Caso de Jimmy Guerrero y Ramón Molina fue revisado en audiencia ante la CIDH
10-04-2016. El pasado 04 de abril de 2016, nuevamente la voz de una familia falconiana fue escuchada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Jean Carlos Guerrero, hermano de Jimmy Guerrero, presentó testimonio ante los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Estado Venezolano. COFAVIC y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), acudieron como representantes de las víctimas en el Caso Jimmy Guerrero y Ramón Antonio Molina Pérez vs Venezuela, relativo a la presunta ejecución extrajudicial de ambas víctimas por parte de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Falcón el 29 de marzo de 2003.
En la audiencia, Guerrero relató los hechos, la impunidad que ha prevalecido y los efectos que este suceso ha dejado en su familia y en la de Ramón Molina. Enfatizó que el caso refleja un patrón de actuación de los cuerpos policiales del estado Falcón, que de acuerdo al Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos del estado Falcón (COPRODEH), arrojó un saldo de 260 víctimas hasta el año 2008. Señaló, además, que luego de 13 años el caso se encuentra ante las instancias nacionales en etapa de investigación.
Los mencionados hechos ocurrieron en un contexto de actuación del fenómeno conocido en Venezuela como grupos parapoliciales, también denominados grupos exterminio. Según cifras oficiales vinculadas a dicho contexto, entre 2000 y 2008 el Ministerio Público conoció 8.350 casos de ejecuciones extrajudiciales, lo que representó un promedio para ese momento de 1044 casos por año. Estos grupos, aun en existencia, están conformados por funcionarios policiales pertenecientes a distintos cuerpos de seguridad (nacionales, estadales y municipales), quienes justifican su actuación en los altos índices de inseguridad y de acuerdo a la información recabada, se dedican a labores que ellos mismos han denominado de “profilaxis social”.
Bajo este patrón, los funcionarios identificaban a los presuntos delincuentes y usaban estas prácticas para dirimir conflictos personales, sobornar y hostigar a diferentes personas que serían finalmente víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y extorsiones. Luego de la exposición del testigo Jean Carlos Guerrero, el Estado venezolano se abstuvo de presentar información sobre el caso, alegando la imposibilidad de los representantes designados a comparecer en la audiencia por razones de visado. El Presidente de la CIDH Jamen L. Cavallaro, antes de iniciar la sesión de preguntas por parte de los comisionados presentes, elevó un reconocimiento a las víctimas por su lucha y por su iniciativa de acompañar a otras familias en el estado Falcón que han vivido situaciones similares a la relatada en la audiencia.
Posteriormente, los representantes de las víctimas en la etapa de alegatos, expusieron el contexto en que se dieron los hechos, así como un análisis de las pruebas y diligencias que han adelantado los órganos competentes en el expediente. Se ilustró las graves deficiencias del Estado Venezolano en el cumplimiento de las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos, uso proporcional y diferenciado de la fuerza pública, así como los vacíos y dilaciones por parte de los organismos de investigación criminalística en el mencionado caso. Tanto Jean Carlos Guerrero y los peticionarios COFAVIC y CEJIL solicitaron en la audiencia que el caso sea elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de que se inste al Estado venezolano a brindar garantías de no repetición y se aseguren medidas de reparación integral para las víctimas.
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