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Para lograr que crímenes contra los DDHH no se repitan, es indispensable recuperar la verdad y vencer el miedo

En Cofavic estamos convencidos de que para lograr que los graves crímenes contra los derechos humanos no se repitan, es indispensable recuperar la verdad y vencer al olvido y al miedo. Continue reading

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Comunicado público: Caso Linda Loaiza pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Primer caso sobre violencia de género, registrado en Venezuela, que será conocido por un tribunal internacional de derechos humanos

Caracas, 4 de Noviembre de 2016.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) juzgará, por primera vez en su historia, la denuncia de una venezolana por un caso de violencia contra las mujeres que incluye violencia sexual, así como la re-victimización y discriminación en la investigación llevada a cabo por las autoridades venezolanas. Continue reading

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A 27 años del Caracazo: una deuda de verdad y justicia

27-02-2016. El 27 de febrero se cumplieron 27 años del Caracazo, que representa un punto de inflexión en nuestra historia contemporánea por las consecuencias políticas, sociales y económicas que reveló, y el saldo de fallecidos, lesionados y desaparecidos que permanecen bajo la indiferencia estatal.

COFAVIC, ante la falta de respuesta de los organismos jurisdiccionales en Venezuela, documentó casos emblemáticos en los que se estableció un patrón común de comportamiento de los agentes del Estado.

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Siguen en impunidad las desapariciones forzadas en Vargas

7-12-2015. A cumplirse 16 años del deslave ocurrido en el estado Vargas, es importante recordar las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el marco del operativo de seguridad que desarrolló el Estado venezolano en la zona del desastre. Para ello compartiremos parte del contenido de la sentencia sobre el Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publicada el 28 de noviembre de 2005. Dentro de Continue reading

Se cumplen 23 años de la masacre en el Retén de Catia: ¿Sabemos qué pasó?

COFAVIC

El 27 de noviembre de 1992 es una fecha muy destacada en nuestra historia como país por los eventos que se presentaron durante el segundo intento de golpe de Estado contra el gobierno del entonces Presidente Carlos Andrés Pérez, caracterizados por una experiencia de conmoción nacional y en la que se produjeron graves violaciones a los derechos humanos. Uno de estos episodios, casi invisibilizado, es el asesinato y la posterior desaparición de algunos privados de libertad que se encontraban como procesados y algunos cumpliendo condena en el Internado Judicial de los Flores de Catia, ubicado para el momento de los hechos en la parroquia Sucre del Distrito Capital.

Este día de noviembre, se produjo un alzamiento que fue llevado a cabo por parte de un grupo cívico-militar conformado por altos oficiales de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas y varios civiles opositores al Gobierno. En este contexto de profunda inestabilidad política, se suscitó una circunstancia que aun hoy no ha logrado determinarse con exactitud, puesto que las investigaciones relacionadas con estos hechos no han concluido y no existe a la fecha ningún responsable sancionado. Las investigaciones adelantadas por las autoridades no han podido establecer la cifra total de las víctimas, y los informes al respecto son fragmentarios, confusos y contradictorios.

Pese a la impunidad que ha caracterizado el caso, familiares de las víctimas con apoyo de COFAVIC, presentaron en 1996 el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el año 2005, la Comisión presentó demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien publicó su sentencia el 5 de julio de 2006 en la que se reconoce al menos dos versiones que intentan aclarar lo sucedido dentro del Reten de Catia entre los días 27 y 29 de noviembre de 1992: La primera de ellas señala que “al conocerse, a través de los medios de comunicación, la noticia del intento de golpe de Estado, los guardias del Retén abrieron las puertas de las celdas anunciando a los reclusos que quedaban en libertad, esperaron la salida de los internos y empezaron a disparar contra ellos.” Varios de dichos testimonios indican que ante este accionar, algunos reclusos buscaron refugio en las celdas para salvaguardar sus vidas mientras que otros intentaban la fuga.

Otra versión recogida en el proceso de investigación y análisis de pruebas que realizó la Corte Interamericana, se apoya en un informe emitido por la jefatura de Servicios del Retén de Catia, en el que se señala que “a las 6:10 a.m. del 27 de noviembre de 1992 “se informó a la Jefatura del Régimen que los internos de los Pabellones del Ala Sur 4 y 5 estaban rompiendo los candados, produciendo un motín para alcanzar la fuga masiva y que de inmediato los funcionarios de la guardia dispararon a los internos”. Para la Corte, “Es innegable que la situación se manejó con la intervención masiva de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana, quienes dispararon indiscriminadamente contra los internos utilizando armas de fuego y gases lacrimógenos. Varios de los testimonios de los reclusos y de funcionarios penitenciarios confirman estos hechos”. Quedando demostrado que en entre los días 27, 28 y 29 de noviembre se produjo la muerte de aproximadamente 63 reclusos, entre los cuales se encuentran las 37 víctimas que presentaron su caso ante la CIDH, 52 heridos y 28 desaparecidos, además de los innumerables casos de reclusos que fueron colocados por varias horas en los patios del Retén, obligándolos a permanecer desnudos y en posiciones incómodas.

Adicionalmente, luego de estos sucesos, las personas fallecidas fueron trasladadas a distintas medicaturas forenses de la entonces Policía Técnica Judicial (actualmente CICPC), ubicadas en las ciudades de Caracas, Los Teques y La Guaria y el resto de la población penitenciaria fue trasladada a la Penitenciaría General de Venezuela (Guárico), al Internado Judicial Capital El Rodeo (Guatire) y al Centro Penitenciario de Carabobo (Valencia), sin suministrar información alguna a los familiares de los internos sobre su estado o paradero, lo que generó una creciente situación de incertidumbre a las afueras del penal.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos el derecho a la vida “es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. En este sentido, no resulta admisible ninguna interpretación del mismo de forma restrictiva. De conformidad con el artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos este derecho forma parte del núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los derechos que no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes”.

Asimismo la Corte, estableció que “Las acciones cumplidas por las autoridades venezolanas en el curso de la investigación de los hechos no han sido suficientes para el debido esclarecimiento de la verdad histórica, la determinación de responsabilidades y condena de los responsables de la masacre del Retén de Catia”. Destacando  en los puntos resolutivos de la sentencia la obligación del Estado a emprender todas las acciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas aquel día, y realizar todas las actuaciones necesarias para garantizar la ubicación y entrega de los cuerpos de los privados de libertad en quienes se comprobó su fallecimiento y  aún permanecen desaparecidos.

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Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a coordinacionprensa@cofavic.org o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

COFAVIC participó en el 156º periodo de sesiones de la CIDH

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En el marco del 156° período  de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 19 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Washington, D.C. la audiencia “Situación General de Derechos Humanos en Venezuela”, solicitada conjuntamente por COFAVIC, Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura. En esta audiencia pública, los peticionarios expusieron sus preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en Venezuela ante los comisionados y el Estado venezolano a través de su delegación, suministró información y sus puntos de vista sobre los temas abordados.

La audiencia  se inició con la intervención de Liliana Ortega por COFAVIC, quien expresó la preocupación de los peticionarios sobre el incremento en la tasa de homicidios en Venezuela de 62 por cada 100.000 habitantes, cifra presentada por el Estado venezolano ante el Comité de Derechos Humanos el pasado mes de junio de 2015 y el aumento sostenido en el número de ejecuciones extrajudiciales. En un monitoreo realizado por COFAVIC en 23 estados del país, de enero a julio de 2015, se contabilizaron 641 casos de presuntas violaciones de DDHH, en los que 590 corresponden a presuntas ejecuciones extrajudiciales, lo que representa un aumento de un 18% de estos casos, con respecto al mismo periodo del año 2014 y un incremento de 24% en lo que respecta a casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En el 54% de los casos analizados, entre los cuerpos de seguridad presuntamente implicados destacan las policías estadales y municipales y en un 30% la presunta participación de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). De acuerdo con el estudio, el 60% de las muertes ocurren bajo la modalidad de operativos especiales. En 81% de los casos, las víctimas eran menores de 25 años y en 99% de los casos hombres. Adicionalmente, COFAVIC presentó información sobre la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) partiendo de la información pública que el Estado ha suministrado sobre las características y resultados de este plan. Al respecto, la organización presentó su preocupación sobre la cifra suministrada de 160 personas fallecidas en el desarrollo del mismo, indicando que hasta los momentos, no se dispone de información sobre la apertura por parte del Ministerio Público de investigaciones de oficio, relativas a estos procedimientos.

En esta audiencia la abogada María Leoni del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), intervino para presentar sus preocupaciones sobre el incremento en el número de homicidios de mujeres en Venezuela. Citando un estudio realizado por COFAVIC sobre femicidios en Venezuela en 23 estados, resaltó  que entre enero-septiembre de 2015, 263 mujeres perdieron la vida producto de la violencia. También en esta misma audiencia José Gregorio Guarenas de la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, hizo referencia a la situación de derechos humanos en los municipios fronterizos entre Venezuela y Colombia, incluidos actualmente por los decretos de estados de excepción. Señaló la Vicaría de Derechos Humanos, que han tenido información sobre deportaciones masivas a ciudadanos colombianos, sin que se les haya garantizado un debido proceso; allanamientos a residencias sin orden judicial y en algunos casos, las víctimas han referido destrucción de enseres y robo de pertenencias; maltrato físico y verbal; separación forzada de grupos familiares y la criminalización a estas personas por su nacionalidad.

Otro de los temas abordados fue la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela, donde se destacó el incremento en las acciones de desprestigio y campaña de descredito; la impunidad en la que permanecen las denuncias sobre ataques y agresiones. En este sentido, Marcos Gómez de Amnistía Internacional, expresó que los ataques y señalamientos se producen cuando las personas u ONGs formulan opiniones críticas a acciones, planes o políticas gubernamentales; cuando asumen la defensa de casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos; y el más preocupante, cuando hacen uso o recurren a instancias internacionales o regionales de protección de los derechos humanos; incluido cuando se relacionan con ONG de derechos humanos en otros países.

Para escuchar la audiencia completa, puede ubicarla a través de la página web de la Comisión Interamericana http://www.oas.org/es/cidh/ o en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=qQI7BBGoITA&feature=player_embedded

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La responsabilidad y deber del Estado frente a los decretos de estados de excepción (I)

En los Estados pueden existir situaciones de orden social que pueden requerir de la restricción del ejercicio de ciertos derechos, con la finalidad de retomar la normalidad, restablecer el orden y solventar las problemáticas que pudiesen presentarse. Estos escenarios excepcionales o particulares qu Continue reading