14/05/2015 El Informe Anual 2014 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la aparición de Venezuela en capítulo sobre graves violaciones de DDHH

COFAVIC (1)

El pasado 7 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe Anual 2014 que contiene información completa y relevante acerca de su trabajo durante ese año. Con la publicación de dicho informe, la Comisión busca promover el cumplimiento de sus decisiones, asegurar el acceso a las víctimas y rendir cuentas sobre las acciones llevadas a cabo.

Al igual que en otras oportunidades, Venezuela volvió a aparecer en el Capítulo IV, el cual recoge los países que por diversas razones enfrentan situaciones que afectan seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales, consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana. Este criterio incluye: situaciones graves de violencia que dificultan el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho; graves crisis institucionales; procesos de reforma institucional que afectan derechos humanos; u omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos humanos.

La Comisión concluyó que en el año 2014 en Venezuela, el goce y disfrute de los derechos humanos enfrentó restricciones legales y administrativas debido a las modificaciones en las normativas de los últimos años. Asimismo, la CIDH observó que “la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana”. A su vez, alertó sobre actos de violencia en contra de periodistas y medios de comunicación, así como las declaraciones de altos funcionarios públicos que tienen el efecto de deslegitimar y criminalizar el trabajo de defensores de derechos humanos. Además consideró que los altos grados de impunidad que se han registrado en el país, las graves situaciones de inseguridad y violencia son elementos que igualmente, afectan al ejercicio de los derechos humanos, a la vida e integridad de los venezolanos.

En otras líneas, la Comisión también abordó la situación sobre las manifestaciones públicas entre febrero y mayo de 2014, expresando su “profunda preocupación ante los hechos de violencia que tuvieron lugar en el contexto de protestas públicas, así como por la situación del derecho a la protesta pacífica, al derecho de asociación, y a la libertad de expresión”. En el informe se incluyó información sobre las muertes violentas y detenciones que tuvieron lugar en el contexto de las manifestaciones y las denuncias recibidas a nivel nacional e internacional sobre presuntos actos de tortura contra las personas detenidas.

Durante el año 2014, COFAVIC presentó información a la CIDH sobre casos en los que los manifestantes habrían recibido disparos de goma y plomo a corta distancia, denuncias sobre personas detenidas que fueron obligadas a desnudarse y se les habría amenazado de muerte, de lesionar a algún familiar o de llevarlas a cárceles de alta peligrosidad. Por otro lado, también reportaron situaciones en las que, presuntamente, se utilizó sustancias tóxicas como gasolina y gas pimienta, descargas eléctricas y amenazas de violencia sexual.

Además, la Organización también presentó ante la Comisión, casos en donde las personas detenidas objeto de lesiones no contaron con una asistencia médica adecuada, lo que impidió la documentación de las supuestas lesiones de acuerdo con los procedimientos legales y los estándares internacionales en la materia.

Por otro lado, la CIDH en su informe también abordó la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, que de acuerdo con un informe presentado ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas por una coalición de ONG, instituciones académicas y sociedad civil organizada, se documentaron 208 casos de ataques a defensores entre 2010 y marzo 2014, de los cuales 71 estuvieron dirigidos a ONG, defensores de derechos humanos y miembros de comités de víctimas.

Ante este panorama, la Comisión en su informe reiteró que “los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan”. Conjuntamente, emitió una lista de recomendaciones para el Estado venezolano en diferentes ámbitos, tales como: seguridad ciudadana, administración de justicia, situación de defensoras y defensoras de derechos humanos, derechos de las mujeres, entre otros.

En líneas generales y entre lo más resaltante la CIDH recomendó al Estado tomar medidas para garantizar la seguridad ciudadana y consiguiente disminución del nivel de homicidios; capacitación de los servidores públicos en temas de protección y respeto a los derechos humanos, así como delimitar la participación de la fuerza armada en acciones de orden público. En cuanto a la administración de justicia exhortó al Estado a garantizar la “separación e independencia de los poderes públicos y, en particular, adoptar medidas urgentes para asegurar la independencia del poder judicial (…)”.

Mientras en el ámbito de defensoras y defensores de derechos humanos, la Comisión instó a que se garanticen las condiciones para que puedan realizar libremente sus actividades sin legislaciones que limiten u obstaculicen su trabajo.

En el país es necesaria una cultura de memoria ante violaciones de derechos humanos, puesto que permite a los pueblos reafirmar su identidad, evitar que se repitan los crímenes e impulsa y contribuye a tomar acciones preventivas al respecto. El derecho a conocer la verdad sobre cualquier violación de derechos humanos no se limita solo a las víctimas o a sus familiares, sino que también corresponde a todos los venezolanos, puesto que la lucha por los derechos humanos es de toda la sociedad democrática.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *