Comisiones de la verdad ayudaron a revelar historia oculta de violencia en América Latina

Gran parte de las sociedades latinoamericanas experimentaron durante décadas situaciones de violencia y conflictos internos, debido a graves condiciones de injusticia y desigualdad económica y social. En muchos casos, el fantasma de la dictadura militar reemplazó a gobiernos constitucionales, electos democráticamente.

Basta recordar lo que ocurrió en Paraguay en 1954, cuando Alfredo Stroessner dio un golpe de Estado y se mantuvo en el poder por 35 años. O en Brasil, donde se instauró una dictadura militar desde 1964 hasta 1983. Luego, en 1968, le tocó el turno a Perú. Más tarde Bolivia (1971), Uruguay, (1972), Chile (1973), Argentina, (1976), entre otros países de la región.

Luego de estos periodos tan convulsionados, de dictaduras militares, y violencia, a mediados de los años 80 América Latina comenzó a aproximarse a regímenes democráticos. Se inició, entonces, otra difícil etapa, la de qué hacer con los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las dictaduras. Se generó el debate crucial de ¿Cómo reconstruir las sociedades desarticuladas? ¿Cómo restablecer la paz? ¿Cómo propiciar la reconciliación nacional? ¿Cómo lograr la justicia? Y ¿De qué manera se puede resarcir el daño que sufrió la población general?

En algunos casos se promulgaron leyes de «Obediencia debida», «Caducidad» «Punto Final», «Amnistía», pero la presión de familiares de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, activistas de derechos humanos, políticos, condujeron, finalmente, a la creación de comisiones de la verdad.

Así, se crearon en Argentina, la CONADEP, (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas); en Chile, la «Comisión de Verdad y Reconciliación»; y en El Salvador, la «Comisión de la Verdad». En otros casos, como ocurrió en Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, las Comisiones de la Verdad surgieron como un esfuerzo de activistas y organismos de derechos humanos, pero que no contaron con el mandato gubernamental.

En todo caso, las Comisiones de la Verdad son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, a enfrentarse con una mirada crítica con su pasado, para superar la crisis generada por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano.

A través de las Comisiones de la Verdad se busca conocer las causas de la violencia, identificar a los elementos en conflicto, Investigar los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes.

De acuerdo con un informe presentado en el Encuentro Internacional organizado en Lima por la Asociación Paz y Esperanza, en octubre del 2001. «Sociedad Civil y Comisiones de la Verdad en América Latina», la experiencia de las Comisiones de la Verdad creadas en la región permite concluir que esos esfuerzos contribuyeron a la pacificación nacional, al revelar la historia oculta de la violencia, y abrir la posibilidad de sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, expertos han advertido que, cuando la investigación de las Comisiones de la Verdad no conduce a sancionar a los violadores de los derechos humanos, se convierte en un mecanismo de impunidad, un recurso oficial para superar el pasado sin curar las heridas.

En efecto, el jurista peruano Carlos Chipoco, en «El derecho a la verdad», analiza los casos de Argentina, Chile y El Salvador, y concluye que para que una Comisión de la Verdad tenga éxito, además de la participación de los organismos de derechos humanos, se requiere un amplio movimiento de apoyo popular, en el cual las organizaciones políticas, religiosas, académicas, sindicales, campesinas y otras unan sus esfuerzos. La búsqueda de la verdad tiene más posibilidades restauradoras en la sociedad cuando forma parte de un esfuerzo abierto de pacificación nacional que compromete a la mayoría de la población.

Las Comisiones de la verdad tienen más probabilidades de llegar al conocimiento pleno de la verdad cuando actúan en el período inmediatamente posterior a la finalización de la crisis de violencia. También cuando las comisiones son independientes, desligadas de los gobiernos acusados de cometer las violaciones a los derechos humanos.

En Argentina se llegó a la conclusión, tal como se refiere en el prólogo del informe de la CONADEP, que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de su historia, y la más salvaje.

En Chile, por su parte, el ex Presidente Patricio Aylwin señaló que la publicación del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (que su gobierno creó en 1990) tuvo gran trascendencia en el país y en el exterior. La opinión pública tomó conciencia de lo ocurrido y valoró su gravedad. “Quienes no creían hasta entonces que las acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos y, especialmente sobre desapariciones de personas detenidas fueran fundadas, tuvieron que admitirlas”, dijo.

En ambos informes se señala que, la difusión de las informaciones sistematizadas por las Comisiones de la Verdad, ayudó a la sociedad a comprender una realidad que no quiso ver o reconocer en su momento debido.

Esa comprensión es la que ayuda a avanzar en la reconstrucción de la democracia y del estado de derecho, que no se puede alcanzar mientras persistan las heridas que deja la violencia. Así pues, el reconocimiento de la verdad es la tarea fundamental de una comisión de la verdad.

Liliana Ortega, coordinadora general de COFAVIC, durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referida al derecho a la verdad, dijo que para reconstruir los sueños y las reivindicaciones que dieron sentido a la vida y a la lucha de las víctimas y lograr que los graves crímenes contra los DDHH no se repitan, es indispensable recuperar la verdad y vencer el olvido y el miedo. El rescate de la verdad debe romper con el silenciamiento de los hechos y el encubrimiento de los victimarios. Hay que propiciar la reconciliación y tratar a las víctimas sin doble rasero, evitando la exclusión y la discriminación que sólo revictimizan y perpetúan la impunidad”.