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COFAVIC exige una investigación sobre secuestro de Marino Alvarado y su hijo

2-10-2015. En los últimos años, la actividad de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela ha tenido que enfrentar distintos obstáculos, agresiones y serias limitaciones. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diversos informes,


así como reconocidas organizaciones internacionales han hecho referencia a los actos de hostigamiento, amenazas y ataques contra la integridad personal y contra la vida de los defensores y defensoras en el país, así como a la impunidad en que permanecen estos hechos.

El 1 de octubre del 2015 a las 5:30 pm aproximadamente, Marino Alvarado reconocido activista de los derechos humanos y ex-coordinador General de PROVEA y su hijo de nueve años fueron víctimas de una situación de secuestro y robo en su vivienda, ubicada en Caracas, por tres sujetos que portaban armas de fuego, quienes le sometieron y le maniataron durante un tiempo prolongado.

De acuerdo a información suministrada por PROVEA, los presuntos implicados sustrajeron dos laptops, una Tablet, dos teléfonos, dinero en efectivo y una cámara fotográfica. Como resultado de este hecho, el Dr. Marino Alvarado fue golpeado en la cabeza y aunque está fuera de peligro, requirió ser atendido en un centro médico.

Marino Alvarado solicitó en días pasados medidas cautelares a la CIDH, debido a los constantes actos de hostigamiento e intimidación de los que ha sido víctima. Los actos por los que solicitaron dichas medidas fueron perpetrados por “altos funcionarios del Estado venezolano debido a su labor como activista de derechos humanos.”

Aunque, como bien lo han señalado PROVEA y el propio Marino Alvarado, los últimos acontecimientos sufridos por él y su pequeño hijo no pueden adjudicarse todavía a nadie en particular, es pertinente determinar que la exposición permanente de una persona acusándole públicamente de tener presuntos ingresos exorbitantes, relatando sus acciones y desplazamientos son elementos que le exponen de manera muy negativa en estas graves circunstancias de inseguridad y violencia que presenta el país.

En Venezuela se han hecho sistemáticos y reiterados los actos de intimidación a defensores y defensoras de derechos humanos y es importante resaltar, que los señalamientos de las autoridades se refieren a las funciones legítimas que ejercen estas organizaciones al documentar abusos y representar a víctimas ante organismos internacionales de derechos humanos.

Conforme al derecho internacional, los gobiernos deben asegurar que las defensoras y los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales innecesarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en 2003 que el “respeto de los derechos humanos en un estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen las defensoras y los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades”.

Por todo lo anterior, COFAVIC exhorta firmemente al Estado venezolano a iniciar de inmediato una investigación, exhaustiva, independiente y conclusiva para esclarecer estos hechos y garantizar la vida e integridad personal del Dr. Marino Alvarado y de su familia.

El Estado venezolano debe dar una señal clara y contundente de que no es una política de Estado el acoso y el hostigamiento a los defensores de derechos humanos y el camino para ello es el cese inmediato de los actos de criminalización en contra de los defensores de derechos humanos y la investigación completa de todos estos actos que han causado graves perjuicios a ellos y sus familiares, como es el caso en referencia.

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