La impunidad institucionalizada, el eje transversal de las violaciones a los derechos humanos

COFAVIC (1)

El próximo 29 y 30 de junio será revisado en Naciones Unidas por el Comité de Derechos Humanos, el cumplimiento por parte del Estado Venezolano del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El Estado estará presente en las audiencias y deberá responder a los cuestionamientos de los Comisionados. A su vez, la sociedad civil organizada también tendrá la oportunidad de participar presentando sus informes alternativos.

Para esta oportunidad, COFAVIC junto con otras 17 ONG que realizan su labor, en su mayoría en el interior del país, y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) presentaron un informe con el objetivo de visibilizar la situación de derechos humanos en Venezuela documentada gracias a un trabajo de base y con una preeminente atención a las víctimas.

Entre los temas que se abordan en dicho informe alternativo se destaca el tema de la impunidad en Venezuela, la cual ha sido sistemática e institucionalizada en casos de violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, durante el período 2006-2010 se registraron 30.000 casos de presuntas violaciones de derechos humanos, donde 93% de ellos culminaron en sobreseimientos, desestimaciones y archivo fiscal, 7% terminaron en acusaciones y de ese porcentaje, solo 4% tuvieron condenas, lo que supone una violación al derecho de la víctima a que se le garantice justicia, así como una reparación justa y adecuada. Por su parte, en el 2014 el Ministerio Público documentó el ingreso de 8049 casos de violación de derechos humanos, de los cuales en 105 se realizaron juicios, lo que representa el 1,3%, es decir, el 99% de los casos no llega a juicio.

Por otro lado, el informe reseña que las medidas gubernamentales en materia de Seguridad Ciudadana no han sido suficientes ni eficientes. Cifras provenientes de organizaciones de la sociedad civil, indican un progresivo incremento en las cifras de violencia. Para el Observatorio Venezolano de Violencia, se estima que el año 2014 cerró con 24.980 personas fallecidas, que representa una tasa de 82 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

Con respecto a violaciones al derecho a la vida y uso desproporcionado de la fuerza pública, destaca el incremento de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Durante el período de enero a diciembre de 2013, COFAVIC contabilizó en 23 estados del país, 802 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Igualmente, en el mismo período pero en el año 2014, registró 1018 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, contexto que ha sido reconocido por la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. A estos datos debe sumarse el incremento de la violencia política expresada de manera notable en el aumento sustancial de la criminalización de la protesta pública y el número de casos de violaciones a la integridad y libertad personal, ocurridas durante el contexto post-electoral en el año 2013 y las protestas estudiantiles en el período de febrero-mayo de 2014. Adicionalmente, en este contexto también se pudo documentar casos de detenciones arbitrarias y prácticas de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes en 9 estados del país.

En el tema de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes ocurridos en el contexto de protestas estudiantiles de febrero a junio de 2014, en cuanto al proceso de investigación, el Ministerio Público indicó que se presentaron 216 actos conclusivos relacionados con las 238 investigaciones iniciadas. De estos actos, existen 184 sobreseimientos, 19 archivos fiscales y 13 acusaciones, lo que implica que en 85% de los casos no se continuó con el proceso.

Entre otros puntos también destaca la situación de violación de sus derechos a los grupos específicos, tales como: mujeres y LGBTI. En el caso de mujeres, el Ministerio Público recibió 60 casos de feminicidio, de los cuales 42 se encuentran en fase de investigación, 14 en fase intermedia y solo 4 en fase de juicio. Además, se documentaron 70.763 causas ingresadas, 11.575 imputaciones y 482 juicios, lo que implica que, según cifras oficiales, en el año 2014 solo 0,7% de los casos llegaron a juicio. Por otro parte, en el tema de los grupos LGBTI, de acuerdo con información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014 se documentaron en 9 estados del país, 2 asesinatos de hombres gais, 19 mujeres trans, de los cuales sus restos han sido encontrados en lugares públicos.

Asimismo, el Comité de Derechos Humanos recibirá información relativa al deterioro de las garantías de trabajo de los defensores de derechos humanos en Venezuela. Es importante destacar que, actualmente, debido a la reciente reforma realizada vía decreto presidencial, del Código Orgánico Procesal Penal, se restringe severamente la facultad que tenían las asociaciones de defensa de los derechos humanos para presentar querella autónoma en casos donde participaran funcionarios, empleados públicos o agentes de fuerzas policiales como violadores de derechos humanos, dejándole esta posibilidad solo a la Defensoría del Pueblo, lo que reduce la tutela efectiva de protección por parte de los defensores a las víctimas de delitos tan complejos dentro del sistema procesal penal venezolano.

Ante toda la situación descrita sobre graves violaciones a los derechos humanos, en el informe también se incluyó un apartado con recomendaciones donde destaca la petición que el Estado adopte políticas de seguridad ciudadana, así como se derogue el decreto 008610 el cual norma el funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), permitiendo el uso de agentes químicos, el porte y uso de armas de fuego en el control de reuniones y manifestaciones públicas; lo cual es contrario a los estándares de derechos humanos y está en total contravención de las disposiciones 68 y 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A su vez, se recomendó la adopción de estrategias para el desarme y se adapte la legislación interna en materia de prevención y sanción de la tortura a estándares internacionales.

Las posibilidades de justicia nunca deben ser dejadas de lado. Las Organizaciones No Gubernamentales y las defensoras y defensores de derechos humanos tienen la importante misión de acompañar a las víctimas y sus familiares en la búsqueda de espacios y rutas que le conduzcan a la justicia y reparación y, Naciones Unidas pone de manifiesto la importancia de la protección de las libertades fundamentales como condición para la paz y seguridad internacional.

 

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