de los hechos y que la justicia sea quien tenga la última palabra.

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TOMO 4: Compilación de los Principales Instrumentos Internacionales y Nacionales Relativos a Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales y Detenciones arbitrarias.

COFAVIC  presenta la publicación “Compilación de los Principales Instrumentos Internacionales y Nacionales Relativos a Torturas, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, Ejecuciones Extrajudiciales y Detenciones arbitrarias”, como un aporte para socializar los principales instrumentos normativos nacionales e internacionales que protegen los derechos a la vida, la integridad personal, libertad personal  y el debido proceso

La publicación tiene como principal elemento de consulta, los principios de derechos humanos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela así como dos elementos normativos y procedimentales que son fundamentales en el marco de protección de los derechos humanos en Venezuela. Adicionalmente, la edición comprende diez Tratados y Protocolos Facultativos. De igual forma se incluyeron varios reglamentos que establecen las pautas para la presentación de peticiones y el litigio internacional ante el Sistema Interamericano.

Hoy día el marco normativo nacional e internacional de derechos humanos es poco conocido en el país, a pesar de que constituyen herramientas imprescindibles para la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos humanos.

En COFAVIC confiamos en que esta publicación será principalmente de utilidad para las víctimas, profesionales del Derecho, docentes, académicos, investigadores,  estudiantes y funcionarios públicos que contribuyen con su labor en materias vinculantes a la protección y defensa de los derechos humanos.

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La población civil no es un objetivo militar

La expresión asistencia humanitaria se ha utilizado para referirse a la ayuda que se ofrece a las víctimas de conflictos, o derivadas de los mismos (hambrunas, epidemias) y de crisis de carácter humanitario debido a catástrofes naturales.  Según la Corte Internacional de Justicia, la ayuda humanitaria permitida durante los conflictos armados se define “como el suministro de alimentos, ropa, medicamentos y otra asistencia humanitaria, y no incluye el abastecimiento de armas, sistemas de armas, municiones, u otros equipos, vehículos, o materiales que puedan usarse para provocar lesiones graves o la muerte”.

Con motivo de la celebración del Día Mundial, que se conmemoró el pasado 19 de agosto, las organizaciones humanitarias unieron sus voces para reiterar una vez más que la población civil atrapada en un conflicto no debe ser objetivo de los ataques. A través de una campaña mundial se insistió en la importancia de defender a los más vulnerables en las zonas en guerra, y se elevó petición para que los líderes mundiales hagan todo lo posible para proteger a los civiles.

En esta oportunidad desde COFAVIC queremos rendirles tributo a las y los trabajadores que arriesgan sus vidas llevando ayuda humanitaria a otros y al importante apoyo que brindan a las personas afectadas por las crisis en todo el mundo.

La población civil no es un objetivo militar, es el principio fundamental de la ayuda humanitaria. Atrapados en guerras que no han causado, millones de civiles se ven obligados a esconderse o huir para salvar sus vidas. Los niños dejan la escuela, las familias abandonan sus hogares y las comunidades ven afectados sus vínculos referentes de confianza e identidad,  mientras el mundo no hace lo suficiente para detener ese sufrimiento. Por su parte, las y los trabajadores sanitarios y humanitarios, que ponen sus vidas en peligro para atender a las víctimas de la violencia, se convierten cada vez más en objetivo de los ataques.

En un informe sobre la protección de civiles, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió que se respete el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, así como la protección de los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios y sanitarios, y las obras públicas.

En el mismo documento, Guterres señaló que los conflictos armados están desgarrando grandes extensiones del mundo y un número sin precedentes de personas necesitan asistencia humanitaria y protección.

Un 97% de la asistencia humanitaria se destina a situaciones de emergencia complejas, la mayoría de ellas en conflictos armados.  A nivel mundial, más de 65 millones de personas han sido desplazadas por un conflicto, la violencia o la persecución. Más de 20 millones de personas, entre ellas 1,4 millones de niños, están al borde de la hambruna en Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y el Yemen. Al mismo tiempo, en la comunidad internacional existe un creciente sentimiento de fatiga, e incluso de resignación, al abordar el sufrimiento de los civiles en los conflictos.

Todas las partes estatales y no estatales en un conflicto deben respetar el Derecho Internacional Humanitario y todos los Estados deben asegurar ese respeto. Sin embargo, en muchos conflictos, las partes incumplen sus obligaciones y expresan desprecio por la vida y la dignidad humana, a menudo con impunidad.

Se da muerte a civiles en forma habitual en ataques directos e indiscriminados. A medida que el conflicto se vuelve cada vez más urbanizado, la repercusión sobre los civiles se hace aún más atroz. La violencia sexual destruye vidas y socava la cohesión de la comunidad. Estos horrores se ven exacerbados cuando los civiles se ven privados de artículos y servicios básicos de socorro, y a veces se encuentran incluso sitiados durante meses. Ante tal grado de brutalidad, millones de civiles se ven obligados a huir de sus hogares en busca de seguridad.

El Secretario General de las Naciones Unidas señala que su prioridad es resolver los conflictos y consolidar una paz sostenible. A largo plazo, la mejor manera de proteger a los civiles es abordar las causas profundas de los conflictos, promover los derechos humanos y el estado de derecho, fortalecer la gobernanza y las instituciones e invertir en un desarrollo incluyente y sostenible.

Sin embargo, a veces los intentos de prevenir un conflicto fracasan y sólo queda  proteger la vida y la dignidad de los civiles atrapados en un conflicto. A este respecto, se plantean claramente tres prioridades de protección en los conflictos.

En primer lugar,  se debe reforzar el respeto del Derecho Internacional Humanitario y las normas internacionales de derechos humanos y promover la buena práctica entre las partes en conflicto.

En segundo lugar, se debe proteger la misión humanitaria y médica y dar prioridad a la protección de los civiles en las operaciones de paz de las Naciones Unidas.

En tercer lugar, se debe evitar el desplazamiento forzado y buscar soluciones duraderas para los refugiados y los desplazados internos. Estas prioridades de protección están interrelacionadas y se refuerzan mutuamente.

Es fundamental que la acción humanitaria permanezca apartada de objetivos políticos o militares y que se lleve a cabo de conformidad con los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.

Los Estados Miembros no deben obstaculizar los esfuerzos de los agentes humanitarios por interactuar con todas las partes pertinentes, incluidos los grupos armados no estatales, y operar en las zonas bajo su control.

Dentro de este marco de actuación, los trabajadores y los bienes humanitarios deben ser respetados y protegidos.

ENVÍENOS SU COMUNICACIÓN:

Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a coordinacionprensa@cofavic.org  o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

 

 

 

 

 

 

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La tolerancia es la virtud que hace posible la paz

 No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tú derecho a decirlo.

 Voltaire.

 

Frente a la intensificación de la violencia, el terrorismo, la xenofobia, el nacionalismo agresivo, el racismo, el antisemitismo, la exclusión, la marginación y discriminación perpetrados contra minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, refugiados, trabajadores emigrantes, inmigrantes y grupos vulnerables de la sociedad, no hay otra lucha posible que el método pacífico que proponen los principios de los Derechos Humanos: el de la tolerancia. Continue reading

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Comunicado público: Caso Linda Loaiza pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Primer caso sobre violencia de género, registrado en Venezuela, que será conocido por un tribunal internacional de derechos humanos

Caracas, 4 de Noviembre de 2016.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) juzgará, por primera vez en su historia, la denuncia de una venezolana por un caso de violencia contra las mujeres que incluye violencia sexual, así como la re-victimización y discriminación en la investigación llevada a cabo por las autoridades venezolanas. Continue reading