La participación ciudadana

La sociedad civil es el oxígeno de la democracia. Eso significa que una nación segura de sí misma da voz a los ciudadanos y les permite participar en el desarrollo del país.

La participación ciudadana implica intervenir, opinar y decidir en cuestiones relativas a la sociedad de la que formamos parte como ciudadanos. En democracia no es suficiente reconocerse parte de un grupo o una sociedad, hay que participar. La participación ciudadana promueve sociedades más justas.  La participación ciudadana implica transparencia, el conocer cómo y por qué se toman determinadas decisiones. La ciudadanía tiene derecho a ser consultada e invitada a  discutir y a presentar propuestas en igualdad.

El derecho a participar en la toma de decisiones conlleva la obligación de asumir las consecuencias, así como de exigir la reparación de errores cometidos por otros. La participación de la ciudadanía en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el desarrollo.

Es obligación del Estado facilitar las condiciones más favorables para ejercer la participación ciudadana y el derecho al voto.

En ese sentido, se entiende que la democracia implica que todos en igualdad de condiciones podamos decidir aquello que más nos conviene. La democracia permite que la sociedad tome decisiones entre varias posibilidades que se le presenten, sin violencia.

En el ámbito internacional se reconoce la participación en los Asuntos Públicos y el Derecho al Voto en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Se trata del derecho de cada uno de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas, justas y auténticas y tener acceso a la función pública, en el marco de procesos democráticos basados en el consentimiento del pueblo que garanticen su goce efectivo junto a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, cualquiera sea la forma de constitución o gobierno que adopte un Estado.

La participación es el derecho a través del cual el poder político se ejerce en sociedades democráticas, garantizando que la libre expresión de la voluntad de los ciudadanos sea el sustento de la legitimidad del Estado y el asiento permanente de las decisiones públicas.

Es la participación el medio para que los ciudadanos y sus organizaciones puedan expresar su libre voluntad en los asuntos públicos de forma individual y colectiva o se dediquen a ellos con acceso a igualdad de condiciones para desempeñar una carrera de servicio en la función pública.

El ejercicio efectivo de la participación requiere del respeto a los siguientes principios democráticos básicos, señalados por las Naciones Unidas.

Que la Constitución y las leyes subordinen el poder público a la soberanía popular.

Que la voluntad de la mayoría esté limitada por los derechos de las minorías.

Que los poderes estén separados y gocen de independencia y equilibrio.

Que los representantes de los órganos ejecutivos y legislativos sean elegidos libremente de forma periódica, por sufragio universal, directo y secreto.

Que las decisiones públicas sean descentralizadas y regidas por normas de máxima publicidad y transparencia.

Para el ejercicio del derecho a la participación es necesario que la organización y el funcionamiento del Estado sea democrático, lo cual significa que:

Existan espacios y mecanismos a los que todos los ciudadanos puedan concurrir libremente, sin restricciones burocráticas ni discriminación.

Haya acceso a decisiones de manera informada y que éstas sean sometidas regularmente al debate y al escrutinio de los ciudadanos.

Se disponga de procedimientos de examen exhaustivo y oportuno de denuncias, peticiones, reclamos y quejas de los ciudadanos.

Se respete la participación autónoma e independiente, sin presiones ni injerencias en los procesos que decidan los ciudadanos.

Participar en la dirección de los asuntos públicos

El Derecho Internacional también establece que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, de forma directa o por medio de representantes libremente elegidos en órganos legislativos, ejecutivos y administrativos del Estado. Ello incluye, entre otros derechos elegir o modificar la Constitución; decidir sobre cuestiones de interés público mediante referendos u otros procesos electorales; opinar o ser consultados en los procesos de formulación, ejecución y evaluación de las decisiones públicas; presentar nuevas leyes o su reforma por iniciativa popular; realizar o participar en asambleas populares facultadas para adoptar decisiones sobre cuestiones locales o de una determinada comunidad a través de órganos creados para representar a grupos de ciudadanos en las consultas con los poderes públicos.

Al referirse a “ciudadanos” y no a “personas”, los Estados deben promulgar disposiciones jurídicas que definan la ciudadanía en el contexto del derecho a la participación y no suspender o restringir ninguna de las formas de ejercerlo por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, a excepción de distinciones fundamentadas en criterios objetivos y razonables previstos en la ley como por ejemplo entre las personas nacidas y con nacionalidad y la edad para votar o ejercer cargos públicos.

En todas las sociedades democráticas la participación ciudadana es la compañera indispensable de la representación política. Ambas se complementan y necesitan mutuamente para darle significado a la democracia.

En efecto, las democracias más dinámicas y estables del mundo son aquellas donde gobierno y sociedad civil trabajan conjuntamente en pro de objetivos comunes.

De allí que la Coalición de organizaciones de derechos humanos venezolana, Foro por la Vida, en defensa de los derechos a la participación política, reunión, manifestación, asamblea, y a la libertad de expresión exige garantías de seguridad en la consulta popular del 16 de julio, fundamentada en los artículos 5, 53, 57, 70, 71, 333, 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La Consulta Soberana es un proceso para que las personas que decidan libremente participar, puedan expresar su opinión afirmativa o negativa sobre temas de interés público y de carácter político.