Informe de Amnistía Internacional sobre caso Campo Algodonero vs. México

DERECHOS SIN REVÉS

Una de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha determinado violaciones con base en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención de Belem do Pará” ha sido la sentencia del caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México. Esta sentencia, de fecha 16 de noviembre de 2009, crea un precedente en el tema de derechos de la mujer y la forma en cómo defenderlos en las Américas.

Los hechos que dan origen a la denuncia, primero ante instancias nacionales en Ciudad Juárez México, y luego ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es la desaparición y posterior muerte de tres jóvenes: Laura Ramos, de 17 años; Claudia González, de 20 años y Esmeralda Herrera de 15 años. Estas tres jóvenes no se conocían pero desaparecieron de sus lugares de trabajo y hogares entre septiembre y octubre de 2001.

La Corte Interamericana llegó a la conclusión de que las jóvenes González, Ramos y Herrera fueron víctimas de violencia contra la mujer, de acuerdo con lo establecido en la Convención Americana y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

Amnistía Internacional en julio de 2009 presentó a la Corte Interamericana un informe de Amicus Curiae sobre el caso Campo Algodonero vs. México, que representan documentos realizados por organizaciones, instituciones ante organismos nacionales e internacionales. La organización internacional indicó que entre 2003 y 2004 presentó informes sobre el homicidio y secuestro de mujeres en Ciudad Juárez y estableció que las autoridades mexicanas habían incumplido su deber de hacer las debidas diligencias en las siguientes áreas: prevención del delito, investigación de crímenes, castigo de responsables y reparación a las víctimas.

La ausencia de medidas efectivas y la impunidad en Ciudad Juárez, México, continúan siendo puntos denunciados por familiares de víctimas y defensores de derechos humanos a Amnistía Internacional, tal como fue el caso conocido como Campo Algodonero vs. México.

En este contexto de violencia contra la mujer en el estado de Chihuahua un factor que impide el avance en la solución y prevención del tema se encuentra en la falta de coherencia y fiabilidad de cifras oficiales, de acuerdo con lo observado por Amnistía Internacional.

En datos oficiales difundidos por el estado de Chihuahua, al cual pertenece Ciudad Juárez,  se han conocido 447 homicidios de mujeres ocurridos desde 1993 y que solo en 2008 fueron asesinadas 28 mujeres. Pero organizaciones de derechos humanos de la región documentaron entre 75 y 90 homicidios y Amnistía Internacional indica que desconoce cómo el gobierno ha realizado estos cálculos.

Amnistía Internacional cita un informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), institución que participó en la identificación de mujeres y niñas asesinadas en Ciudad Juárez. En principio el EAAF identificaría a 45 mujeres, posteriormente esta cifra aumentó a 83. De éstos, 31 pertenecen a mujeres presuntamente secuestradas en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Todavía existen 50 restos que deben ser identificados. Estas cifras fueron reflejadas el 9 de abril de 2009 en una carta pública del EAAF ante el error que presentaban las cifras oficiales.

Saber dónde denunciar

Para Amnistía Internacional que los familiares de víctimas (mujeres y niñas presuntamente secuestradas o desaparecidas) tengan conocimiento de a qué instituciones denunciar es fundamental. En este sentido, la organización sostiene que en Ciudad Juárez todavía no se tiene claro a que organismos acudir en estos casos.  Muchos familiares al acudir a la policía local son informados de que deben esperar un lapso de 48 horas para que la policía inicie la búsqueda, luego de una denuncia de desaparición de una mujer o niña. Para Amnistía Internacional estos procedimientos son demoras innecesarias.

En las investigaciones  realizadas en el 2005 por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, se registraron que al menos 177 funcionarios podían haber sido responsables de actos de negligencia u omisión que generaron investigaciones deficientes. En 20 de estos casos se les impuso a los funcionarios sanciones leves, o no se les impusieron sanciones. Un patrón de impunidad destacado por Amnistía Internacional en su informe presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Amnistía Internacional reconoció el avance del Estado mexicano al promulgar en el año 2007 la Ley  General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, indica que existe preocupación por la falta de aplicación en la práctica de mecanismos formales para prevenir y castigar la violencia de género.

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