Situación de derechos humanos en Venezuela ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
El pasado 29 y 30 de junio fue revisado en Naciones Unidas por el Comité de Derechos Humanos, el cumplimiento por parte del Estado Venezolano del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El Estado estuvo presente en las audiencias respondiendo a los cuestionamientos de los Comisionados. A su vez, la sociedad civil organizada también tuvo la oportunidad de participar presentando sus informes alternativos.
COFAVIC junto con otras 17 ONG que realizan su labor, en su mayoría en el interior del país, y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) presentaron un informe con el objetivo de visibilizar la situación de derechos humanos en Venezuela.
Entre los temas que se abordan en dicho informe alternativo se destaca el tema de la impunidad en Venezuela, la cual ha sido sistemática e institucionalizada en casos de violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, en el año 2014 se documentó el ingreso de 8.049 casos de violación de derechos humanos, de los cuales solo en 105 se realizaron juicios, lo que representa el 1,3%, es decir, 99% de los casos no llega a juicio. Por otro lado, según cifras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el período de enero a agosto del año 2014 se nombraron 1.089 jueces provisorios. Adicionalmente, otras cifras oficiales entregadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), muestran que 66% de la totalidad de jueces en Venezuela tienen carácter provisorio. Es importante aclarar, que el concepto de provisorio se refiere a que dicho juez puede ser removido de cualquier caso en cualquier momento, por lo que cada caso puede tener a lo largo del proceso penal diferentes jueces, aspecto que retrasa considerablemente las investigaciones y su posterior resolución y condena.
Con respecto a violaciones al derecho a la vida y uso desproporcionado de la fuerza pública, destaca el incremento de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Durante el período de enero a diciembre de 2014, COFAVIC contabilizó en 23 estados del país, 1018 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, contexto que ha sido reconocido por la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. A estos datos debe sumarse el incremento de la violencia política expresada de manera notable en el aumento sustancial de la criminalización de la protesta pública y el número de casos de violaciones a la integridad y libertad personal, ocurridas durante el contexto post-electoral en el año 2013 y las protestas estudiantiles en el período de febrero-mayo de 2014.
En el tema de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes ocurridos en el contexto de protestas estudiantiles de febrero a junio de 2014, en cuanto al proceso de investigación, el Ministerio Público indicó que se presentaron 216 actos conclusivos relacionados con las 238 investigaciones iniciadas. De estos actos, existen 184 sobreseimientos, 19 archivos fiscales y 13 acusaciones, lo que implica que en 85% de los casos no se continuó con el proceso.
Asimismo, el Comité de Derechos Humanos recibirá información relativa al deterioro de las garantías de trabajo de los defensores de derechos humanos en Venezuela. Es importante destacar que, actualmente, debido a la reciente reforma realizada vía decreto presidencial, del Código Orgánico Procesal Penal, se restringe severamente la facultad que tenían las asociaciones de defensa de los derechos humanos para presentar querella autónoma en casos donde participaran funcionarios, empleados públicos o agentes de fuerzas policiales como violadores de derechos humanos, dejándole esta posibilidad solo a la Defensoría del Pueblo, lo que reduce la tutela efectiva de protección por parte de los defensores a las víctimas de delitos tan complejos dentro del sistema procesal penal venezolano.
Los derechos civiles y políticos reconocen que todas las personas son iguales ante la ley, prohibiendo cualquier tipo de discriminación. El Estado debe promover medidas preventivas enfocando políticas de seguridad desde la perspectiva de los derechos humanos de presuntas víctimas y victimarios, así como desarrollar estadísticas de carácter público que permitan conocer cifras oficiales de los casos. A su vez, Las Organizaciones No Gubernamentales y las defensoras y defensores de derechos humanos tienen la importante misión de acompañar a las víctimas y sus familiares en la búsqueda de espacios y rutas que le conduzcan a la justicia y reparación y, Naciones Unidas pone de manifiesto la importancia de la protección de las libertades fundamentales como condición para la paz y seguridad internacional.
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