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foro por la vida

Foro por la Vida rechaza agresiones contra Marino Alvarado

El Foro Por la Vida, coalición dedicada a la promoción y defensa de los Derechos Humanos en Venezuela y las organizaciones adherentes a este comunicado expresamos nuestro más contundente rechazo por el secuestro, agresiones y robo del que fue víctima Marino Alvarado, ex coordinador general de Provea, y su hijo de 9 años el día 1 de octubre de 2015 a las 5:30 de la tarde. Continue reading

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24/09/2015 La impunidad, un crimen de lesa humanidad

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos reconoce la impunidad como crimen de lesa humanidad, en tanto que tras de ella, encontramos maltratos a la integridad física y psicológica de una persona y su familia, así como el detrimento de una sociedad. Un mecanismo que permite para los autores de graves violaciones a los derechos humanos ocultarse de la acción punitiva de una sociedad. Continue reading

14/05/2015 El Informe Anual 2014 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la aparición de Venezuela en capítulo sobre graves violaciones de DDHH

COFAVIC (1)

El pasado 7 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe Anual 2014 que contiene información completa y relevante acerca de su trabajo durante ese año. Con la publicación de dicho informe, la Comisión busca promover el cumplimiento de sus decisiones, asegurar el acceso a las víctimas y rendir cuentas sobre las acciones llevadas a cabo.

Al igual que en otras oportunidades, Venezuela volvió a aparecer en el Capítulo IV, el cual recoge los países que por diversas razones enfrentan situaciones que afectan seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales, consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana. Este criterio incluye: situaciones graves de violencia que dificultan el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho; graves crisis institucionales; procesos de reforma institucional que afectan derechos humanos; u omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos humanos.

La Comisión concluyó que en el año 2014 en Venezuela, el goce y disfrute de los derechos humanos enfrentó restricciones legales y administrativas debido a las modificaciones en las normativas de los últimos años. Asimismo, la CIDH observó que “la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana”. A su vez, alertó sobre actos de violencia en contra de periodistas y medios de comunicación, así como las declaraciones de altos funcionarios públicos que tienen el efecto de deslegitimar y criminalizar el trabajo de defensores de derechos humanos. Además consideró que los altos grados de impunidad que se han registrado en el país, las graves situaciones de inseguridad y violencia son elementos que igualmente, afectan al ejercicio de los derechos humanos, a la vida e integridad de los venezolanos.

En otras líneas, la Comisión también abordó la situación sobre las manifestaciones públicas entre febrero y mayo de 2014, expresando su “profunda preocupación ante los hechos de violencia que tuvieron lugar en el contexto de protestas públicas, así como por la situación del derecho a la protesta pacífica, al derecho de asociación, y a la libertad de expresión”. En el informe se incluyó información sobre las muertes violentas y detenciones que tuvieron lugar en el contexto de las manifestaciones y las denuncias recibidas a nivel nacional e internacional sobre presuntos actos de tortura contra las personas detenidas.

Durante el año 2014, COFAVIC presentó información a la CIDH sobre casos en los que los manifestantes habrían recibido disparos de goma y plomo a corta distancia, denuncias sobre personas detenidas que fueron obligadas a desnudarse y se les habría amenazado de muerte, de lesionar a algún familiar o de llevarlas a cárceles de alta peligrosidad. Por otro lado, también reportaron situaciones en las que, presuntamente, se utilizó sustancias tóxicas como gasolina y gas pimienta, descargas eléctricas y amenazas de violencia sexual.

Además, la Organización también presentó ante la Comisión, casos en donde las personas detenidas objeto de lesiones no contaron con una asistencia médica adecuada, lo que impidió la documentación de las supuestas lesiones de acuerdo con los procedimientos legales y los estándares internacionales en la materia.

Por otro lado, la CIDH en su informe también abordó la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, que de acuerdo con un informe presentado ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas por una coalición de ONG, instituciones académicas y sociedad civil organizada, se documentaron 208 casos de ataques a defensores entre 2010 y marzo 2014, de los cuales 71 estuvieron dirigidos a ONG, defensores de derechos humanos y miembros de comités de víctimas.

Ante este panorama, la Comisión en su informe reiteró que “los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan”. Conjuntamente, emitió una lista de recomendaciones para el Estado venezolano en diferentes ámbitos, tales como: seguridad ciudadana, administración de justicia, situación de defensoras y defensoras de derechos humanos, derechos de las mujeres, entre otros.

En líneas generales y entre lo más resaltante la CIDH recomendó al Estado tomar medidas para garantizar la seguridad ciudadana y consiguiente disminución del nivel de homicidios; capacitación de los servidores públicos en temas de protección y respeto a los derechos humanos, así como delimitar la participación de la fuerza armada en acciones de orden público. En cuanto a la administración de justicia exhortó al Estado a garantizar la “separación e independencia de los poderes públicos y, en particular, adoptar medidas urgentes para asegurar la independencia del poder judicial (…)”.

Mientras en el ámbito de defensoras y defensores de derechos humanos, la Comisión instó a que se garanticen las condiciones para que puedan realizar libremente sus actividades sin legislaciones que limiten u obstaculicen su trabajo.

En el país es necesaria una cultura de memoria ante violaciones de derechos humanos, puesto que permite a los pueblos reafirmar su identidad, evitar que se repitan los crímenes e impulsa y contribuye a tomar acciones preventivas al respecto. El derecho a conocer la verdad sobre cualquier violación de derechos humanos no se limita solo a las víctimas o a sus familiares, sino que también corresponde a todos los venezolanos, puesto que la lucha por los derechos humanos es de toda la sociedad democrática.

 

Comisión Interamericana de derechos humanos

CIDH expresa su alarma ante intimidación en Venezuela

Comisión Interamericana de derechos humanos

Comunicado Oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

20 -03-2015.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su alarma ante los señalamientos, actos de intimidación y acciones de descrédito de las que son objeto algunas personas en Venezuela como consecuencia de ejercer su derecho a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La CIDH recibió información según la cual varias de las personas que acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a exponer sobre diversos temas de derechos humanos en Venezuela, habrían sido señalados por altas autoridades del Estado, y se habría divulgado información específica sobre su ubicación en determinados días y horarios.

Específicamente, el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en el programa de televisión del canal del Estado VTV “Con el mazo dando” emitido el 11 de febrero de 2015, mencionó a las personas que iban a participar en audiencias de la Comisión en marzo.

En el portal en Internet de dicho programa de televisión, esta información está publicada bajo el título ONG de la Extrema Derecha, cuadran con Comisionado de la CIDH, para sancionar el programa ‘Con el Mazo Dando’. Allí también se publican fotografías de seis defensores de derechos humanos, un logo de la Corte Interamericana, y, sobre la foto del Presidente de la Asamblea Nacional, una mira telescópica similar a la que se usa para apuntar a un blanco al utilizar un arma.

Los artículos refieren a la participación de Marco Antonio Ponce, del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVC); Rafael Uzcátegui, del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA); Ligia Bolívar, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); Carlos Nietos, de Una Ventana para la Libertad; Rocío San Miguel, de Control Ciudadano; Carlos Correa, de Espacio Público; Liliana Ortega, del Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), en las audiencias de la Comisión.

Adicionalmente, esta semana, en el portal en Internet de Radio Sur TV y del programa ‘Con el Mazo Dando’, se publicó la fecha y la hora de llegada al aeropuerto de Caracas de varias personas que participaron en audiencias y otros eventos del 154 Período de Sesiones de la CIDH.

En esta oportunidad, se reiteraron señalamientos contra las personas mencionadas en febrero, incluyendo Marco Ponce, Rafael Uzcátegui, Carlos Correa y Liliana Ortega, y también contra Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP); Aurelio Fernández Cochenzo, de Transparencia Venezuela; y Feliciano Reina, de CODEVIDA, bajo el título Marco Antonio Ponce (OVC) encabeza listado de las ONG que viajan a Washington DC y Miami para conspirar contra el Gobierno de Venezuela. El artículo señala que estas personas “salieron hacia el Imperio” e incluye una fotografía de una persona haciendo fila en el aeropuerto.

Igualmente la Comisión ha tenido conocimiento de que con anterioridad el presidente de la Asamblea Nacional y otros representantes gubernamentales de Venezuela han realizado declaraciones en contra de defensores y defensoras de derechos humanos por su papel en la observación y la denuncia de violaciones de derechos humanos en el país señalándolos de conspiradores, desestabilizadores, entre otros calificativos.

La Comisión Interamericana insta a los funcionarios públicos a abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos.

Es absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción de represalia que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. Tal como lo establece el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.

En este sentido, la Comisión insta al Estado a garantizar que las y los defensores puedan regresar de forma segura al país sin ser objeto de represalias por haber proporcionado información en audiencia o reuniones en el marco del Período de Sesiones de la Comisión Interamericana, y puedan así continuar libremente con sus labores de defensa de los derechos humanos.

La labor de defensoras y defensores es fundamental para la vigencia de un Estado de Derecho y de la democracia. Las y los defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta.

Las declaraciones estigmatizantes contra defensores y defensoras de derechos humanos restan credibilidad y legitimidad a su labor, atentan contra su rol esencial en la consolidación del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia y tiene un efecto disuasivo sobre la actividad de promoción y protección de los derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.