¿Qué es una Acción Urgente?

Una Acción Urgente es una herramienta o un mecanismo, no convencional, que pueden activar una o más personas, así como organizaciones de la sociedad civil, para dar a conocer a la opinión pública nacional e internacional, a las autoridades del Gobierno y medios de comunicación, situaciones violatorias de los derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario, con el fin de obtener respuestas inmediatas frente a las solicitudes realizadas en dicha Acción.

Las Acciones Urgentes, llamadas así, básicamente, se caracterizan porque las situaciones o acontecimientos que se están alertando pudieron ser prevenidos o contrarrestados y se les debe dar una inmediata atención y efectiva respuesta por parte de las autoridades. Se trata, por ejemplo, de amenazas, hostigamientos, desapariciones forzadas recientes, retenciones, ejecuciones extrajudiciales, posibilidad de que un detenido sea torturado o muera a raíz de una enfermedad no tratada. La idea de las Acciones Urgentes es que gracias a la presión obtenida con la oportuna intervención de organismos de carácter internacional (Organizaciones de Derechos Humanos, Grupos de Trabajo sectoriales, Cuerpos diplomáticos y otros Estados), a través del envío de cartas, faxes y mensajes de correo electrónico pueda revertirse la potencial violación de algún derecho humano y evitarse un daño mayor a la presunta víctima.

Es fundamental que las Acciones Urgentes sean difundidas con ese nombre porque permite la fácil divulgación de la información.

El encabezado debe contener el nombre de la organización u organizaciones que proyectan la Acción Urgente, un breve resumen de la situación que se va a describir: los hechos, una relación pormenorizada de la situación, haciendo énfasis en las fechas, hora, lugar, nombre de las víctimas y posibles victimarios.

Asimismo, con el fin de determinar la responsabilidad del Estado, se pueden establecer los siguientes criterios: precisar si había militares o policías cerca del lugar donde se cometieron los hechos. (Retenes, instalaciones militares o de policía, u operaciones militares en la zona).

Es muy importante que cada ACCION URGENTE refleje la situación de contexto. Si había protestas, censura previa, hostigamiento, amenazas.

En el renglón de peticiones hay que ser lo suficientemente claros, porque esas solicitudes serán las pautas para el respaldo que realicen las demás organizaciones frente a las autoridades estatales. Estas varían de acuerdo con el caso.

Por lo general, en las Acciones Urgentes, lo que se le solicita al Estado se envía a las direcciones de las siguientes autoridades: (Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo).

Se recomienda anexar la dirección para remitir la correspondencia escrita, números telefónicos, números de fax, dirección de correo electrónico. Esto permite que se pueda solicitar, a través de cualquier medio, las aclaraciones pertinentes y la formulación de un llamamiento urgente al Gobierno a fin de que adopten las medidas necesarias para garantizar los derechos de la(s) presunta(s) víctima(s).

Al pie del documento deben ir los nombres de las organizaciones que promueven la ACCION URGENTE.

Este mecanismo suele ser usado por organizaciones como Amnistía Internacional, Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos, entre otras.

Amnistía Internacional, por ejemplo, activa una red integrada por decenas de miles de personas en todo el mundo, que aúnan su capacidad de presión enviando cartas, faxes y mensajes de correo electrónico, lo más rápidamente posible, al país sobre el que tenga noticias de que una o más personas se encuentran en extrema situación de riesgo.

La primera Acción Urgente de Amnistía Internacional se emitió en 1973, en defensa de un profesor brasileño, Luiz Rossi, que corría grave riesgo de ser torturado.

Las autoridades, durante un tiempo, no permitieron a sus familiares visitarlo, hasta que empezaron a llegar cartas. Rossi fue finalmente puesto en libertad en octubre de ese 1973.

También se activaron mecanismos similares a favor de figuras como Vaclav Havel o la premio Nobel de la Paz Aung Sang Suu Kyi, “pero la mayoría de los llamamientos que envían colaboradores y simpatizantes de Amnistía Internacional se escriben en favor de hombres y mujeres comunes y corrientes, a veces incluso niños, para quienes no caer en el olvido puede llegar a significar la frontera entre la vida y la muerte”, se refiere en la página web de Amnistía Internacional.

De acuerdo con sus reportes, en, aproximadamente, una tercera parte de los casos de Acciones Urgentes se ha producido una mejora en la situación de las víctimas. Un llamamiento rápido es una de las cosas más efectivas que puede hacer un simpatizante individual para ayudar a quienes corren peligro de sufrir torturas o malos tratos, o a presos cuyas vidas están amenazadas.

Por otra parte, las “Campañas Urgentes” son el corazón de las actividades de la OMCT. Puesto en marcha desde la fundación de la organización, en 1986, este programa sirve de “central de alerta”, es decir, denunciar lo más rápidamente posible todos los casos de tortura señalados en el mundo. Tan pronto la OMCT se informa de un caso de tortura, se dirige un “llamado urgente” a todas las autoridades relacionadas, para exigir el cese de la violencia, asegurar la protección de las víctimas, garantizar a éstas una adecuada reparación y conducir a los autores de las violaciones ante la justicia.

Estos “Llamados Urgentes” son difundidos todos los días por el Secretariado Internacional de la OMCT, con sede en Ginebra. Casi siempre, estas informaciones llegan a través de alguna de las 311 organizaciones no gubernamentales (ONG) de la Red SOS-Tortura, presentes en 94 países de las cuales COFAVIC es miembro. Sus conocimientos del terreno y su rapidez de reacción permiten a la OMCT disponer de una fuente de información muy confiable, a nivel internacional, en materia de tortura.