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Derechos Humanos y democracia

La democracia no es solo un sistema electoral o una forma de gobierno. El filósofo estadounidense John Dewey, fue un poco más allá y dijo que la democracia, más que una forma de gobierno, es primordialmente un modo de vida asociada a esa forma de organización social, que se puede ejercer en cualquier ámbito, además de en el Estado.
En efecto, la democracia no se puede medir solo en la forma de gobierno de un país, sino en el grado de democracia con que viven los ciudadanos. La participación, el control de los representantes, la militancia en proyectos políticos son factores fundamentales y para que el poder resida efectivamente en el pueblo, el pueblo debe ser parte de la cosa pública: participar, preguntar, reclamar, apoyar.

Otros elementos esenciales de la democracia son la libertad y el respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal. De hecho, la democracia proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos y todos estos principios están incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y han sido desarrollados aún más en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagra una multitud de derechos políticos y libertades civiles en que se basan las democracias significativas.

Con la idea de revisar la vigencia de todos esos conceptos se celebra en todo el mundo, cada 15 de septiembre, el Día Internacional de la Democracia el cual proporciona una oportunidad para examinar el estado de la democracia en el mundo. La democracia es tanto un proceso como una meta, y solo con la plena participación y el apoyo de la comunidad internacional, los órganos nacionales de gobierno, la sociedad civil y los individuos puede el ideal de democracia ser una realidad.

El tema de este año es: “Democracia y prevención de conflictos”, que se centra en la necesidad de reforzar las instituciones democráticas para promover la paz y la estabilidad. La creación de sociedades resilientes exige, además, un enfoque más integrador para lograr gobiernos democráticos efectivos e inclusivos que respeten los derechos humanos y el imperio de la ley.

Las sociedades resilientes son capaces de dirimir sus disputas a través de la mediación, el diálogo y un grado razonable de legitimidad de sus instituciones. Desarrollar infraestructuras y mecanismos para la prevención de conflictos provee el fundamento para resolver las injusticias y mantener la paz. Procesos tales como los acuerdos de paz, las elecciones y las reformas constitucionales, pueden ayudar a mantener un equilibrio entre intereses contrapuestos, así como reducir la fragilidad y la violencia.
Un liderazgo fuerte que apoye la democracia, mejore la sociedad, empodere a las mujeres y mantenga el Estado de derecho, son condiciones que preservan la estabilidad y la paz.

Por todo eso es tan importante preservar el nexo entre democracia y derechos humanos. Teóricos han planteado que la democracia necesariamente va de la mano de la garantía de los derechos humanos, y de hecho figura en el artículo 21(3) de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual establece que:
“La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se debe expresar mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.

Sin embargo, en el mundo siempre hay expresiones de la debilidad de la democracia, y las instituciones débiles son algunos de los principales problemas para el respeto de los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos trata de abordar esos problemas mediante sus servicios consultivos y su programa de cooperación técnica, que se centra en el fortalecimiento del marco jurídico para la protección de los derechos humanos (reforma institucional y jurídica), y la promoción de la conciencia y educación en derechos humanos.

En las democracias en transición y en los países que salen de situaciones de conflicto, la Oficina del Alto Comisionado colabora con los gobiernos y otras entidades nacionales para restablecer la confianza y restaurar la paz y el imperio de la ley. La Oficina del Alto Comisionado se ha concentrado en combatir la impunidad, y ha apoyado activamente programas de justicia transicional en más de 20 países en todo el mundo durante la década pasada. Su apoyo incluye garantizar que factores de derechos humanos y justicia transicional se reflejen en acuerdos de paz; participar en el diseño e implementación de consultas nacionales globales sobre mecanismos de justicia transicional; apoyar el establecimiento de procesos para descubrir la verdad, mecanismos de responsabilidad judicial, y programas de reparaciones; y mejorar la reforma institucional.

COFAVIC, por su parte, recuerda el derecho que tienen las personas para participar políticamente, sin presiones indebidas y en el marco de la Constitución, en procesos electorales. Votar es un derecho humano fundamental y una condición insustituible e indispensable para la existencia de la democracia.

El desconocimiento de los principios democráticos establecidos en nuestra Constitución no solo profundiza la crisis institucional, sino que configura una violación contundente del Estado de Derecho, lo que constituye una ruptura del orden constitucional y democrático.

COFAVIC insiste en que la democracia no puede funcionar si no hay elecciones libres. Por tal razón, las instituciones del Estado y todos los factores de Poder deben tener siempre presente fórmulas electorales que dentro de la vigencia de la Constitución permitan al pueblo, en condiciones justas y equitativas, tener la última palabra sobre su futuro.

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