103 países de 193 hicieron recomendaciones a Venezuela en el EPU

Este jueves 3 de noviembre se espera la presentación del informe final con las recomendaciones que 103 países miembros de las Naciones Unidas le hicieron a Venezuela durante su comparecencia en el Examen Periódico Universal que se llevó a cabo en Ginebra el pasado 1° de noviembre de 2016. Y este viernes el Estado venezolano debería anunciar cuáles medidas va a acatar de esas observaciones que se le hicieron.

Ese informe es un resumen del diálogo interactivo que se tuvo durante la sesión número 26 que se llevó a cabo en el Palais des Nations, Ginebra, la sede de la ONU en Europa. Las recomendaciones son sugerencias que se le hacen al Estado examinado para mejorar la situación de derechos humanos. Estas pueden ser de carácter y temas diferentes y son un elemento clave de la revisión.

Se supone que el Estado examinado tiene la posibilidad de aceptar o anotar recomendaciones. Su respuesta a cada recomendación tiene que ser claramente explicada por escrito en un documento específico llamado «addendum» (adición).

En total, 103 países, de los 193 miembros de las Naciones Unidas, le hicieron recomendaciones a Venezuela. Algunos temas se repitieron más que otros. Por ejemplo: libertad de expresión, liberación de los presos políticos, independencia de poderes, seguridad alimentaria, acceso a la salud y permitir ingreso de relatores de DDHH al país.

Las ejecuciones extrajudiciales, el uso desproporcional de la fuerza pública y la tortura también fueron temas considerados por países durante la comparecencia de Venezuela en el EPU. Canadá pidió la eliminación de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) y las detenciones arbitrarias; mientras que Brasil y Estados Unidos solicitaron la realización del referendo revocatorio de forma inmediata y que se atienda el problema de hacinamiento carcelario y la situación de tortura.

España abogó por el acceso de las mujeres a la justicia en el cumplimiento de la ley de violencia contra la mujer y el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI y su protección. Suecia pidió tomar medidas necesarias para disminuir homicidios y acabar con la impunidad. Y Reino Unido mostró preocupación por la situación actual de Venezuela y que se apoye el diálogo respetando los estándares democráticos.

Otras recomendaciones incluyen la preocupación por la falta de independencia judicial, se pide garantizar el debido proceso, las manifestaciones pacíficas, cesar las persecuciones y el hostigamiento a los que se oponen al Gobierno y que los responsables sean llevados a la justicia.

Durante las sesiones, el Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al Hussein, dio una rueda de prensa en la que incluyó a Venezuela entre los países que obstaculizan la labor de observadores de Derechos Humanos. En esa lista también figuran Corea del Norte, Siria, Turquía, China y Filipinas. «Si nos deniegan la entrada, tenemos motivo para esperar lo peor», afirmó el Alto Comisionado de la ONU.

Para esta sesión del EPU, la delegación venezolana estuvo conformada por 40 funcionarios, entre los que destacan:  el embajador en Ginebra, Jorge Valero; Delcy Rodríguez, Canciller de la República,  Iris Valera, Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Luisa Melo, Ministerio del Poder Popular para la Salud; Sandra Oblitas, rectora del Consejo Nacional Electoral; Larry Davoe, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos; William Castillo, ex director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y actual viceministro de comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Es importante resaltar que COFAVIC conjuntamente con la Organización Mundial contra la Tortura, presentó ante este examen un informe conjunto con sus principales preocupaciones referidas a los derechos humanos en Venezuela. En particular, el informe puso de relieve la militarización en las operaciones de seguridad, tales como las que se ejecutan en las zonas populares con las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), y regulaciones como la Resolución Nº 8610, que permite el uso de armas letales para el control de protestas; el aumento de las ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias; así como la ausencia total de condenas de los agentes de las fuerzas del orden presuntamente vinculados actos de tortura y malos tratos cometidos en el marco de las protestas de 2014. El esquema de impunidad en materia de derechos humanos ha sido sistemático durante 2012 y 2013. También incluyó cifras oficiales en materia de impunidad y sobre la actuación del Ministerio Público en casos de violencia contra las mujeres, en los cuáles se destaca un 0,7% de impunidad.

Asimismo, ambas organizaciones en este informe recomendaron al Estado venezolano entre otros temas: Garantizar que todas las denuncias de tortura, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley sean investigadas de manera inmediata, exhaustiva e imparcial y los presuntos autores sean procesados, juzgados y castigados con penas proporcionales a la gravedad de sus actos. Garantía de que los cuerpos de seguridad y organismos afines que trabajan en la seguridad pública tengan un carácter estrictamente civil y profesional a todos los niveles, como se estipula en el artículo 332 de la Constitución Nacional. Eliminar las barreras que facilitan la impunidad incluyendo la ocultación de la identidad de los agentes del orden, la penalización y la banalización de las víctimas y la modificación de informes de la policía. Garantizar que ningún individuo o grupo sea desacreditado públicamente, amenazado o sometido a abusos físicos o de otro tipo por llevar a cabo funciones de defensa de los derechos humanos. Garantizar que todos los obstáculos para el acceso de las mujeres a la justicia y la protección contra la violencia sean eliminados y se garantice el acceso de las víctimas a las medidas de protección, incluyendo los refugios. Aplicar el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes. Cooperar plenamente con los Órganos de los Tratados de las Naciones Unidas, en particular, el CAT, en la aplicación de sus recomendaciones y decisiones, y con los procedimientos especiales, permitiendo que las solicitudes pendientes de visitas y el fomento de la emisión de invitaciones permanentes.