Los 43 de Ayotzinapa

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (que surge del acuerdo formalizado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano el 18 de noviembre de 2014 con la finalidad de proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero), presentó el domingo 24 de abril, en el patio principal de la Universidad Claustro de Sor Juana, de Ciudad de México, el  informe final Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas.

El grupo de expertos dejó claro, en el informe de 608 páginas, que las autoridades no han seguido líneas de investigación claves, se ha manipulado evidencia, obstruido y rechazado diligencias, protegido a oficiales que habrían participado en la desaparición,registrada la noche del 26 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala y torturado a presuntos sospechosos para obtener confesiones que respalden la versión gubernamental.

Con este reporte, los expertos cierran sus trabajos en México (este 30 de abril concluyen su labor), después de que el gobierno federal negara prorrogar su mandato. Lamentaron que el principal objetivo del GIEI –la ubicación de los normalistas– no se haya concretado.

Un elemento clave para las investigaciones, dijeron, era obtener de manera directa el testimonio de los militares que estuvieron presentes en varias de las escenas de los hechos violentos en Iguala, lo cual fue reiteradamente rechazado por la administración de Enrique Peña Nieto.

Los expertos concluyeron que existe certeza de que en el ataque contra los estudiantes hubo perfecta coordinación durante más de 10 horas entre diferentes corporaciones policíacas y presuntos integrantes del crimen organizado, con la finalidad de crear un círculo de control que abarcaba hasta 80 kilómetros, para evitar la salida de los autobuses (tomados por los estudiantes) de Iguala.

Ángela Buitrago, abogada colombiana, miembro del GIEI,  enfatizó que se trató de un ataque masivo e indiscriminado contra población civil, sin que hasta el momento exista alguna explicación de la Procuraduría General de la República (PGR). El quinto autobús es una hipótesis investigativa que podría justificar un ataque de esa intensidad. Esa línea no está ni puede estar cerrada.

Los expertos enviados por la CIDH acreditaron actos de tortura contra al menos 17 de los detenidos por el caso, entre ellos los cinco presuntos integrantes de Guerreros Unidos que aportaron declaraciones en torno a la incineración de los cuerpos de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula. De las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por esos tratos, 15 son de los 17 señalados por el GIEI.

Condenaron la descalificación mediática –con la que el gobierno federal fue complaciente– de su labor y agregaron que desde enero la PGR retrasó innecesariamente o rechazó las diligencias propuestas por el grupo. El informe hace una serie de recomendaciones que confiaron sean acatadas por el Estado mexicano.

Por estos hechos, agregaron, hubo 180 víctimas directas y 700 indirectas. Recomiendan que “la búsqueda no se debe interrumpir puesto que los 43 muchachos siguen desaparecidos y sobre todo mientras no se esclarezcan los hechos y no se ubique el paradero de los normalistas estas actividades deben continuar”, advirtió el abogado colombiano Alejandro Valencia.

Según la versión oficial, los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, en Guerrero, a manos de policías municipales y del grupo criminal Guerreros Unidos, la noche del 26 de septiembre de 2014.

En sus conclusiones, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes reiteró que no existe nueva evidencia de que los estudiantes hayan sido incinerados y pidieron seguir investigando la supuesta participación en los hechos de autoridades y policías, incluidas corporaciones municipales, estatales y federales.

El grupo de expertos expresó que el informe es una contribución en la lucha contra la impunidad.  Para el GIEI la relación con los familiares y otras víctimas ha sido clave en este proceso. El informe trata de recoger su experiencia, porque en ella habitan muchos aprendizajes del impacto de la desaparición forzada y de la influencia que tiene el trato de autoridades del Estado y organizaciones sociales.

Para los familiares de los normalistas desaparecidos y asesinados, el reconocimiento de la verdad es un elemento que tiene un valor clave para enfrentar su situación. Desde la primera reunión con el GIEI, los familiares nos plantearon: “dígannos la verdad de lo que encuentren, aunque duela, pero que sea verdad”. La verdad supone en estos casos no sólo la certeza de que algo pasó, por doloroso que sea, sino también un marco de reconocimiento de la injusticia sufrida y de la responsabilidad de los autores. En este sentido, el GIEI considera que las acciones de reconocimiento de responsabilidad y de la dignidad de los familiares por parte de las autoridades del Estado deberían ser algunas de las formas de reparación moral que deberían desarrollarse en el futuro.

 

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