La situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela
La labor de los defensores y defensoras de derechos humanos es un pilar fundamental para la profundización y existencia de la democracia y el Estado de Derecho. En Venezuela, la legislación asegura el derecho de asociación y garantiza el derecho a la participación ciudadana mediante diversos mecanismos. No obstante, en los últimos años se han debilitado las garantías de trabajo de los defensores, puesto que son objeto de ataques constantes y graves actos de criminalización e intimidación que desconocen su participación pública y la expresión de las asociaciones civiles a las cuales pertenecen, además de restringir en forma arbitraria y discriminatoria las actividades de información, educación, promoción y de defensa de derechos humanos, que éstos pueden llevar a cabo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe anual señaló a modo de contexto sobre la situación de Venezuela, que la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más frágiles de la democracia en el país. Asimismo, aseveró que dicha carencia en la independencia de los poderes ha permitido “(…) que se utilice el poder punitivo para criminalizar defensores de derechos humanos y judicializar la protesta pacífica”.
Del mismo modo, la CIDH recordó que, en virtud del deber de garantía de los derechos humanos, “(…) los Estados se encuentran obligados a prevenir razonablemente las amenazas, agresiones y hostigamientos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos así como investigar seriamente los hechos que sean puestos en su conocimiento. La Comisión reitera que solo puede ejercerse libremente la actividad de defensa de los derechos humanos cuando las personas que la realizan no son víctimas de amenazas u otros actos de hostigamiento”.
Sin embargo, de acuerdo con información documentada en el último informe alternativo que fue elaborado por COFAVIC en conjunto con otras 17 ONG y la OMCT, el cual fue enviado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se monitorearon entre el año 2010 y marzo de 2015, 208 casos de ataques a defensores y defensoras, de los cuales 71 casos afectaron a ONG, defensores y defensoras de derechos humanos y miembros de comités de víctimas. De estas violaciones, las amenazas siguen siendo las más frecuentes. Luego se encuentran las campañas de desprestigio, las agresiones, los actos de seguimiento y vigilancia ilegal, intercepción de comunicaciones ilegales, la iniciación de acciones judiciales, violaciones al domicilio u oficina del activista, detenciones arbitrarias y, en los casos más graves, ejecuciones extrajudiciales.
Además, han surgido dos nuevas modalidades de amedrentamiento relacionadas, en primer lugar, con la persecución en contra de defensores que regresan al país después de haber participado en audiencias y eventos ante organismos internacionales y regionales de protección de derechos humanos. Y en segundo lugar, es el seguimiento en el exterior a los defensores y defensoras de derechos humanos, en el marco de actividades relacionadas con los distintos órganos de protección de derechos humanos, por lo que la representación de las víctimas ante organismos internacionales se ha convertido para los activistas en un riesgo.
Por otro lado, en las Observaciones Finales respecto a Venezuela, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas expresó su preocupación por las informaciones recibidas sobre descalificaciones públicas a defensores por parte de altos dirigentes gubernamentales. Según el Comité, “(…) dichas descalificaciones incrementan el riesgo de exponer a defensores a intimidaciones por parte de grupos violentos progubernamentales”.
Los defensores y defensoras de derechos humanos, así como las organizaciones de la sociedad civil son un factor determinante para la protección efectiva de las víctimas. Su labor constituye un elemento vital para la educación y promoción de los derechos humanos de todas las personas, llegando a ser un apoyo muy importante para el Estado. Por ello, resulta trascendental acatar las recomendaciones de todos los organismos internacionales, quienes en reiteradas oportunidades han hecho llamados al Estado venezolano a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos.
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